sábado, 18 de abril de 2009

Primera línea ferroviaria directa de mercancías entre Murcia y Barcelona

MURCIA.- El primer tren de mercancías directo entre Murcia a Barcelona, vía Albacete, comenzará a funcionar el próximo lunes, día 20, con dos trayectos semanales, Murcia-Barcelona y Barcelona-Murcia, con el objetivo de dotar al tejido industrial murciano de las infraestructuras necesarias para incrementar su competitividad.

El convoy, dotado con trece vagones y cuya capacidad es similar a la de 22 camiones, saldrá los lunes a las 19.45 horas de la estación de Nonduermas (Murcia) y llegará a las 7.30 horas a la estación barcelonesa de Can Tunis, mientras que en sentido inverso partirá los jueves a las 20.20 horas, con llegada a Murcia a las 8.15 horas del viernes.

El operador de este servicio es Alfil Logistics, una empresa del grupo DAMM, aunque también participa Renfe, y unirá Murcia con Barcelona por tren, a través de Albacete y Valencia.

El coste mayoritario, aparte de una simbólica aportación pública regional, será asumido por las cuatro empresas beneficiarias del mismo. De momento, ya hay una docena de industrias interesadas; todas ellas dedicadas a los sectores agroalimentario y energético.

El diputado Ayala (PP) reclama al PSOE que aclare quién fue a la comida previa a la 'Operación Tótem'

CARTAGENA.- El diputado nacional del PP por Murcia, Andrés Ayala, reclamó a los dirigentes socialistas reionales que aclaren quién fue a la comida que, como se denuncia en una querella presentada por un implicado en la 'Operación Tótem', al parecer tuvo lugar antes de las detenciones de esta investigación.

En este sentido, Ayala instó al PSOE a que "aclare si a esa supuesta comida con la juez que instruía el caso fue el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo; el secretario general del PSRM, Pedro Saura; el ex alcalde de Lorca, Leoncio Collado; el secretario del PSOE de Alhama, José Espadas y si también participó, como hemos conocido posteriormente, el vicesecretario del PSOE, José Blanco".

A juicio de Ayala, "el PSOE debe dar explicaciones sobre quién asistió a esa comida, que ya han reconocido que se produjo, y en qué condiciones, así como si efectivamente el PSOE puede demostrar o no que la juez que instruye el caso Tótem, sobrina de un alto dirigente del PSOE, estuvo o no en esa reunión".

Y es que, según Ayala, el ex ministro Bermejo "está acostumbrado a este tipo de actuaciones". "Es diputado por Murcia y fue cesado por el escándalo que se produjo a consecuencia de la cena que mantuvo con el juez, el jefe policial y la fiscal que participaron en la Operación Gürtel", recordó.

De ahí que comentará "qué casualidad resulta que Bermejo participara en esta comida que al día siguiente da lugar a las detenciones del caso Tótem", al tiempo que añadió que Bermejo "está acostumbrado a participar en cacerías, a pagar las piezas de caza con billetes de 500".

Finalmente, Ayala consideró, según un comunicado del PP, que "esas prácticas a las que Bermejo nos tiene acostumbrados, y que al parecer también ha realizado en Murcia, requieren de una explicación por parte del PSOE y qué medidas va a tomar, porque tener en Murcia un representante en el Congreso que tiene prácticas antidemocráticas y de un talento incalificable no puede seguir manteniéndose".

El arquitecto municipal de Librilla asegura que no ha visto irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento

MURCIA.- El arquitecto municipal de Librilla, José Luis Martínez, aseguró ayer que no ha visto irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento, aunque precisó que como tal "tampoco era mi misión".

Martínez que hizo estas declaraciones momentos antes de entrar a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo de las Heras, que investiga la presunta trama de corrupción urbanística destapada en noviembre del pasado año en dicho municipio, incidió en este sentido en que "la parte de gestión de lo que son los convenios prácticamente todo era a Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL)", empresa municipal que adjudicó a Acadi la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de dicho municipio.

"En nuestra área no hacíamos nada de ese tipo", insistió.

Tras prestar declaración ante el magistrado durante más de cinco horas, Martínez, quien permanece imputado por esta trama, dejó claro que facilitó toda la documentación que se le pidió, "incluso más de lo que yo tenía", y que no ha sido citado nuevamente a declarar.

Al hilo, afirmó a los periodistas allí presentes que salía "más tranquilo" y que la comparecencia giró entorno a preguntas relacionadas con las adjudicaciones de las empresas y "más cuestiones". Tras lo que agregó que él no ha firmado nunca y que "esto correspondía a la empresa municipal IDL".

En concreto explicó que su función era "el área de urbanismo municipal porque IDL no es el Ayuntamiento, es una empresa municipal totalmente a parte del consistorio".

Su papel, prosiguió, era "menos casar a la gente, de todo", porque "aquello es muy pequeño, un ayuntamiento que tiene 4.000 habitantes y el área de Urbanismo la llevaba un secretario, un administrativo y yo".

"Ha sido a raíz de estos últimos tiempos de sanción cuando han intervenido más técnicos y se decidió hacer el Plan General de Ordenación Municipal", añadió.

Respecto a dicho plan indicó que "se contrató un equipo que era el que lo llevaba y la empresa municipal de suelo IDL, que era totalmente autónoma, y en la que yo no he intervenido en absoluto".

La ronda de comparecencia se reanudó tras un paro de una hora para comer, poco antes de las 17.00 horas, con la declaración de Domingo Peñalver, el ingeniero de Caminos y el que fue copropietario de la empresa Acadi, adjudicataria de la redacción del PGOM de Librilla, que acudió al Tribunal ocultando su rostro y negándose a hacer ningún tipo de declaración a los medios.

El pasado mes de diciembre, el juez dictó para Peñalver libertad con cargos y sin fianza.

Tras la declaración de Peñalver se tiene previsto que comparezcan el representante de la empresa Topomur S.L., Francisco Julián Mena y el representante de Asotec Ingenieros S.L., Francisco Javier Conejo, ya que ambas empresas, junto con Acadi, concurrían a los concursos del Ayuntamiento.

Finalmente, la comparecencia del ex concejal de Patrimonio y Finanzas del Ayuntamiento de Librilla, Francisco Navarro, no se producirá ya que, como explicó su letrado, no vendrá al encontrarse en el extranjero.

En la denominada 'Operación Biblioteca', el magistrado abrió un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

Así, ordenó el ingreso en prisión provisional del alcalde 'popular' de Librilla, José Martínez García; el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez; el consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L, José Andrés Cortés; y el funcionario de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde el año 2007, José Luis Cano, quedando todos ellos en libertad el pasado mes de diciembre.

IU de Totana exige al PP y al Gobierno de Valcárcel que "deje claro si está a favor de los imputados en la trama"

TOTANA.- IU en Totana exigió hoy al PP y al Gobierno de Ramón Luis Valcárcel que "dejen claro si está a favor de la justicia o de los especuladores e imputados en la trama de corrupción urbanística que tanto daño está haciendo al municipio".

Asimismo, solicitó saber "si apoyan las querellas y afirmaciones sin sentido de un acusado por la justicia, Manuel Nuñez, abogado y promotor gallego, dueño de la firma Inmonuar y uno de los principales imputados en el 'caso Tótem', o está en contra de los que presuntamente pretendían enriquecerse a costa de los intereses públicos o valiéndose de sus cargos y acusados en la 'Operación Tótem'".

En este sentido, el concejal de IU en Totana, Juan José Cánovas, puso de manifiesto, en un comunicado, que "los ataques y dudas que el PP y su entorno pretende sembrar sobre la juez del caso 'Tótem' contrastan con las alabanzas a otra magistrada de Totana, cuando en plena campaña electoral condenó a los concejales del PSOE a pagar una indemnización a Juan Morales por atentar contra su honor, que meses después fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia, poniendo de manifiesto que el honor del diputado del PP no era tal".

Por todo ello, IU instó al PP a "apoyar a la justicia y castigar a los corruptos, que no merecen los cargos que el pueblo les ha dado si actúan defendiendo los intereses de especuladores o el enriquecimiento personal".

Carta abierta a la directora de la ANECA, doña Emma Rauret Dalmau/ Por Irene Prüfer Leske *

El 2 de febrero firma Vd. un artículo en El País en el cual defiende a la ANECA contra reproches tales como “burocrático”, término que interpreta como “arbitraria operatividad, la ineficacia y tomadura de pelo a los sufridos contribuyentes”, calificaciones que me parecen tiernas comparadas con lo que representa la ANECA en realidad.

Las evaluaciones, tales como han sido denunciadas por UGT en numerosas ocasiones, según me consta, siguen igual, y a pesar de los titulares triunfalistas en el Boletín de UGT-FETE Enseñanza en el mes de noviembre de 2008: “La ANECA obligada a rectificar en las acreditaciones de Profesorado”, no se rectifica. El 6 de abril recibimos otro comunicado de UGT donde se apunta, entre otros, los siguientes logros, “Algunos cambios fruto de nuestras propuestas-presión respecto a la ACREDITACIÓN NACIONAL”:

- Puesta en funcionamiento de un procedimiento muy básico para poder recusar a los expertos. Informe con valoraciones numéricas (aunque todavía sin desglosar).

- Aceptación a trámite de numerosos recursos por el Consejo de Coordinación Universitaria.

- Aparición de una “comisión de recursos” en la ANECA. ¿Serán logros para los afiliados de ciertos sindicatos? Porque en las pre-evaluaciones y resoluciones sigue reinando:

1.- La vulneración de preceptos legales recogidos en la propia constitución, como p.ej.: La discriminación por razón de condiciones psicofísicas y de salud, ex articulo 14 CE, como la protección frente a tratos y actuaciones denigratorias en atentado al bien de la integridad moral ex articulo 15 CE, de entre los fundamentales, y, por añadidura, los que emanan, asimismo a favor del ciudadano en relación administrativa, ex articulo 103, 104 y 106. 2. CE, vulnerando el principio de “objetividad” del Art. 103, no revelando la ANECA la identidad de los “expertos”:

Los expertos deberían ser del área específico de los evaluados. P.ej. los 325 expertos que están en la lista del “Ramo de Artes y Humanidades” surgen de los más diversos áreas de conocimiento, de modo que en su mayoría dichos expertos incluidos en la lista no son del área de conocimiento del solicitante. Por lo tanto, puede existir una falta de especialidad técnica en el experto. Además la no revelación de la identidad puede encubrir una enemistad manifiesta de éste con el solicitante de la acreditación provocando un hecho presuntamente punible de los tipificados en el art. 404 que constituye la valoración por parte de los expertos de la actividad docente como “baja” por “baja por enfermedad” y “por año sabático”.

2.- Nos encontramos ante un fraude material y formal de la normativa aplicable, ya que la evaluación no corresponde a lo estipulado ni a ningún tipo evaluativo reconocido en España desde hace más de 30 años en la enseñanza primaria, media y universitaria ni a los principios mundialmente reconocidos de validity, reliability y objectivity.

Calificar a los expertos que Vd. encubre como “incompetentes” sería demasiado benévolo ya que actúan en ocasiones con alevosía y predeterminación, los sindicatos lo califican suavemente de “subjetividad”.

No únicamente reina la falta de transparencia, sino es obvio que algunos expertos ni conocen el Real Decreto 1312/2007 ni la normativa de los Principios y Orientaciones para la Aplicación de los Criterios de Evaluación, ni se molestan en leer los méritos que el solicitante expone. Hasta se reservan en ocasiones el “derecho” de no emitir ningún juicio sobre determinados méritos y agregan constataciones incorrectas para mayor perjuicio.

El RD 1312/2007 establece unas puntuaciones mínimas y máximas, pero no revela ningún tipo de baremo o principios que maticen un tertium comparationis o la correlación entre calificaciones globales extraídos del lenguaje coloquial (“puntos fuertes”, “media”, “notable”, “muy limitado”, “bajo”) y puntuación y la correlación entre los diferentes dictámenes de los dos expertos (a veces contradictorios) y la resolución definitiva.

3.- Las evaluaciones siguen siendo humillantes y desmotivadoras: Los “expertos”, en ocasiones, en vez de calificar, descalifican y ningunean: Se recurre a series de constataciones negativas: “No ...”. Los “expertos”, según el Real Decreto, sin embargo, deben “valorar” datos objetivos alegados por el solicitante. En vez de ello, “no valoran” e insisten sobre lo (poco) que le falta.

4.- De este modo y sin ética alguna, la ANECA incumple su propio código ético del art. 8 del citado RD y Vd. firma y reafirma la impunidad de sus “expertos” con respuestas automáticas: “Vistas las alegaciones presentadas por la solicitante, la Comisión considera que no se aportan nuevos elementos de juicio que justifiquen la modificación de su informe inicial y se ratifica en él”.

5.- De este modo sigue el efecto “Vuelva Vd. mañana” o “Vaya a la justicia”. Desde la SOBERBIA Y EL PODER nos envía de una institución ineficiente a otra.

Y no revela datos estadísticos al respecto, pero los solicitantes estamos obligados a recurrir en masa a la justicia con todas las dificultades y el coste que esto conlleva pagando los recursos de nuestros bolsillos y con nuestros impuestos a los abogados de nuestra propia administración enfrentada al administrado, pagando a letrados que “defienden” los procedimientos ilegales de su institución.

La endogamia ha podido con los Austrias, el procedimiento endogámico de acreditación podrá con la Universidad española.

(*) Prof. Titular de la UA, Presidenta de VAMUE y de la Asociación Alexander von Humboldt

Un juez imputa a un terrateniente de Cartagena por la 'distracción' de caudales públicos

MURCIA.- Ni el mismísimo fiscal madrileño de Medio Ambiente lo consiguió: que un juez imputara a algún propietario desaprensivo por robar agua. Tras los intentos infructuosos de Valerio, ahora un juez de Murcia imputa un gran terrateniente agrícola y promotor inmobiliario del Campo de Cartagena, Mariano Roca Meroño, por participar en la “distracción” de caudales públicos para convertir secano en regadío, según un auto al que El Confidencial ha tenido acceso.

El juez de Instrucción del número seis de Murcia ha imputado a uno de los mayores terratenientes del Campo de Cartagena, Mariano Roca Meroño, por “un delito de distracción del curso de las aguas”, tipificado en el artículo 247 del Código Penal. Para Ecologistas en Acción (EeA) se trata de un delito de robo de agua y delito ambiental tipificados en los artículos 325 y 326 de la misma Ley Orgánica.


El juez Andrés Carrillo ha ampliado la imputación inicial a Ángel Conesa Saura, administrador de Agropecuaria Coro S.A., y a Mariano Roca Meroño (en la imagen), como coadministrador mancomunado de esa sociedad, según la escritura de compraventa de la finca Salafranca por la que pasó a ser propiedad de Conesa y Roca, en marzo de 2004.


Este caso es el primero en el que un juez llega a imputar a alguien por, según EeA, un delito de robo de agua. Anteriormente, fracasaron otros casos similares auspiciados desde Madrid por el fiscal de Medio Ambiente Emilio Valerio contra dueños de otras explotaciones agrarias en el Campo de Cartagena.


La fiscal C. Martínez Sánchez pidió en octubre de 2007 que la imputación se ampliara a Roca Meroño, cosa a la que ha accedido el juez el 30 de marzo pasado. Roca Meroño es uno de los principales terratenientes del Campo de Cartagena, con negocios que van desde las explotaciones agrícolas hasta solares y construcciones de muy diverso tipo.


La “distracción”, según el juez, o el “robo”, según EeA, de agua se produjo en esa finca porque Agropecuaria Coro S.A. regaba 160 hectáreas con 90.000 metros cúbicos anuales, caudal suficiente sólo, según el auto de noviembre de 2007, para las 18 hectáreas de secano que tenía autorizada la finca Salafranca.


Explotación irregular de pozos de agua


La finca está situada en la pedanía murciana de La Murta, fuera de los regadíos del Trasvase Tajo-Segura. La “distracción” o “robo” de caudales se produce mediante la explotación irregular de dos pozos de agua -denunciada y sancionada por la propia Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)- que extraían su caudal de aguas subterráneas pertenecientes al Dominio Público Hidráulico, según la Ley de Aguas de 1985.


Si el juez mantiene su imputación por el artículo 247 las penas previstas son de tres a seis meses de cárcel. Si, por el contrario, acepta la vía de los artículos 325 y 326, las penas previstas son mucho más elevadas: de seis meses a cuatro años de cárcel.