jueves, 7 de mayo de 2009

El juez imputa de cohecho a los detenidos por la UDEF y los deja en libertad sin fianza

MURCIA.- El notario de Lorca, Sebastián Fernández Rabal, y el apoderado en 'Hacienda El Hornillo S.L.' (una de las empresas de Fernández), en Águilas, José Cáceres Olivares, quedaron esta tarde en libertad con cargos pero sin fianza tras prestar declaración esta mañana ante el titular del juzgado nº 3, de Murcia, Antonio Alcázar, aunque ambos continúan imputados por su participación en supuesto cohecho dentro de un presunto caso de corrupción urbanística en Águilas, según 'La Verdad'.

El apoderado de la empresa aguileña prestó declaración durante dos horas, mientras que el notario y dueño de 'Hacienda El Hornillo' permaneció tres horas ante el juez y salió por su propio pié del Palacio de Justicia pasadas las cuatro de esta tarde. Rehusó hacer declaraciones a los periodistas congregados a las puertas de los juzgados.

Posteriormente el juez Alcázar confirmó el secreto del sumario y que estamos ante las diligencias de una pieza separada del 'caso La Zerrichera', que continúa su instrucción en este mismo juzgado. El notario Fernández Rabal, según Alcázar, no ha sido imputado de prevaricación porque no comparece en su calidad de fedatario público sino de promotor inmobiliario, en este caso.

Pese a la libertad con cargos pero sin fianza, el magistrado instructor no descarta volver a llamar para prestar declaración a ambos imputados. La UDEF continúa investigando porque el caso no está cerrado ni esta hijuela tampoco. No se descarta la entrada de la Policía Nacional en el Ayuntamiento de Águilas ni nuevas detenciones en esta localidad y en Lorca, según fuentes de la investigación.

(En la foto de Gloria Nicolás en 'La Opinión', los dos imputados)

El secretario de 'Proinvitosa' "canta la gallina" y el juez le levanta la imputación

TOTANA.- Juan Morales, ex alcalde de Totana, convocó el 11 y 18 de septiembre de 2006 dos reuniones en su propio despacho. A ellas asistieron tanto el propietario de la empresa totanera Huevos Maryper, Gabriel Martínez, como los consejeros del PP de Proinvitosa y el secretario de la empresa municipal, Fulgencio González, tal y como este último reveló ayer ante el juez.

El tema a tratar no era otro que la venta de una parcela de 40.000 metros propiedad de Smurfit Kappa a Huevos Maryper. «Morales nos dijo que todo estaba bien, que la gestión era suya y se tenía que votar a favor», cuenta hoy 'La Verdad'.

Ésta es una de las revelaciones que González hizo ayer al magistrado instructor de la Operación Tótem, Julián Pérez Templado, en el transcurso de su declaración. El secretario regresó ayer a los tribunales después de que se postergase su declaración del pasado 20 de abril al ser imputado. El propio González ya explicó, en su momento, que ésta se justificaba únicamente como «garantía procesal», para que acudiera en compañía de un letrado. Tras su esclarecedora declaración, el juez levantó ayer mismo esa imputación.

En su declaración, González reconoció, además, que las reuniones convocadas por Morales le parecieron «anómalas» dado que no se habían producido en negociaciones anteriores. Gabriel Martínez, director gerente de Huevos Maryper y hombre de confianza del ex alcalde totanero, está imputado en la Operación Tótem como presunto intermediario entre Morales y el empresario gallego Nuñez Arias, también imputado, para el supuesto cobro de una comisión millonaria.

Las declaraciones de la Operación Tótem continuarán el próximo martes día 12. En esa jornada está llamado a declarar Daniel Aroca, concejal de Vivienda, Transporte, Suelo, Patrimonio y Calidad del Partido Popular totanero. Al día siguiente se cerrará esta ronda de declaraciones ante la Sala de Lo Civil y lo Penal del TSJ con la comparecencia del presidente del Consejo de Administración de Proinvitosa, José Miguel Martínez; y el consejero de la misma, elegido por el PP, Juan José Salas. Todos ellos están imputados.

Crisis en el SCRATS: deja la presidencia Francisco del Amor

MURCIA.- Francisco del Amor quien ha venido siendo presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) desde el años 2002, deja el cargo, al parecer, por motivos personales, según 'La Verdad'.

Este corganismo es uno de los más activos en la defensa del trasvase Tajo-Segura, en reacción a los reiterados intentos del Gobierno de Castilla-La Mancha de incluir una fecha de caducidad para el trasvase en su estatuto.

Francisco del Amor dejará la presidencia del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), tras más de seis años que "han estado llenos de satisfacción, pero también ha sido muy difíciles, tal vez los más difíciles a lo largo de mi carrera".

Del Amor, quien comunicó personalmente esta decisión "que no tiene vuelta atrás" a los miembros del Comité de Crisis reunidos hoy, aseguró, no obstante, que seguirá al frente del Scrats hasta la celebración de los próxima asamblea general, en la que tomará posesión el nuevo presidente de los regantes del trasvase.

En este sentido, explicó que convocará las elecciones en la próxima Junta de Gobierno, que se celebrará a finales de este mes, tras lo que se iniciará el proceso electoral, de manera que la asamblea general, que tendría que celebrarse este mes de mayo, tendrá lugar previsiblemente a finales de junio.

En esa asamblea general Del Amor, que ostenta la presidencia de los regantes del trasvase desde diciembre de 2002, pasará el testigo a su sucesor, pero mientras "estaré al frente del Scrats, llevando las riendas, con la máxima responsabilidad, porque tenemos operaciones abiertas que deben culminarse".

Del Amor, quien deja su cargo año y medio antes de lo que le correspondería de haber agotado su mandato, comentó que "llega un momento en el que hay que plantearse las cosas y yo voy a cumplir ya 70 años", al tiempo que reconoció que "aunque se trata de una decisión muy difícil, me voy con la satisfacción de haber dejado al sindicato en lo más alto".

Al respecto, confesó no saber cómo dar las gracias a la sociedad "por su apoyo en las manifestaciones y concentraciones que se han convocado en defensa del trasvase Tajo-Segura", así como a los agentes sociales e instituciones "por haber tenido siempre las puertas abiertas y haber estado al lado de los regantes".

"Ha sido una gran satisfacción", añadió.

No obstante, Del Amor lamentó no haber podido cerrar la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, de la que dijo que "nos están tomando el pelo a todo el mundo".

"Llevamos 7 meses así, con inversiones en el aire que los regantes no se atreven a realizar por temor a la caducidad del 2015, y eso no hay quien lo aguante".

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) fue constituido en 1982 con naturaleza jurídica específica. La integran 80 comunidades de regantes de las provincias de Murcia, Alicante y Almería, de la que dependen unas 70.000 familias.

Este organismo fue constituido cuando se aprobaron sus Estatutos iniciales, siendo una junta central de usuarios de las previstas en el art. 81.3 de la vigente ley de aguas y ostentando la naturaleza jurídica de Corporación de Derecho Público.

Sus miembros originarios son todas las comunidades de regantes y usuarios individuales, titulares de derecho al uso para riego de las aguas trasvasadas a través del Acueducto Tajo-Segura, además de aquellos que, con derecho para riego de recursos propios de la cuenca del Segura, sólo puedan conducir sus caudales a los predios correspondientes a través de las infraestructuras del Postrasvase, pudiendo integrarse también en la Corporación las entidades o usuarios individuales que, con derecho al uso o aprovechamiento distinto del regadío de aguas conducidas a través de dichas infraestructuras, que así lo soliciten.

Valcárcel, nuevo fiador de la vieja refinería de Escombreras

CARTAGENA.- Tranquilidad y confianza. Ésas fueron las dos ideas acerca del presente y el futuro de la compañía petrolífera Repsol YPF en Cartagena que defendió ayer en la Asamblea Regional el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, según recoge 'La Verdad'.

Éste dijo que hay garantías para tener confianza en los planes anunciados por la multinacional española para Escombreras: la parada temporal de la refinería no pone en peligro los empleos de la plantilla ni los de empresas auxiliares; y se mantiene la inversión de 3.600 millones de euros para ampliar la factoría, como demuestra el hecho de que alrededor de 60 empresas se sumarán «con carácter inmediato» a las obras y otras trescientas han recibido asesoramiento en los dos últimos meses para incorporarse.

En respuesta a una pregunta del portavoz del PP, Juan Carlos Ruiz, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno regional respecto a Repsol, Valcárcel dijo ser consciente de la preocupación causada por la paralización de la factoría en los últimos quince días. Sin embargo, advirtió de que la compañía tiene el compromiso de mantener su actividad en Cartagena.

Cerrar la fábrica «sería dramático» sin un horizonte positivo, pero hay motivos para estar alentados porque su Ejecutivo ha tomado varias medidas ante el parón y porque Repsol va a hacer en Escombreras «la mayor inversión industrial de la historia de España».

El presidente citó las cinco claves en su política respecto a la petrolera. La primera es que ha establecido mecanismos de coordinación con el Ayuntamiento de Cartagena y la empresa para conocer en todo momento la situación por la que atraviesa ésta.

En segundo lugar, Valcárcel se refirió a que los responsables autonómicos y municipales mantienen «importantes contactos y reuniones» con el presidente de la multinacional, Antonio Brufau y otros directivos de Repsol, e «infinidad de reuniones» con el director de la planta de Escombreras.

El presidente calificó de «contundente y tranquilizadora» la respuesta que le ha dado la compañía. Ésta le aseguró que la parada «no afectaría a los trabajadores ni a los empleados de subcontratas».

En tercer lugar, el jefe del gabinete informó a los diputados de que la Comunidad ha encargado a un gestor de cuentas un «seguimiento» de las actividades de Repsol. Según dijo, se trata de «un elemento puente entre la empresa y el gobierno».

Otro de los puntos que destacó el presidente fue el plan de formación que gestiona el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF). El objetivo es que los trabajadores se preparen para las necesidades de la nueva refinería, y cuando abran ésta «no pierdan ni un segundo y esté cada uno en el lugar que le corresponda».

Por último, Valcárcel habló del servicio de oportunidades de negocio habilitado para dar asesoramiento a las empresas interesadas en participar en las obras de la futura factoría. Según subrayó, en sólo dos meses la Comunidad ha facilitado información a 360 empresas, la mayoría de la comarca.

De ellas, 61 ya están incluidas en procesos de contratación. Se espera que 31 de estas últimas pueda incorporarse «con carácter inmediato» a los trabajos que ya se llevan a cabo en Escombreras.

«Las cifras de la nueva refinería abruman. Algunos dicen que en la Región sólo se hacen casas, y vemos que no. El paro disminuye en el sector industrial, frente a lo que pasa en el resto de España», resumió Juan Carlos Ruiz.

Y acusó al PSOE de falta de interés por la situación de los obreros y de la «vieja refinería»: «Ustedes prometieron que preguntarían al presidente sobre Repsol, pero lo hemos hecho nosotros».

El presidente del Gobierno regional reveló que hubo «presiones para que no viniera aquí», a Cartagena, el proyecto de ampliación de la refinería de Repsol. Esas maniobras, cuyo contenido y autores no concretó, fracasaron según Valcárcel gracias al empeño de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena.

Fue «la pelea planteada por la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, por el Gobierno regional y por este presidente» lo que permitió superar los intereses contrarios a la Región de Murcia y a la comarca cartagenera, afirmó Ramón Luis Valcárcel en la Asamblea Regional.

«Nos hemos adelantado al futuro con la ampliación, porque hoy sería dramático que se planteara la paralización sin el colchón, la garantía de futuro que supone», apuntó el presidente.

El PSRM le recuerda a Valcárcel su herencia de corrupción y paro

CARTAGENA.- La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, pidió explicaciones al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel y a la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, sobre La Zerrichera y sobre las casas de El Hornillo, respectivamente.

Así lo manifestó la diputada socialista tras los últimos acontecimientos conocidos acerca de los registros en dos Consejerías de la Administración regional, la aparición en escena de la consejera de Economía y Hacienda por unas declaraciones del ex consejero Francisco Marqués, y la negativa reiterada del Partido Popular para que el presidente Valcárcel dé explicaciones.

"Hoy es más necesario que nunca que salgan de su escondite y den la cara por higiene democrática", señaló en comunicado de prensa.

Para García Retegui es preciso que el PP en la Asamblea Regional reconsidere la apertura de una Comisión de Investigación sobre La Zerrichera, tal y como pidió en su día el Grupo Parlamentario Socialista, así como sobre otros asuntos, como Novo Carthago, "donde la gestión de Marqués, es decir, la gestión del Gobierno regional, está bajo sospecha".

Sin entrar en valoraciones de tipo penal, prosiguió, "entendemos necesario clarificar la actuación de todos los responsables que han intervenido en los proyectos de reclasificación urbanística de La Zerrichera y de Novo Carthago, así como determinar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de dichas actuaciones".

La diputada socialista exigió así al presidente Valcárcel que dé explicaciones a los ciudadanos, porque "es su herencia política la que está en entredicho".

A lo que añadió, "Valcárcel siempre ha dicho que heredó una Región con 90.000 parados y ahora hay más de 140.000".

Por ello, cabe preguntarse qué Región va a dejar él a su sucesor o sucesora.

"Una Región que lidera el paro de España y también los casos de corrupción", señaló al tiempo que se preguntó "si el presidente se va esconder como su amigo, Francisco Camps, que anunció que se iba a conocer toda la verdad, pero se niega a declarar en las Cortes Valencianas e intenta, por todos los medios, no declarar ante la Justicia".

De tal forma, el PSOE pide una Comisión de Investigación porque aparecen implicadas varias consejerías y varios consejeros y ex consejeros en dichos asuntos. "Y además, una de ellas, Inmaculada García, tiene que dar explicaciones sobre su papel en posibles transacciones sobre viviendas a precio de chollo en Aguilas, tal y como sugirió el ex consejero Francisco Marqués".

Asimismo, García Retegui preguntó a la consejera por qué dice que no da explicaciones que perjudicarían a Francisco Marqués, y por qué se mantiene callada acerca de su intervención para que un concejal tránsfuga -vinculado al promotor de La Zerrichera- sostenga políticamente al alcalde de Aguilas, imputado por este caso.

Al hilo recordó que ese acuerdo de gobierno "estuvo bendecido por dos personas muy unidas al presidente: la consejera, Inmaculada García y Pedro Antonio Sánchez, uno de sus delfines".

Ayer, en la Asamblea Regional, el portavoz del grupo socialista, Pedro Saura, pidió a Valcárcel medidas contra la crisis económica y el desempleo ante la «evidencia» de que, además de una crisis mundial, «hay una crisis murciana, porque en esta Región el paro es mayor que en el resto de España» al subir del 9% al 20% en un año.

«Cuando todo iba bien, usted tenía todas las competencias en crecimiento económico y empleo. Y ahora que van mal, ¡qué casualidad que las tiene todas el Gobierno de Zapatero!», criticó Saura.

Saura atacó así a Valcárcel: «No nos gustaría que su herencia fuera la del presidente con más paro de la historia y más casos de corrupción. No se lo merecen los ciudadanos de la Región».

El debate se encrespó, según 'La Verdad', en el turno del portavoz de Izquierda Unida, José Antonio Pujante. Éste preguntó a Valcárcel por la polémica campaña turística No-Typical, pero antes exigió que acuda al Parlamento para hablar de La Zerrichera: «Nos habría gustado que compareciera para hablar del asunto Marqués. Hoy nos hemos desayunado con noticias de enormes repercusiones. y debe dar explicaciones».

«En veintisiete ocasiones hemos hablado del tema que usted quiere abordar otra vez. Pero hay punto y final», atajó Valcárcel. Pujante contestó: «Espero que, políticamente, esto no sea un punto y final, sino un punto y aparte o un punto y seguido y usted dé explicaciones».
Como remate, Pujante mató dos pájaros de un tiro: «Aquí lo único typical es la corrupción y la especulación urbanística. Ésa es la imagen que trasciende de la Región, y no se arregla con una campaña turística de 3 millones de euros».

El ex consejero Marqués declara de nuevo en la Jefatura Superior de Policía de Murcia

MURCIA.- El ex consejero del Gobierno regional, Francisco Marqués, ha declarado durante dos horas esta mañana en la Jefatura Superior de Policía de Murcia ante los agentes que investigan una presunta trama de corrupción urbanística en Águilas.

Según confirmaron fuentes de la investigación, es la Policía y no el juzgado la que llamó a declarar a Marqués en el marco de las investigaciones que está llevando a cabo sobre una presunta trama de corrupción urbanística en Águilas y en la que se detuvo a dos personas el pasado martes en Lorca, como presuntos autores de los delitos de prevaricación, cohecho y contra el medio ambiente, y que ya han pasado a disposición del juez que instruye este caso y el de La Zerrichera.

Marqués estaba en libertad con cargos desde el pasado marzo, cuando fue detenido por orden del titular del juzgado de instrucción nº 3 de Murcia, Antonio Alcázar, que instruye el caso 'La Zerrichera'.

Durante su declaración, Marqués admitió que tenía un piso en propiedad en Hacienda El Hornillo, y que lo había comprado a un precio "muy favorable" por su amistad con la consejera de Economía, Inmaculada García, que es prima de quien se lo vendió, el notario de Lorca y promotor inmobiliario, Sebastián Fernández Rabal.

Se especula conque la declaración de Marqués podría estar relacionada con una nueva imputación a raiz de los datos obtenidos tras las detenciones de Lorca.

El magistrado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, y el fiscal superior, Manuel López Bernal, vienen trabajando de forma muy estrecha con los agentes anticorrupción, de ahí que les confiasen la nueva toma de declaración al ex alto cargo del Gobierno de Valcárcel, según 'La Verdad'.

El objetivo de la citación policial era requerir a Marqués para que ofreciera aclaraciones sobre varios documentos que los agentes han intervenido en los últimos días, fruto de los registros realizados en viviendas y en la sede de la notaría del también imputado Sebastián Fernández Rabal, así como en el domicilio de su hombre de confianza en la promotora Hacienda del Hornillo S.L., José Cáceres.

Los policías están muy satisfechos con el resultado de esos registros, ya que les han permitido intervenir «documentación muy abundante, que habrá que ir procesando y que puede abrir nuevas vías de investigación», según señalan las mismas fuentes.

Éstas aseguran que entre todo ello «se encuentran algunas pruebas que parecen confirmar que la venta de una vivienda a Francisco Marqués, por parte de los responsables de la sociedad Hacienda del Hornillo S.L., fue en la práctica una especie de regalo», debido a su precio excepcionalmente reducido: 104.000 euros para un apartamento en un complejo residencial cuyo precio de mercado, según los informes policiales, rondaba los 300.000 euros.

Ésta es una de las razones por las que tanto Marqués como el notario y constructor Sebastián Fernández, y su apoderado, José Cáceres, están imputados en un delito de cohecho, ya que estiman los agentes anticorrupción que la venta de ese piso habría sido en realidad un pago encubierto por el trato de favor que el primero habría dado a los segundos durante su etapa como consejero. En concreto, habría permitido a Hacienda del Hornillo realizar obras en lugares protegidos por la legislación medioambiental.

Francisco Marqués, director general de HEFAME, continúa imputado por los delitos antes citados, con el pasaporte retirado y con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

(Mientras tanto, los sindicatos de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (HEFAME) ATRAHE y STGH realizaron hoy una jornada de protesta contra los directivos de la empresa por los despidos que se han producido en la misma, para lo cual utilizaron un coche con megafonía).

Decisión judicial

Previamente, Fernández Rabal y Cáceres Olivares habían sido trasladados a las diez de la mañana, por agentes de la Policía Nacional, desde los calabozos de la Jefatura Superior de Polícía, en Murcia, hasta la sede del juzgado nº 3 sita en el Palacio de Justicia.

Ambos fueron conducidos, sin esposas y con el rostro descubierto, desde los calabozos hasta el coche policial. Antes de entrar al Palacio de Justicia, a sus propios calabozos, fueron esposados aunque el notario se puso la chaqueta sobre sus manos para tratar de ocultar las esposas, a la hora de entrar al despacho del magistrado Alcázar para comparecer ante su autoridad. Los dos fueron escoltados por la Policía y estuvieron acompañados del letrado Juan de Dios Teruel.

Los miembros de la UDEF trasladaron simultáneamente desde la Jefatura de Policía al Juzgado nº 3 varias cajas con la documentación requisada estos días en Lorca, Águilas y dependencias de la Comunidad Autónoma, en Murcia.

En ese juzgado de instrucción nº 3 de Murcia concluyó tres horas después la declaración del apoderado de Hacienda El Hornillo S.L., José Cáceres ante el magistrado Antonio Alcázar por un presunto caso de corrupción urbanística en Águilas.

El apoderado, que prestó declaración durante dos horas, ha quedado en libertad, (al parecer, sin cargos), según declaró su abogado, Juan de Dios Teruel al finalizar la declaración.

Acto seguido, el presidente de la misma empresa, Sebastián Fernández, ha entrado para prestar declaración ante el juez y no se descarta un careo con Francisco Marqués en presencia del juez.