jueves, 8 de julio de 2010

El juez imputa diversos cargos y decreta libertad provisional para el presidente de la Diputación de Alicante

ORIHUELA.- El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela ha acordado mantener la situación de libertad provisional para cinco de las personas que han comparecido este jueves a declarar de forma voluntaria dentro de la denominada 'operación Brugal', entre ellas el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, a quien ha imputado diversos cargos.

De esta manera el magistrado ha desestimado la petición del fiscal de fijar una fianza de 500.000 euros para el también presidente del PP en Alicante por lo que ha quedado en libertad sin fianza.

Asimismo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado, el juez ha ordenado el ingreso en prisión, eludible con una fianza de 100.000 euros, para el empresario Rafael Gregory, al que se le ha concedido un plazo para reunir dicha cantidad.

El juez ha tomado declaración, en calidad de imputadas, a estas seis personas --entre las que también se encuentra el empresario y el máximo accionista Hércules, Enrique Ortiz, un empleado de su empresa Inusa y otro de la firma Sufi y un empresario valenciano-- que debían comparecer en el marco de las Diligencias Previas 851/07, abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros.

En cada comparecencia se han practicado las diligencias de imputación judicial y se ha explicado a cada uno de los afectados por la investigación que no se les podían detallar los hechos imputados como consecuencia del secreto que afecta a las actuaciones, aunque sí que se les ha expuesto, de forma minuciosa, las figuras penales y los preceptos legales a los cuales se pueden referir sus conductas, ha detallado el TSJCV en un comunicado.

El Juzgado tiene previsto que mañana comparezcan para diligencia de imputación judicial y posterior declaración en calidad de imputadas, otras cinco personas, tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios de la localidad.

Contra los autos dictados por el magistrado-juez cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días, según se les ha notificado a las partes en el día de hoy.

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