lunes, 25 de mayo de 2009

La Unión Europea aprueba sanciones penales para empresarios que contraten a irregulares

BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) aprobó este lunes definitivamente sancionar penalmente a los empresarios que contraten a inmigrantes sin papeles, así como la creación de la 'tarjeta azul', un permiso de trabajo destinado a los extranjeros altamente cualificados.

Ambas medidas están contempladas en el Pacto de Inmigración y Asilo, acordado en diciembre de 2008, y cuyo objetivo es "organizar la inmigración legal, luchar contra la irregular y edificar una Europa del asilo".

El arsenal de sanciones penales pretende en concreto sensibilizar tanto a empresas como a particulares en la lucha contra la inmigración clandestina.

Los empresarios y los subcontratistas directos se verán expuestos, en los casos menos graves, a sanciones administrativas como la devolución de las ayudas públicas, la exclusión de los concursos públicos durante cinco años o el cierre del establecimiento.

En caso de reincidencia o de otras actuaciones agravantes, los empresarios serán penalizados con multas o sanciones penales, que cada Estado deberá determinar por su cuenta. Diecinueve de los 27 países miembros de la Unión ya sancionan penalmente a sus empresarios por estas prácticas y las multas ascienden a cantidades muy variables.

Entre 4,5 y 8 millones de inmigrantes indocumentados trabajan ilegalmente en sectores como la construcción, la hostelería o la agricultura en la Unión Europea.

Al tiempo que Europa endurece su política contra la inmigración ilegal, pretende atraer a la mano de obra extranjera altamente cualificada con la creación de la 'tarjeta azul', similar a la 'tarjeta verde' estadounidense. Este permiso tendrá una validez de hasta cuatro años, pero el inmigrante sólo podrá usarlo en el Estado europeo que lo haya expedido.

Ambas medidas, aprobadas durante el consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se celebra este lunes en Bruselas, deberán ser trasladadas a las legislaciones nacionales en un periodo máximo de dos años.

El Pacto de Inmigración y Asilo favorece la inmigración escogida y facilita la expulsión de extranjeros indeseados, lo que ha valido a Europa las críticas de América Latina y África.

Vuelven a detener al notario de Lorca, Sebastián Fernández Rabal, ahora por el 'caso Limusa'

LORCA.- Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional han detenido esta mañana al ex concejal de la empresa municipal de limpieza, Miguel Miras, a Francisco Poyato, ex interventor municipal de Lorca y que actualmente se encontraba de baja en su puesto en el Ayuntamiento de Cartagena, y a tres personas más en el marco de las actuaciones por el caso Limusa, según informaron a 'La Verdad' fuentes cercanas a la investigación.

Poyato ha sido detenido en la ciudad portuaria, al parecer en el edificio administrativo que se encuentra en la calle Sor Francisca Armendáriz, según fuentes cercanas a la investigación.

Los otros tres detenidos son el notario Sebastián Fernández Rabal, el dentista Urbano Alejo Vicente (hermano del delegado del Gobierno en Castilla-León, el socialista Miguel Alejo Vicente) y el agente de una aseguradora murciana que ya fue registrada, Ángel Martínez Tudela, que son socios junto al ex director de Limusa, Francisco Gil Eguino y Miguel Miras, de la empresa Cabo Cope Naturaleza S.L., a la que un informe de la delegación de Murcia de la Agencia Tributaria incluido en las investigaciones, vincula con posibles delitos por IVA e impuesto de sociedades en la venta de viviendas.

A su vez, todos ellos serían socios de otras empresas que forman parte de un entramado.

Los detenidos están siendo trasladados tras tomarles declaración al juzgado número 4 de Lorca, donde ya se encuentran Miguel Miras y Ángel Martínez, mientras que Sebastián Fernández y Urbano Alejo prestan a estas horas declaración en la comisaría de Lorca, y Poyato está siendo trasladado desde Murcia, donde prestó declaración en la Jefatura Superior de Policía.

Las detenciones están relacionadas con la operación que coordina el Juzgado de Instrucción número 4 de Lorca y que hace dos meses condujo a prisión provisional al ex director de la empresa municipal de limpieza 'Limusa' de Lorca, Francisco Gil Eguino, a quien se le imputa un delito contra la hacienda pública y malversación.

Miguel Miras García, ex concejal socialista, aparece en un informe dentro de la investigación que se sigue en la Operación Reciclaje, que tuvo sus inicios en una denuncia de Jacinto Parra por acoso laboral a Gil Eguino. El nombre de Miras está unido al que fuera ex director de Limusa, único detenido por el momento de la presunta trama de corrupción.

El que fuera concejal de la empresa municipal de limpieza, Miguel Miras García, interpuso en el año 2007 una querella criminal contra el trabajador de Limusa, Jacinto Parra Arcas, por asegurar éste en una denuncia contra el ex director de la empresa pública, que Miras era su «socio en los negocios oscuros y fraudulentos, cuyas actividades y llevanza contable» se operaba en las oficinas de la empresa de limpieza municipal.

Francisco Javier Poyato es interventor general del Ayuntamiento de Cartagena desde que en 2006 sustituyera a Rafael Pérez Martínez. Poyato, de 64 años, dejó el cargo de interventor en el Ayuntamiento de Lorca para ocupar el de Cartagena y simultanearlo con el de Archena.

En las próximas horas podría haber más detenciones.

(El notario Fernández Rabal, a la derecha, recibiendo un premio como promotor ejemplar recientemente)