MURCIA.- Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo de Murcia, han detenido a tres ciudadanos españoles como responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Estas detenciones son consecuencia de las labores de investigación de la referida Brigada, encaminadas a la protección de los derechos de los trabajadores y los ciudadanos extranjeros, según han informado fuentes policiales.
Así, en fechas recientes se pudo comprobar que una empresa del sector agrícola de la Región de Murcia se encontraba empleando personas extranjeras, la mayoría de ellas en situación de estancia irregular en nuestro país, trasladándolas a fincas agrícolas de nuestra región o provincias limítrofes para trabajar en las mismas, sin ningún tipo de contrato o protección laboral, con salarios ínfimos o muy por debajo del convenio que regula este tipo de actividades
Una vez realizadas las gestiones necesarias, el pasado 19 de octubre, con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Murcia, se llevó a cabo una inspección en la citada finca, situada en el término municipal de Alhama de Murcia, donde se identificó a 45 personas, de las cuales 40 carecían de permiso de residencia y trabajo, encontrándose por tanto en situación de estancia irregular en España.
De estos, 32 son nacionales de Paraguay, uno de Bolivia, otro de Burkina Faso, dos de Guinea Conakry, uno de Nicaragüa, uno de Guatemala, uno de El Salvador y otro de Costa de Marfil. Todos ellos fueron trasladados a dependencias policiales como detenidos por infracción a la ley de extranjería y al objeto de incoar los correspondientes expedientes de expulsión.
La inspección permitió comprobar que las personas que trabajaban en la explotación agrícola investigada carecían de contratos de trabajo y de cualquier tipo de protección social, lo que se aprovechaba para remunerarles con cantidades muy inferiores a las estipuladas en los convenios del sector.
Las remuneraciones recibidas por los trabajadores de la empresa que se encontraban en esta situación de precariedad, se han estimado en una media de 20 euros por una jornada de trabajo de ocho horas.
Por todo lo anterior, el pasado día 21 de octubre, se procedió a la detención del gerente de la citada empresa y de dos trabajadores de la misma, encargados de la captación de los trabajadores entre colectivos de inmigrantes en situación administrativa irregular. A todos ellos se les imputan delitos contra el derecho de los trabajadores.
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