domingo, 19 de julio de 2009

Cesáreo Alierta y Javier de Paz / Jesús Cacho

“Fallamos: debemos absolver y absolvemos a Cesáreo Alierta Izuel y a Luis Javier Placer Mendoza, por haber prescrito, del delito de uso de información privilegiada de los artículos 285 y 286. 3º del Código Penal por el que venían siendo acusados, así como del resto de pretensiones deducidas en su contra, debiendo declarar de oficio las costas procesales causadas”. Es la cita textual del fallo, página 70 de 71, por el que la jueza Manuela Carmena absuelve al presidente de Telefónica del delito de utilización de información privilegiada. “Por haber prescrito”. Tres palabras malditas que convierten en hiel el néctar de ese “debemos absolver y absolvemos”. El ambiente en Telefónica retrataba ayer ese doble sentimiento: “Sentencia cojonuda de puertas afuera, pero cuando uno se encerraba en el despacho, joder qué putada de sentencia…!” Ante Cesáreo Alierta se abre un periodo de inevitable reflexión en torno a su continuidad en el cargo.

Las señales de humo no habían sido positivas. La negativa de la jueza a aceptar la tesis del sobreseimiento en los lances previos a la vista oral, no hacía presagiar nada bueno. Su comunicado del 20 de mayo, anunciando que se tomaba “otros 40 días para decidir”, solo sirvió para aumentar las dudas, y la posterior prórroga “hasta finales de julio” ratificó la sospecha de que las cosas no le iban a ir bien al de Zaragoza. En contra de lo ocurrido con algunos altos prebostes de las finanzas hispanas, caso de Emilio Botín, que contó primero con el aval de Rodrigo Rato y después –tras el 14 de abril de 2004- de Pedro Solbes, el Gobierno Zapatero parece haber mantenido algo más que un simple principio de neutralidad: se ha lavado las manos –tan sucias por tantos casos que tienen que ver con la Justicia a la carta de los poderosos- cual Pilatos, en espera de poder recoger los frutos de un eventual traspié judicial del de Telefónica.

Es verdad que ha evitado la condena, y que por lo tanto las cosas podían haberle ido peor, pero la sentencia es muy dura, porque el relato de hechos probados, cuya contundencia queda realzada por la ausencia de adjetivos propia de la prosa judicial, deja poco espacio a la duda. En 1997 y siendo presidente de Tabacalera, Alierta “ideo la forma de aprovechar el conocimiento de determinados hechos sustanciales relativos al mercado bursátil, a las operaciones que se iban a realizar y a la repercusión que tales hechos fueran a tener en el desenvolvimiento del mercado de valores para obtener una ventaja patrimonial considerable (…) Entendiendo que la noticia de la adquisición de esa tabaquera [Havatampa] iba a tener repercusión en el precio de las acciones de la sociedad, se puso de acuerdo con Luis Javier Placer Mendoza para que, apareciendo éste último como único interviniente de la operación, pareciera que fuese él quien llevara a cabo determinada inversión respecto de la que se sabía, que por el conocimiento de las vicisitudes de la negociación, que iba a ser manifiestamente rentable”.

Se vuelve a repetir, calcada, la historia de los Albertos, Cortina y Alcocer, con el famoso caso Urbanor. El 2 de enero de 2001, La Audiencia Provincial de Madrid consideró probado que los famosos primos cometieron delito de estafa, apropiación indebida y falsedad documental en la venta al Grupo KIO de unos terrenos de la plaza de Castilla de Madrid, pero determinó absolverlos al considerar prescrito el delito.

Tras el pertinente recurso del fiscal, el 14 de marzo de 2003 el Supremo revocó la sentencia de la Audiencia condenándoles a 3 años y 4 meses de cárcel al considerar que los delitos no habían prescrito. Ambos recurrieron en amparo ante el Constitucional, pero solo la intervención del Rey y la posterior actuación de una Sala Segunda del TC digna de toda sospecha -que para la ocasión dio a luz una nueva doctrina sobre la prescripción-, impidió que los primos fueran a parar a la cárcel (sentencia de 20 de febrero de 2008).

La intrahistoria política de una sentencia

Si el fiscal optara por recurrir esta sentencia ante el Supremo, como parece probable, el maño podría verse obligado a repetir el viacrucis de los Albertos camino del Constitucional, teniendo en cuenta que la doctrina del pleno del Supremo sobre la prescripción, contraria a la del TC, sigue viva. La solución final, con todo, no se conocería antes de 6 o 7 años, dado el estado comatoso de la Justicia española. Para entonces Alierta ya no estaría en Telefónica, pero el proceso amargaría su despedida, empañando los magníficos registros alcanzados al frente de la operadora. “Más que otra cosa, me interesa la intrahistoria política de esta sentencia”, aseguraba ayer un notable madrileño. “Es evidente que el Gobierno, a través del FGE, ha tenido muy fácil el archivo de la causa. Podían haberlo hecho, y hay que preguntarse por qué no lo han hecho. La sentencia absuelve a Alierta, pero mancilla su honor. Le salva la cara, pero no lo suficiente, de modo que el Gobierno tiene ahora la oportunidad de felicitarle efusivamente, al tiempo que, con una palmadita en el hombro, le dice que ya va siendo hora de pensar en el relevo, para que vaya haciendo hueco a otros. Ahora nos toca a nosotros. De hecho me consta que ya se lo han dicho”.

En el horizonte de la primera multinacional española se dibuja un futuro no exento de incertidumbre. “The mixed verdict raises questions about Mr. Alierta's future at Europe's largest telecom company”, afirmaba ayer la edición digital del WSJ. Como ocurriera tras la llegada al Gobierno de José María Aznar, que significó la entronización de su compañero de pupitre Juan Villalonga en la dirección de la compañía, ahora parece llegado el turno de José Luis Rodríguez y el PSOE. Telefónica no es una empresa privada, o no lo es en el sentido anglosajón del término. Además de una gran empresa, es un gigantesco conglomerado de intereses en el que abrevan todo tipo de iniciativas culturales, deportivas o de simple caridad. Casi 1.500 millones de euros destinados a patrocinios de todo tipo –tal que dar acomodo en Washington al yerno de Su Majestad–, incluida la publicidad y las relaciones públicas.

Mucho dinero a ganar, en un horizonte político que para el señor Rodríguez se presenta más bien problemático por culpa de la crisis en curso, y sin hucha de ningún tipo, al menos que se sepa. Es el momento de colocar a un amigo. La descripción puede parecer exagerada, brutal incluso, pero así es como funcionan las cosas en la “democracia” española. Y el presidente del Gobierno tiene un amigo muy querido en el Consejo de Telefónica. Se llama Javier de Paz Mancho, 51, y tras esta sentencia (y la espantada de Manolo Pizarro en enero de 2008, abandonando la operadora incorporarse a las listas del PP) muchos ojos se volverán ansiosos hacia su discreta figura. Ex secretario general de las Juventudes Socialistas, ex miembro de la ejecutiva confederal de UGT, ex presidente de la pública Mercasa y más recientemente de la privada Panrico, De Paz procede de una familia vallisoletana muy humilde que, tras emigrar a Alemania en los sesenta, se vio forzada a dejar al hijo al cuidado de los abuelos, modestos jubilados en el no menos modesto barrio palentino de El Cristo, cuando en el Cristo todavía no había agua corriente.

Un año por delante para Alierta

Tímido, afable, discreto a más no poder, De Paz camina con pies de plomo tratando de evitar las trampas para elefantes que pueblan Telefónica, huyendo como alma en pena del acecho de quienes le señalan con el dedo como heredero. Desde las filas de la derecha se llevan las manos a la cabeza asegurando que “no da la talla”, afirmación un tanto exagerada si reparamos en las capacidades de la persona que hoy ocupa la presidencia del Gobierno. Para aumentar esa talla, o limar carencias, De Paz, que en junio invirtió 100.000 euros en la compra de 6.600 acciones de la operadora, ha pasado los últimos meses en Inglaterra aprendiendo el idioma a marchas forzadas. Y lleva muchos más por los pasillos de la monumental nueva sede de Las Tablas preguntando, visitando, estudiando su gran asignatura de futuro. Y sin mover un dedo que pueda ser interpretado por el jefe como señal de traición.

“Para Alierta era muy importante no terminar su carrera con una condena”, señalan en la operadora, “pero no está contento. Dice que su honra ha quedado manchada y que el tribunal no ha tenido en cuenta sus argumentos ni las pruebas presentadas por sus abogados”. Es evidente que el relevo no se producirá mañana, pero nadie cree que Moncloa deje pasar esta oportunidad para pillar cacho. Una fecha importante en lontananza: el 5 de mayo de 2010. Ese día Alierta cumplirá 65 años. “Hasta que no cumpla los 65 no me jubilo”. Cumpleaños en mayo y Junta General en junio. Casi un año por delante, el tiempo que resta para que De Paz pueda ser elegible. Habrá que ver lo qué dice y hace Isidro Fainé, un hombre con magníficas conexiones con todas las instancias terrenales, que tan importante papel jugó en la defenestración de Villalonga de Gran Vía 28.

Y una referencia final al tempo de esta sentencia. En Estados Unidos, un caso tan complejo como el Madoff ha sido juzgado y sentenciado en siete meses (la estafa estalló el 11 de diciembre pasado). El malandrín está en la cárcel para toda su vida. En España, los hechos ahora fallados tuvieron lugar en febrero de 1998, y la querella fue admitida a trámite en septiembre de 2003. La sentencia ha tardado, pues, 11 y 6 años, respectivamente. Con un tipo de Justicia como esta es imposible concebir no ya una democracia digna de tal nombre, sino siquiera una economía moderna, dotada de las imprescindibles garantías jurídicas, una de las cuales, y de las más importantes, es la rapidez a la hora de obtener una sentencia justa. ¿Hará alguna vez algo nuestra clase política para acabar con esta vergüenza?

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La Junta andaluza no rechaza ahora las fusiones interterritoriales de cajas

SEVILLA.- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aseguró que no está en contra de las fusiones interterritoriales de cajas, pero que "si hay una entidad de ahorro en dificultades que necesita hacer una fusión urgente y otra en Andalucía que puede ser su compañero, es mejor que sea ese tipo de fusión".

En una entrevista concedida a la Cadena COPE, Griñán indicó que "no decimos más que eso, entre otras cosas porque hay comunidades autónomas uniprovinciales que si hacen fusiones tienen que ir fuera de su territorio, por lo que no tengo inconvenientes en este sentido".

Con respecto al tamaño de las cajas, "queremos que sean lo más grandes posibles porque, en el sector financiero, lo que no sea concentración es ser débil y los más débiles tiene más dificultades, por lo que cuanto más tamaño, más presencia y más capacidad de actuar en el mercado".

Sobre el Banco de España, el presidente del Gobierno andaluz dijo que esta entidad "debe gobernar en las entidades financieras, más aún en crisis, ya que se trata de una situación provocada por falta de supervisión y de reguladores".

Ante ello, "aquí tenemos un buen supervisor que, más allá de quien haya gobernado en España, siempre ha sido tenido esa función, por lo que es una institución que ha funcionado".

Presentación López releva a María González en la secretaría general de Juventudes Socialistas Región de Murcia

CARTAGENA.- Las Juventudes Socialistas de la Región de Murcia han celebrado su XIV Congreso Regional en el Centro Cívico de Cartagena en el que Presentación López ha sido elegida secretaria general de la organización, tras la decisión de los 109 delegados al Congreso, según informaron fuentes del partido en un comunicado de prensa.

La joven socialista avanzó que su intención "es trabajar duro con el objetivo prioritario de dar alternativas en políticas de juventud en cada uno de los municipios de cara a las elecciones de 2011, coordinar todavía más la organización para trabajar con más eficacia y con más unión, impulsar importantes programas de formación y recuperar la credibilidad de la juventud y de la sociedad murciana siendo muy exigentes".

Presentación López Piñero, que afronta su mandato tras la labor que María González Veracruz ha desempeñado en los últimos seis años, tiene una importante experiencia en el trabajo interno de JSRM.

Natural de Ceutí, tiene 25 años, es diplomada en Gestión y Administración Pública y licenciada en Ciencias Políticas y Administración, trabaja en el departamento de administración de FETE y lleva militando en Juventudes desde 2004.

Ha ocupado cargos orgánicos de responsabilidad, en primer lugar, además ha sido secretaria general de JJSS de Ceutí, y, posteriormente, en la Ejecutiva regional al frente de la Secretaría de enseñanzas medias en el anterior mandato. Hasta ahora ha llevado la coordinación general y la Secretaría de Formación. Y a partir de septiembre será concejal de gobierno en el Ayuntamiento de Ceutí.

IU quiere ahora que el Ayuntamiento deje de pagar el alquiler de los juzgados de Lorca

LORCA.- El grupo municipal de IU ha anticipado el contenido de una moción que presentará en el Pleno ordinario de este mes, en la que plantea que el Ayuntamiento «comunique formalmente al Ministerio de Justicia que, dada la situación por la que atraviesa la economía pública local, tiene la intención de no seguir pagando las rentas de alquiler de las dependencias de los juzgados».

El portavoz de IU, José García Murcia, añadió que el plazo de tiempo para aplicar esta medida, que espera apruebe la corporación, no será superior al fijado en cada uno de los contratos de arrendamiento suscritos.

En la misma moción se pide el compromiso del equipo de gobierno a presentar en el Pleno, «no más allá del mes de septiembre del presente año, el informe sobre los recursos gastados por el Ayuntamiento en alquileres, cuya elaboración quedó encomendada al gobierno municipal tras la aprobación de una moción de IU en septiembre del pasado año».

García Murcia alude al «excesivo número de contratos de alquiler en los que el Ayuntamiento es arrendatario de diversos inmuebles para albergar servicios y dependencias de naturaleza municipal, y en otros, lo que es incomprensible, destinados a prestar servicios públicos que nada tienen que ver con las obligaciones competencia de los municipios, como es el caso de varios juzgados de instrucción y penal.

Los supuestos chanchullos del socialista Miguel Navarro

LORCA.- Como dos coches que circulan en paralelo por la autovía, uno por el carril izquierdo y otro por el derecho, las trayectorias vital y política del ex alcalde lorquino Miguel Navarro (PSOE) y del ex consejero del Gobierno Regional, Francisco Marqués (PP), transcurren parejas como las de dos siameses, se escribe hoy en 'La Verdad'.

Hombres altivos y pagados de sí mismos, con un punto populista y hasta políticamente incorrecto en su forma de actuar, fueron durante largos años una referencia fundamental en sus respectivos partidos políticos, alcanzaron las más altas cotas del poder en la Región (Navarro, segunda autoridad política como presidente que fue de la Asamblea Regional, y Marqués, tercera autoridad, como delegado del Gobierno, aunque durante un breve lapso), para acabar proscritos, como apestados, por quienes antes los ensalzaron como ejemplo, y para concluir sus carreras figurando como imputados en sendos asuntos de supuesta corrupción política. Sospechosos ambos de haberse valido de sus cargos públicos para lucrarse ilícitamente.

Las coincidencias en algunos extremos son, en ocasiones, tan estrechas que resulta difícil pensar que sean sólo fruto del azar.

SEBASTIÁN FERNANDEZ RABAL
EL NOTARIO GENEROSO
Al margen de los agentes de la Policía Judicial que los detuvieron a ambos, uno de los puntos de conexión más sorprendentes entre Navarro y Marqués lo constituye la figura del notario y empresario lorquino Sebastián Fernández Rabal. El pasado mayo, el ex consejero popular del Gobierno de Valcárcel tuvo que volver a pasar por Comisaría para responder de un supuesto regalo -cohecho- por parte de Fernández Rabal a cambio de un trato de favor político: un apartamento en la urbanización Hacienda El Hornillo S. L. (propiedad del notario y promotor), por el que habría pagado 104.000 euros. Un precio tan anormalmente bajo -los informes policiales cifran su valor de mercado en unos 300.000 euros- que el propio Marqués tuvo que admitir que no tenía una explicación lógica para haberse beneficiado de tal chollo.

Ahora, al conocerse algunos detalles sobre el caso Limusa de presunta corrupción en Lorca, se ha sabido que Marqués no es el único político que adquirió una vivienda en Hacienda del Hornillo S.L.. Según señala el magistrado Sergio Romero Cobo, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Lorca, cuyo auto de levantamiento del secreto de sumario comenzó ayer a desvelar La Verdad en exclusiva, Miguel Navarro adquirió supuestamente en el año 2007 una vivienda en el mismo complejo urbanístico, propiedad de Fernández Rabal. Lo habría hecho, en una operación que todavía está siendo investigada, a través de una sociedad de la que el propio notario es administrador.

Si en el caso de Marqués existen sospechas de que éste favoreció a Fernández Rabal desde su cargo como consejero de Medio Ambiente, de lo que no hay duda es de que el notario se vio beneficiado por adjudicaciones de contratos del Ayuntamiento de Lorca. Así, relata el juez Romero en su auto, Fernández Rabal es socio de la firma Lorca Centro Abierto S.L., que en el mes de julio de 1999 ganó la concesión del aparcamiento público de la Plaza de Abastos lorquina, y ello a pesar de que la citada sociedad se había constituido apenas dos meses antes.

Curiosamente, fue la entidad pública Suvilorsa (Suelo y Vivienda de Lorca) la que aprobó la adjudicación, y lo hizo cuando formaban parte de su consejo de administración el también imputado Francisco Ignacio Gil Eguino (ex gerente de Limusa y presunto cerebro de toda la trama de corrupción), y el entonces concejal socialista Miguel Miras, igualmente imputado.

Para seguir con el relato de circunstancias llamativas, por no decir abiertamente sospechosas, habría que señalar que cuando Gil Eguino abandonó Suvilorsa y se hizo cargo de Limusa, adquirió un porcentaje de acciones de Lorca Centro Abierto S.L., y que lo hizo a un precio que el juez califica de «irrisorio». Fernández Rabal y Gil Eguino acabaron asociándose otra vez, tiempo después, en la firma Cabo Cope Naturaleza S.L., una de las piezas claves en el caso Limusa, y con la que ellos dos y otros tres socios se habrían enriquecido, ocultando a Hacienda dinero negro pormás de tres millones de euros.

ANTONIO BAÑOS
EL EMPRESARIO DESPRENDIDO
El dueño de Hacienda El Hornillo no es el único adjudicatario de contratos públicos en Lorca con el que Miguel Navarro tuvo relaciones particulares. Otro tanto ocurre con los hermanos Antonio y José Baños, conocidos empresarios lorquinos. En sus declaraciones como imputados, uno de ellos señaló que habían realizado trabajos para el Ayuntamiento lorquino desde hacía muchos años y que en unos casos les eran adjudicados por concurso público y en otros, directamente. A continuación añadió que para el entonces alcalde Miguel Navarro habían realizado diversos trabajos en su chalé de Calabardina (Águilas).

En concreto, señaló que la construcción del chalé la había llevado a efecto la empresa de un yerno suyo, y que el sistema de iluminación lo habían realizado ellos, los hermanos Baños, a pesar de que no era habitual que hicieran trabajos a particulares.

El citado empresario relató que sus trabajos costaban unos 18.000 euros, aunque a Navarro le descontaron la tercera parte de los mismos: unos 6.000 euros.

DINERO A CAMBIO DE FACTURAS
¿COMIDAS FAMILIARES O DE TRABAJO?
Especialmente cutre, en el fondo y en la forma, resulta uno de los cargos que el juez imputa a Navarro: el de malversación de fondos públicos. Reseña el magistrado que el entonces alcalde «no sólo conocía el funcionamiento, en cuanto al sistema de caja de Limusa, absolutamente ilícito, sino que incluso se benefició y lucró personalmente haciendo uso del mismo».

Así, sabiendo que en la empresa pública «se saltaban todos los mecanismos de control administrativo correspondientes, él mismo hizo un uso personal de dicho sistema para fines propios», y habría pasado al cobro a Limusa diversas facturas, correspondientes a comidas realizadas en restaurantes y marisquerías de los alrededores de su chalé de Calabardina, como gastos de representación.

El propio Navarro, en su declaración ante el juez, reconoció que el sistema de cobro «le parecía extraño» y admitió que quizás, «por error», hubiera metido alguna factura de comida familiar como gasto de representación. Tratándose de Limusa, parece que todo valía.

UN CHALET, TRES PISOS Y CUATRO COCHERAS
Antes de que el pasado 26 de mayo un grupo de agentes de la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Policía le informara de que estaba detenido y procediera a leerle sus derechos, Miguel Navarro había estado sometido a la mirada escrutadora de los inspectores de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT).

Un informe emitido por estos hace constar, entre otras cuestiones menos relevantes, que el ex alcalde posee «dos pisos y cuatro plazas de garaje en Lorca, un chalé en Calabardina (Águilas) y, al parecer, una vivienda que adquirió en fechas recientes, en el año 2007, a la empresa Hacienda El Hornillo S.L., cuyo administrador es el notario Sebastián Fernández Rabal».

También se reseña que en el 2007 habría adquirido el 10% de la sociedad Spain Leather 2006, por valor de 160.000 euros (unos 27 millones de pesetas). De esta empresa ha recibido retribuciones en el 2007 y el 2008.

Mendoza: 'No he sido consultado sobre el nombramiento de nuevo obispo'

MURCIA.- José Luis Mendoza, presidente de la Fundación San Antonio y máximo responsable de la Universidad Católica (UCAM), se declaró totalmente feliz. «Ha sido una noticia inesperada y por lo tanto una sorpresa agradable». Precisó a 'La Verdad' que no había sido consultado sobre este nombramiento.

«Estos días se ha hablado mucho de Sánchez Camino y de Jesús Sanz, obispos muy válidos, pero hasta hoy no conocía ningún precedente de un murciano al frente de la Diócesis de Cartagena. Ha sido un detalle del Santo Padre, que conoce la realidad de nuestra región».

«Conozco a monseñor Lorca Planes -añadió- desde hace más de treinta años. Fue rector del Seminario Diocesano. Le tengo una gran estima y aprecio y desde la UCAM le deseamos toda clase de bien. Es prudente y servidor de la Iglesia. Su trayectoria le avala y va a ser un buen pastor».

Mendoza entiende que con este nombramiento se pone de manifiesto «el cariño que el Papa le tiene a Murcia, de la que es gran conocedor». Sobre las relaciones que la UCAM mantendrá con el nuevo obispo, subraya que «con el nuevo obispo vamos a tener unas relaciones excelentes.

Conoce el nacimiento de nuestra universidad, puesto que era vicario episcopal en aquel momento y sabe cómo nace, se crea y se funda. Fue un testigo directo de su fundación. Aunque nuestra universidad siga dependiendo de la Nunciatura, estoy seguro de que vamos a mantener unas relaciones estrechas. Nos ponemos a su servicio como católicos y creyentes».

'El Bigotes' afirma que hizo regalos a Rita Barberá, según 'El País'

MADRID.- Álvaro Pérez, alias El Bigotes, cabecilla de la trama Gürtel en Valencia, revela en una llamada telefónica interceptada por la policía el pasado 2 de enero que en los últimos cuatro años ha hecho regalos a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP. En concreto, señala que le ha regalado bolsos de la marca de lujo Louis Vuitton, según publica 'El País'.

En la grabación, que la policía extracta en un informe, El Bigotes charla con una persona llamada "Cándido" y le comenta que en ese momento "está en [una tienda de] Louis Vuitton comprándole un bolso a la alcaldesa". "Como llevo haciendo desde hace cuatro años", subraya Álvaro Pérez. Según explica El Bigotes a Cándido, Barberá "no nos da nada, pero tampoco nos hace nada".

De esta conversación, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía, concluye que "la alcaldesa de Valencia" ha recibido "regalos de la empresa Orange Market desde hace cuatro años".

El citado informe del caso Gürtel tiene fecha del pasado 23 de enero y aclara que, en ese momento, los agentes policiales "están pendientes de obtener las facturas correspondientes a las compras efectuadas" por El Bigotes en una tienda de Louis Vuitton.

La alcaldesa indicó a este periódico que "jamás en su vida" ha recibido regalos de El Bigotes. No es la primera vez que lo niega. Hace un mes hizo el mismo comentario al ser preguntada por una redactora de 'El País' sobre si había recibido regalos de Álvaro Pérez.

El presidente de la Comunidad Valencia, Francisco Camps, también negó durante meses haber recibido regalos (trajes) de la trama corrupta que afecta a altos cargos del PP, e insistió en que él se pagaba sus trajes y en que no conocía a El Bigotes.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia José Flors no cree a Camps y le imputa un delito de cohecho impropio, el que comete la autoridad pública que acepta regalos, aunque sean a cambio de nada.

Orange Market es la empresa filial en Valencia de la red de sociedades que dirigía el cabecilla del caso Gürtel, Francisco Correa. El hombre de confianza de Correa en Valencia y gestor de Orange Market es Álvaro Pérez, El Bigotes.

El informe policial señala que Barberá es "diputada de las Cortes valencianas desde 1983" y "alcaldesa de Valencia desde 1991". Y razona: "Francisco Correa, a través de la empresa Orange Market, SL, en Valencia, concurre desde el año 2005 a los concursos para la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo, habiendo obtenido la adjudicación desde 2006 a 2009".

Un bolso de Louis Vuitton, como los que supuestamente regalaba El Bigotes a la alcaldesa, cuesta una media de 900 euros, según fuentes del citado establecimiento. "El más barato, 350 euros, y el más caro, 4.400", añadieron estos medios. Barberá suele exhibir habitualmente bolsos de esta marca de lujo.

Cuando era presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), este organismo adjudicó a Special Events, una de las empresas del entramado de Correa, la organización de varias de sus asambleas, por un importe de total de 800.000 euros.

La adjudicación fue suscrita por el entonces número dos de Barberá en la FEMP, Álvaro de la Cruz Gil, uno de los casi 80 implicados en el caso Gürtel entre cargos públicos y empresarios que se prestaron a pagar dinero o dádivas a políticos del PP a cambio de contratas y otras lucrativas operaciones.

En la contabilidad B, opaca al fisco, de las empresas del jefe máximo de la trama, Francisco Correa, hay una anotación que refleja una entrega de 30.000 euros a De la Cruz cuando éste era jefe del gabinete del ex ministro Francisco Álvarez Cascos. El primer evento encargado por la FEMP a las sociedades de Correa se celebró en 1999 y costó 232.305 euros, casi el doble que el anterior. El segundo, ya en 2003, volvió a duplicar la cifra: 570.000 euros, según adelantó 'El País'.

En la variante del caso Gürtel en Valencia, que investiga el juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia José, Flors no figura ni imputada ni implicada la alcaldesa de Valencia. A pesar de que, si lo que comenta El Bigotes en esa grabación es cierto, la acción de recibir dádivas, sería justamente la misma que imputa el juez Flors a Camps, un supuesto cohecho impropio.

Flors sostiene que Camps debe ser juzgado por ese delito por el mero hecho de ser una autoridad pública y haber aceptado trajes pagados por la trama corrupta.

No obstante, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana subraya que los regalos que supuestamente recibió el presidente autonómico fueron a cambio de nada, ya que no ve una relación entre las dádivas y los más de siete millones de euros en contratas que ha recibido en los últimos cuatro años la trama Gürtel de distintas consejerías del Gobierno valenciano.

En el sumario del caso Gürtel existen dos conversaciones telefónicas entre El Bigotes y Camps que fueron grabadas por la policía con autorización judicial la pasada Nochebuena y el día de Reyes (6 de enero de este año). De ambas se desprende que entre el presidente valenciano y El Bigotes existía una estrechísima relación.

"Jamás en mi vida he recibido nada de El Bigotes"

Rita Barberá, a través de su jefe de prensa, señaló a 'El País'

que "jamás en su vida ha recibido ningún regalo de El Bigotes", y añadió: "No voy a dejar pasar así como así que se utilice mi nombre". La alcaldesa subrayó que había hablado con su abogado para que se querelle "contra quien corresponda".

La alcaldesa de Valencia ha salido en defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado en la variante valenciana del caso Gürtel por haber recibido dádivas (varios trajes) supuestamente pagados por la trama societaria de Correa y su hombre en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes.

Barberá comparó los supuestos regalos que recibió Camps con las anchoas que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, regala al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "cada vez que visita La Moncloa".

"Todo el mundo sabe que Revilla regala anchoas a Zapatero por agasajo o complacencia", señaló.

Y añadió: "Y vive Dios que las anchoas son un producto caro, bueno pero caro, por lo tanto, son dádiva. Haciendo un paralelismo con el caso del presidente Camps, también están incursos en este artículo [del Código Penal] algunos más. Yo también, probablemente por recibir un ramo de flores. Pero, desde luego, Zapatero por lo de las anchoas de Santoña del presidente Revilla", insistió la alcaldesa de Valencia.