viernes, 25 de septiembre de 2009

La exportación española de frutas y hortalizas aumenta un 3,2%

MADRID.- La exportación de frutas y hortalizas alcanzó los 5,9 millones de toneladas hasta junio, lo que supone un incremento de 3,2% en relación del mismo periodo del año anterior, mientras que el valor se mantuvo prácticamente igual al registrado en 2008 (+0,7%), con una facturación total de 4.993 millones de euros en los siete primeros meses del año, informó hoy la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (Fepex).

En términos mensuales, la exportación en julio creció un 23% en volumen en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta las 598.227 toneladas, mientras que su valor se redujo un 5%, situándose en 374,9 millones de euros.

Para esta organización, los datos relativos al mes de julio demuestran una fuerte presión a la baja de los precios, en donde el crecimiento de la exportación en volumen se debe a un incremento en la comercialización exterior de la fruta, que aumentó un 27,5% sus ventas, hasta las 480.303 toneladas.

Los incrementos más importantes fueron los registraron por la sandía, 107.513 toneladas, un 73% más; el melón, con 98.551 toneladas, un 25,3% más; y la nectarina, que exportó un 27% más, hasta las 80.663 toneladas.

Por su parte, la exportación de hortalizas en volumen durante este mes también se incrementó en un 6,7%, hasta 117.924 toneladas, siendo la patata y la cebolla las que más crecieron, con incrementos del 62,5% y 33%, respectivamente.

En cuanto al retroceso de la facturación, el valor de la exportación de frutas en el mes de julio cayó un 4,5% totalizando 298,6 millones de euros y el de hortalizas se redujo en un 4%, situándose en 76,2 millones de euros. Los precios medios en julio se redujeron un 22% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Por regiones, la Comunidad Valenciana exportó 1,9 millones de toneladas en el mes de julio, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior, Andalucía comercializó 1,8 millones de toneladas de frutas y hortalizas (-3,6%) y Murcia exportó 1,3 millones de toneladas (+13%). Destacó también la exportación de Cataluña, con 379.187 toneladas (-8%) y Extremadura, 79.144 toneladas (+26%).

En relación a estos datos, Fepex subrayó que la "fuerte presión sobre los precios" en todos los mercados pone en evidencia la necesidad de medidas urgentes de mejora de la competitividad, actuando sobre los rendimientos, la productividad y los costes.

Esta situación será objeto de debate en las jornadas técnicas que se celebrarán en el marco de Frui Attraction, la feria de frutas y hortalizas que Fepex organiza junto con Ifema, y que se celebrará en Madrid del 4 al 6 de noviembre.

Murcia fue la comunidad que registró un mayor aumento de los precios industriales en agosto, con un 1,8%

MADRID.- Los precios industriales registraron un aumento el pasado mes de agosto de un 1,8 por ciento en la Región de Murcia respecto a julio, siendo el mayor crecimiento experimentado en el conjunto nacional, según el Índice General de Precios Industriales publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aunque, en términos interanuales, los precios industriales en la Región de Murcia bajaron un -7,6 por ciento en agosto con respecto al mismo mes del año anterior, más de dos puntos que la media española (-5,5 por ciento).

En el conjunto del país, los precios industriales ralentizaron su caída interanual en agosto, con un descenso del 5,5 por ciento, tras registrar el pasado mes su mayor descenso (-6,7%) en toda la serie histórica, iniciada hace 33 años, en concreto en enero de 1976.

Con agosto, ya son ocho los meses consecutivos en los que los precios industriales registran caídas interanuales.

En valores interanuales, catorce comunidades presentaron en agosto caídas en los precios industriales, con Andalucía, País Vasco, Castilla-La Mancha y Murcia en los cuatro primeros lugares (-12%, -11,3%, -8,3% y -7,6%, respectivamente), mientras que las subidas correspondieron a Baleares (+3,6%), Navarra (+3%) y La Rioja (+1,1%).

En tasa mensual (agosto sobre julio), Murcia fue la región donde más se incrementaron los precios industriales, con un avance del 1,8%, seguida de Andalucía (+1,7%) y Castilla-La Mancha (+1,5%).

Ocho comunidades registraron tasas mensuales negativas en el mes de agosto: Asturias (-1,1%), Aragón (-0,5%), Cantabria y Extremadura (-0,4%), Castilla y León (-0,3%), Baleares (-0,2%), Madrid y La Rioja (-0,1%).

El ministro del Interior entrega la Medalla de Oro al Mérito Penitenciario a la viuda de Guillermo Miranda

MURCIA.- El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo entrega de la Medalla de Oro al Mérito Penitenciario a título póstumo al que fue director de la prisión de Murcia, Guillermo Miranda.

El acto tuvo lugar en el transcurso de un acto celebrado ayer en Madrid con motivo de La Merced, patrona de la Institución Penitenciaria.

El galardón, el máximo que se concede en la institución, fue recogido por su mujer, Maria Paz Anguita. En medio de un fuerte aplauso de todos los asistentes, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

Antes de la entrega de la medalla, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, aseguró echarle de menos todos los días y explicó que "le entregamos la medalla a título póstumo y se la daremos con toda la emoción que nos cabe a su familia, a su esposa y sus hijas".

Guillermo, continuó, "estará siempre en nuestro recuerdo y en nuestro corazón porque representa los mejores valores de nuestra gente".

"La generosidad, la bondad, la inteligencia y la simpatía de Guillermo nos acompañarán siempre. Gracias Guillermo, donde quiera que estés, por todo lo que nos diste", concluyó.

La CHS descubre vertidos al Segura a través del alcantarillado municipal de Las Torres de Cotillas

MURCIA.- La Guardería Fluvial y los Agentes Medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), en su continua labor de vigilancia del Dominio Público Hidráulico, ha comprobado un foco de origen de las espumas que periódicamente aparecen en el río Segura aguas abajo de la Contraparada tras episodios intensos de lluvia.


La CHS inició la semana pasada la investigación por la aparición de espuma en el río Segura a su paso por la Vega Media, para lo cual ha controlado 25 puntos de vertido directo al cauce con toma de muestras, que se están analizando actualmente en el laboratorio, y se procedió a rastrear los orígenes de los vertidos, habiéndolos detectado en la red de alcantarillado del municipio de las Torres de Cotillas.

El vertido de contaminantes sin tratamiento previo a la red municipal de alcantarillado provoca que, en días lluviosos, las conducciones de pluviales que van a parar al río Segura rebosen y afloren acumulaciones de espuma, según informaron fuentes del organismo de cuenca en nota de prensa.

Ante tales evidencias, la CHS ha dado traslado al Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, como titular del permiso de vertido al río Segura a través de su red de alcantarillado, para que, inmediatamente, tome medidas que atajen esta situación, tan perjudicial para el buen estado ecológico del río Segura.

El organismo de cuenca considera "inaceptable" que, con el esfuerzo que han realizado y siguen realizando las administraciones para que el río Segura se haya recuperado medioambientalmente y deje de ser una "cloaca", se sigan produciendo vertidos incontrolados, incluso, a través de una red municipal de alcantarillado.

El embarcadero del Hornillo, en Águilas, recibe la declaración de Bien de Interés Cultural

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha declarado hoy Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, el embarcadero del Hornillo, en Águilas. La Compañía Inglesa de Ferrocarril del Sur de España realizó, entre 1887-1890, el tramo Águilas-Lorca y solicitó una concesión para la construcción de un cargadero de mineral aprovechando las condiciones naturales de la bahía y la proximidad a la estación del término municipal de Águilas.

El embarcadero se inauguró en 1903 y la exportación masiva de minerales provenientes de las minas de la sierra de Bacares se mantuvo hasta 1968, año en que dejó de funcionar. En 1918 este embarcadero soportó un tráfico superior a las 800.000 toneladas y era considerado el segundo en importancia de España.

La estructura metálica está formada por tres filas de 39 columnas de hierro unidas entre sí dos a dos por unos tirantes dispuestos en forma de 'cruces de San Andrés' conectadas por refuerzos con roblones con perfil tipo raíl.

Con esta nueva declaración, el municipio de Águilas cuenta con cinco Bienes de Interés Cultural, ya que al embarcadero del Hornillo se suman el Castillo de los Chuecos, el Castillo de Tébar, el Castillo-fortaleza San Juan de Águilas y la Torre de Cope.

Detenido un individuo por hacer cientos de pintadas contra instituciones del Estado en calles de Murcia

MURCIA.- Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, pertenecientes a la Brigada Provincial de Información, han detenido a un individuo, de 54 años y vecino de la pedanía murciana de El Palmar, como responsable de cientos de pintadas en las que se injuriaba gravemente a instituciones del Estado como la Guardia Civil, la Justicia o el Gobierno.


En concreto, las pintadas, la mayor parte de ellas de grandes dimensiones, se realizaban en espacios visibles de inmuebles de toda la ciudad de Murcia y de varias de sus pedanías y contenían textos alusivos a las instituciones señaladas, con expresiones injuriosas y vejatorias.

El detenido, a quien se le imputa deslucimiento de bienes inmuebles e injurias contra las instituciones del Estado, fue puesto ya a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Murcia, informó el citado Cuerpo en un comunicado.

En las investigaciones que han llevado a la identificación y detención del responsable de los hechos, se ha contado con la colaboración de la Policía Local de Murcia.

El TSJ se declara competente para instruir, y en su caso, enjuiciar, al diputado Bartolomé Soler por el caso Limusa

MURCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia declaró hoy la competencia de la misma para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento con respecto al aforado Bartolomé Soler en relación con los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, así como de aquellas personas relacionadas con los hechos que se imputan al diputado socialista regional en su etapa como concejal de Lorca y consejero delegado de la empresa municipal Limusa.

Estas investigaciones se encuentran dentro de la conocida como 'Operación Reciclaje' que investiga una presunta trama de corrupción en torno a esta empresa de limpieza del municipio lorquino.

En concreto señala que existen indicios suficientes sobre la participación de este aforado en gastos, comidas, viajes, autorizaciones a terceros de uso de bienes públicos y de fondos para fines privados, y firmas de pagarés emitidos con relación a facturas sobre las que existen dudas sobre los hechos o negocios a que responden.

A juicio de la Sala, compuesta por los el presidente del TSJ, Juan Martínez Moya, y los magistrados Manuel Abadía Vicente y Julián Pérez-Templado, todos estos indicios "son susceptibles de ser investigados en el proceso instructor que se abre", añade.

Asimismo la Sala decide incoar diligencias previas, designar instructor, conforme el turno establecido, al Magistrado de esta Sala, Enrique Quiñonero Cervantes, "a quien se remitirán inmediatamente las diligencias, poniéndolo en conocimiento del mismo", según indica el auto remitido por el Tribunal.

En cuanto al diputado José Antonio Pujante, la Sala, por el momento, no encuentra indicios suficientes que justifiquen la apertura de una instrucción penal y consiguiente imputación por presunto delito de malversación de caudales públicos, tal y como señaló el Juzgado de Instrucción número 4 de Lorca; sin perjuicio de que continué la investigación respecto al mismo y, en su momento, de existir indicios racionales de la comisión de una conducta delictiva, eleve nueva exposición razonada.

Así se indica que Pujante fue una de las personas que viajó a Sevilla en el año 2004 con ciertos cargos públicos del Ayuntamiento de Lorca a cierto evento, viaje en el que se acabaron cargando en las cuentas de Limusa los gastos que se ocasionaron en un local de alterne. Textualmente, en la exposición razonada, se añade que "igualmente en el año 2006 y aprovechándose otro evento se produjese otro desplazamiento de cargos públicos a Sevilla y se acabase efectuando igualmente otro elevado gasto en el mismo local de alterne de Sevilla y cargándose igualmente a las cuentas de Limusa".

Las fuentes que justifican la participación en estos hechos del aforado y singularmente, en lo que atañe tanto a su presencia como los gastos generados en un club de alterne, provienen de manifestaciones de uno de los imputados, no aforado (Gil Eguino), en la causa y de anotaciones manuscritas unilateralmente realizadas por éste, elementos, apuntó la Sala, que "no integran indicios suficientes para fundamentar por sí mismos una imputación penal contra Pujante.

Con relación a los restantes imputados no aforados que se relatan en el informe de la Fiscalía Superior de Justicia, la Sala señala que el Juzgado de Instrucción número 4 de Lorca deberá continuar la instrucción.

Esta semana se hacía público el informe de la Fiscalía Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, que señalaba que el diputado socialista podría haber incurrido en un delito de malversación de fondos públicos en su etapa como administrador de la empresa municipal Limusa.

En julio de 2009 el Juzgado de Instrucción número 4 de Lorca remitió al TSJ los hechos investigados sobre el caso Limusa en relación a ambos diputados --Soler y Pujante--, ya que vio indicios de participación de delito de malversación de fondos.

Posteriormente, el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, elevó en su informe a la Sala que no veía indicios de delito por parte del diputado de IU José Antonio Pujante y recomendaba a los magistrados que archivaran la causa contra él, aunque sí contra Soler.

Por entonces el diputado socialista aseguró que quería comparecer de manera urgente ante el TSJ "con el fin de aclarar este asunto cuanto antes".

En el 'Caso Limusa' se investigan los posibles delitos contra la Hacienda Pública que pudieron cometer algunos ciudadanos de Lorca. En el marco de esta trama fueron detenidos y puestos después en libertad con cargos ex concejales del PSOE en el Ayuntamiento lorquino, entre ellos el ex alcalde socialista regidor de este municipio lorquino durante 13 años --desde 1993 hasta julio de 2006--, Miguel Navarro; el ex gerente de Limusa, un dentista, un notario, un corredor de seguros y empresarios.

El PP valenciano mantenía una facturación doble con una empresa de Francisco Correa

VALENCIA.- Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal que investiga el denominado 'caso Gürtel' revela la existencia de una facturación doble de Orange Market al Partido Popular valenciano conocida por su secretario general, Ricardo Costa, y por toda la cúpula del partido, según publica hoy 'El Mundo'.

La contabilidad de la empresa de Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ha puesto de manifiesto que había dos contabilidades para facturar los servicios prestados al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra 'en negro'.

La denominada 'caja A' era conocida contablemente como 'Alicante' y la B, fue bautizada como 'Barcelona'. "En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al Partido Popular de la Comunidad Valenciana", dice textualmente el informe.

De los balances se deriva que el PP valenciano mantenía una deuda latente con Orange Market tanto en su caja A como en la B, que 'El Bigotes' reclamaba a Costa y al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, con el que se reunió para solicitar adjudicaciones de la Generalitat, según el informe policial.

Además, se relata cómo empresarios con importantes contratos con la Generalitat Valenciana hacían entregas de dinero en la 'caja B' de Orange Market y sus nombres se utilizaban para realizar facturas de actos del PP.

El documento infiere que el PP pagaba su deuda con Orange Market a través de contrataciones administrativas concedidas a dedo desde la Generalitat Valenciana y mediante aportaciones directas de varias empresas, a las cuales compensaba igualmente, mediante la licitación de contratos públicos.

El informe revela que los pagos en B a las empresas de Correa se sufragaban con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana" e incluso cita a Enrique Gimeno, presidente de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial inmobiliario Sedesa y sobrino de uno de los vicepresidentes del Consell, Juan Cotino; o Luis Batalla, del grupo LUBASA.

"Una factura de un acto realizado para el Partido Popular se transforma en otra emitida para empresas privadas como Ortiz e Hijos (...) o Facsa y cambios en la descripción del concepto de servicio prestado", explica el texto como ejemplo de las alteraciones en las facturas.

El informe de la Unidad de Delitos Económicos asegura que el PP, "en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas".

También subraya que el sistema de doble financiación tiene "una persistencia en el tiempo suponiendo una actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política".

El pasado martes, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidió devolver a la Brigada de Blanqueo de Capitales el 'Informe sobre Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de los actos del PPCV', al considerar que no guardaba relación con la causa valenciana del 'caso Gürtel', ya sobreseída; que fue presentado 'motu propio' por la Policía, ya que nadie lo pidió; y que no puede considerarse una denuncia, según consta en un auto facilitado por el TSJCV a los medios de comunicación.

El informe se basa en la documentación intervenida en los registros a Correa y subraya la "estrecha relación" de Álvaro Pérez con Ricardo Costa y Vicente Rambla, pero también con David Serra, vicesecretario de organización del PPCV, y Yolanda García Santos, tesorera del partido.

El 'modus operandi', según relata el documento, era el siguiente: "La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo [socio de Correa], confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordado al efecto entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez; David Serra participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono; y Yolanda García, librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios".