jueves, 24 de junio de 2010

La Comunidad Autónoma rebajará el sueldo de sus funcionarios entre el 1 y 5,7%

CARTAGENA.- La consejera de Hacienda, Inmaculada García, presentó hoy la modificación presupuestaria que aplica en la Región el decreto ley estatal contra la crisis y que significará una reducción salarial media del 5 por ciento para los empleados públicos, que irá desde el 5,7 por ciento del nivel A hasta el 1 por ciento para la categoría E.

García añadió que junto al grueso de la ley de modificación, que introduce los cambios salariales para funcionarios todos los cargos del Gobierno regional, se incluye la eliminación de 25 organismos autónomos de la Administración, con la desaparición de "casi todos" los consorcios turísticos, "cuyos servicios serán asumidos por otras áreas administrativas, la eliminación de varias fundaciones y la reducción de sociedades mercantiles "mediante procesos de absorción".

Asimismo, el proyecto de ley incluye la "prohibición de crear organismos públicos, otras entidades de derecho público, sociedades mercantiles regionales, consorcios ni fundaciones del sector público autonómico, excepto las que se produzcan como consecuencia de la reestructuración autonómica prevista y previo informe favorable de la Dirección General de Presupuestos".

Los recortes llegarán también al gasto en inversión y llevan a acentuar el endeudamiento financiero para afrontar el pago de 22 infraestructuras educativas y deportivas.

Las condiciones adicionales para su financiación facultan a establecer un aplazamiento de pago de hasta tres años la fecha tras la entrega al uso o servicio de esas obras, incluyendo el importe los correspondientes intereses, previo informe del Instituto de Crédito y Finanzas, pero admitiendo, a priori un encarecimiento financiero de hasta el 50 por ciento en el coste de las obras, según el proyecto de ley.

Pese a acatar la trasposición del decreto, García recordó que el déficit público que se intenta recortar y que asciende al 11,2 por ciento "es la suma del 2 por ciento de las autonomías, el 0,5 por ciento de los ayuntamientos y los ocho puntos de la Administración central", lo cual demuestra, que a su juicio, el problema lo ha generado el Gobierno central.

La portavoz de Economía del PSOE en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, cuestionó que "esta ley no incluya el compromiso de reducir entes públicos de entre los 104 existentes" y puso en duda la efectividad de una ley que "viene sin detalles del ahorro que supone la modificación presupuestaria".

A su juicio, "esta normativa es mero humo" porque "no incluye lo necesario para contener el despilfarro de las arcas públicas". "Es un proyecto de ley insuficiente porque no trae las medidas necesarias para reconducir la economía", indicó.

Por su parte, el portavoz parlamentario del Grupo Mixto y diputado de IU, José Antonio Pujante, -único grupo que presentó una enmienda a la totalidad-, pidió a la consejera que "plante cara al Gobierno central, no aplique las medidas como se las plantea y presente una propuesta alternativa que no lo base todo en la rebaja salarial a los funcionarios".

A su juicio, si se quiere enjugar el déficit "en los 55 millones de euros" en los que según sus datos se rebajará con la reducción salarial "se puede ahorrar hasta 15 millones en la televisión autonómica y se puede incrementar el IRPF a las rentas más altas, recuperar el 0,25 por ciento del tramo marginal autonómico que se suprimió y establecer un impuesto a los depósitos bancarios".

En su intervención, el diputado regional del PSOE, Pedro Chico, se empleó a fondo en criticar las actuaciones del Gobierno central que a su juicio han llevado al decreto que traspone a modificación de la ley regional.

"El decreto fue improvisado, dañará a la economía, no generará empleo y es injusto e insolidario porque pagan los sectores más frágiles y vulnerables de la sociedad", apuntó y añadió que en la traslación del decreto "se ha intentado aplicar de la manera más perjudicial para los funcionarios, estableciendo una rebaja menor al 5% en los complementos específicos que fija la Comunidad".

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