La Audiencia Provincial reabre la causa contra el alcalde de Torre Pacheco por las adjudicaciones a dedo

MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado al Juzgado de Instrucción número Seis de San Javier que reabra la causa por un presunto delito de prevaricación contra el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, y los concejales Santiago Meroño y José Saura por las supuestas adjudicaciones ´a dedo´ de contratos, por importe de 750.000 euros.

El tribunal señala en un auto que los indicios de la posible comisión del delito «permanecen», por lo que acuerda revocar el sobreseimiento dispuesto por el juez de San Javier, al que ordena que «proceda a continuar la tramitación de la causa», que fue archivada en diciembre pasado.

De esta forma, la Audiencia le deja la puerta abierta para que dé paso a la fase intermedia del juicio si cree que la investigación está acabada o para que ordene la práctica de nuevas diligencias, «si entiende que no está agotada».

El tribunal admite así el recurso presentado por la Fiscalía, que considera que la adjudicación sin concurso previo de la redacción de proyectos a una empresa determinada puede ser constitutiva de delito, del que serían responsables el alcalde y los ediles de Urbanismo y de Deportes.

El auto recoge que «las infracciones administrativas vienen a ser justificadas por las defensa y aceptadas por el juez instructor, por el hecho de que pudieran haberse producido por una anómala interpretación de la misma o por una falta de negligencia en su interpretación, o incluso por dejadez o descuido», criterio que la Audiencia no comparte.

El Juzgado, al no apreciar que el alcalde y los concejales actuaran de forma intencionada o arbitraria, se pronunció por el sobreseimiento de las actuaciones, que la Audiencia deja ahora sin efecto.

Declara la sala que esa decisión sólo cabe cuando los indicios que dieron lugar a la formación de la causa quedan desvirtuados tras la investigación, «y difícilmente se puede proceder al archivo cuando los mismos permanecen».

«No se trata –añade el auto judicial–, de una u otra adjudicación, sino que se trata, en la mayoría de los casos, de contratos de dirección de obra a un único arquitecto, que se adjudica los proyectos a través de una empresa, por valor de 750.000 euros entre octubre de 2005 y julio de 2007».

Dice también la resolución que «en las numerosas adjudicaciones que se hacen por menos de 12.000 euros, ni siquiera existe aprobación del gasto, sino una mera hoja de encargo y pago de la factura, existiendo numerosas adjudicaciones en cuantía superior a treinta mil euros, de las que no cabe ignorar la necesidad de expediente administrativo previo, que en ningún caso se ha realizado».

El auto hace una relación de algunos de los contratos adjudicados así, entre los que se encuentran la adecuación del centro de educación musical, el centro de las artes escénicas, el estadio de atletismo o la urbanización del centro de desarrollo local. «Estamos ante una actuación irregular en el ámbito administrativo, donde no cabe descartar la intencionalidad», concluye la resolución judicial.