MURCIA.- La intervencion del Fiscal General del Estado en el asunto de la balsa Jenny, dictando un decreto que no forma parte de los usos acostumbrados, es vista por los quererellantes Mazón y Cano Vera como "altos movimientos en la sombra de fuerzas políticas opuestas a que se investigue la balsa Jenny", seña de identidad de la región murciana regida por Valcárcel, "en donde la delincuencia institucional o de cuello blanco campea libre por estos pagos", según nota del citado letrado.
La remision del caso por el Fiscal Superior del TSJ, Manuel López Bernal, a la Fiscalía Anticorrupción, vía Fiscalía General del Estado, es vista por los querellantes como un acto de lavarse las manos en un asunto donde, de no haber cursado esa peticion a Conde-Pumpido, tendría derecho a intervenir tras la denuncia del pasado 26 de enero ante la Sala de Lo Civil y Penal del TSJ de la Región de Murcia por parte de Mazón y Cano Vera.
El citado decreto de Plácido Conde-Pumpido Tourón, de fecha 18 de mayo pasado, efectivamente, atribuye competencias para intervenir a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en las diligencias indeterminadas 1/2010 del TSJRM, cuyo objeto son hechos presuntamente constitutivos de delitos de prevaricación y otros contra la Administración Pública, supuestamente cometidos por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Murcia, al resultar coincidentes, objetiva y subjetivamente, con los que fueron ya objeto de las diligencias de investigación 2/2007 de esta Fiscalía y que fueron finalmente archivadas el 9 de julio de 2008 "al no quedar suficientemente acreditada la comisión de los delitos contra la administración pública denunciados".
Esas diligencias de investigación del año 2007 citadas en el decreto del fiscal general eran consecuencia de una denuncia por la que se incoan otras anteriores, las 181/2006 de la Fiscalía Superior del TSJRM, presentada por la Asociación de Agricultores Afectados por la Concentración Parcelaria de los sectores II y IV del Campo de Cartagena, aunque Conde-Pumpido también atribuyó competencia para investigar los hechos a la Fiscalía Especial con fecha 7 de febrero de 2007.
Justifica el fiscal general del Estado en su decreto este proceder suyo por la acreditación de posibles delitos y la apreciación de la concurrencia del requisito de especial trascendencia, integrada por la condición de altos cargos de las personas contra las que se dirige la denuncia.
El pasado 1 de junio el Fiscal Superior del TSJRM, López Bernal, reenvía este decreto a la Sala de Lo Civil y Penal, integrada por los magistrados Martínez Moya, Pérez-Templado y Quiñonero, Cervantes que, a su vez, lo notifica el pasado jueves 10 de junio a los denunciantes mediante una providencia dictada el pasado día 2.
Según esa providencia, se pasan los autos al magistrado ponente con las diligencias practicadas por dicha Sala desde el pasado 31 de marzo hasta la fecha así como un escrito de 31 de mayo último, suscrito por la procuradora Cruz Fernández.
El citado decreto de Plácido Conde-Pumpido Tourón, de fecha 18 de mayo pasado, efectivamente, atribuye competencias para intervenir a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en las diligencias indeterminadas 1/2010 del TSJRM, cuyo objeto son hechos presuntamente constitutivos de delitos de prevaricación y otros contra la Administración Pública, supuestamente cometidos por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Murcia, al resultar coincidentes, objetiva y subjetivamente, con los que fueron ya objeto de las diligencias de investigación 2/2007 de esta Fiscalía y que fueron finalmente archivadas el 9 de julio de 2008 "al no quedar suficientemente acreditada la comisión de los delitos contra la administración pública denunciados".
Esas diligencias de investigación del año 2007 citadas en el decreto del fiscal general eran consecuencia de una denuncia por la que se incoan otras anteriores, las 181/2006 de la Fiscalía Superior del TSJRM, presentada por la Asociación de Agricultores Afectados por la Concentración Parcelaria de los sectores II y IV del Campo de Cartagena, aunque Conde-Pumpido también atribuyó competencia para investigar los hechos a la Fiscalía Especial con fecha 7 de febrero de 2007.
Justifica el fiscal general del Estado en su decreto este proceder suyo por la acreditación de posibles delitos y la apreciación de la concurrencia del requisito de especial trascendencia, integrada por la condición de altos cargos de las personas contra las que se dirige la denuncia.
El pasado 1 de junio el Fiscal Superior del TSJRM, López Bernal, reenvía este decreto a la Sala de Lo Civil y Penal, integrada por los magistrados Martínez Moya, Pérez-Templado y Quiñonero, Cervantes que, a su vez, lo notifica el pasado jueves 10 de junio a los denunciantes mediante una providencia dictada el pasado día 2.
Según esa providencia, se pasan los autos al magistrado ponente con las diligencias practicadas por dicha Sala desde el pasado 31 de marzo hasta la fecha así como un escrito de 31 de mayo último, suscrito por la procuradora Cruz Fernández.
3 comentarios:
No son ni altos ni bajos son los mismos de siempre y bien conocidos por todos. Mazón y Cano Vera saben mejor que nadie quienes son y ud. tambien señor periodista. Espero que por lo menos si se investigue lo de Sanidad+ReinaSofia+Ferrovial+Paco Marqués
Me recuerda el titular a aquella frase de "en ocasiones veo muertos".
Los tentaculos de Mariano Roca y Pandehigo tienen un alcance ilimitado a todos los niveles, políticos, empresariales y judiciales. Además no se olvide que son socios de Del Rivero-Sacyr y este baila con todos, en Murcia con Valcarcel y en madrid con ZP.
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