jueves, 9 de septiembre de 2010

La Autoridad Portuaria de Cartagena prevé tener el texto informativo de la dársena de El Gorguel a principios de noviembre

CARTAGENA.- La Autoridad Portuaria de Cartagena prevé disponer entre finales de octubre y principios de noviembre del texto informativo del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), que es el catálogo de referencia que recoge las exigencias del Gobierno central en materia de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, entre otras cosas.

El visto bueno del Ministerio dará paso a que la tramitación pase a la Unión Europea, y Bruselas podría dar el aprobado definitivo en el año 2012, según informó hoy en rueda de prensa el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, tras mantener una reunión con el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel.

Viudes destacó que la dársena es una infraestructura "absolutamente necesaria" para el desarrollo de la Región y anunció que podrá dar empleo a 3.000 personas cuando esté funcionando, lo que "supondría el pleno empleo en el municipio de La Unión".

Por eso, confió en que cuando se pueda constatar su viabilidad y su compatibilidad con los requisitos medioambientales, los vecinos del municipio "variarán su opinión sobre el proyecto". En este sentido, consideró que la dársena es compatible "máxime cuando la terminal sólo va a tocar mercancía limpia como contenedores, en una labor que además no precisa abastecimiento de agua".

Viudes también abordó con Valcárcel el funcionamiento del Puerto en el contexto de "crisis generalizada". De hecho, explicó que el Puerto de Cartagena ha bajado en el primer semestre un 17 por ciento el tráfico, fundamentalmente el tráfico de graneles líquidos, el petróleo y el gas.

Sin embargo, añadió que el Puerto ha podido ser más competitivo en el movimiento de contenedores y mercancía general, unos ámbitos en los que la situación de Cartagena "no se ha correspondido con la bajada generalizada del tráfico de la media nacional, sino que registró un crecimiento en torno al 40 por ciento en el primer semestre", matizó.

La principal causa de este aumento, según Viudes, se corresponde con el modelo de estiba que "tanto trabajo ha costado implantar en Cartagena y que todavía colea con juicios pendientes y con estrategias por parte del sindicato de la coordinadora que controla a la mayoría de trabajadores de la estriba".

Viudes defendió que se trata de un modelo "absolutamente legal que está siendo seguido por muy pocos puertos de España y que es sencillo de comprender". Y es que la Ley obliga a contratar a unos trabajadores de la estiba dentro de una sociedad que presta trabajadores a las empresas estibadoras y que monopolizan el mercado.

En Cartagena, Viudes dijo que hace tiempo se implantó el modelo en el que los trabajadores tienen exclusiva para mover las mercancías en el barco, pero una vez que las mercancías tocan el muelle, el empresario, con sus propios medios o con otras empresas de trabajo temporal debidamente legalizadas y profesionales, pueden mover esas mercancías.

Esto "puede suponer un ahorro del 40 por ciento en comparación con otros puertos" y, tendiendo en cuenta que los trabajos de estiba representan el 60 por ciento del total del coste, supone un ahorro importante del 25 por ciento para el empresario", matizó.

Por otra parte, Viudes comentó con Valcárcel la posición y el decreto que la Comunidad Autónoma tiene que hacer sobre el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que debe reducir sus miembros en base a la disposición legislativa de la nueva Ley de Puertos que entró en vigor en julio.

Valcárcel se comprometió a tomar la decisión de fijar el número de consejeros y su distribución antes de que finalice el presente mes de septiembre, ya que en este momento no hay Consejo de Administración, de manera que no se puede reunir para tomar alguna de la disposiciones o medidas que le son inherentes para funcionar.

En concreto, el Consejo tiene que variar su composición al pasar de los 25 consejeros que ahora tiene a 15 como máximo o 12 como mínimo. La Ley establece unos cupos, de forma que la Comunidad dejará de nombrar nueve miembros y pasará nombrar cuatro vocales y el presidente, es decir, cinco en total. Por su lado, Puertos del Estado nombrará tres vocales más el capitán marítimo, es decir, cuatro en total.

Estos miembros son fijos independientemente de que la Comunidad decida finalmente disponer de 15 ó 12 consejeros. De elegir el número máximo de integrantes, el Ayuntamiento de Cartagena pasaría de tres a dos consejeros y el resto, hasta cuatro, lo repartirían entre empresarios y sindicatos.

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