sábado, 29 de agosto de 2009

¿Demasiados funcionarios? / Viçenc Navarro *

Existe una visión bastante generalizada en los foros conservadores y liberales (y también en algunos foros de izquierdas) de que el sector público en España está sobredimensionado. Es decir, se considera que la Administración Pública es demasiado grande, percepción que se ha incrementado a raíz del aumento del gasto público invertido (por parte de las CCAA y de los municipios) en crear ocupación en los servicios públicos como parte de la respuesta del Estado español a la crisis actual.

Así, en los últimos días, han aparecido dos artículos, uno en El País, en la edición de Cataluña (titulado “Funcionarios”, 17-06-09), y otro en El Periódico (titulado “La cifra de funcionarios se acerca a la de empresarios”, 15-06-09), que señalaban la alarma de que el número de lo que tales artículos definen como funcionarios es casi idéntico al número de empresarios y autónomos en España. Estos artículos son representativos de una percepción bastante generalizada que requiere una corrección.

Tales tesis, y la evidencia que utilizan para apoyarlas, son erróneas. En primer lugar, lo que se define en aquellos artículos como funcionarios no lo son. Las cifras que tales artículos citan corresponden al número de personas que trabajan en los servicios públicos (tanto del Gobierno central y autonómico como del municipal), incluyendo los servicios públicos del Estado del bienestar (tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda social) y los servicios generales (como correos, transportes públicos y servicios de seguridad, entre otros).

Estos empleados tienen varios tipos de contratos, siendo el funcionarial la minoría (un 28%). Es lógico que el número de personas que trabajan en el sector público sea mayor que el número de empresarios y autónomos. Ello ocurre en todos los países de la UE-15 (el grupo de países que tiene semejante nivel de desarrollo al nuestro).

En realidad, España es el país europeo donde esta relación empresarios y autónomos versus empleados del sector público favorece más al primer grupo. Así, mientras que en España (2008) el porcentaje de personas adultas que son empresarios y autónomos es mayor (10,64%) que el promedio de la UE-15 (9,78%), el porcentaje de personas adultas que trabajan para el sector público es sólo el 9%, uno de los más bajos de la UE-15 (cuyo promedio es el 16%).

En los países escandinavos es el 26% para Dinamarca, el 22% para Suecia y el 19% para Finlandia, estando estos entre los países cuya economía es más eficiente y emprendedora en la OCDE, tal como señala el último informe sobre competitividad y eficiencia económica de esa organización, publicado por el prestigioso Economic Policy Institute de Washington. Una situación semejante ocurre, por cierto, en Cataluña, donde el número de empleados en el sector público es incluso menor. En contra de lo que dicen aquellos artículos, el problema que tenemos en España es el opuesto al que tales reportajes denuncian: el sector público está subdesarrollado en lugar de sobredimensionado.

La mayor causa del subdesarrollo del sector público es la falta de ingresos al Estado, consecuencia de la limitada carga fiscal, una de las más bajas de la UE. Es sorprendente que ello sea motivo de orgullo por parte de dirigentes del Gobierno socialista español.

Una de las causas de esta subfinanciación del Estado español (sea central, autonómica o municipal) es el enorme fraude fiscal que, según los propios técnicos haciendistas de la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno español, alcanza la cifra de 88.617 millones de euros, fraude realizado a la Agencia Tributaria del Estado español (58.676 millones) y a la Seguridad Social (29.941 millones).

Para hacernos una idea de lo que estas cifras significan, tenemos que saber que España se gasta 58.000 millones de euros menos de lo que debiera gastarse en su Estado del bienestar, para alcanzar la cifra del gasto público social per cápita que nos merecemos por el nivel de desarrollo económico que tenemos.

La mayoría de este fraude procede del mundo empresarial y financiero; según las declaraciones de la renta, los empresarios en España ingresan unos 6.000 euros menos que los asalariados. Ningún otro país de la UE se encuentra en esta situación. Por cierto, el Estado español es el que se gasta menos de la UE-15, el 0,06% del PIB, en recoger impuestos (tax collection), cinco veces menos que Suecia (0,32%).

Esta actitud está dañando la calidad de vida de las clases populares de España y de sus CCAA. Estas últimas tienen la responsabilidad de gestionar sus estados del bienestar con unos fondos que son claramente insuficientes. La cifra que el Estado ha citado para cubrir sus déficits (9.000 millones de euros) es, a todas luces, insuficiente. Mientras, continúa la filosofía de no aumentar los impuestos (excepto en tabaco e hidrocarburos).

Esta situación, si continúa, es potencialmente inestable políticamente. Es bien conocida la situación de que, a mayor desigualdad, mayor criminalidad y mayor descohesión social. España, que es después de EEUU el país con mayores desigualdades de renta en la OCDE, es también el que se gasta más en policía y seguridad, siendo, después de EEUU, el país que tiene un porcentaje mayor de tal gasto (2,1% del PIB y EEUU 2,2%).

En contraste, Noruega con un 0,9%; Suecia con un 1,3%; y Dinamarca con un 0,9%, son los países que tienen menos gasto en policía y seguridad, y tienen menos desigualdades.

España debiera corregir las excesivas desigualdades sociales mediante políticas fiscales progresivas, con incremento notable de su Estado del bienestar, escasamente desarrollado. Esto implicaría una mayor carga fiscal sobre los sectores más pudientes de la población, con corrección del enorme fraude fiscal, incrementándose así la protección social, que permitiría una reducción de la excesiva protección policial.

No hay duda de que España requiere una reforma de la Administración Pública, pero no en el sentido de reducir el excesivamente bajo empleo en su sector público.

(*) Catedrático de Políticas Públicas

No habrá vacunas suficientes contra la gripe en los próximos meses, según la OMS

PARÍS.- Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estimó que no habrá "en los próximos meses" vacunas suficientes en el mundo contra el virus de la gripe H1N1, en una entrevista con el diario francés Le Monde que se publica este sábado por la tarde.

Chan también manifestó que el hecho "más preocupante" de la pandemia era que "el 40% de las muertes son de jóvenes adultos con buena salud". La directora de la OMS cifró la capacidad anual de producción mundial de vacunas antigripales en 900 millones de dosis, para una población mundial de 6.800 millones de habitantes.

"Aunque esto sigue siendo insuficiente, nunca había ocurrido en las pandemias anteriores", dijo.

El procedimiento para autorizar la salida al mercado de las vacunas ha sido acelerado por las autoridades reguladoras pero sólo se aplica a los "procedimientos administrativos", subrayó también la directora general de la OMS, afirmando que "no es cuestión de hacer compromisos sobre la seguridad y la eficacia de vacunas".

En la entrevista, también mostró su preocupación por la rapidez del avance de la enfermedad y su efecto sobre los jóvenes sin problemas de salud. "Este virus viaja a una velocidad increíble, inédita" y "en seis semanas recorre la misma distancia que otros virus en seis meses", subrayó.

Insistió también en la cantidad "sin precedentes" de personas infectadas estimó que "hasta el 30% de los habitantes de este país con fuerte densidad de población podrían resultar infectadas".

"El 60% de los decesos son de personas con problemas de salud", relevó Chan.

"Lo cual significa que el 40% de los decesos son de jóvenes adultos con buena salud, que mueren en cinco o siete días de un neumonía viral", agregó.

Más de 7.000 empresas murcianas acreditan su seguridad para trabajar en el sector de la construcción

MURCIA.- El director general de Trabajo, Fernando Vélez, señaló hoy que más de 7.000 empresas se inscribieron durante el último año en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), "certificando que disponen de suficientes medios materiales y recursos humanos cualificados para poder trabajar en el sector de la construcción".

Desde agosto del año pasado, es una obligación para todas las empresas contratistas y subcontratistas que trabajan asiduamente para el sector de la construcción en la Región de Murcia, informaron en un comunicado fuentes del Gobierno regional.

Vélez recordó que el objetivo del REA es "acreditar que estas empresas cumplen con unos requisitos mínimos de solvencia, que disponen de una organización preventiva adecuada y de unos recursos humanos con la formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales. El fin último es reducir la siniestralidad en el sector de la construcción".

Durante estos meses, "la Consejería ha ayudado a todas las empresas que lo han solicitado a subsanar las deficiencias para poder inscribirse correctamente en el REA", añadieron las mismas fuentes.

En este sentido, Vélez subrayó que "el servicio al ciudadano se ha visto agilizado por la Administración Electrónica, que ha permitido acortar los plazos de respuesta a las solicitudes y ha logrado que, en estos momentos, no ha haya ninguna solicitud pendiente de tramitar".

El director de Trabajo destacó que el Registro permanecerá abierto de forma permanente y se podrá acceder a través de la página web de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 'www.carm.es/cef'.

La inscripción tendrá validez por un período de tres años, renovables por períodos iguales, pero habrá que solicitar la renovación dentro de los seis meses anteriores a la finalización de la fecha de caducidad.

También deberá comunicarse al registro cualquier variación de los datos identificativos de la empresa incluidos en la solicitud, y la cancelación cuando cesen en la actividad o dejen de cumplirse los requisitos necesarios para estar inscrito.