Para UPyD, en palabras de su coordinador regional, Rafael Sánchez, "cuanto más transparente sea el proceso de toma de decisiones, más actores podrán intervenir en el mismo y más difícil será que un grupo de privilegiados pueda monopolizar tales decisiones en su propio interés".
Partiendo de esa premisa UPyD propone una serie de medidas como la obligación de publicar todos los documentos urbanísticos en las páginas web respectivas, de forma accesible y manejable por el ciudadano o la creación de un Consejo Ciudadano de Ordenación del Territorio y Urbanismo, abierto a la participación de agentes sociales con un papel activo en las diversas fases de la política de planeamiento, incluyendo tanto el nivel municipal como el supramunicipal.
Asimismo, UPyD considera que la creación de un organismo independiente autonómico dotado de medios materiales y humanos, como una Agencia de Disciplina Urbanística, supondría un elemento importante de control. Ésta supliría a los Ayuntamientos en el control de la legalidad urbanística, y estaría coordinada por una Agencia Estatal de Disciplina Urbanística.
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