La nueva y definitiva imputación del TSJ, le llega en el momento más delicado de su carrera. Las desafecciones de sus concejales, materializadas con dimisiones, se acompaña a la inaudita alegría de muchos de sus correligionarios que otrora rezaban en la puerta de la cárcel.
No es muy aventurado afirmar, que la “alegría”, podría ser compartida entre los que se regocijan con el mal ajeno en ambos bandos, entre los que yo ni me cuento, ni me contaré jamás. Esas actitudes las dejo para los resentidos, que no son pocos en ambas orillas del proceloso río de la política totanera.
Es obvio pensar -y ponerlo de manifiesto-, que la imputación por un supuesto delito de cohecho no significa condena, ni mucho menos. Pero tampoco cabe duda que, políticamente, debería dejar de hacer sufrir al pueblo de Totana y su buen nombre, acometiendo el gran favor de apartarse de la vida pública en la Institución, antes de que lo aparten de mala manera sus, hasta hace muy poco, incondicionales palmeros.
Otras reflexiones no exentas de sorpresa, serían los diferentes criterios jurídicos y procesales de los Magistrados que componen el Tribunal Superior de Justicia en Murcia. Una Sala, en la que cuatro Jueces, de reconocido prestigio y experiencia, hacen ver a los ciudadanos que la Justicia puede ser todo, menos una Ciencia Exacta.
Mientras que el Instructor del Caso “Tótem”, Julián Pérez Templado, interpreta que los pinchazos a los móviles de Juan Morales, ordenados por la Juez de Totana, están dentro de la legalidad; los tres Magistrados de la misma Sala e idéntico rango, anulan las escuchas al diputado y aforado, Morales, por la falta de competencia del Juzgado de 1ª Instancia totanero.
También merece una reflexión, los distantes criterios a la hora de valorar el contenido de la conversación, entre Casanova y Andreo. La Sala, interpreta podrían estar maquinando quedarse con la Comisión de los gallegos, que iba destinada a Morales. Mientras, Pérez Templado, la ubica en “el arcano de las intenciones…”.
Pero lo más chocante de todo, es el sentimiento de impunidad que puede quedar a los ciudadanos votantes, que contemplan atónitos como la denostada “clase política”, se protege y legisla medidas que los convierten en impunes ante la Justicia en determinados delitos, que no podrían cometerse por vecinos sin cargos electivos en el Parlamento Regional o los Ayuntamientos. En este caso, no cabe responsabilizar a los Jueces, que solo interpretan las leyes y las hacen cumplir en el Estado de Derecho.
Juan Morales, no ha defendido su inocencia, ni justificado su incremento de patrimonio en el periodo que ocupa un cargo público, tal y como mandata la Ley. Parece muy claro que demostrar su inocencia no le preocupa demasiado. Su avezado abogado, ha basado la estrategia en anular unas escuchas, que había ordenado una Juez con rango inferior para investigar al Diputado Aforado.
Es decir, un cargo público, por razón del mismo, puede votar a favor de intereses de especuladores a cambio de comisiones, perjudicando claramente los intereses públicos y de los vecinos que pagan sus impuestos y lo han colocado con sus votos en las Instituciones. Pero ese mismo cargo, no está sometido -como todos los españoles- al Imperio de la Ley y puede irse de rositas, por un problema de competencias y no por el supuesto delito en sí, que no se cuestiona en el Auto del TSJ.
Juan Morales, podría volver a ser el futuro candidato en Totana y Diputado por el PP en la Comarca, en el hipotético caso que se anule todo el proceso por su condición de aforado, impune ante la Justicia. No sería el primero. Su compañero, Eduardo Zaplana, protagonizó un caso similar, al anular el Supremo las escuchas en el “Caso Naseiro”. Pasado el trámite, escaló las más altas cotas del poder en el Gobierno de Aznar, previa presidencia de la Generalitat valenciana, terminando en un alto cargo directivo en una empresa de telecomunicaciones. Conoce el paño el de Cartagena.
En estos tiempos, que la Iniciativa Legislativa Popular, se ha puesto en boga, con la prohibición de las corridas de toros en el Parlamento Catalán, sería muy interesante, comenzar a recoger firmas, para la desaparición del aforamiento de diputados y demás cargos públicos e igualarnos a todos ante el Imperio de la Ley. Una muestra inequívoca de regeneración e higiene democrática.
(*) Coordinador de IU en el Bajo Guadalentín
4 comentarios:
De lo que se trata es de que, efectivamente, la ley es igual para todos y todos tenemos los mismos derechos. Por ejemplo, a la tutela judicial efectiva y al juez predeterminado por ley. Es más que evidente que la jueza sustituta de Totana no era competente para invadir la intimidad de Morales más que mientras no era aforado y que, una vez investido diputado, debería haber resuelto si había indicios de criminalidad en él y HABERSE INHIBIDO en favor del tribunal competente. No lo hizo y, por tanto, tanto las escuchas ILEGALES como las pruebas que se pudieran haber obtenido a partir de ellas son NULAS. Es fácil de entender y no es culpa de Morales, ni de la ley, ni de su abogado, sino únicamente de la jueza que se extralimitó en sus funciones.
Un juez nunca se puede extralimitar en sus funciones si persigue la corrupción. Y el Tribunal correspondiente debería utilizar esas pruebas, las escuchas, para inhabilitar al todavía diputado de sus funciones públicas.
La culpa de estos aforamientos arcáicos y obsoletos, solo es de los partidos políticos (todos, sin excepción), que legislan para tener unos privilegios más pasados que las corridas de toros en Cataluya. Si yo voy bebido al volante y me paran, he de someterme a la ley. Si es un diputado o senador, no.
Si yo estoy cometiendo un delito y me pinchan el teléfono, no existen trabas y si hay delito, las utilizan contra mi. Si es un Diputado o Senador, aplicamos la regla que le beneficia y obviamos el delito, porque exite un error, aunque haya pruebas del delito. Con razón los ciudadanos cada día ven más como un problema a los políticos. Vergüenza debería darles.
El primer comentario me parece de una inmoralidad y una desvergüenza inauditas, o sea ese señor ya no es un sinvergüenza porque un trámite burocratico haya podido ser irregular. Viva el país de los golfos.
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