miércoles, 6 de mayo de 2009

El abogado Juan de Dios Teruel tiene a su cargo la asistencia letrada del notario de Lorca detenido por varios presuntos delitos


MURCIA.- El abogado murciano Juan de Dios Teruel Sánchez, primo político y letrado defensor del notario aguileño Sebastián Fernández Rabal, aseguró esta noche que su defendido se encuentra bien, y que no tiene constancia de que haya declarado todavía ante la Policía Nacional, ni tampoco su apoderado José Cáceres Olivares.

Ambos pasarán su segunda noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Murcia aunque en algunos círculos de la región extraña haber visto esta mañana a Fernández en las fotografías publicadas por los periódicos regionales, relajado y sin esposar, cuando ayer era acompañado por agentes de la UDEF para presenciar los registros en su casa de Lorca, en el despacho notarial compartido con otro colega, en las viviendas de ambos detenidos en Águilas y en la sede de la empresa Hacienda El Hornillo.

Era de esperar, por otra parte, esta asistencia letrada inmediata puesto que Juan de Dios Teruel viene de bastante tiempo atrás llevando algunos asuntos del grupo de empresas de Sebastián Fernández (en la imagen) y tiene otros parientes comunes con José Cáceres puesto que un cuñado es primo hermano de la esposa de Teruel al igual que también lo es el notario.

Juan de Dios Teruel, persona también próxima al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y letrado con gran actividad profesional en Águilas, amparándose en el secreto sumarial declinó dar hoy más detalles del caso. Eso sí, espera que su defendido y el empleado de Hacienda El Hornillo pasen a lo largo de mañana a disposición judicial.

(Vista aérea de Hacienda El Hornillo)

El Banco de España urge a reducir las oficinas bancarias

MADRID.- En un momento de fuerte desaceleración del negocio bancario en España, el Banco de España realizó el miércoles un llamamiento urgente a la racionalización de costes que implica necesariamente el cierre de oficinas bancarias al tiempo que vaticinó procesos de integración entre entidades.

"En un contexto de mayores costes financieros, menores volúmenes de actividad y mayores dotaciones para insolvencias, hay que incrementar el rigor en el control de costes", señaló el banco emisor en el informe de estabilidad financiera sobre los retos que afrontan las entidades de depósitos españolas.

En este escenario, el banco central español consideró que la necesaria reestructuración del sector obligará a "redimensionar la red a través de la reducción de oficinas" para aliviar la presión sobre los resultados y la rentabilidad de las entidades en los próximos años.

Asimismo, el Banco de España consideró que esta vía podría no ser suficiente por sí misma para algunas entidades concretas sugiriendo procesos de concentración.

"Es muy posible que para un buen número de entidades la necesaria e imprescindible gestión de costes no resulte suficiente para alcanzar una rentabilidad suficiente en el medio plazo, por lo que considerar otro tipo de procesos de redimensionamiento que trasciendan la gestión individual de sus estructuras de costes puede resultar necesario", advirtió el Banco de España.

Un oficial de Marina usa el Salón del Trono de Capitanía para un banquete particular

CARTAGENA.- El Salón del Trono del edificio de Capitanía General de Cartagena ha acogido la celebración del banquete de un bautizo del nieto de un oficial destinado en esta instalación. Se trata del administrador de la vivienda del almirante, que utilizó esta dependencia, la más lujosa e importante del inmueble castrense para esta celebración particular hace algo más de dos meses, según ha podido saber 'La Opinión'.

A la celebración asistieron en torno a sesenta invitados entre amigos y familiares de los padres del niño bautizado y de este oficial.

Las mesas y las sillas que se colocaron en la lujosa sala -presidida por un gran sillón flanqueado por dos leones- para los comensales se las prestó un conocido hostelero de la ciudad que, al parecer, trabaja de forma regular para otros banquetes organizados por la Armada en distintas instalaciones de Cartagena.

El edificio de la Capitanía General de Cartagena, ubicado en la Puerta de Murcia, frente a la plaza de San Sebastián, alberga el cuartel general de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada, así como la residencia del almirante de dicha Fuerza, aunque el Salón del Trono no forma parte propiamente de la zona reservada como vivienda de este alto mando de Marina.

De hecho, esta dependencia se utiliza habitualmente para la celebración de recepciones y actos oficiales, o bien para actividades relacionadas con el funcionamiento normal de la propia Fuerza de Acción Marítima.

El Salón del Trono es también el escenario de la celebración de la Pascua Militar, que tiene lugar cada 6 de enero, en la que el almirante de la Fuerza de Acción Marítima hace un balance del año anterior y una declaración de intenciones de cara al nuevo ejercicio y en el que aprovecha para felicitar las fiestas a todos los oficiales de la Armada destinados en las dependencias de tierra y en las unidades navales de ciudad que asisten a esta ceremonia.

Respuesta oficial

"La sala denominada como Salón del Trono en el edificio de Capitanía se usa en contadas ocasiones exclusivamente para actividades oficiales y sociales de carácter institucional", así de contundente se muestra la respuesta que facilitó la Oficina de Comunicación Social de la Armada ante la pregunta de esta redacción sobre por qué se autorizó la celebración de un bautizo particular en esta importante dependencia del inmueble castrense más importante y representativo de Cartagena.

"El oficial administrador de la vivienda del almirante hizo una mala interpretación de esta finalidad y utilizó esta instalación para un uso particular", continúa el escrito, que concluye: "El almirante ha tomado medidas correctivas para evitar situaciones parecidas en el futuro".
De este modo, desde la Armada se admite que ha sido un error que se haya consentido la organización de una celebración de un particular, pese a que se trate de un oficial destinado en este edificio.

De hecho, el portavoz de la Oficina de Comunicación Social de la Armada aclaró que este tipo de celebraciones en una dependencia como el Salón del Trono no son nada habituales y que el propio almirante de la Fuerza de Acción Marítima, cuya labor a lo largo de su carrera alabó, está muy molesto con esta situación y que ya había tomado medidas para que jamás vuelva a destinarse el Salón del Trono de la Capitanía para un uso particular.

El Mar Menor, camino de convertirse en una charca

MURCIA.- El Mar Menor vuelve a ser uno de los escenarios elegidos por Greenpeace para alertar sobre los efectos que el cambio climático está teniendo en España. El informe 'La crisis del clima' -con el que la organización ecologista conmemora los 25 años de su delegación española- recoge los resultados de estudios llevados a cabo por investigadores de la UMU, en los que se augura que "la laguna sufrirá un grave deterioro ecológico a consecuencia del cambio climático y los efectos del aumento de temperatura del agua de entre 3 y 5 grados", según transpone 'La Opinión'.

Así, citan a Javier Lloret, del departamento de Ecología e Hidrología de la UMU, quien sostiene que esto propiciará una proliferación de medusas. Asimismo, los investigadores consultados por Greenpeace señalan que "si las predicciones de cambio climático se hacen realidad, el estado actual de la laguna se podría colapsar por la proliferación de fitoplancton y microalgas flotantes".

El informe habla también de las medusas en otro apartado y, aunque apunta que "sus explosiones son una constante desde la década de los 90", considera que el descenso de las precipitaciones y el incremento de las temperaturas son fenómenos que agudizan el problema, "percibido como una plaga bíblica desde la industria del turismo".

En el Mar Menor se ha constatado, además, altos niveles de nutrientes, cuya entrada "tiene lugar a través de las ramblas, del drenaje, del vertido de salmueras y de los vertidos urbanos".

López Aguilar afirma que el PP teme las investigaciones sobre corrupción 'porque sabe lo que se juega'

MURCIA.- El cabeza de lista del PSOE a las elecciones del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, tachó en Murcia de "lamentable" que el PP, ante investigaciones por corrupción que le señalan, "se permita descalificar a las instituciones del Estado de Derecho" e intente "amedrentar, intimidar y achantar".

Está claro, añadió, que el PP "no está dispuesto a que se le investigue cuando la corrupción le afecta. A su juicio, "teme las investigaciones por corrupción porque sabe lo que se juega".

López Aguilar, que realizó estas declaraciones en la sede del PSOE murciano dentro de los primeros actos de precampaña a las elecciones europeas del 7 de junio, reafirmó su respeto a las actuaciones judiciales en cualquier posible caso de corrupción "afecten a quien afecten", pero "creo que las instituciones de derecho están para investigar lo que parece delito y depurar las responsabilidades penales allí donde haya delito", aunque lamentó la posición desplegada por el PP en los últimos tiempos.

Preguntado por el presidente valenciano Francisco Camps, el socialista señaló que el PP maneja doble rasero, "imagino porque teme más a unos que a otros".

Al tiempo, insistió en que el PP ha descalificado a la Policía, a la Fiscalía e incluso a un "sastrecillo valiente", simplemente porque "cumplió con su labor de testificar".

"Esto no es admisible en ninguna sociedad democrática y los ciudadanos tienen que tomar nota y pasarle la factura al PP", remarcó.

El PP "está sujeto a la ley e igualdad con respecto de cualquiera en este país, caiga quien caiga". Tras lo que manifestó, "los ciudadanos tienen que ponerle nota".

Por su parte, el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, matizó que "si hay una región en Europa donde el paradigma de la derecha y del modelo neoliberal ha fracasado, esa es Murcia".

Y es que las consecuencias del modelo especulativo y la cultura del pelotazo "son 140.000 parados", además "contamos con más casos de corrupción de Europa y España".

El 92,6% de los empleados de producción de El Pozo irán a huelga

MURCIA.- El presidente del Comité de Empresa de El Pozo Alimentación, Antonio Muñoz, informó en rueda de prensa, de que el 92,6 por ciento de los trabajadores de producción de la empresa murciana votaron a favor de la necesidad de realizar un huelga, del día 11 al 15 de este mes, para pedir el mantenimiento del sistema de incentivos y productividad actual, evitando que los trabajadores no dejen de percibir entre 300 y 500 euros mensuales.

A la convocatoria acudió también el secretario general de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras (CCOO), Santiago Navarro; el representante de Unión General de Trabajadores (UGT), José Sáez; así como un representante de la Unión Sindical Obrera (USO), José Urrea.

En este sentido, Muñoz indicó que "ante la negativa de la empresa de alimentación murciana de negociar con los trabajadores y después de la manifestación realizada en Alhama de Murcia, a la que acudieron cerca de 2.000 personas, y después de que el 92,9 por ciento de los empleados de producción de El Pozo reafirmaran su voto a favor en el referéndum realizado, la única salida que nos queda es la huelga".

De este modo, si la reunión que se va a celebrar el viernes entre el Comité de Empresa y la Dirección General de Trabajo no lo remedia, los trabajadores del El Pozo Alimentación realizarán una huelga desde las 00.00 horas del próximo lunes, día 11, y hasta las 00.00 horas del viernes, día 15.

Entre los motivos que llevaron al Comité de Empresa a convocar esta huelga destaca el mantenimiento del actual sistema de incentivos y productividad, con actualización y abono de los salarios dejados de percibir a los trabajadores que se le modificaron las tasas.

"Con este sistema la empresa creció de manera continuada durante 35 años, por lo que fue y es rentable para empresa y trabajadores", indicó Muñoz, quien añadió que, "si se modifica este sistema como pretende la empresa, los trabajadores dejarán de percibir al mes entre 300 y 500 euros".

Los trabajadores piden también el abono del 100 por ciento de la enfermedad profesional, como se venía realizando anteriormente por la empresa, y no el 75 por ciento como está ocurriendo desde hace un año; así como la conciliación de la vida laboral y profesional, ya que "muchos trabajadores no tiene la posibilidad de tener una jornada intensiva y la empresa modifica los horarios sin consultar con el Comité de Empresa", señaló su presidente.

Asimismo, los trabajadores piden el cumplimiento de los acuerdos de fijeza pactados con la empresa de 2004 a 2007, donde el 50 por ciento de los fijos se harían por antigüedad entre los eventuales, así como el cumplimiento de las resoluciones de la Inspección de Trabajo en materia de salud laboral y prevención de riesgos.

"La empresa pretende pasarse por el arco del triunfo la resolución que la Inspección de Trabajo realizó, a propósito del conflicto colectivo interpuesto por CCOO sobre un área de la factoría como es el salazón, y en el que se le aconsejó a la empresa bajar el ritmo de trabajo", explicó el presidente del Comité de Empresa.

En ese conflicto interpuesto, según explicó Muñoz, el inspector de Trabajo pedía a la empresa la cronometración de los puestos de trabajo, puesto que la cantidad y velocidad de los movimientos no eran los correctos; la modificación de los pesos que mueven los trabajadores por "ser exagerada"; así como que los estudios económicos realizados por la empresa son insuficientes.

Por su parte, Sáez puntualizó que "los trabajadores no están reivindicando algo fuera de convenio, pues el sistema de incentivos lleva funcionando más de 35 años", al tiempo que destacó "la unanimidad existente entre las tres fuerzas sindicales y los trabajadores".

Al hilo, Navarro indicó que el Comité de Empresa "está y estará siempre abierto a negociar, como demostró durante 35 años", al tiempo que calificó de ejemplar el comportamiento de los técnicos del sindicato y de la empresa, "porque siempre han llegado a acuerdos".

"Desgraciadamente, tenemos que mostrar nuestro malestar por la negativa de la empresa a sentarse a negociar con nosotros la solución de un conflicto generado por ellos, más aun cuando El Pozo confirmó, recientemente, un incremento de facturación del 11 por ciento (614 millones de euros en 2008)", finalizó Muñoz.

Versión de la empresa

El Pozo Alimentación lamentó hoy que el comité de empresa "haya manipulado la información para conseguir una decisión generalizada de huelga que va a resultar, de llevarse a cabo, muy negativa para todos", informó la compañía en un comunicado.

La empresa consideró que "no se está midiendo el perjuicio personal, comercial y de imagen que se puede hacer" y "sus efectos y resultado final no podrán reparar, durante bastante tiempo después, el daño que se haga".

A juicio del grupo, "es el peor momento para realizar reivindicaciones laborales en un entorno general de inseguridad en muchas empresas del país y de la región".

Además, reprochó al comité de empresa que, a pesar de que la convocatoria de huelga viene motivada por las revisiones que se vienen realizando de las tasas en todos los puestos de la factoría, esté "utilizando otras supuestas causas como los despidos mal llamados indiscriminados, la disminución de la plantilla o el incremento de accidentes de trabajo, entre otros".

De un tiempo a esta parte, señala en el comunicado, el comité viene demostrando su desacuerdo ante las revisiones de tasas provocadas por cambios del método operatorio, mecanización y mejora de instalaciones, entre otros.

La empresa propuso el arbitraje de la Autoridad Laboral y se comprometió a que si queda demostrado que las tasas "están mal aplicadas, fueran abusivas o se hubieran establecido objetivos inalcanzables, acataría el resultado del arbitraje abonando, con carácter retroactivo desde el comienzo de este conflicto".

Pero, aseguró la empresa, el comité "nunca aceptó el arbitraje técnico que nos ofreció la Dirección General de Trabajo y la Inspección de Trabajo".

De igual forma, El Pozo Alimentación negó que vaya a eliminar la posibilidad de llegar a la actividad máxima (90), ya que "el sistema Bedaux, siendo la actividad óptima 80, no impide llegar a 90".

Quiso dejar claro que la empresa "jamás ha quitado ni va a quitar dinero a los trabajadores" y aseguró que "cumple la más estricta legalidad vigente, aplicando el Convenio de Cárnicas". Lo que ocurre, aclaró que "al Comité no le ha interesado y, por lo tanto, ha impedido que los tribunales se pronuncien sobre este tema".

Por otra parte, El Pozo Alimentación achacó "los escasos despidos" a "incumplimientos muy graves de los trabajadores, con conocimiento previo del Comité de Empresa, quien fue informado antes que los propios interesados en cada uno de los casos".

Entre las causas destacó "el hurto, dormir en la jornada de trabajo, fingir una baja o falsificar partes de trabajo" y negó que se haya despedido a alguien "por llegar media hora tarde".

Según la empresa, una huelga en este momento podría conllevar una pérdida importante de pedidos; disminución importante de la matanza producida por esa disminución de pedidos y de la plantilla, por ese mismo motivo.

Además, calculó, la pérdida entre 80 y 100 euros de salario del trabajador por cada día de huelga. Esta huelga, concluye el comunicado, "afectaría de forma muy importante el salario de un tercio de la plantilla, casi mil personas, que no están sometidas al sistema Bedaux y que verían reducida su nómina de forma importante".

La producción industrial cae un 20,9% en marzo en la Región

MURCIA.- La producción industrial en la Región de Murcia en el mes de marzo decreció un 20,9 por ciento frente al mismo mes del año anterior.

Esto supone casi siete puntos por encima de la media nacional, donde se registró un descenso del 14,0 por ciento, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a las variaciones de los índices según el destino de los bienes, se producen los mayores descensos en los bienes de equipo con una bajada del 24,8 por ciento, seguido por los productos energéticos (24,2 por ciento), los bienes intermedios (24,1 por ciento), los bienes de consumo no duradero (15,3 por ciento) y los bienes de consumo duradero (13,1 por ciento).

Por actividad, la fabricación de bebidas experimentó un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior del 18,1 por ciento. Asimismo, también aumentaron, aunque en menor medida, la fabricación de productos de caucho y plásticos con un incremento del 3,2 por ciento y la industria del papel, arte gráficas y reproducción de soportes con un 0,6 por ciento.

Por el contrario, se producen los mayores descensos en la industria textil y de la confección con una variación en un año del 48,4 por ciento, la industria del cuero y del calzado con una caída del 42,2 por ciento, la fabricación de otros productos minerales no metálicos con un descenso del 41,7 por ciento, y la industria química y farmacéutica con una disminución del 30,2 por ciento.

También disminuyeron la metalurgia y fabricación de productos metálicos con un 29,5 por ciento, otras industrias extractivas con un 26,5 por ciento, el suministro de energía eléctrica y refino de petróleo con un 24,1 por ciento, otras industrias con un 22,2 por ciento, la fabricación de muebles con un 9,6 por ciento y la industria de la alimentación con un descenso del 2,5 por ciento.

La consejera de Hacienda niega que Marqués consiguiera un piso en Águilas a un precio ´muy bueno´ por la amistad entre ambos

MURCIA.- La consejera de Hacienda, la aguileña Inmaculada García, aseguró que "no es cierto nada de lo que aparece hoy en la prensa", al ser preguntada sobre la veracidad de las declaraciones del ex consejero de Medio Ambiente del Gobierno murciano, Francisco Marqués, quien reconoció que pagó un precio "muy bueno" por un piso en Águilas "gracias a la amistad de Inmaculada García, consejera de Hacienda de la Región de Murcia, que es prima del vendedor, Sebastián, y que adquirió dos apartamentos encima del suyo".

La prensa regional publicó hoy estas declaraciones que Marqués hizo al juez de instrucción número tres de Murcia, Antonio Alcázar, cuando acudió a declarar en su presencia el pasado 7 de marzo como sospechoso de delitos de prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales.

García, quien hoy participó en la presentación del Foro de la Sociedad de la Información de la Región de Murcia (Sicarm 09), dijo no tener "nada que relatar, las manifestaciones son valoradas en sí mismas".

En relación a si desmentía las declaraciones, indicó que "no es cierto nada de lo que aparece hoy en la prensa", pero instó a los periodistas a acudir al registro mercantil, que es público, "donde podrán comprobar, como profesionales que son, que, efectivamente, no es cierto".

Al ser preguntada sobre su relación de amistad con Marqués, García consideró que sus relaciones de amistad "forman parte de mi vida privada, no le interesan a nadie" y consideró que "no deben de ser públicas".

Sobrino de un antiguo alcalde

Los dos promotores detenidos ayer en Lorca son viejos conocidos de la sociedad aguileña. El primero de ellos, Sebastián Fernández Rabal, une a su condición de notario y promotor la de sobrino de un ex alcalde de la localidad. Fue precisamente durante esa época -en los años 60-, cuando su familia compró en Águilas las parcelas y terrenos en las que Sebastián desarrolla ahora su actividad urbanística, revela hoy 'La Opinión'.

El segundo detenido, José Cáceres Olivares, es muy conocido por su fuerte vinculación con la Semana Santa del municipio. De hecho, Cáceres ha sido secretario del Cabildo de Cofradías de Semana Santa durante varios años.

En la actualidad, el apoderado de Hacienda el Hornillo ostenta el cargo de presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, la agrupación más numerosa y popular de la semana santa aguileña y que también es conocida en el municipio como "la del Paso Azul".

Detenidos por ´regalar´ un piso a Marqués

La pista del dinero negro del ex consejero y actual director general de Hefame, Francisco Marqués, ha llevado a la Policía Nacional hasta otros dos promotores inmobiliarios. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Jefatura Superior de Murcia -en colaboración con la Unidad de Delincuencia Fiscal de Madrid- detuvieron ayer al administrador único de la sociedad Hacienda el Hornillo S.L., Sebastián Fernández Rabal, y a su apoderado en esta empresa, José Cáceres, según la versión de 'La Opinión'.

Según los investigadores, Fernández Rabal -un conocido notario de Lorca que tiene varias empresas relacionadas con la promoción urbanística- habría 'regalado' a Marqués una vivienda en Hacienda el Hornillo, una urbanización situada en el centro de Águilas, junto a las playas de el Hornillo y las Delicias.

Este supuesto 'regalo' -Marqués pagó 104.000 euros en 2007, lo que supone hasta un 260% menos por la vivienda que el resto de propietarios- sería el precio que los promotores habrían pagado por los 'favores' que, según los investigadores, habría hecho Marqués mientras era consejero de Medio Ambiente para, supuestamente, sacar adelante el plan parcial Hacienda del Hornillo. Ahora, los agentes les acusan de cohecho, prevaricación y un delito contra el medio ambiente.

De hecho, la propia urbanización Hacienda el Hornillo, así como los apartamentos de Bahía del Hornillo, ya habían sido objeto de varias denuncias por parte de la formación Izquierda Unida, grupos ecologistas y de asociaciones vecinales de la localidad.

Entre otras cosas, las asociaciones ecologistas denunciaron que la urbanización -cuya tramitación se concluyó cuando Marqués era consejero de Medio Ambiente- se había construido tomando terrenos que formaban parte de una zona protegida. Además, la empresa de Fernández Rabal es responsable del centro comercial Águilas Plaza y de los multicines El Hornillo.

Fernández y Cáceres están acusados de cometer presuntamente varios delitos al haber promovido el cambio de uso de un suelo en la costa de Águilas, en la etapa en la que ocupaba la consejería de Medio Ambiente Francisco Marqués, que se encuentra actualmente en libertad con cargos.

la vivienda de Francisco Marqués en Águilas la promovió la empresa del notario detenido ayer, Hacienda El Hornillo S.L., que fundó su padre en 1972 y que se dedica a la construcción de complejos residenciales, centros comerciales y salas de cine.

Hacienda El Hornillo, que ocupa el puesto 360 de empresas murcianas en volumen de facturación, recibió el pasado año el premio a la "mejor actuación inmobiliaria" de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia por la construcción del centro comercial Águilas Plaza, que se sitúa a escasos metros de las playas Las Delicias y El Hornillo, junto a las salas de "multicines" del mismo nombre.

El apoderado de Hacienda El Hornillo detenido, José Cáceres Olivares, es miembro de la ejecutiva local del PP de Águilas, un partido que "se encuentra a la espera de acontecimientos" para decidir sobre su suspensión de militancia, según fuentes populares.

Las detenciones se produjeron a instancias del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia -responsable de la investigación sobre La Zerrichera-. En la jornada de ayer, la Policía Nacional realizó tres registros en los que se incautaron de un maletín y diversa documentación relacionada con la actividad urbanística del notario.

Tras los registros, los dos arrestados fueron trasladados a la Comisaría de Policía Nacional, en Murcia.

Sebastián Fernández y José Cáceres llegaron a la Jefatura Superior de Policía de Murcia alrededor de la una de la pasada madrugada procedentes de Lorca, donde habían permanecido en la comisaría a la espera de que los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía concluyeran los registros realizados en la notaría de Lorca, las viviendas de los detenidos en Águilas y la sede de Hacienda El Hornillo.

Está previsto que pasen a disposición del juzgado que lleva el caso al final del día o mañana por la mañana a primera hora.

La Policía registra la Consejería de Obras Públicas y Agricultura en relación con las detenciones en Lorca y Águilas

MURCIA.- Cinco agentes de la Policía Nacional adscritos a la UDEF se han personado esta mañana en la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, en Murcia, por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 en busca de documentos relacionados con los detenidos ayer en Águilas y Lorca, más una tercera persona, el arquitecto Jorge Sotelino Vico, según ha informado hace unos minutos el circuíto regional de la Cadena SER.

En concreto los policías han ido directamente a la 4ª planta, a la dirección general de Urbanismo y Vivienda (en la imagen), en busca de determinados documentos relacionados con esta presunta trama de corrupción en la que, al parecer y según 'La Verdad', se pudiera encontrar implicado otro notario cuya identidad todavía se desconoce. Ese fedatario público estaría siendo ya sometido a una muy discreta vigilancia aunque se espera en las próximas horas una declaración voluntaria ante la Policía para reconocer su concurso profesional en los hechos y que determine el juez.

Jorge Sotelino es el autor de todos los grandes proyectos urbanísticos arquitectónicos de Águilas durante los últimos años, coincidiendo con los gobiernos municipales del PP, desde el hotel 'Don Miguel' hasta 'La Zerrichera', pasando por los minicines de El Hornillo y no oculta en público que se encuentra enamorado de la política urbanística de este municipio.

Para nadie es un secreto en Águilas que se trata del arquitecto de cabecera del notario ahora detenido en su calidad de promotor inmobiliario puntero en esta localidad del litoral murciano. Y el predilecto del alcalde, Juan Ramírez Soto, hasta extremos insospechados, que ahora irán saliendo, se supone, conforme avance la instrucción judicial.

Los agentes de la Policía Nacional se personaron en esta consejería pero estuvieron primero en la de Agricultura y Agua, para solicitar información sobre determinados expedientes, de entre los años 2003 y 2007, relacionados con las dos detenciones practicadas en Lorca.

Al parecer, los agentes acudieron a primera hora de la mañana a la Consejería de Agricultura y Agua para solicitar la información, pero se les remitió a la sede de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en la calle Catedrático Eugenio Úbeda, por encontrarse allí el grueso de los expedientes.

Sobre las 11.30 horas, los agentes se trasladaron a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, donde solicitaron información concretamente en la Dirección General de Urbanismo y en la Dirección General de Transportes y Puertos.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que sí se requisó documentación relativa a procesos urbanísticos llevados a cabo en Águilas. Se trataría, supuestamente, de expedientes relativos a Hacienda El Hornillo y otros que tendrían relación con las dos arrestos realizados ayer en Lorca por presunta prevaricación, cohecho y delito medioambiental.

Los registros fueron practicados por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Murcia, en colaboración con policías venidos de Madrid de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales-Brigada de Blanqueo de Capitales (UDEV-BLA).

Según publica hoy 'La Verdad', "por más que el ex consejero del Gobierno murciano Francisco Marqués se haya empeñado en negar lo contrario, en los últimos años, según ha confesado ante el juez, ha tenido la fortuna de poder adquirir unos cuantos chollos inmobiliarios. Pisos y dúplex a precio de ganga, de los que el ex alto cargo asegura haberse beneficiado por mera fortuna: por tener un amigo que le daba el soplo de un inmueble especialmente barato, por tener una compañera de profesión que es prima de un constructor...

Pero las explicaciones de Marqués, que fue detenido el pasado marzo por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, no parecen haber convencido por completo al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, coordinador de la causa sobre el caso Zerrichera, quien ha instado a los especialistas de la Policía Nacional a que sigan el rastro de cada una de esas operaciones que permitieron al imputado amasar un amplio patrimonio inmobiliario.

Fruto de las investigaciones realizadas en las últimas semanas por los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, brigada de Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) ha sido la detención, ayer, del notario y constructor Sebastián Fernández Rabal, así como del apoderado de una de sus sociedades promotoras, José Cáceres Olivares.

Los informes policiales, ya en poder del magistrado, consideran que Sebastián Fernández Rabal, a través de su apoderado y hombre de confianza, habría pagado a Marqués por el supuesto trato de favor que éste le habría otorgado desde su cargo de consejero de Industria y Medio Ambiente.

En concreto, indican los especialistas de la UDEF-BLA que Marqués habría autorizado a Fernández Rabal a llevar adelante algunas construcciones pese a afectar a zonas protegidas por la Ley de Costas.

Como premio a esos favores, a ese presunto trato privilegiado, siempre según los informes policiales, el promotor le habría hecho a su benefactor algo parecido a un pago en especie: le habría rebajado sustancialmente el precio de un piso en una de sus promociones, la Hacienda del Hornillo de Águilas: hasta el 70% de su valor de mercado, según señalan los especialistas de la UDEF-BLA en los informes remitidos al juez.

Es fundamentalmente por tal razón, por ese supuesto regalo a Marqués, por lo que un grupo de policías detuvo ayer por la mañana al notario y constructor Sebastián Fernández Rabal y al apoderado de la sociedad Urbanística Hacienda del Hornillo S.L., José Cáceres Olivares, como imputados en los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, según confirmaron a La Verdad fuentes próximas al caso.

Los arrestos causaron ayer una gran conmoción en Lorca y, sobre todo, en Águilas, donde los dos sospechosos son muy conocidos. No en vano, Sebastián Fernández ejerce su profesión de notario en Lorca pero, a la vez, es el impulsor de importantes proyectos urbanísticos en Águilas, como el gran complejo Hacienda del Hornillo, el centro comercial Águilas Plaza y los multicines El Hornillo. Además es presidente del Consorcio Turístico de Águilas y primo de la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno murciano, Inmaculada García Fernández.

Por lo que se refiere a José Cáceres Olivares, éste es miembro de la dirección ejecutiva local del Partido Popular (secretario de Economía y Empleo, según consta en la web del partido) y presidente del Paso Azul de la Semana Santa de Águilas, que saca en procesión a la Patrona aguileña, la Virgen de los Dolores.

El notario lorquino comenzó a ser investigado cuando los agentes de la UDEF-BLA localizaron, durante el transcurso de varios registros en viviendas de Marqués, la escritura de un inmueble de Hacienda del Hornillo. Los especialistas policiales comprobaron que el vendedor era el citado Sebastián Fernández Rabal, aunque habría utilizado -según fuentes vinculadas a la investigación- el protocolo de otro notario, conocido suyo, con el supuesto fin de ocultar las presuntas irregularidades existentes en la operación de compraventa.

Tras detener al notario y a su apoderado, los policías procedieron ayer a registrar los domicilios de ambos y, una vez concluidos éstos, también las dependencias de la notaría lorquina, de la que se llevaron abundante documentación.

Las fuentes citadas señalaron que Sebastián Fernández encargó en días pasados la renovación completa del sistema informático de la notaría, lo que ha levantado suspicacias entre los investigadores por si pudiera tratarse de un intento de destruir documentos.

Por el hilo se llega al ovillo

El pasado 7 de marzo, el ex alto cargo del Gobierno de Valcárcel, Francisco Marqués, quien fue consejero de Sanidad, más tarde de Industria y Medio Ambiente y delegado del Gobierno en Murcia durante un breve periodo de tiempo, fue conducido a presencia del juez de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar. El ex consejero y actual director general de Hefame llevaba casi tres días detenido, como sospechoso de delitos de prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales.

En su declaración, que La Verdad publicó en exclusiva, Marqués ofreció una extensa explicación sobre la adquisición de uno de sus múltiples pisos, éste en Águilas, así como del ventajoso precio al que lo compró. Esto dijo:

«Que la vivienda de Águilas se la compró al notario de Lorca Sebastián Jiménez Peral (en realidad, Sebastián Fernández Rabal), en el año 2004. Que la mercantil Hacienda del Hornillo S.L. cree que es de su propiedad. Que José Cáceres (también detenido ayer) es el apoderado y sólo ha coincidido con él en dos o tres ocasiones».

«Que no sabe el motivo por el que se demoró la firma de la escritura; que se trataba de una vivienda en construcción y que además tuvo algunos problemas de tipo administrativo. Que no ha utilizado la vivienda y que ni siquiera ha contratado la luz eléctrica».

«Que reconoce que el precio fue muy bueno, gracias a la amistad de Inmaculada García, consejera de Hacienda de la Región de Murcia, que es prima del vendedor, Sebastián, y que adquirió dos apartamentos encima del suyo. Que cree que por ese motivo el precio fue bueno».

«Que en ese momento pensaba que iba a utilizarlo, pues le gustaba mucho la zona, pero al adquirir la vivienda de Campoamor no ha llegado a usarlo. Que sólo pagó mil euros en la firma del contrato privado y ya después en la firma de la escritura. Que los 10.280 euros que aparecen en la escritura no recuerda su origen. Que el hecho de que en la escritura aparezca una fecha de entrega de los mil euros del contrato privado puede deberse a un error. Que a pesar de lo que ponga en el contrato privado no pagó nada durante la obra. Que preguntó en una ocasión al señor Cáceres y éste le dijo que no se preocupara, que ya pagaría cuando se hiciera la escritura».
«Que desde su punto de vista la compra fue estupenda. Ni tiene explicación ni se la ha buscado a que el precio fuera tan ventajoso: 104.000 euros».

«Exhibido el documento de comunicación de Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 27-7-2004, con destinatario Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas de su consejería, en fechas en que ya era consejero, y que obraba junto al contrato privado de compraventa, según aparece en el registro, contesta que ese documento se lo entregó el señor Cáceres, y lo guardó junto al contrato, aunque no puede dar una explicación en este momento. Que cree que era un acceso de escalera a la playa, que supone que habría algún problema y supone que el señor Cáceres le entregaría el documento para que supiera de la existencia de ese problema y de las gestiones sobre este particular con la señora Baraza, directora general de Costas, que era pariente suya. Que no hizo absolutamente ninguna gestión sobre ese particular (...) Que ignora si se contestó o no, ni las gestiones que se hicieran, pero el declarante no tiene absolutamente nada que ver. Que el acceso a la playa está todavía cerrado, por lo que es probable que todavía exista el problema».

Un amigo de cuidado

Nadie, ni el juez Antonio Alcázar; ni el fiscal superior, Manuel López Bernal; ni siquiera su abogado defensor, Jaime Peris, preguntó al imputado Francisco Marqués por la consejera Inmaculada García. Fue el ex consejero, motu proprio, quien al ser interrogado por las razones por las que compró tan barato, tan inexplicablemente barato, un apartamento en la Hacienda del Hornillo de Águilas, sacó a colación a su ex compañera en el Consejo de Gobierno. «Reconozco que el precio fue muy bueno gracias a la amistad con Inmaculada García, consejera de Hacienda, que es prima del vendedor, Sebastián (el notario de Lorca detenido ayer)», dijo. Y añadió, también sin que nadie se lo solicitase, que ella misma «adquirió dos apartamentos encima del suyo».

La amistad de Francisco Marqués e Inmaculada García es un hecho conocido en ámbitos políticos desde el año 2003, en que ésta pasó a formar parte del Gobierno autónomo. Fue el entonces consejero de Sanidad quien hizo de valedor de su amiga y vecina ante el presidente Ramón Luis Valcárcel. En una cena, celebrada en el domicilio de Marqués, fue donde se la presentó al jefe del Ejecutivo murciano, quien la fichó como consejera de Hacienda.