martes, 5 de octubre de 2010

Investigan por presunta corrupción al presidente del Club Real Murcia y detienen a dos profesores de la Universidad más tres funcionarios

MURCIA.- Agentes de la UCO de la Guardia Civil han registrado en Madrid el domicilio y la sede empresarial del presidente y máximo accionista del Real Murcia, el abogado Jesús Samper Vidal (Grupo Santa Mónica), en relación con la detención de cinco personas en el marco de una operación de corrupción urbanística desplegada en Murcia, informaron hoy fuentes de la investigación, que han precisado que la relación del máximo accionista del club grana estaría vinculada a presuntas irregularidades cometidas en el desarrollo urbanístico  y el plan de construcción de Nueva Condomina, al norte del municipio de  Murcia.

   Estas mismas fuentes han precisado que se registra su casa en la capital así como la sede de una de sus empresas en la madrileña calle de Serrano. Se buscan evidencias sobre los presuntos beneficios ilícitos que habría experimentado Samper a partir de aquel plan urbanístico que contemplaba la construcción del nuevo estadio, inaugurado en octubre de 2006, así como un complejo de viviendas.  

   El Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia ya ha ordenado la detención de personas, entre ellas el director de la Gerencia de Urbanismo y profesor universitario, Alberto Guerra así como  el letrado y también profesor universitario Higinio Pérez Mateos. Y  el ingeniero  italiano Renato de Noce, en el marco de una operación de corrupción urbanística.

Posteriormente se ha imputado a los funcionarios municipales Joaquín Peñalver, arquitecto, y  a la esposa de Guerra, Isabel Fernández, destinada en el ámbito más cercano al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara quien, hasta el momento guarda silencio.

La UCO de la Guardia Civil se encuentra desde las ocho de la mañana registrando las dependencias de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, a los que se suman otros registros en despachos y domicilios de Murcia y Madrid.

   Estas diligencias se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM).

   No obstante, la concejal de IU+LV en el Consistorio murciano, Esther Herguedas, ha asegurado que los secretarios judiciales se encuentran esperando en dichas dependencias, por lo que aún no han comenzado los registros.
  
   Dos de los detenidos en el marco de una operación contra la corrupción urbanística en Murcia, el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra y el abogado, Higinio Pérez Mateos, son profesores del departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia.

   En concreto, Alberto Guerra es profesor asociado a tiempo parcial y Pérez es profesor asociado de tipo I, según indican sus fichas recogidas en el directorio de la Universidad y según confirmaron fuentes de la institución docente.

   Ambos forman parte del grupo de personal docente e investigador de la universidad, y son profesores del II Máster en ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

En síntesis, la UCO ha desplazado a Murcia una docena de efectivos, la denuncia proviene de la Fiscalía Anticorrupción por recalificaciones de suelo rústico advertidas por los grupos de Oposición en el Ayuntamiento, tras señalar en su día que detrás había una pura acción especulativa; tanto Pérez Mateos como De Noce están relacionados con otros casos de presunta corrupción urbanística -caso Peñalver y caso Ulea-, y el concejal de Urbanismo, Berberena, sostiene que lo investigado ahora está respaldado por dos sentencias firmes del TSJ en cuanto que se ajusta a la legalidad.

Precisamente, la policía judicial de la Guardia Civil ha registrado esta misma mañana dos cajas de seguridad en la sede regional de 'Cajamar', una del propio Berberena, y la otra del empresario Francisco Arqués López.

Fernando Berberena, aseguró a su llegada a la Gerencia de Urbanismo que todos los expedientes administrativos en materia de Urbanismo están tramitados "con rigurosidad y escrupulosidad absoluta", así como que la ciudad de Murcia puede estar tranquila "porque no hay ningún escándalo urbanístico".

   Berberena ha indicado a los medios de comunicación allí congregados que "hemos aportado toda la documentación que se nos ha requerido siempre, pero vamos a esperarnos porque todo está bajo secreto de sumario".

   El concejal, que esperaba que le confirmaran las detenciones, señaló que "hay que dar un voto de confianza" a los detenidos y que el objetivo es "colaborar con la justicia".

"En su día entregamos la documentación necesaria y si tenemos que entregar más, así lo haremos, siempre en permanente colaboración con la justicia porque haremos todo lo que esté en nuestra mano", añadió.

   Asimismo, aseguró desconocer lo que se investiga, y a su salida de las dependencias municipales tras recoger documentación que la Guardia Civil "pueden estimar oportuna para que se la tramiten al juez, que será la encargada de tomar las decisiones que tenga que tomar", ha indicado que no tienen información "de nada", aunque tiene una "buena impresión".

   Tras lo que ha pedido "sentido común y paciencia en honor de las personas y sus familias hasta que no se sepa nada". Así confirmó que agentes de la Guardia Civil están registrando el despacho del gerente de Urbanismo, "que se encuentra de buen ánimo pero decaído y yo siempre puedo estar defraudado pero no sabemos la realidad de los temas", aunque apuntó que no tiene "ni idea" de que haya tres detenidos.

   Berberena, que declaró que el gerente "no tiene nada que ocultar", asegura que éste no está detenido, que todo está bajo secreto judicial. Asimismo, señaló que la Guardia Civil se está llevando documentación sin pedirla, que han aportado a la Fiscalía toda información solicitada e insistió en que van a colaborar con la justicia "y así se lo ha expresado a la Policía para ver si necesitan algo".

   En cuanto a la documentación que los agentes están requisando, el concejal desconoce si está referida a los convenios con la zona Norte y el desarrollo de Murcia o algún expediente concreto. "No sabemos de qué es", sentenció.

   "El Ayuntamiento de Murcia va a estar en plena colaboración con la Policía y los juzgados para que se esclarezca lo antes posible este tema y sufran lo menos posible las personas afectadas", añadió.

   El Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia ha ordenado la detención de cinco personas en el marco de una operación de corrupción urbanística y ya ha requisado tres grandes cajas de documentos, que ya han sido trasladadas al juzgado correspondiente.

   La UCO de la Guardia Civil se encontraba desde las ocho de la mañana registrando las dependencias de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia.

   Estas diligencias se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM).

   De hecho, dos furgonetas Nissan se encuentran a las puertas de la Gerencia de Urbanismo y agentes de la Guardia Civil entran y salen de las mismas dependencias. También se encuentra presente el jefe de la Policía Local de Murcia, Ángel Marín.

Orgía especulativa

Un presunto gran fraude a las arcas municipales se encuentra en el trasfondo de todo. El Ayuntamiento de Murcia puede haberse visto perjudicado en cientos de millones al imputar a los terrenos recalificados sucesivamente al norte de la ciudad un valor cuatro o cinco veces  menor al de mercado en los sucesivos convenios urbanísticos firmados desde 2001 a 2005.

Dentro del nuevo PGOU, en 2001 se firmó el primero bajo el asesoramiento experto del abogado urbanista Juan Enrique Serrano al Grupo Santa Mónica y que contemplaba 4.000 viviendas; el segundo convenio se firmó por este mismo grupo en 2005 para poder construir otras 2.500. La primera compensación al municipio era construir el estadio para cederlo a la ciudad, y la segunda, era costear la rehabilitación del edificio del Casino de Murcia. Posteriormente se firmaron cuatro nuevos convenios con varios grupos de empresas para construir hasta 20.000 viviendas más dentro del mismo desarrollo urbanístico del norte.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Berberena no sabe nada. Campeón del cinismo. Ha tenido tiempo de destruir pruebas y tienen contactos de altura. Todo pagado, todo comprado.