domingo, 12 de diciembre de 2010

Diego de Ramón presenta demanda contra el Estado y Comunidad Autónoma por la deficiencia educativa en Murcia

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón ha presentado la primera demanda de responsabilidad patrimonial contra el Estado y la Consejeria de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autonoma de Murcia por el funcionamiento anormal de los servicios públicos gratuitos de enseñanza pese a las tranferencia de fondos públicos y ante los bajos rendimientos obtenidos y el atraso escolar, situando a nuestra Region en la cola y resultar los murcianos los menos preparados dentro de la educación nacional y europea en lectura, matematicas o ciencias.

El citado letrado  adjunta 15 dictamenes del Consejo Juridico Consultivo de la Región de Murcia, que manifiestan la falta de previa fiscalización para el pago de obras de colegios en el año 2008, y la falta (por los actuales responsables de dicha Consejeria), de puesta en conocimiento de las autoridades judiciales penales de dichas presuntas ilegalidades que, según el Presidente del Tribunal Supremo en caso similares de corrupción, a tenor del diario Abc del dia 29 de diciembre de 2009, justifican el uso del Derecho Penal  ante la ineficacia de las normas administrativas.

De Ramón lo ha puesto igualmente en conocimiento del vicepresidente 1ª del Gobierno y ministro del Interior,  Alfredo Perez Rubalcaba, para que investigue los casos de presunta corrupción en la Región de Murcia, y la ministra de Economia y Hacienda y vicepresidenta 2ª, para que práctique una auditoría a la Consejeria de Educación, Formación y Empleo, y suspenda, si lo considera oportuno, las transferencias económicas hasta tanto no se depuren responsabilidades personales de dicho fracaso escolar por parte de políticos y funcionarios, teniendo transferida la suma de 1.263.308.545 euros, por funcionamiento anormal del servicio público gratuito del Estado en enseñanza en la Comunidad Autonoma de Murcia, y economicamente paralice la autorización de endeudamiento por 500 millones de euros, a través de una emisión al efecto, por no cumplir los requisitos presupuestarios de reducción que fijan las normas estabilizadoras de la Unión Europea y marca  en nuestro caso la ministra de Economía y Hacienda.

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