MURCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, David Castillejos, ha decretado la prisión eludible bajo fianza, con importes de entre 70.000 y 120.000 euros, para los tres detenidos en una operación en la que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Murcia, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Así, los imputados tienen un plazo máximo hasta mañana viernes, 8 de octubre, para hacer efectiva la fianza. En caso de no hacerse efectiva, se dictará mandamiento de prisión, según el auto dictado por el juez.
En concreto, la fianza impuesta para el ingeniero y profesor de la Universidad de Murcia, Renato de Noce, supuesto intermediario en algunas de las operaciones inmobiliarias que se investigan, asciende a 120.000 euros, aunque el fiscal Juan Pablo Lozano solicitó la prisión sin fianza.
De igual modo, el juez ha decretado la prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para el abogado Higinio Pérez Mateos, para el que el Ministerio Público solicitó una fianza de 240.000 euros.
Finalmente, el auto contempla la prisión eludible bajo fianza de 70.000 euros para el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, para el que el fiscal solicitó una fianza de 150.000 euros.
Estas medidas cautelares se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía. Las actuaciones continúan declaradas secretas.
Alberto Guerra está asistido por el abogado y catedrático de Derecho Penal, Jaime Peris.
Renato de Noce, lo es por el abogado José Antonio García Sánchez mientras Higinio Pérez Mateos es defendido por el letrado Marcelo Sáez Alonso.
En esta causa están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, como presunto autor de un delito de prevaricación; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra, quien no se ha incorporado ya a su puesto de trabajo. Fernández era en 1995 jefa del Servicio de Centralización del Consistorio.
Opinión del ministro de Justicia
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha dicho que el problema no es el Gobierno, la Guardia Civil o los jueces sino «los corruptos», en alusión a las últimas detenciones en Murcia, municipio gobernado por el PP.
«Lo que hay que hacer es atacar el problema en su raíz, el problema no es ningún Gobierno, ni es la Guardia Civil, no es ningún juez, sino que el problema son los corruptos y la corrupción», argumentó el ministro en declaraciones a Radio Nacional de España.
Dicho esto, Caamaño subrayó la «independencia» de los jueces y recordó que cuando un magistrado toma la decisión de investigar un hecho lo hace en vista a los elementos que tiene y porque considera que existen indicios «suficientes» de que se está cometiendo un delito de corrupción.
«Los jueces tienen su estatuto de independencia plenamente garantizado no sólo por las leyes sino por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en cualquier instancia», recalcó el ministro para matizar que «cuentan con todos los instrumentos que la Constitución les ofrece, como poder del Estado, para hacer valer su independencia y su trabajo».
Finalmente, IU ha convocado una concentración, mañana viernes a las 19 horas en la puerta del Ayuntamiento de Murcia, contra la corrupción urbanística en este municipio como consecuencia del abuso de los convenios urbanísticos.
Con el lema 'Fuera corrupción', IU lo hace con el objetivo de manifestar su rechazo a la especulación y demostrar "que no todos son iguales ni van a lo mismo".
En este sentido, la coordinadora de IU en Murcia, Esther Herguedas, ha dicho que se trata de ofrecer una respuesta "contundente" contra la corrupción urbanística.
Al hilo, Herguedas ha denunciado públicamente "el abuso de los convenios urbanísticos", y asegurado que en la zona norte del municipio esta figura ha dado "carta legal a importantes modificaciones del aprovechamiento del suelo, que unos han potenciado políticamente y de las que otros se han beneficiado".
A su juicio, ha manifestado a través de un comunicado, "esto ofrece una imagen lamentable de las instituciones y de sus representantes que no beneficia a nadie".
Por último, ha recordado que IU fue la única fuerza política que rechazó el convenio de Nueva Condomina, "manteniendo así una línea de denuncia y rechazo contra la especulación".
Opinión del ministro de Justicia
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha dicho que el problema no es el Gobierno, la Guardia Civil o los jueces sino «los corruptos», en alusión a las últimas detenciones en Murcia, municipio gobernado por el PP.
«Lo que hay que hacer es atacar el problema en su raíz, el problema no es ningún Gobierno, ni es la Guardia Civil, no es ningún juez, sino que el problema son los corruptos y la corrupción», argumentó el ministro en declaraciones a Radio Nacional de España.
Dicho esto, Caamaño subrayó la «independencia» de los jueces y recordó que cuando un magistrado toma la decisión de investigar un hecho lo hace en vista a los elementos que tiene y porque considera que existen indicios «suficientes» de que se está cometiendo un delito de corrupción.
«Los jueces tienen su estatuto de independencia plenamente garantizado no sólo por las leyes sino por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en cualquier instancia», recalcó el ministro para matizar que «cuentan con todos los instrumentos que la Constitución les ofrece, como poder del Estado, para hacer valer su independencia y su trabajo».
Finalmente, IU ha convocado una concentración, mañana viernes a las 19 horas en la puerta del Ayuntamiento de Murcia, contra la corrupción urbanística en este municipio como consecuencia del abuso de los convenios urbanísticos.
Con el lema 'Fuera corrupción', IU lo hace con el objetivo de manifestar su rechazo a la especulación y demostrar "que no todos son iguales ni van a lo mismo".
En este sentido, la coordinadora de IU en Murcia, Esther Herguedas, ha dicho que se trata de ofrecer una respuesta "contundente" contra la corrupción urbanística.
Al hilo, Herguedas ha denunciado públicamente "el abuso de los convenios urbanísticos", y asegurado que en la zona norte del municipio esta figura ha dado "carta legal a importantes modificaciones del aprovechamiento del suelo, que unos han potenciado políticamente y de las que otros se han beneficiado".
A su juicio, ha manifestado a través de un comunicado, "esto ofrece una imagen lamentable de las instituciones y de sus representantes que no beneficia a nadie".
Por último, ha recordado que IU fue la única fuerza política que rechazó el convenio de Nueva Condomina, "manteniendo así una línea de denuncia y rechazo contra la especulación".
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