MADRID.- Alberto Guerra, gerente de Urbanismo de Murcia y detenido el martes, logró en 2005 un beneficio superior a 600.000 euros gracias a la recalificación de unos terrenos que había comprado en el municipio de Ulea junto con el abogado Higinio Pérez Mateos, igualmente arrestado.
Según fuentes de la investigación del caso Umbra citadas por el diario 'Publico', fue Pérez Mateos, vinculado al alcalde de Ulea, José Bolarín (PP), quien negoció el convenio recalificatorio, ahora inviable con la suspensión de pagos de Matinsa-Fadesa, uno de los principales inversores..
Poco después de que, con la venta de esos terrenos, ambos y sus esposas obtuvieran una plusvalía conjunta superior a 1,2 millones de euros, Pérez Mateos firmó con el Ayuntamiento de Murcia (PP) uno de los seis convenios ahora investigados.
Higinio Pérez Mateos, como promotor, firmó un convenio con el alcalde de Ulea, el popular José Bolarín, para recalificar 2.701.755 metros cuadrados de secano, en suelo urbanizable sectorizado residencial, en la zona URS-R4, sector Los Juncos de Ulea Golf Resort.
En estos terrenos se pretenden construir 4.406 viviendas con 13.218 habitantes, campo de golf, hotel y servicios. Desde la firma de este convenio, Higinio Pérez se convirtió en el abogado del alcalde de Ulea en los numerosos juicios celebrados por denuncias de la Oposición en el Ayuntamiento.
Higinio Pérez Mateos, como promotor, firmó un convenio con el alcalde de Ulea, el popular José Bolarín, para recalificar 2.701.755 metros cuadrados de secano, en suelo urbanizable sectorizado residencial, en la zona URS-R4, sector Los Juncos de Ulea Golf Resort.
En estos terrenos se pretenden construir 4.406 viviendas con 13.218 habitantes, campo de golf, hotel y servicios. Desde la firma de este convenio, Higinio Pérez se convirtió en el abogado del alcalde de Ulea en los numerosos juicios celebrados por denuncias de la Oposición en el Ayuntamiento.
Este abogado y empresario actuó en representación de las cuatro empresas que, en mayo de 2005, consiguieron que el ayuntamiento de Murcia les otorgase un plus de edificabilidad cifrado en 138.813 metros cuadrados en el norte de la ciudad. A cambio, garantizaban la rehabilitación del Casino de Murcia.
En el sumario, declarado secreto por el juez de instrucción nº 8 de Murcia, hay ya diez imputados, entre ellos el edil de Urbanismo, Fernando Berberana, y el presidente del Murcia, Jesús Samper.
Basándose en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), quienes conocen el caso sospechan que el ayuntamiento perdonó más de 300 millones de euros a los firmantes de los seis convenios investigados.
Presuntamente, el consistorio infravaloró el precio del suelo conveniado, de forma que las compensaciones exigibles a los beneficiarios de los convenios se vieron mermadas.
Cámara ha defendido la legalidad de todos los procedimientos en los que interviene el ayuntamiento, entre ellos, el convenio de Nueva Condomina, suscrito con ese club de fútbol y las empresas Torre Alcayna y Sport Management Sport & Project, que fue aprobado con el voto a favor de PSOE y PP, y la oposición de IU.
Respecto a los convenios urbanísticos de la zona norte del municipio, el alcalde ha asegurado que no incrementaban el índice de edificabilidad, sino que éste "era uno u otro en función de lo que los propietarios quisieran desarrollar".
La legalidad de estos acuerdos, ha recordado, fue avalada en 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que posteriormente hizo lo propio con el caso concreto del convenio de Nueva Condomina.
Por último, Cámara se ha declarado convencido de que el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, no tiene ninguna vinculación con el caso que se investiga.
Cohecho, blanqueo y prevaricación constituyen la panoplia de delitos atribuidos a los nueve imputados hasta el momento.
La Guardia Civil practicó una docena de registros, el más relevante en la sede de Urbanismo.
Hacienda ha emitido ya informes sobre los tres arrestados. Y esos informes aportan indicios delictivos.
Entre los imputados está Joaquín Peñalver, que fue número tres de Urbanismo hasta que en marzo de 2006 cesó tras verse envuelto en otro caso de corrupción que aún se investiga.
Se ha confirmado igualmente la imputación de otros tres empresarios: Francisco Arqués López, Alfonso Ramírez Huguet y Juan Torres Fontes (ex yerno del empresario Tomás Fuertes). A los tres se les investiga por blanqueo de capitales.
Al concejal Berberana y al ex jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, se les atribuye prevaricación por haber adoptado, presuntamente, una decisión urbanística injusta a sabiendas de que lo era.
A Jesús Samper se le atribuyen los delitos de cohecho y blanqueo como firmante del primero de los seis convenios urbanísticos bajo sospecha. Abogado de profesión, Samper está citado ante el juez de Murcia el próximo día 15.
En 2007, los socialistas denunciaron públicamente que aquella operación en cadena había producido al ayuntamiento un grave quebranto económico que cifraron en 783 millones.
El consistorio no los ingresó porque valoró el metro cuadrado de los suelos recalificados en "120 euros el metro cuadrado" en pleno boom inmobiliario, según el portavoz municipal del PSOE en Murcia, Alfonso Navarro. La tasadora Arquitasa, a la que el PSOE encargó un estudio, cuantificó el metro en 600 euros.
Esta calificación fue aprobada dos años después de que el Plan General de Ordenación Urbana, de enero de 2001, calificase esos terrenos como rústicos, agrícolas o no urbanizables.
Según el PSOE, el ayuntamiento no sólo recalificó los terrenos de rústicos a urbanos sino que aplicó el coeficiente edificatorio más alto (0,5) y no redactó el plan de desarrollo urbano de la zona.
Con esta modificación, se incrementaba la edificabilidad del área, con lo que, en lugar de las 5.000 viviendas proyectadas en un principio, se daba luz verde a la construcción de alrededor de 25.000.
Estos convenios, según la denuncia de los socialistas, se firmaron a cambio de unas compensaciones al Ayuntamiento "cinco veces menores que el valor de mercado de los terrenos".
El primero de estos convenios fue el de Nueva Condomina, aprobado por el pleno del ayuntamiento de Murcia en febrero de 2003 y en abril de 2004 el Consejo de Gerencia de Urbanismo de Murcia aprobó la reparcelación de Nueva Condomina, una finca de 2,1 millones de metros cuadrados.
Este plan parcial provocó la sustitución del entonces concejal de Urbanismo Ginés Navarro, contrario al cambio, por Fernando Berberena, ahora imputado también en la causa y que ha puesto su cargo a disposición del partido.
Ésto favoreció a determinados empresarios privados que habrían pagado comisiones ilegales a los políticos y técnicos del Ayuntamiento, gobernado por el PP, que colaboraron en el negocio, según 'El País'.
La investigación nace de una denuncia particular y de los trabajos llevados a cabo por la fiscalía. Del análisis de las escuchas telefónicas se desprende el intento por parte de los implicados de elaborar facturas falsas, hecho que corrobora también el informe de la Agencia Tributaria.
La operación policial fue iniciada hace año y medio a instancias del fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, aunque puesta en marcha a partir del contenido de varios informes de la Agencia Tributaria que pusieron de manifiesto las relaciones mercantiles entre los funcionarios y los empresarios.
Fue preparada de común acuerdo para este martes el pasado 15 de septiembre entre el juez, el fiscal y la Guardia Civil.
Las detenciones e imputaciones forman parte de la primera fase de una operación, cuyo objetivo principal eran los funcionarios y personal laboral, pero no se descarta que haya nuevos imputados, entre ellos, representantes políticos.
Cohecho, blanqueo y prevaricación constituyen la panoplia de delitos atribuidos a los nueve imputados hasta el momento.
La Guardia Civil practicó una docena de registros, el más relevante en la sede de Urbanismo.
Hacienda ha emitido ya informes sobre los tres arrestados. Y esos informes aportan indicios delictivos.
Entre los imputados está Joaquín Peñalver, que fue número tres de Urbanismo hasta que en marzo de 2006 cesó tras verse envuelto en otro caso de corrupción que aún se investiga.
Se ha confirmado igualmente la imputación de otros tres empresarios: Francisco Arqués López, Alfonso Ramírez Huguet y Juan Torres Fontes (ex yerno del empresario Tomás Fuertes). A los tres se les investiga por blanqueo de capitales.
Al concejal Berberana y al ex jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, se les atribuye prevaricación por haber adoptado, presuntamente, una decisión urbanística injusta a sabiendas de que lo era.
A Jesús Samper se le atribuyen los delitos de cohecho y blanqueo como firmante del primero de los seis convenios urbanísticos bajo sospecha. Abogado de profesión, Samper está citado ante el juez de Murcia el próximo día 15.
En 2007, los socialistas denunciaron públicamente que aquella operación en cadena había producido al ayuntamiento un grave quebranto económico que cifraron en 783 millones.
El consistorio no los ingresó porque valoró el metro cuadrado de los suelos recalificados en "120 euros el metro cuadrado" en pleno boom inmobiliario, según el portavoz municipal del PSOE en Murcia, Alfonso Navarro. La tasadora Arquitasa, a la que el PSOE encargó un estudio, cuantificó el metro en 600 euros.
Esta calificación fue aprobada dos años después de que el Plan General de Ordenación Urbana, de enero de 2001, calificase esos terrenos como rústicos, agrícolas o no urbanizables.
Según el PSOE, el ayuntamiento no sólo recalificó los terrenos de rústicos a urbanos sino que aplicó el coeficiente edificatorio más alto (0,5) y no redactó el plan de desarrollo urbano de la zona.
Con esta modificación, se incrementaba la edificabilidad del área, con lo que, en lugar de las 5.000 viviendas proyectadas en un principio, se daba luz verde a la construcción de alrededor de 25.000.
Estos convenios, según la denuncia de los socialistas, se firmaron a cambio de unas compensaciones al Ayuntamiento "cinco veces menores que el valor de mercado de los terrenos".
El primero de estos convenios fue el de Nueva Condomina, aprobado por el pleno del ayuntamiento de Murcia en febrero de 2003 y en abril de 2004 el Consejo de Gerencia de Urbanismo de Murcia aprobó la reparcelación de Nueva Condomina, una finca de 2,1 millones de metros cuadrados.
Este plan parcial provocó la sustitución del entonces concejal de Urbanismo Ginés Navarro, contrario al cambio, por Fernando Berberena, ahora imputado también en la causa y que ha puesto su cargo a disposición del partido.
Ésto favoreció a determinados empresarios privados que habrían pagado comisiones ilegales a los políticos y técnicos del Ayuntamiento, gobernado por el PP, que colaboraron en el negocio, según 'El País'.
La investigación nace de una denuncia particular y de los trabajos llevados a cabo por la fiscalía. Del análisis de las escuchas telefónicas se desprende el intento por parte de los implicados de elaborar facturas falsas, hecho que corrobora también el informe de la Agencia Tributaria.
La operación policial fue iniciada hace año y medio a instancias del fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, aunque puesta en marcha a partir del contenido de varios informes de la Agencia Tributaria que pusieron de manifiesto las relaciones mercantiles entre los funcionarios y los empresarios.
Fue preparada de común acuerdo para este martes el pasado 15 de septiembre entre el juez, el fiscal y la Guardia Civil.
Las detenciones e imputaciones forman parte de la primera fase de una operación, cuyo objetivo principal eran los funcionarios y personal laboral, pero no se descarta que haya nuevos imputados, entre ellos, representantes políticos.
4 comentarios:
Aclaración asunto Ulea: La cosa es todavía más escandalosa porque Higinio no compró los terrenos y sin ser propietario firmo un Convenio con el Alcalde de Ulea al que asesoraba, para recalificar unos terrenos que no eran suyos. A continuación le dio el "pase" al Convenio vendiendo los derechos a un tercero que es el que compra los terrenos.
Dicen una y otra vez, que estas cosas pasaron, pasan y pasarán.
Pues es muy desagradable ver como un funcionario mira para otro lado por miedo, cuando un superior delinque. Además todos sabemos lo largos que son estos procesos y el coste tan elevado que conlleva una denuncia. Es típico en zonas caziquistas y sureñas como nuestra querida Murcia, hundir entre los poderosos al que denuncia y negarle hasta el trabajo. Si puede ser a él y a su familia.
Veo muy apropiado el nombre de este caso: "UMBRA" que es esa de las tres partes de una sombra donde no ha dejado de haber claridad pero todo está oscurecido.
Ese rincón de la calle donde te pones para que no se te reconozca.
Esa zona reservada a los gangster que creen estar por encima de la Ley.
Ya que nunca lograremos limpiar del todo esta escoria, espero que la fiscalía esté capacitada para llegar hasta el final de cada Cta. Cte, chalete, Porsche de carreras, niditos de amor y otros placeres que estos ladrones de poca monta disfrutan con nuestro dinero.
Estaré encantado de llevarles cigarrillos y gomas,....
Espero que el Real Casino de Murcia rompa de inmediato la relación que mantiene con Renato de Noce (con el que se firmó el mantenimiento integral del edificio)
Y espero que tome parte en el asunto por vía legal y reclame las cantidades "apartadas" de la reforma en concepto de facturas fantasma y poder sufragar las irregularidades en la obra. (que son varias e importantes)
Y que se investigue al técnico del ayuntamiento que supervisó los trabajos y dió el visto bueno.
Y a la/s personas de la sociedad que participaran en la obra.
Hasta al conserje investigaría yo.
La gente acomodada en el poder mucho tiempo tiene facilidad para corromperse.
¿ PACHO ?
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