No salimos de nuestro asombro presenciando la escenificación que está realizando ante los vecinos del municipio de Murcia el equipo de Gobierno Municipal, a cuenta de la adjudicación del contrato de “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA”.
Desde el citado equipo de Gobierno están aprovechando la caja de resonancia que representa el diario La Verdad, para repetir un día sí y otro también, que el Ayuntamiento de Murcia se va a ajustar exclusivamente a la legalidad en la adjudicación del citado contrato.
Como advertía el informe publicado por el digital murciaconfidencial el pasado 1 de octubre, el Pliego de Cláusulas era un obstáculo para la concurrencia de ofertas, y así de su lectura se desprendía que:
1.- Ofertando en el subcriterio precio la cantidad de 875.560.916,04 EUR, o una cantidad inferior, se obtienen los 35 puntos que como máximo se pueden obtener en dicho subcriterio. Se vulnera un principio básico de la contratación administrativa: la máxima puntuación para oferta más barata. De los tres subcriterios que integran los criterios objetivos del Pliego, el precio es el más importante por los puntos que otorga. Todos los licitadores procurarán asegurarse los 35 puntos y el subcriterio precio será irrelevante.
2.- La consecuencia inmediata de lo anterior es que los criterios subjetivos, por los que se asignan hasta 49 puntos en el Pliego, se convertirán en determinantes. Así pues, el juicio de valor emitido por la Comisión de funcionarios municipales encargada de su valoración, será crucial para la adjudicación del contrato. Se vulnera el artículo 134 de la Ley de Contratos del Sector Público, que exige una Comisión de expertos ajena al órgano proponente cuando los criterios subjetivos ponderan más que los objetivos. Aquí, de facto, mediante la inutilización del subcriterio precio, ponderan más los subjetivos.
La prueba más palmaria de que nos encontramos ante un Pliego de Cláusulas moldeado para satisfacer intereses ajenos al interés general de los vecinos, y contrario a principios básicos de la legislación de contratos, es el número de ofertas presentadas: DOS.
Si no teníamos suficiente con un Pliego de Cláusulas adulterado, también nos encontramos con una publicidad insuficiente. A tenor del artículo 36 de la Directiva 2004/18/CE y del artículo 126 de la Ley de Contratos del Sector Público, este tipo de contrato debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea. En el primero de ellos aparece publicado el día 6 de julio. En el segundo de ellos, ni siquiera los servicios de asistencia del Servicio de Publicaciones del citado Diario Oficial han sido capaces de encontrar el anuncio.
A la comedia también se ha sumado el diario La Verdad. El citado diario, el 18 de octubre, en referencia al representante de la UTE VALORIZA-SACYR, titulaba “Un imputado de la “Brugal” pone cara a una oferta al “contrato del siglo” de basuras”. Cabe preguntarse por qué dedica el titular al representante de dicha UTE, cuando resulta que la otra empresa licitadora, CESPA, también se ha visto salpicada por la operación “Brugal”. Sr. Alcalde, ¿cuál es la causa por la que sólo han concurrido a este contrato dos empresas que están involucradas en un caso de corrupción investigado por la fiscalía alicantina?.
El día 22 nos enteramos que el juez David Castillejos, titular del Juzgado de Instrucción nº 8, ha imputado a la Jefa de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Murcia por la operación “Umbra”. Como quiera que en el Pliego de Cláusulas consta la firma de “La Directora de los Servicios Jurídicos”, al equipo de Gobierno Municipal preguntamos si se trata de la misma persona.
Y para el caso de que se trate de la misma persona. La firma va precedida de una coletilla que reza así, “examinado el presente Pliego, y a los efectos del preceptivo informe jurídico, se hace constar que el mismo se ajusta a la legislación vigente no existiendo por tanto, inconveniente legal alguno para su aprobación”, por lo que nos vemos obligados a preguntar al equipo de Gobierno Municipal, si dicha coletilla está redactada con el mismo rigor que los informes por los que ha sido imputada su autora.
El día 27 de octubre, el mismo diario La Verdad informa que la Comisión Técnica de funcionarios municipales ha decidido excluir a la oferta de VALORIZA SACYR, al incluir ésta valoraciones económicas en su oferta técnica. En nuestra carta “El Concejal No Tiene Quien Le Oferte”, publicada por murciaconfidencial el pasado 14 de octubre, dijimos en relación a las ofertas presentadas por CESPA y VALORIZA-SACYR que, “Una será la adjudicataria y la otra actuará de comparsa para dar credibilidad a la escenificación”.
El portavoz socialista en el consistorio, el concejal Alfonso Navarro, ha exigido que el gobierno local de Murcia “estudie la posibilidad de suspender y dejar desierto el procedimiento de adjudicación para la contratación del servicio de basuras en defensa del interés público”, según el diario La Verdad. Al citado edil le ”llama poderosamente la atención que esta empresa, con amplia experiencia contrastada, cometa un error de principiante, un defecto de forma que, según la Junta de Gobierno, es razón mas que suficiente para no tomar en consideración su oferta”.
Consideramos que existen dos circunstancias por las que le va a ser difícil al Ayuntamiento de Murcia declarar desierto el concurso. La primera, el último párrafo del artículo 135. 1 de la Ley de Contratos del Sector Público: “el órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego”. La segunda, la propia Cláusula 8. 2 del Pliego de Cláusulas, que ha referenciado la baja máxima al 10 % del presupuesto de licitación, por lo que ofertando 875.560.914,04 EUR, se obtienen los 35 puntos del subcriterio precio y no se incurre en temeridad. Ofertando un precio menor se obtienen también 35 puntos, pero corriendo el riesgo de que la oferta sea considerada temeraria. No es de esperar que CESPA incurra en el error.
Las circunstancias que rodean la licitación de este contrato de mil millones de euros y 20 años de duración, ponen de relieve que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia constituye un peligro para los intereses generales del vecindario. Confiemos que alguna de las institución a las que hemos apelado les pida responsabilidades por esta burda representación.
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