"Judicialmente y como delegado del Gobierno, respeto absoluto a los procesos judiciales, y personalmente como murciano me parece y sigue pareciendo el mismo desatino y despropósito que entonces".
Se le pedía por Mazón que reconociera que calificó públicamente de "despropósito" la reclamación para la retirada del Cristo de Monteagudo, y que ello "constituye una vulneración del derecho a acudir a la Justicia sin hostigamientos ni presiones de los poderes públicos".
El delegado explicó a la prensa, que no al juez, que "ha sido un acto de conciliación sin avenencia", al tiempo que apuntó que "respeta toda acción jurídica y legal que se pueda adoptar, que los ciudadanos ejerzan su derecho y por las vías que consideren, oportunas pero obviamente sobre el Cristo de Monteagudo no tengo nada que conciliar con el señor Mazón".
"Mi opinión es libre como la de cualquier ciudadano", señaló el delegado, que considera que éste "es un debate que no debería haberse producido nunca puesto que los murcianos tienen asumida ésta como una imagen más, totalmente integrada en el sentimiento y paisaje de la ciudad", añadió González Tovar, quien apuntó que Mazón "es muy libre de ponerme las demandas como delegado del Gobierno que considere oportuno pero yo también reclamo mi parte de libertad de expresión".
Se preguntó "por qué el señor Mazón la toma conmigo cuando hay más altos representados del Estado en esta Región que han puesto incluso su cadáver por delante". Una posición, indicó, "mucho más fuerte que la de este delegado del Gobierno en defensa del sentimiento de miles de murcianos".
La polémica comenzó cuando un grupo de juristas, encabezados por Mazón, presentó un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid por la que solicitaron la retirada del monumento del Corazón de Jesús de Monteagudo en su actual ubicación.
González Tovar afirmó entonces que el Cristo de Monteagudo forma parte de la historia de Murcia y tachó, como murciano, de "dislate" que se asegure que la estatua "molesta, cuando está totalmente integrada dentro del paisaje y la vida normal del Valle". Insistió, por tanto, en calificar "personalmente" como un "despropósito", esta línea de actuación emprendida por Mazón.
La demanda de Mazón pide al delegado que reconozca que, con sus declaraciones en un contexto de "muchedumbre exacerbada, aumentó los riesgos para la seguridad del demandante", y le pide que "se retracte de lo dicho para evitar una demanda posterior".
De resultar fallida la demanda de conciliación, Mazón advierte que habrá una demanda de protección de los derechos fundamentales contra el delegado como persona física.
En su demanda, Mazón criticó que el delegado "se permitió la licencia de calificar públicamente de despropósito la interposición del contencioso presentado por el demandante y otras personas ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se desmonte la estatua y pedestal que allí existe del fundador del Cristianismo".
Y considera que esta "licencia" supone "quebrantar las obligaciones del cargo y el deber de respeto de los derechos fundamentales de las personas" por parte del delegado del Gobierno.
Por ello, Mazón considera que dicha declaración "pública, hecha como la más alta autoridad del Estado en la Región constituye una vulneración del derecho a la tutela efectiva del demandante o de acudir a los tribunales sin descalificaciones ni hostigamientos de los poderes públicos".
De la misma forma, pide que González Tovar "reconozca que dicha declaración pública hecha en un contexto de muchedumbre exacerbada y con numerosas amenazas por Internet ya denunciadas ante la Policía por el reclamante, contribuían a exacerbar los ánimos contra los demandantes y, por tanto, era impropia de un racional y legal delegado del Gobierno".
Igualmente, le pidió reconocer que "con su temeraria declaración, incrementó el riesgo de agresión contra el demandante por parte de unos exaltados".
Por todo ello, le pide que "se retracte de dicha declaración, a fin de evitar la citada acción civil de responsabilidad o de tutela de los derechos fundamentales de la persona".
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