domingo, 12 de diciembre de 2010

Por una democracia social y ecológica / Teresa Vicente *

Si el modelo de mercado actual no vale como modelo de desarrollo social sostenible, queremos cambiar de modelo.

Que el modelo de mercado no sirva para garantizar los derechos humanos es la prueba más clara de su ilegitimidad en el marco democrático actual. En un Estado de Derecho social y democrático como el nuestro, la defensa de los derechos humanos pasa por exigir a los poderes públicos que asuman su obligación constitucional de protección social, y obligar a las Administraciones públicas a que cesen en sus políticas de recortes sociales.

En este sentido, como coordinada de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia, y miembro de la Asociación de Jóvenes Juristas, de la Coordinadora de ONG para el desarrollo y del Foro Ciudadano de la Región de Murcia, con ocasión del día internacional de los derechos humanos y con el propósito de manifestar el compromiso ciudadano con la fuerza vinculante de estos derechos, quiero expresar aquí el contenido de nuestro Manifesto:

Que los profundos cambios sociales y ecológicos que caracterizan a la actual sociedad planetaria plantean la exigencia de avanzar hacia una Justicia global desde el paradigma de la justicia distributiva en sentido social y ecológico.

Esta exigencia se concreta en el reconocimiento jurídico de los derechos sociales y los derechos ecológicos como derechos humanos básicos que deben garantizar todos los Estados de Derecho o democracias del siglo XXI.

En este sentido, queremos resaltar lo siguiente:

El rapto de los derechos sociales por las democracias actuales al someter la garantía de los derechos sociales a las exigencia económicas de un mercado sin límites.

La reducción del presupuesto destinado a la Ayuda Internacional al Desarrollo sin tener en cuenta las graves consecuencias socio-económicas que genera, con un aumento de la desigualdad y de la pobreza mundial.

El recorte del presupuesto destinado a las políticas sociales por parte de las Administraciones públicas —central, regional y local—, lo que genera un aumento de la exclusión social y una caída del movimiento asociativo.

En particular queremos señalar la enorme reducción del presupuesto destinado a la acción social y al movimiento asociativo por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, lo que aumenta la degradación de la población más desfavorecida —personas, familias y territorios— y el declive de un movimiento asociativo que se ha ido tejiendo durante muchos años y que constituye un extraordinario capital social en nuestra Región.

Por todo ello, afirmamos que los derechos sociales y las políticas sociales que los hacen efectivos deben ser respetados y reconocidos como exigencias materiales de justicia que deben condicionar el desarrollo económico.

El orden económico basado en el consumo prescinde del orden ético y es insostenible social y ecológicamente. El capitalismo de mercado ha decidido privatizar las materias primas y las fuentes de energía, que son bienes comunes de la humanidad, provocando una grave lesión en los derechos ecológicos. El sistema económico ha decidido utilizar las fuerzas de trabajo como mercancías efímeras para asegurar la acumulación de la riqueza privada, provocando un grave retroceso en los derechos sociales.

Por todo ello es importante una alternativa basada en los valores de la solidaridad, la participación y la integración para hacer realidad otros modelos sociales diferentes a la cultura del consumo. Sólo una democracia social y ecológica es un proyecto viable que puede desafiar la historia presente y devolver al pueblo su dignidad y a la tierra su vitalidad.

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