El TSJ archiva una querella contra Valcárcel y parece que Mazón no se conformará

MURCIA.- La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha acordado archivar las actuaciones en relación a la balsa Jenny y no admitir a trámite la querella contra el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel; el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá; y el que fuera consejero de Economía Hacienda, Juan Bernal.

No obstante, contra el mismo auto cabe recurso de súplica en el plazo de tres días. Los querellantes Cano Vera y Mazón han calificado el auto de "un acto de filibusterismo judicial que deja al descubierto la inexistencia de un poder judicial independiente murciano frente a Válcárcel".

Los querellantes consideran que los magistrados autores del auto "han quebrantado de forma ostensible sus más elementales deberes de lealtad al principio de legalidad y que deben de responder de su desafuero".

Estas diligencias son origen, según el auto dictado por la Sala compuesta por los tres magistrados titulares de la misma --Juan Martínez Moya, Julián Pérez Templado y Enrique Quiñonero--, de la querella que formuló el periodista José Juan Cano Vera y el abogado José Luis Mazón al entender de la existencia de los presuntos delitos de malversación en modalidad de estafa, prevaricación y asociación ilícita.

En concreto, la querella se contrae a la actuación de estos dos cargos del Gobierno murciano y de un ex alto cargo con respecto a la parcela conocida como la balsa Jenny, situada en el Llano del Beal y destinada a residuos mineros que "presentaba el peligro de que las escorrentías por fuertes lluvias pudieran provocar daños a las personas, viviendas y medio ambiente".

Esta parcela, que contenía más de un millón de metros cúbicos de estériles, era propiedad de Portman Golf, sucesora de la empresa minera Peñarroya, quien al objeto de resolver el problema que presentaba, la Comunidad aceptó la cesión gratuita de las 8,75 hectáreas que ocupaban la balsa, ofrecida por la propietaria, para realizar actuaciones de repoblaciones forestales y mejoras de las reservas hidrológicas de la zona, valorada en aproximadamente 25.000 euros.

Señala el auto que la Consejería de Agricultura y Agua adjudicó a Tragsa las obras de limpieza por 5,4 millones de euros; empresa que contrató con Portman Golf la cesión de terrenos adyacentes para arrojar los residuos procedentes de la balsa Jenny sin que causaran perjuicio al medio ambiente.

Por esta razón, Tragsa abonó a Portmán Golf 2,7 millones de euros y un año más tarde, en 2005 el Ministerio de Medio Ambiente requirió a la Comunidad para que reclamara a Portman Golf los gastos de limpieza, puesto que desde 1995 existía un convenio entre ambas administraciones para financiar a partes iguales la descontaminación de suelos en Murcia; convenio que se habría aplicado también al caso de la balsa Jenny.

Finalmente, en 2006 se firmó el acuerdo final entre el Ministerio y el Ejecutivo murciano por el que se daba por liquidada la ejecución de la balsa Jenny.

En esta línea, el escrito añade que en lo concerniente a la cesión gratuita de los terrenos de esta balsa, además de la inversión de fondos públicos, "no ha quedado suficientemente acreditado la comisión de delito".

Tras los hechos acontecidos estos años, La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, una vez que Anticorrupción le remite los antecedentes de la balsa Jenny, se pronuncia en un auto, con fecha de 27 de abril de 2010, acordando "no haber lugar al procedimiento de reintegro por alcance por resultar de las actuaciones de modo manifiesto e inequívoco la inexistencia en caso alguno de responsabilidad contable".

Concluye el escrito argumentando que "las fundadas actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas han concluido en la inexistencia no ya de delito, sino ni tan siquiera de responsabilidad contable", tras lo que añade que "no hay asomo alguno de malversación en la modalidad de estafa, ni prevaricación, ni una supuesta asociación para delinquir".