El juez tampoco tomó ninguna medida cautelar contra las otras tres personas que prestaron declaración ayer, aunque todos ellos continúan imputados. Asimismo, hoy estaba previsto que prestaran declaración la esposa de Peñalver y otros tres imputados.
Peñalver compareció ayer por primera vez ante el Juzgado de Instrucción número cuatro de Murcia por estas presuntas "irregularidades" en su gestión al frente de la Gerencia de Urbanismo, y tras admitirse a trámite la querella presentada por el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel López Bernal.
Según el escrito del fiscal, los hechos denunciados podrían ser constitutivos de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, uso de información privilegiada y blanqueo de capitales.
Se deduce, por tanto, la existencia de un "entramado de intereses en torno a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia para controlar la actividad urbanística de la región en beneficio de unas cuantas personas".
Las citadas diligencias se abrieron tras las denuncias que formuló en los medios de comunicación un constructor acusando al arquitecto municipal de haber favorecido supuestamente a varias empresas en la valoración de suelo.
Además, el Colegio Oficial de Arquitectos abrió un expediente disciplinario en el seno de su Comisión Deontológica sobre la supuesta monopolización por parte del estudio de la familia Peñalver de los proyectos de planeamiento más importantes del municipio de Murcia.
No obstante, antes de pasar a la situación de excedencia en la que se encuentra, Peñalver desempeñó funciones de arquitecto municipal estando sometido al régimen de incompatibilidades y no pudiendo, por tanto, ejercer "actividades privadas, incluidas las de carácter profesional".
Sin embargo, el fiscal superior añade en su escrito que "obviando esa prohibición, Peñalver intervino, a través de su esposa y de otras personas interpuestas, en actividades urbanísticas en las que posteriormente debía intervenir e intervenía el Servicio del que era jefe, el de Planeamiento Urbanístico".
A tal fin, sostiene el fiscal superior, la esposa de Peñalver fundó junto a su suegro y su cuñado, ambos arquitectos, la mercantil 'Peñalver arquitectos y asociados S.L.' con la finalidad de "servir de tapadera a la intervención de su esposo en actividades que le estaban vedadas por la normativa administrativa y penal, y asegurarse la participación en las ganancias de la empresa".
De este modo, los tres socios anunciaron en la web 'Peñalver Arquitectos S.L.', en la que ofrecían su servicios. Entre los despachos de arquitectos que colaboraban con la empresa figuraban Vicente Garaulet Casse, Francisco Ruiz Gijón, Jesús Zafra y Marco A. Menéndez Fernández, así como las mercantiles Incotec S.L., FAMU S.L., TECO S.L., Urbanistas y Asociados S.L., Asesores Urbanísticos S.L. e Insotec S.L.
Entre sus principales clientes se encuentran empresas promotoras y constructoras más importantes de la Región de Murcia.
La empresa 'Peñalver Arquitectos S.L.' adquirió tal magnitud que, según los listados de visados del Colegio de Arquitectos de Murcia solicitados por la Fiscalía, "un importante número de los proyectos urbanísticos desarrollados en el municipio aparecen firmados por socios, empleados o despachos de los arquitectos colaboradores" de dicha empresa y las empresas que figuran como sus clientes en la citada página web, como promotoras de estos proyectos, entre las que destaca, por su número, la mercantil 'José López Rejas S.L.'".
Al objeto de evitar el "control" del Colegio de Arquitectos, ya que había recibido quejas de algunos de sus colegiados por el "monopolio" que estaba erigiendo la mercantil y sus colaboradores, se empezó a desviar el visado hacia el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Peñalver desempeñó desde el 1 de abril de 1996 el puesto de jefe de la 1ª Sección Técnica del Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de Murcia y tres años más tarde, el 15 de enero de 1999, se adscribió al puesto de jefe del Servicio de Planeamiento de dicho Ayuntamiento.
En un informe elaborado por la Policía Nacional durante más de un año, los agentes desvelan el complejo entramado que, supuestamente, creó el ex jefe de Planeamiento en torno a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia para enriquecerse, según publica La Opinión.
El informe, en concreto, acusa al que fuera número tres de Urbanismo de cobrar 783.666 euros por la venta de varias fincas sobre las que él mismo había informado. Peñalver tuvo que responder a estas acusaciones ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia y ante el fiscal anticorrupción, responsables del caso. Junto a él estaban citados su esposa, Sandra de la Puente, que finalmente no pudo declarar, y los empresarios Eufemio Rocamora y Manuel Giménez, todos ellos imputados en esta presunta trama.
En su escrito, los agentes de la Unidad Central de Delitos Económicos analizan todo el proceso de compra-venta de una serie de fincas que se incluyeron en la Modificación Puntual número 32 del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia.
En primer lugar, los agentes concluyen que la mercantil Urbasa Mediterránea –de la que formaba parte Sandra de la Puente junto a los también imputados Antonio José Sánchez Marín, Renato del Noce y Jesús Zafra Serrano– "es la sociedad que más fincas ha comprado de las que posteriormente se vieron afectadas por la Modificación Puntual".
La teoría de los investigadores es que Peñalver y el resto de imputados compraban estas fincas rústicas, que carecían de valor, a través de las múltiples sociedades de las que formaban parte. Después, simplemente, multiplicaban el valor de esos terrenos gracias a las decisiones que tomaba Peñalver en la Gerencia de Urbanismo y las vendían, obteniendo de esta forma importantes beneficios económicos.
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