La Zerrichera se mueve de nuevo comenzando por el principio

MURCIA.- El empresario Trinitario Casanova, ex dueño del Grupo Hispania y popularmente conocido por haber promovido el más polémico complejo urbanístico en muchos años en la Región será juzgado en los próximos meses por una presunta estafa derivada de la compraventa de los terrenos de La Zerrichera, adelanta hoy 'La Verdad'.

¿La razón? Los dueños originales de los terrenos acusan a Casanova de haberles engañado, al haber adquirido sus propiedades y haberlas vendido seguidamente, obteniendo los multimillonarios beneficios mencionados (más de 21.300 millones de pesetas) y, supuestamente, sin haber llegado a pagarles a ellos ni un solo euro.

El primer capítulo de esta historia se escribió allá por el mes de marzo de 2003, cuando Trinitario Casanova se puso en contacto con los seis socios de la cooperativa agrícola aguileña Agrisel S.A. y se interesó por una finca que poseían en el paraje de La Zerrichera. Allí pretendía levantar una urbanización de unas 3.000 viviendas y un hotel de lujo, todo ello en torno a un campo de golf de 18 hoyos.

Según se refleja en la querella que años más tarde presentaron los dueños de Agrisel S.A., y que va a acabar por llevar a Trinitario Casanova al banquillo, éste suscribió un contrato de permuta por el que, en pago de sus 156 hectáreas, recibirían en el plazo de tres años un total de 44 chalés de 125 metros construidos, edificado cada uno de ellos sobre una parcela de 500 metros completamente urbanizada y con piscina.

El proyecto urbanístico fue aprobado por el Consistorio de Águilas y el 28 de mayo de 2004 ambas partes firmaron una escritura de permuta, tras lo cual cada uno de los dueños habría recibido 3.000 euros, aunque éstos aseguran que los cheques no llegaron a hacerse efectivos y se devolvió en una escritura posterior.

El 15 de septiembre, los dueños originarios de la finca regresaron a la notaría para otorgar la escritura, merced a la cual el promotor ejercía el derecho de opción de dicha permuta. En el contrato se incluía un pacto de no venta o cesión a terceros si no se contaba con la autorización expresa de los socios de Agrisel S.A.

El 17 de octubre de 2005, pese a que -según los querellantes- casanova no era el propietario formal de los terrenos, los habría transferido a la firma Inverlur 5005, (la inmobiliaria de la caja vasca La Kutxa), a cambio de lo cual recibió un primer pago de 20 millones de euros, más otros 3,2 millones por el IVA. Más tarde percibió un segundo pago de 105 millones de euros.

A partir de ese momento, el empresario se habría dedicado a otorgarles todo tipo de atenciones a los dueños de la finca -felicitaciones por Navidad, envío de documentación sobre el proyecto...-, con el supuesto fin de ganarse su confianza, hasta que en enero del 2006 habría acabado planteándoles la necesidad de cancelar la condición resolutoria de los contratos de permuta.

Para vencer los recelos que pudieran tener los vendedores, y ofrecerles certidumbre de cobro, Casanova les ofreció entregarles unos avales del Banco Popular -entidad de la que, por aquel entonces, el promotor tenía alrededor del 5% de las acciones-, por un importe total de 7,8 millones de euros.

Cuando se les entregaran esos avales, los dueños de Agrisel S.A. procederían a cancelar la condición resolutoria, como así ocurrió el 9 de febrero del 2006, en que se retiró la referencia que constaba en el Registro de la Propiedad. Fue entonces, el 28 de febrero, cuando Inverlur 5005 le entregó los 105 millones antes mencionados -50 millones de euros en metálico y otros 55 millones en pagarés avalados-, más 16,8 millones por el IVA.

La promotora de La Kutxa, nueva propietaria de los terrenos, quedaba libre en teoría de construir las 44 viviendas para los dueños iniciales de la finca. Y cuando el abogado de éstos se dirigió al Banco Popular para que le abonara los 7,8 millones de los avales, sólo recibió una negativa por toda respuesta.

De esta forma, siempre según los afectados y querellantes, Casanova habría hecho un negocio redondo y multimillonario sin haber llegado a abonarles un céntimo.

El juzgado de Lorca que instruye la querella ya ha pasado las diligencias a procedimiento abreviado, lo cual es la antesala del señalamiento del juicio, y ha pedido a las distintas partes del proceso que califiquen los hechos.

Fuentes conocedoras del procedimiento han confirmado que la acusación particular, ejercitada en nombre de Agrisel S.A., ya ha formulado una petición inicial de cuatro años de prisión por estafa, así como una indemnización de 18 millones de euros. Asimismo, y dada la negativa del Banco Popular a abonar el importe de los avales, ha solicitado la ampliación de la querella a varios altos cargos de la entidad.

El fiscal, que ya ha anunciado que acusará, estaba pendiente de entregar su escrito de calificación.