CARTAGENA.- El portavoz parlamentario del PP, Juan Carlos Ruiz, anunció este martes, al final del pleno de aprobación de los presupuestos regionales de 2011, que su grupo había registrado minutos antes "la proposición de una ley de medidas extraordinarias para superar la suficiencia financiera del nuevo modelo autonómico" de forma que "se garantice el cumplimiento de las cuentas del próximo año".
Ruiz subrayó que los presupuestos aprobados hoy "son los mejores posibles en unas circunstancias muy complicadas y que son unas cuentas de esperanza y de futuro que, haya o no recortes, permitirán que se mantenga el gastos social y se atienda a los más necesitados y darán continuidad a las prestaciones".
Al tiempo que indicó que, en el pasado "ha sido la falta de la financiación estatal que corresponde a la Región de Murcia la que ha llevado a acudir en años anteriores a ingresos propios sin recurrir a la deuda" y censuró que "se niegue, ahora que es necesario, el recurso al endeudamiento que teníamos concedido y que se ha anulado de manera sectaria".
Ruiz aprovechó esta intervención postrera para justificar la ausencia del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, en el tramo final del pleno. "Se ha tenido que ir en contra de su voluntad porque tiene reunión en Madrid para defender el tomate de la Región de Murcia. Ha intentado cambiar reunión pero no se lo ha consentido la ministra de Agricultura, Rosa Aguilar", indicó.
El Grupo Popular encomendó la defensa del presupuesto, cifrado en 4.800 millones de euros, con una rebaja del 4,2% respecto al del presente ejercicio, a una decena de diputados que se empeñaron en justificarlos frente a la oposición frontal de PSOE e IU.
La portavoz parlamentaria del PSOE, Begoña García Retegui calificó de presupuesto "irreal" y a la deriva el debatido hoy, censuró que las principales medidas de ahorro forman un "recorte puro y duro y de derechas" que además sólo supone un 2,7% del total y pidió, al final, que las cuentas se retiren, "dado que una ley las va a modificar antes de fin de año".
A su juicio, lo principal, desde el principio, "hacer un verdadero plan de austeridad, recortando gasto superfluo y despilfarro" que alcance los 500 o los 600 millones "necesarios para embridar la crisis". "Los recortes que ahora anuncian serán prácticamente de ese calado y dejarán en nada el actual presupuesto", indicó para añadir que teme que "la tijera se aplique de nuevo al gasto social".
Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto y diputado de IU, José Antonio Pujante, subrayó que "existen alternativas a los recortes y a la rebaja del gasto público, que están acometiendo tanto el PP como el PSOE". Rechazó "la lógica de la tijera al gasto social como única posibilidad".
Pujante planteó la alternativa de subir impuestos a las rentas altas, al negocio bancario y una serie de tributos 'verdes' como iniciativa para aumentar la recaudación y no tener que recortar gasto. "Proponemos una reorientación del gasto, no su rebaja", indicó.
Reacciones
El portavoz de IU en la Asamblea regional, José Antonio Pujante, ha dicho que la proposición de Ley presentada por el PP sobre medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas es "una declaración de guerra" ante la que "sólo cabe la movilización ciudadana".
Para Pujante, las medidas que propone el Grupo Popular, entre las que ha mencionado el incremento de la jornada laboral de empleados públicos y la reducción salarial de profesionales de la enseñanza y la sanidad, son "inaceptables y menoscaban la calidad de los servicios básicos".
Así, ha advertido que estos "recortes", a los que ha sumado los aplicados por el Gobierno central, la subida de los precios y del recibo de la luz en enero de 2011, "conllevarán la pérdida de poder adquisitivo y una menor capacidad para el consumo que impedirá la reactivación de la economía regional".
Por ello, el dirigente de IU ha opinado que el PP "tendría que haber negociado estas medidas con las organizaciones sindicales y no haberlo impuesto como un trágala", al tiempo que ha denunciado públicamente el procedimiento de tramitación utilizado por ese partido, "ya que es una proposición de lectura única a la que no se pueden presentar enmiendas".
Tras criticar la supresión de ofertas de empleo público para el próximo año, Pujante ha señalado que la iniciativa del PP "justifica la convocatoria de movilizaciones e incluso de una huelga" ya que, añadió, "siempre se piden sacrificios a los mismos".
Reacciones
El portavoz de IU en la Asamblea regional, José Antonio Pujante, ha dicho que la proposición de Ley presentada por el PP sobre medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas es "una declaración de guerra" ante la que "sólo cabe la movilización ciudadana".
Para Pujante, las medidas que propone el Grupo Popular, entre las que ha mencionado el incremento de la jornada laboral de empleados públicos y la reducción salarial de profesionales de la enseñanza y la sanidad, son "inaceptables y menoscaban la calidad de los servicios básicos".
Así, ha advertido que estos "recortes", a los que ha sumado los aplicados por el Gobierno central, la subida de los precios y del recibo de la luz en enero de 2011, "conllevarán la pérdida de poder adquisitivo y una menor capacidad para el consumo que impedirá la reactivación de la economía regional".
Por ello, el dirigente de IU ha opinado que el PP "tendría que haber negociado estas medidas con las organizaciones sindicales y no haberlo impuesto como un trágala", al tiempo que ha denunciado públicamente el procedimiento de tramitación utilizado por ese partido, "ya que es una proposición de lectura única a la que no se pueden presentar enmiendas".
Tras criticar la supresión de ofertas de empleo público para el próximo año, Pujante ha señalado que la iniciativa del PP "justifica la convocatoria de movilizaciones e incluso de una huelga" ya que, añadió, "siempre se piden sacrificios a los mismos".
Por su parte, la Unión General de Trabajadores de la Región de Murcia y sus federaciones regionales de Servicios Públicos (FSP) y de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) han expresado su "absoluto, frontal y permanente" rechazo a la batería de medidas que el PP de la Región de Murcia, con la "instigación y complicidad del Gobierno regional", ha presentado a través de una proposición de ley que, a su juicio, "pisotea los derechos de los empleados públicos de la Comunidad". Así, ha considerado que "perjudica a todos los ciudadanos de la Región de Murcia que sufrirán el deterioro de los servicios públicos"; situación que, en su opinión, "ha sido provocada, entre otros, por los propios gestores de esa Administración pública Regional".
Y es que, ha reprobado, "tras la incapacidad de los gestores públicos para buscar una salida equilibrada a esta persistente situación de crisis, el PP en la Región y el Gobierno regional reinciden nuevamente en reprender a las 55.000 familias de los empleados públicos de todos los sectores de la Administración Regional, sanidad, educación y administración general y servicios".
De igual modo, UGT ha criticado que "utilizando un procedimiento excepcional y extraordinario en unas fechas como las actuales, y con la finalidad de evitar la información, negociación y dictámenes del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico de la Región, y de espaldas a los representantes de los trabajadores, el Gobierno regional ha elaborado y entregado al Grupo Parlamentario Popular una proposición de ley que anula gran cantidad de acuerdos por aquél suscritos en materia retributiva de los últimos años".
De ahí que haya exigido a los gestores públicos de la Comunidad de Murcia de los últimos años "las responsabilidades a que haya lugar por la ineficiente gestión llevada a cabo durante ese tiempo hasta hoy".
UGT ha calificado esta proposición de ley de "fruto de la incapacidad de los actuales responsables regionales para remontar la situación de crisis; un castigo al empleado público y a sus 55.000 familias".
Por lo que ha solicitado a los diputados regionales el voto en contra a una proposición de ley y la "inmediata" convocatoria de la Mesa General de Negociación, además del llamamiento al resto de centrales sindicales para el ejercicio conjunto de las correspondientes acciones contra estas "tan perjudiciales y regresivas medidas para el empleo público, la Administración pública y la sociedad murciana en general".
Y es que, ha reprobado, "tras la incapacidad de los gestores públicos para buscar una salida equilibrada a esta persistente situación de crisis, el PP en la Región y el Gobierno regional reinciden nuevamente en reprender a las 55.000 familias de los empleados públicos de todos los sectores de la Administración Regional, sanidad, educación y administración general y servicios".
De igual modo, UGT ha criticado que "utilizando un procedimiento excepcional y extraordinario en unas fechas como las actuales, y con la finalidad de evitar la información, negociación y dictámenes del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico de la Región, y de espaldas a los representantes de los trabajadores, el Gobierno regional ha elaborado y entregado al Grupo Parlamentario Popular una proposición de ley que anula gran cantidad de acuerdos por aquél suscritos en materia retributiva de los últimos años".
De ahí que haya exigido a los gestores públicos de la Comunidad de Murcia de los últimos años "las responsabilidades a que haya lugar por la ineficiente gestión llevada a cabo durante ese tiempo hasta hoy".
UGT ha calificado esta proposición de ley de "fruto de la incapacidad de los actuales responsables regionales para remontar la situación de crisis; un castigo al empleado público y a sus 55.000 familias".
Por lo que ha solicitado a los diputados regionales el voto en contra a una proposición de ley y la "inmediata" convocatoria de la Mesa General de Negociación, además del llamamiento al resto de centrales sindicales para el ejercicio conjunto de las correspondientes acciones contra estas "tan perjudiciales y regresivas medidas para el empleo público, la Administración pública y la sociedad murciana en general".
Finalmente, el Área Pública de CCOO ha expresado su indignación y su protesta rotunda frente a la Proposición de Ley de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, presentada por el PP, al tratarse, según el sindicato, de "un atraco sin precedentes a los derechos de los empleados públicos". Así las cosas, va a movilizar a todos los empleados públicos de la Región para que "nadie deje de ser consciente de la gravedad de las medidas propuestas", al tiempo que han anunciado que, de forma simultánea, se pondrán en marcha las acciones jurídicas "encaminadas a detener esta barbaridad contra los empleados públicos".
"Se trata, ha advertido, de una decisión política a espaldas de los representantes de los trabajadores, sin previa negociación ni posibilidad de acuerdo".
En su opinión, "a imitación de las prácticas del Gobierno central pretende ejercer por la vía del decretazo una presión injustificable sobre los trabajadores del sector público, haciéndoles responsables y paganos de una situación económica de la que, en modo alguno, son culpables".
Asimismo, ha criticado "la incapacidad del Gobierno regional para realizar ajustes económicos a lo largo de 2010, al tiempo que organiza derroches del tipo Manifiesta 8 y otros No typical la pagan ahora los trabajadores públicos".
Es por ello por lo que ha puesto de manifiesto que "el atraco planificado a las condiciones laborales de miles de empleados públicos de la Región significa el empobrecimiento de estos a costa de las políticas de despilfarro e improvisación del PP en el Gobierno".
A su vez, ha añadido, esta proposición de Ley "añade nuevos recortes salariales a los ya establecidos ha raíz del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo". Del mismo modo, "anula derechos retributivos consolidados y otros en vías de cobro tras varios aplazamientos pero inciden también en horarios y carga de trabajo, horas extraordinarias, prestaciones sociales y Plan de Acción Social, entre otros".
Las consecuencias directas que se derivan de las medidas propuestas son, por una lado, "la inevitable merma en la capacidad y la calidad de los servicios públicos a la ciudadanía; y desempleo en este sector, que se cebará principalmente en el colectivo de jóvenes".
Exigencia
El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha criticado las medidas anunciadas este martes por la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, "para intentar dar viabilidad a las finanzas regionales", ya que, en su opinión, "las urgencias y la dimensión de los recortes del Gobierno regional son fruto de su falta de previsión y de las alegrías presupuestarias de los últimos años".
Así, ha afirmado que "la falta de austeridad y de previsión en los momentos de bonanza de las finanzas regionales desembocan ahora en esta situación de urgencia y de crisis financiera que están poniendo en riesgo la sostenibilidad de la propia Comunidad".
De ahí que desde UPyD se reclame que el Gobierno regional "elabore un plan de austeridad y elimine un buen número de gastos superfluos y de otros que han propiciado un derroche innecesario", ya que, ha argumentado, "los gastos en eventos culturales por encima de las posibilidades económicas regionales, los patrocinios de eventos deportivos sin un retorno asegurado al tejido industrial regional, el incremento de los presupuestos de la televisión regional, al tiempo que se rebaja un 60 por ciento la ayuda al desarrollo, son sólo unos ejemplos de cómo ha despreciado Valcárcel los avisos sobre la necesidad de ser austeros".
Así, ha calificado de "injustas" unas medidas que "prevén más recortes de salario para los funcionarios regionales y un incremento de su jornada laboral", y ha criticado las políticas de Valcárcel durante estos últimos años.
"Se trata, ha advertido, de una decisión política a espaldas de los representantes de los trabajadores, sin previa negociación ni posibilidad de acuerdo".
En su opinión, "a imitación de las prácticas del Gobierno central pretende ejercer por la vía del decretazo una presión injustificable sobre los trabajadores del sector público, haciéndoles responsables y paganos de una situación económica de la que, en modo alguno, son culpables".
Asimismo, ha criticado "la incapacidad del Gobierno regional para realizar ajustes económicos a lo largo de 2010, al tiempo que organiza derroches del tipo Manifiesta 8 y otros No typical la pagan ahora los trabajadores públicos".
Es por ello por lo que ha puesto de manifiesto que "el atraco planificado a las condiciones laborales de miles de empleados públicos de la Región significa el empobrecimiento de estos a costa de las políticas de despilfarro e improvisación del PP en el Gobierno".
A su vez, ha añadido, esta proposición de Ley "añade nuevos recortes salariales a los ya establecidos ha raíz del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo". Del mismo modo, "anula derechos retributivos consolidados y otros en vías de cobro tras varios aplazamientos pero inciden también en horarios y carga de trabajo, horas extraordinarias, prestaciones sociales y Plan de Acción Social, entre otros".
Las consecuencias directas que se derivan de las medidas propuestas son, por una lado, "la inevitable merma en la capacidad y la calidad de los servicios públicos a la ciudadanía; y desempleo en este sector, que se cebará principalmente en el colectivo de jóvenes".
Exigencia
El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha criticado las medidas anunciadas este martes por la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, "para intentar dar viabilidad a las finanzas regionales", ya que, en su opinión, "las urgencias y la dimensión de los recortes del Gobierno regional son fruto de su falta de previsión y de las alegrías presupuestarias de los últimos años".
Así, ha afirmado que "la falta de austeridad y de previsión en los momentos de bonanza de las finanzas regionales desembocan ahora en esta situación de urgencia y de crisis financiera que están poniendo en riesgo la sostenibilidad de la propia Comunidad".
De ahí que desde UPyD se reclame que el Gobierno regional "elabore un plan de austeridad y elimine un buen número de gastos superfluos y de otros que han propiciado un derroche innecesario", ya que, ha argumentado, "los gastos en eventos culturales por encima de las posibilidades económicas regionales, los patrocinios de eventos deportivos sin un retorno asegurado al tejido industrial regional, el incremento de los presupuestos de la televisión regional, al tiempo que se rebaja un 60 por ciento la ayuda al desarrollo, son sólo unos ejemplos de cómo ha despreciado Valcárcel los avisos sobre la necesidad de ser austeros".
Así, ha calificado de "injustas" unas medidas que "prevén más recortes de salario para los funcionarios regionales y un incremento de su jornada laboral", y ha criticado las políticas de Valcárcel durante estos últimos años.
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