sábado, 22 de noviembre de 2008

“Extrañas ausencias” de los dirigentes populares / Juan Redondo

Desde Estrasburgo, Ruiz Vivo, portavoz de los populares murcianos, reiteraba que está en sus cosas como presidente de la Comisión de Empleo de la Asamblea y que no “tiene ni idea de lo que está pasando en Librilla”.

En la puerta del Palacio de Justicia, por la noche, sólo esperaban al alcalde y al concejal popular de urbanismo del ayuntamiento los familiares más directos. Llevaban cerca de treinta horas detenidos por un supuesto delito de cobro ilegal de comisiones en una trama urbanística en la que estarían implicados un alto funcionario de la Comunidad y otros del Ayuntamiento de Librilla.

Mientras la investigación judicial se pronuncia, los responsables populares han hecho mutis. Al fin y al cabo “Pepe, el Mecánico” es ese alcalde entrañable que luce en una convención del partido o que organiza una matanza para Nuevas Generaciones. Para llenar sus posibles carencias está el partido o los funcionarios. Caza menor; dicen los que le conocen bien que es un personaje predispuesto para el asesoramiento: “porque tú, de esto no entiendes”; o para volar el primero delante de las escopetas de los cazadores mientras otros más elegantes se convidan en el casino.

De ser ciertas las imputaciones, los vecinos dicen que le han engañado, porque él no es un lince o un joven proyecto político de futuro como sus compañeros alcaldes de Totana, o de Torre Pacheco, ahí la respuesta de apoyo del PP fue rápida y clara. Parece que no sabe mucho de la trama o desconoce quién tiene enterrados “muertos en el jardín”.

En San Esteban se supone que los consejeros y directores generales están más cualificados que “El Mecánico”, y asistimos a metidas gordas por parte de algunos altos funcionarios sin escrúpulos.

Para los populares en ocasiones las cosas cambian si las hace “Agamenón o las hace el porquero”. Y dicen que si el alcalde de Librilla, por un casual, saliera con una imputación menor, en la fiesta estarían en primera línea todos los dirigentes del partido, empezando por los ahora “ausentes”.

El bufete de Martínez Andreo

De la defensa del alcalde de Librilla, José Martínez, se ha encargado María Pascual del bufete que lleva a Martínez Andreo, el edil totanero, que pasó un tiempo en la cárcel y está en libertad previo pago de fianza, con baja temporal del PP.

Dicen que el despacho dirigido por el catalán González Franco a este paso va a tener que montar una franquicia en la Región. Y es que a los penalistas en estos tiempos que corren no les falta trabajo.

Evaristo Llanos lleva a uno de los imputados de Librilla y tiene clientes en Los Alcázares, Totana y Torre Pacheco. José María Caballero se multiplica por días y Pardo Geijo se reserva para las grandes ocasiones.

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La UCO de la Guardia Civil se presenta en San Esteban en busca de documentos concretos

MURCIA.- La investigación que la Guardia Civil desarrolla dentro de la Operación Biblioteca, y que ha supuesto la desarticulación de una supuesta trama de corrupción urbanística en Librilla, se trasladó ayer al palacio de San Esteban, sede de la Consejería de Presidencia y del Consejo de Gobierno, según revela hoy "La Verdad".

Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), responsables de la investigación del caso de Librilla, se personaron ayer por la mañana en el edificio, que acoge también las oficinas del presidente del Gobierno regional, en busca de determinados documentos relacionados con la investigación.

Según confirmaron fuentes oficiales de la Consejería de Presidencia, los dos agentes fueron atendidos por el secretario general de la Consejería, José Gabriel Ruiz, quien facilitó la documentación reclamada por los agentes, aunque no toda, ya que una parte había sido remitida de forma voluntaria por la propia Consejería al Juzgado que instruye el caso un día antes.

Los papeles que no pudo llevarse ayer la Guardia Civil del palacio de San Esteban son los que componen el expediente de información reservada abierto por la Consejería a José Luis Cano, ex jefe de la Oficina de Asistencia Técnica a los Municipios de la Dirección General de Administración Local y considerado como uno de los cabecillas de la trama de corrupción.

Dicho expediente, tramitado en abril del pasado año, se archivó tras no detectar ninguna irregularidad. Dos meses después, el 1 de junio, el funcionario en cuestión pidió la excedencia voluntaria.

Este expediente forma parte de la documentación enviada por propia iniciativa anteayer al Juzgado por la Consejería de Presidencia.

La presencia de los agentes de la Guardia Civil en el palacio de San Esteban se llevó a cabo con la máxima discreción y, según fuentes de la Administración, en todo momento predominó el diálogo y la colaboración entre los encargados de la investigación y los responsables de la Consejería.

Se da la circunstancia de que ayer, en el mismo edificio, aunque en distintas plantas en las que se encontraban los miembros de la Guardia Civil, se celebró la reunión ordinaria de los viernes del Consejo de Gobierno, presidido por Ramón Luis Valcárcel, tras la que la consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, ofreció la habitual rueda de prensa.

Con el palacio de San Esteban ya son tres, junto con el Ayuntamiento de Librilla y las dependencias de la Dirección General de Administración Local, las sedes institucionales que han recibido la visita de los agentes de la UCO a causa de la Operación Biblioteca.

El máximo dirigente socialista regional, Pedro Saura, ha revelado que su grupo político pedirá que comparezca en la Asamblea Regional la persona que dirigía la Consejería de Presidencia en la época investigada, en el caso de Librilla, para que aporte toda la información y saber qué ha pasado con el dinero público. Se trata de Fernando de la Cierva, hoy en la empresa "Polaris World".

Bajas cautelares

La dirección del Partido Popular de la Región de Murcia, a la vista de las informaciones trascendidas sobre la denominada operación ‘Biblioteca’, ha decidido dar de baja cautelar en el partido como afiliado al actual alcalde de Librilla, José Martínez, y al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez.

También ha querido expresar su "más absoluto respeto por las actuaciones judiciales y ha pedido a la Justicia que actúe con diligencia para esclarecer los hechos de esta investigación y así conocer el alcance de los mismos".

El PP considera que las actuaciones de los ediles "están refrendadas por los votos que avalan ideologías pero no conductas que pueden ser contrarias a la defensa de los valores democráticos de los Ayuntamientos".