La primera de las razones acerca de Martínez Andreo es que la conversación telefónica privada que ambos mantienen no cabe deducir un 'pactum sceleris' para eliminar al antiguo alcalde Juan Morales de la percepción de comisiones ilegales para suplantarlo él.
"Máxime cuando poco antes de descubrirse todo este embrollo el representante de Inmonuar viene a decir que el nuevo alcalde ni ha pedido, ni cobrado cantidad alguna. Si algo puede deducirse de la conversación telefónica con Casanova queda en el arcano de las intenciones", reza el auto.
La segunda razón es de tipo procesal, porque de haberse dado el 'pactum sceleris' entre estos dos, la competencia no sería de esta Sala, al no tener relación directa con el aforado que motiva la actuación de ésta.
Además, el magistrado instructor de la causa, Julián Pérez-Templado, mantiene imputados al ex alcalde del municipio y diputado regional, Juan Morales, así como a una docena más de personas, entre las que se encuentran Juan Antonio Álvarez (testaferro de Juan Morales), María del Carmen Jordán (ex mujer), Fulgencio Marín, Domingo Sánchez y Gabriel Martínez.
También a Manuel Nuñez (propietario de las empresas Inmonuar y Nuaria Inversiones y promotor del convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Totana presidido por Juan Morales), José Antonio Carrocera (director general del Grupo Nuaria), Joaquín Carmona (gerente de Nubia Inversiones), José Antonio Alcántara (socio de Carmona), Pablo Maceiras, Vaneide Freitas (novia de Morales) y José Miguel Martínez Soler por presuntos delitos de cohecho, falsedad o receptación en la modalidad de blanqueo de capitales.
A lo que se une en el caso del diputado regional los delitos de negociaciones prohibidas, falsedad documental, delitos de fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios, utilización del teléfono móvil de titularidad municipal para hacer llamadas particulares a Brasil, presunta receptación por blanqueo de capitales y delito de infidelidad en la custodia de documentos.
Se declara asimismo el sobreseimiento provisional, de acuerdo con el informe del Ministerio Público, de Juan Marín, Francisco Sánchez, Emiliano Ovide, Vicenta García, Enrique Moya, Antonio Cánovas y Matías Navarro por no existir indicios concluyentes de actuaciones ilícitas.
El caso 'Tótem' investiga los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
Y es que, el grupo gallego Nuaria habría adquirido las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales durante la pasada legislatura, lo que sería el mayor complejo residencial del municipio.
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