viernes, 17 de septiembre de 2010

IURM advierte que el acuerdo de la UE sobre el tomate es "un paso más en el enterramiento de la agricultura murciana"

MURCIA.- El portavoz de la Presidencia de IU en la Región, José María Ortega, ha advertido que el acuerdo de la Comisión Europea con Marruecos, por el que el país magrebí podrá exportar a Europa 285.000 toneladas de tomate, supone "un paso más en el enterramiento de la agricultura murciana".

Al respecto, Ortega ha asegurado que las explotaciones murcianas "están desapareciendo o a un paso de su desaparición, a pesar del falso triunfalismo del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá", al tiempo que ha reprochado a PP y PSRM "que no sean capaces de hacer reflexionar a sus compañeros de la Comisión Europea".

Y es que, ha subrayado, "los responsables de este tipo de acuerdos son aquellos parlamentarios y comisarios europeos, pertenecientes principalmente a los partidos Popular y Socialista, que llevan años desarrollando una estrategia agrícola caracterizada por un fundamentalismo de libre comercio que olvida la dimensión social y de empleo de la agricultura murciana y sólo potencia la bajada de precios y la competitividad".

Asimismo, ha opinado que tanto Cerdá como los responsables regionales del PSRM "deberían ir a Bruselas, que es donde se toman las decisiones perjudiciales para Murcia, para convencer a los verdaderos responsables de esta política europea, sus compañeros de partido, y dejen de engañar a los agricultores murcianos y de envolverse en la bandera de la agricultura".

Es por ello por lo que ha dejado claro que "mientras no cambie la política europea, más sectores agrícolas serán castigados", según informa la federación de izquierdas.

Y es que, a juicio de Ortega, "entretanto se modifique el rumbo de la política agraria comunitaria, que utiliza a la agricultura murciana como moneda de cambio para acuerdos comerciales con terceros países, vendrán más acuerdos con repercusión principal sobre frutas y hortalizas, y más explotaciones agrícolas tendrán que echar el cierre".

"La alternativa, ha apostillado, deberá venir por un cambio de política, que potencie la protección directa del agricultor a título principal y de las empresas que generan empleo agrario directo, a la vez que una mayor exigencia de garantías sanitarias y laborales en los productos que sean objeto de exportación".

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