La derecha murciana, cada vez más extrema, lleva tiempo entrenándose para convertir esta esquina del Estado de las Autonomías en una mala copia del salvaje oeste americano, eso sí, sin épica ni honor. Una Región donde, a la vuelta de una legislatura, los miembros más honorables de la sociedad no serán más que vulgares cuatreros y sheriffs corruptos, aliados de los cuatreros, que extorsionan a los que dicen proteger.
Cuando el abogado señor Mazón propuso el desmontaje del Cristo de Monteagudo por ser un símbolo religioso en un espacio público, se lanzó sobre su yugular lo más granado de la derecha regional, incluido el señor presidente de la Comunidad y el señor alcalde de la ciudad a cuya vera está el Cristo. En aquel suceso la respuesta civilizada de un político civilizado de una Región no confesional, que forma parte de un Estado laico, hubiese sido la de defender la legalidad vigente, que bien podría no dar la razón al abogado, y acatarla sin reservas. Con independencia de las creencias religiosas, que en una sociedad civilizada no pueden contaminar las decisiones políticas.
Con el asunto de la aplicación de la nueva Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, mal conocida como Ley del Aborto, la conducta normal de un dirigente político normal en una sociedad democrática, también habría sido la de anunciar su cumplimiento, aunque personal o religiosamente no le gustase tal Ley. Pero, una vez más, la derecha local ha preferido echarse al monte de la insumisión, con alguna novedad sobre excursiones anteriores.
Por ejemplo, el señor presidente ha dicho: «Si acato la ley del aborto será por imperativo legal», argumento que recuerda al utilizado tiempo atrás, a la hora de acatar la Constitución, y para poder mantenerse de manera cínica en las instituciones del Estado, por el grupo más radical del nacionalismo vasco independentista, ese al que el señor Aznar llamó movimiento vasco de liberación. No sabemos si será por esto o por las secretas conexiones entre los diferentes nacionalismos, en este caso entre el muy radical vasco y el hidráulico de corte murciano, pero el hecho es que el argumentario básico se parece como una gota de agua a otra.
Aunque el brote de acatamiento por imperativo legal no ha durado mucho, en el sentido de que el señor Valcárcel ha anunciado la aplicación de la Ley tras ponerla a caer de un burro, el plazo ha sido suficiente para que otros insumisos de largo recorrido hayan echado una manita en el torpedeo de la Ley. Le ha sobrado tiempo al señor obispo de la diócesis para darle un repaso a la norma y, sobre todo, a sus autores intelectuales y materiales, a los que, como poco y a juzgar por las palabras del representante de la jerarquía eclesiástica, les espera un infierno especial para ellos. Esta jerarquía habla con mucho conocimiento de causa de los infiernos, pues se ha aplicado, en no pocos casos, a su establecimiento sobre la Tierra, para luego poder pasear bajo palio a sus gestores más sanguinarios.
Cuando esos gestores han sido imputados como criminales contra la humanidad, la jerarquía ha seguido a lo suyo impasible el ademán. Como impasible sigue en el incumplimiento de la fiscalidad española, democrática y constitucional, a pesar de los requerimientos de la Comisión Europea al Gobierno de España para que sean cancelados los privilegios medievales de la Iglesia católica en este terreno. Hay que ver lo refractarios que son a los impuestos la Iglesia católica y la derecha política; se diría que incluso más que a los abortos.
No obstante, unos y otros, el Gobierno regional y la jerarquía eclesiástica, que tanto se aplican al deterioro moral y material de la sociedad de su entorno, siguen impartiendo doctrina a toda máquina, con ese fervor tan útil para fidelizar a una parte de la base social y la clientela política de ambas instituciones, justo la más cavernaria. Éste aparece como el objetivo fundamental de los desvaríos en torno a una Ley que, entre otros aspectos, supone un paso más en el reconocimiento de la libertad de cada mujer para tomar la decisión que consideren más adecuada en ese territorio tan estrictamente suyo, que no debe ser invadido ni siquiera por sus padres, salvo que ellas lo pidan.
Desde luego, si hay un grupo social sin ninguna autoridad moral para sentar cátedra en tales asuntos esa es la jerarquía de la Iglesia católica, y mucho menos tras su papel, que el propio Papa Ratzinger ha denunciado, en los abundantes casos de pederastia que se van conociendo aquí y allá.
Si el señor presidente de la Comunidad Autónoma y el señor obispo de la diócesis están verdaderamente interesados en reducir la tasa del 16,59% de abortos, en 2008, por cada mil mujeres murcianas entre 15 y 44 años (la más alta del país), podrían aplicarse a reducir el diferencial de tasa de paro entre la Región de Murcia y España, o las diferencias de renta con el Estado, o la no convergencia ni en renta ni en salarios reales, o en mejorar la disponibilidad de viviendas para jóvenes, o en reducir la tasa de temporalidad de las mujeres, o en ofrecer a los jóvenes una cierta confianza y seguridad para el futuro, que están muy vinculadas a la estabilidad en el empleo y a salarios decentes. Mientras no sean capaces de mejorar todo esto con respecto al entorno en que vivimos, lo más honesto es permanecer callado y acatar todas las leyes, también las fiscales.
Cuando el abogado señor Mazón propuso el desmontaje del Cristo de Monteagudo por ser un símbolo religioso en un espacio público, se lanzó sobre su yugular lo más granado de la derecha regional, incluido el señor presidente de la Comunidad y el señor alcalde de la ciudad a cuya vera está el Cristo. En aquel suceso la respuesta civilizada de un político civilizado de una Región no confesional, que forma parte de un Estado laico, hubiese sido la de defender la legalidad vigente, que bien podría no dar la razón al abogado, y acatarla sin reservas. Con independencia de las creencias religiosas, que en una sociedad civilizada no pueden contaminar las decisiones políticas.
Con el asunto de la aplicación de la nueva Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, mal conocida como Ley del Aborto, la conducta normal de un dirigente político normal en una sociedad democrática, también habría sido la de anunciar su cumplimiento, aunque personal o religiosamente no le gustase tal Ley. Pero, una vez más, la derecha local ha preferido echarse al monte de la insumisión, con alguna novedad sobre excursiones anteriores.
Por ejemplo, el señor presidente ha dicho: «Si acato la ley del aborto será por imperativo legal», argumento que recuerda al utilizado tiempo atrás, a la hora de acatar la Constitución, y para poder mantenerse de manera cínica en las instituciones del Estado, por el grupo más radical del nacionalismo vasco independentista, ese al que el señor Aznar llamó movimiento vasco de liberación. No sabemos si será por esto o por las secretas conexiones entre los diferentes nacionalismos, en este caso entre el muy radical vasco y el hidráulico de corte murciano, pero el hecho es que el argumentario básico se parece como una gota de agua a otra.
Aunque el brote de acatamiento por imperativo legal no ha durado mucho, en el sentido de que el señor Valcárcel ha anunciado la aplicación de la Ley tras ponerla a caer de un burro, el plazo ha sido suficiente para que otros insumisos de largo recorrido hayan echado una manita en el torpedeo de la Ley. Le ha sobrado tiempo al señor obispo de la diócesis para darle un repaso a la norma y, sobre todo, a sus autores intelectuales y materiales, a los que, como poco y a juzgar por las palabras del representante de la jerarquía eclesiástica, les espera un infierno especial para ellos. Esta jerarquía habla con mucho conocimiento de causa de los infiernos, pues se ha aplicado, en no pocos casos, a su establecimiento sobre la Tierra, para luego poder pasear bajo palio a sus gestores más sanguinarios.
Cuando esos gestores han sido imputados como criminales contra la humanidad, la jerarquía ha seguido a lo suyo impasible el ademán. Como impasible sigue en el incumplimiento de la fiscalidad española, democrática y constitucional, a pesar de los requerimientos de la Comisión Europea al Gobierno de España para que sean cancelados los privilegios medievales de la Iglesia católica en este terreno. Hay que ver lo refractarios que son a los impuestos la Iglesia católica y la derecha política; se diría que incluso más que a los abortos.
No obstante, unos y otros, el Gobierno regional y la jerarquía eclesiástica, que tanto se aplican al deterioro moral y material de la sociedad de su entorno, siguen impartiendo doctrina a toda máquina, con ese fervor tan útil para fidelizar a una parte de la base social y la clientela política de ambas instituciones, justo la más cavernaria. Éste aparece como el objetivo fundamental de los desvaríos en torno a una Ley que, entre otros aspectos, supone un paso más en el reconocimiento de la libertad de cada mujer para tomar la decisión que consideren más adecuada en ese territorio tan estrictamente suyo, que no debe ser invadido ni siquiera por sus padres, salvo que ellas lo pidan.
Desde luego, si hay un grupo social sin ninguna autoridad moral para sentar cátedra en tales asuntos esa es la jerarquía de la Iglesia católica, y mucho menos tras su papel, que el propio Papa Ratzinger ha denunciado, en los abundantes casos de pederastia que se van conociendo aquí y allá.
Si el señor presidente de la Comunidad Autónoma y el señor obispo de la diócesis están verdaderamente interesados en reducir la tasa del 16,59% de abortos, en 2008, por cada mil mujeres murcianas entre 15 y 44 años (la más alta del país), podrían aplicarse a reducir el diferencial de tasa de paro entre la Región de Murcia y España, o las diferencias de renta con el Estado, o la no convergencia ni en renta ni en salarios reales, o en mejorar la disponibilidad de viviendas para jóvenes, o en reducir la tasa de temporalidad de las mujeres, o en ofrecer a los jóvenes una cierta confianza y seguridad para el futuro, que están muy vinculadas a la estabilidad en el empleo y a salarios decentes. Mientras no sean capaces de mejorar todo esto con respecto al entorno en que vivimos, lo más honesto es permanecer callado y acatar todas las leyes, también las fiscales.
(*) Miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia
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