La Ejecutiva Federal del PSOE descarta la provincialidad de Cartagena

CARTAGENA.- La Ejecutiva Federal del PSOE expresó hoy su postura contraria a cualquier nueva división territorial de España, como la eventual creación de una segunda provincia con cabecera en Cartagena, al considerar su secretario de Política Municipal, Antonio Hernando, que “el mapa está cerrado y es responsable y estable, tanto a nivel autonómico como municipal”.

En una toma de postura radicalmente contraria a una nueva subdivisión, que contrasta con la tibia posición a favor de ese debate manifestada por la dirección regional, el responsable de organización municipal en la Ejecutiva Federal aseguró, en Murcia, que no ve “una reforma, ni a corto ni a largo plazo, en ese sentido”, según versión de "El Faro".

Se trata de la primera declaración tajante de un responsable federal respecto a un debate en el que los dirigentes regionales de su partido han fluctuado entre el apoyo entusiasta a la provincia y la petición de un diálogo abierto sobre el particular.

El secretario del PSRM-PSOE, Pedro Saura, lleva años pidiendo que esa cuestión se incluyera en el debate del nuevo Estatuto de Autonomía.

Ya en enero, el número 1 del PSOE en la lista electoral al Congreso de los Diputados por Murcia, el actual ministro de Justicia Javier Fernández Bermejo, calificó de «regresivo» pedir la provincia cuando la tendencia internacional es la contraria.

Ahora, el portavoz de Movimiento Ciudadano, Luis Carlos García Conesa, tacha a Hernando de «desinformado» y de tener un desconocimiento «profundo de los asuntos de Cartagena», sus demandas y «sentimientos mayoritarios».

También ataca el «doble lenguaje» del PSOE.

Prisión incondicional sin fianza para el alcalde de Librilla y el alto funcionario de Presidencia

MURCIA.- El juez Andrés Carrillo de las Heras ha dictado esta noche prisión incondicional sin fianza para el alcalde de Librilla, José Martínez García (PP); el teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz (PP); el gerente de la empresa municipal del Suelo, José Andrés Cortés Otálora, y el alto funcionario autonómico de Presidencia, ahora en excedencia, José Luis Cano Valverde, tras más de diez horas de interrogatorios. Poco después todos ingresaban, ya de madrugada, en el Centro Penitenciario de Sangonera, muy cercano a Librilla, al que llegaron en un furgón de la Guardia Civil escoltado por otros dos vehículos policiales.

En el transcurso de las declaraciones, algunos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se acercaron hasta el despacho del juez para hacerle entrega de diversa documentación.

El titular del juzgado de instrucción nº 6 de Murcia acordó también libertad sin fianza, aunque con obligación de presentarse a firmar cada 15 días en sus dependencias, para el ingeniero de Caminos, Domingo Peñalver Rojo, de 28 años, copropietario de la empresa Acadi, adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal de Librilla, aunque la petición de cárcel por parte del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, también le incluía. Su abogado defensor ha sido el penalista murciano Evaristo Llanos.

Todos ellos fueron puestos hoy a disposición judicial después de ser detenidos el martes y el jueves por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en Murcia y Librilla, por su supuesta implicación en una presunta trama de corrupción urbanística en la que se investigan presuntos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, por los que pudieron obtener ilegalmente beneficios por casi siete millones de euros.

Poco antes, tras haber escuchado a los cinco detenidos, el fiscal solicitó la prisión incondicional sin fianza para cuatro de ellos. El magistrado-juez titular del nº 6, después de los alegatos presentados por los abogados defensores, en el sentido de pedir la libertad de sus clientes aunque fuese bajo fuertes fianzas, anunció su esperada decisión, sólo revocable ahora mediante la estimación de un eventual recurso de reforma presentado por los letrados defensores María Pascual y Francisco Valdés Albistur. El juez volverá a pronunciarse la próxima semana sobre la situación procesal de todos los imputados tras una segunda ronda de nuevas declaraciones.

Los hechos

El Ayuntamiento de Librilla, a través de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla, contrató la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio sin concurso ni publicidad con una sociedad inexperta y sin actividad conocida en el sector.

La sociedad beneficiaria era Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería, S.A. (ACADI), constituida en el año 2001 por el ingeniero de Caminos, Domingo Peñalver Rojo y en la que figuran como accionistas él mismo y su padre.

Esta sociedad, radicada en Murcia, declaró pérdidas hasta el año 2003, cuando empezó su colaboración con el municipio de Librilla, y carece de personal asalariado, según figura en las memorias anuales presentadas por ACADI en el Registro Mercantil.

En junio del año 2005, dos meses antes de la presentación del avance del Plan General de Ordenación de Librilla, ACADI amplió su objeto social para incluir la 'gestión de suelo, urbanística e inmobiliaria', ya que hasta entonces sólo figuraba 'las asistencias técnicas en ingeniería', el 'control de calidad y ejecución de obra civil y de edificación' y, de acuerdo con otra ampliación del objeto social realizada en marzo del 2004, la 'promoción y construcción de viviendas'.

A pesar de que el alcalde de Librilla, José Martínez (PP), aseguró que la contratación del Plan General se hizo mediante concurso, lo cierto es que en el Boletín Oficial de la Región de Murcia no aparecen publicadas ni la convocatoria ni la resolución de ningún concurso para la elaboración de este trabajo, tal y como establece la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas para un contrato de este tipo, que puede superar los 200.000 euros.

La aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Librilla, en junio de 2006, provocó una sonora polémica, ya que convertía en urbanizables 2.800 hectáreas de regadíos dotados con unos 40 millones de euros en subvenciones para su modernización concedidas por los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente.

Ahora, Peñalver, administrador único de ACADI, ha reconocido haber pagado cuantiosas comisiones al alcalde, José Martínez, y al teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez, por la adjudicación de contratos municipales. Ambos han negado rotundamente cualquier actuación irregular respecto de los 30 planes parciales urbanísticos concedidos a esta empresa.

Peñalver sostiene, en cambio, que estaba obligado a abonar entre el 10% y el 20% del importe de todos los contratos públicos que se le adjudicaban; en total, entre 200.000 y los 600.000 euros.

Asegura este ingeniero que actualmente era presionado por los dos políticos de Librilla, que le conminaban a que siguiera pagando comisiones si quería percibir los cobros que tenía pendientes por parte de las arcas municipales.

(José Martínez; la consejera de Economía y el director del INFO

con el ahora imputado alcalde de Librilla)

La Asamblea General de Caja Mediterráneo aprueba una nueva emisión de cuotas participativas

ALICANTE.- La Asamblea General de Caja Mediterráneo celebró hoy una sesión ordinaria en la que aprobó la propuesta del consejo de administración de autorización de la emisión de cuotas participativas de la entidad con amplia delegación en dicho consejo.

Los detalles de la aprobación contemplan una única emisión, en un plazo máximo de 3 años y por importe no superior al 17,5% --que si se suma con la primera supone un máximo del 25%--, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la entidad financiera.

Además, la entidad aprobó hoy en su asamblea las líneas estratégicas de actuación para 2009.

Dichas líneas anticiparán que el compromiso con la calidad de servicio al cliente y la vinculación del ahorro de familias y empresas "son dos de las premisas básicas", junto a la ratificación de la banca minorista, "como eje fundamental de la actividad financiera, que favorecerá la creación de una mayor oferta de productos y un asesoramiento más personalizado".

Del mismo modo, la entidad mantendrá la búsqueda de la eficiencia mediante un control más exhaustivo de los gastos.

El director general, Roberto López, comentó que 2008 "ha sido un año especialmente complejo", pero se mostró "orgulloso de haber afianzado la posición de CAM entre las entidades más fuertes y mejor preparadas del sistema financiero español".

En esta etapa, la entidad salió a Bolsa mediante la emisión de cuotas participativas, lo que aporta "una ventaja competitiva fundamental", permitiéndole acudir a los mercados de capitales para obtener recursos propios en el futuro.

Por otra parte, la "adecuada gestión de la cartera de participadas ha aportado grandes plusvalías al cerrar las operaciones de venta en máximos históricos de cotización". Caja Mediterráneo mejoró su ratio de eficiencia hasta situarse como "una de las más eficientes del sector".

Desde la entidad financiera se destacó que "el esfuerzo realizado por CAM para alcanzar esta posición servirá para afrontar con garantías un año 2009 en que el entorno económico será complicado, y nos permitirá seguir apoyando a nuestros clientes en sus necesidades financieras".

Es por ello que la entidad quiso enfocarse a su negocio tradicional, tanto familias como empresas.

Dentro de estas líneas estratégicas para 2009, la Caja centrará su programación de Obras Sociales en tres ejes primordiales: Cultura, Medio Ambiente y Solidaridad, que en estos momentos de dificultades asociadas a la crisis implican una línea de trabajo básica.

Asimismo, en la asamblea se aprobó la creación de una Fundación para el fomento de la cooperación empresarial, iniciativa que busca lograr la participación en actividades de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de empresas proveedoras, clientes y participadas, relacionadas con CAM, mediante la financiación conjunta de acciones solidarias y medioambientales.

De esta manera, CAM refuerza el compromiso que ha mantenido a lo largo de la historia con su entorno.

Cascos dice que su implicación en los SMS "es una cortina de humo para ocultar los problemas de Sacyr"

MADRID.- El ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos afirmó hoy que su supuesta implicación en el envío de SMS contra Sacyr Vallehermoso "es una cortina de humo para esconder los problemas de la constructora y la responsabilidad de sus directivos".

Cascos realizó estas declaraciones tras su comparecencia como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, Pedro López, por su presunta relación con un envío masivo de mensajes a móvil advirtiendo de una posible suspensión de pagos de Sacyr Vallehermoso en vísperas de las pasadas elecciones generales y que afectó a su cotización.

"Las dos justificaciones de la denuncia son falsas. Es un ejercicio de cinismo y una cortina de humo para desviar la atención de los problemas de Sacyr y la responsabilidad exclusiva de sus directivos", afirmó Cascos, en referencia a los presuntos delitos denunciados de maquinación para alterar el precio de las cosas e injurias.

El ex ministro, que no quiso concretar el contenido de su declaración ante el juez, explicó que el mensaje "no provocó" la caída de las acciones, ya que los títulos de la constructora llevaban cayendo "vertiginosamente" desde un mes y medio antes del envío, que tuvo lugar el 20 de febrero.

"Nunca, jamás he sido autor de un mensaje, sin embargo, he sufrido algunos, todos hemos visto la sede del Partido Popular asediada", declaró Álvarez-Cascos, quien matizó que "jamas ha promovido" un envío de SMS de estas características, y que "sacar el nombre del PP y de Álvarez-Cascos les viene de perlas".

Según informaron fuentes jurídicas cercanas al caso, por el momento, no existe ningún imputado por estos hechos, ya que el procedimiento se encuentra en fase de diligencias previas de investigación, en la que ya han declarado varios testigos.

El ex ministro explicó que se enteró ayer "por la prensa" de su citación a declarar "requerida por el letrado de Sacyr", y que su condición de testigo le ha impedido "tener información previa sobre el proceso".

El juez llamó a declarar al ex ministro a raíz de las investigaciones realizadas por la Brigada de Información Tecnológica de la Policía Judicial tras detectar que el envío de uno de estos mensajes se produjo supuestamente desde un móvil contratado por Aqualium Spain, empresa de su propiedad.

Álvarez-Cascos destacó la "capacidad" del presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, "para obtener favores en connivencia con el Gobierno", una cuestión "difundida por todos los medios de comunicación", declaró antes de leer varios artículos al respecto.

"Podría haber venido con una furgoneta de documentos periodísticos", enfatizó.

El ex ministro acusó a Del Rivero de "ser amigo de Zapatero" y de "jugar sus bazas y recibir el apoyo de Moncloa" en el proceso de compra del 3% del BBVA en 2005. El mensaje acusaba al Partido Socialista de pactar con los directivos de Sacyr que silenciaran la situación de insolvencia hasta pasadas las elecciones generales.

Por otro lado, Álvarez-Cascos explicó que el SMS no provocó la caída de las acciones de Sacyr Vallehermoso, ya que éstas "llevaban un mes y medio descendiendo vertiginosamente", en mayo, "remontaron" pero a partir de ahí "han descendido hasta ahora".

Sacyr Vallehermoso registró los mayores descensos de su cotización los días 3 y 4 de marzo, en los que el valor de sus acciones cayó un -6,93%, -5,74%, respectivamente. El valor de las acciones de la constructora creció un 8,60% dos días después de los comicios del 9 de marzo.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid admitió a trámite la denuncia presentada por el grupo Sacyr Vallehermoso el pasado mes de marzo por el envío de estos mensajes, que incluso recibieron empleados de la propia compañía.

En fuentes oficiales de Sacyr Vallehermoso explicaron que el grupo tan sólo presentó una denuncia contra el envío de mensajes y no contra una persona en particular, según subrayaron.

En concreto, el SMS recogía el siguiente texto: "Próxima suspensión de pagos de Sacyr Vallehermoso. El PSOE responsable de pactar inmunidad y pagar a los responsables de dicha compañía a cambio de aguantar hasta después de las elecciones. Zapatero se ha jugado el puesto. Pásalo".

Detienen a dos personas más por la presunta corrupción urbanística en Librilla y ponen en libertad a Gil de Pareja

LIBRILLA.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron hoy a dos personas más, por un presunto delito de blanqueo de capitales, en el marco de las investigaciones sobre una presunta trama de corrupción urbanística en Librilla, en la denominada operación 'Biblioteca', según informaron fuentes de la investigación.

Al parecer habrían emitido facturas falsas para Acadi S.L. y su identidad no ha trascendido.

Con estas, se elevan ya a diez los arrestos que la UCO ha practicado desde el martes. Las detenciones se enmarcan en las investigaciones que está realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que ha abierto un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Por otra parte, ha abandonado ya la Comandancia de la Guardia Civil en Murcia, el abogado urbanista, Cesáreo Gil de Pareja (a la derecha en la imagen), detenido ayer. Su abogado, José Antonio Martínez Moya presenció durante una hora el interrogatorio de su cliente y compañero. Había sido asesor jurídico del Ayuntamiento de Librilla hasta 2006 y contratado por Acadi para redactar el PGOM hasta junio de mismo año, en que se despidió por impago de 450.000 euros. Denunció a los propietarios de Acadi en 2006 y un juez los condenó el pasado 27 de octubre a pagarle toda la cantidad que requería, más los intereses, el IVA y las costas del juicio.

El martes pasado, en la primera fase de la operación, se detuvo al responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde 2007, José Luis Cano; al ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOM de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B., mujer de Cano; y Francisca G., esposa de Cortés.

Mientras, ayer, en la segunda fase, se arrestó al alcalde de Librilla, José Martínez; así como al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez; y a un asesor del Ayuntamiento, el abogado Cesáreo Gil de Pareja.

No obstante, la mujer del funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, María Josefa B.; así como la esposa de José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L, Francisca G., han sido puestas en libertad aunque están imputadas.

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Murcia ha remitido al juzgado de instrucción nº 6 el procedimiento administrativo que abrió al ingeniero funcionario José Luis Cano (en excedencia voluntaria desde el 1 de junio de 2007) a raiz de una alerta mediática dada en 2007 por los socialistas murcianos, en la Oposición desde hace más de tres lustros.

Fueron remitidos además otros documentos y todo ello se ha enviado de forma proactiva y sin necesidad de requerimiento judicial, por si pudiera ser de interés en la investigación.

Al término del procedimiento, que incluyó la toma de declaración del funcionario, 'no se detectó ninguna irregularidad administrativa', según asegura ahora María de Pedro Reverte, consejera de Presidencia y de la que dependen directamente los más de 45.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma.

Martínez Andreo anuncia la condonación de un millón de euros a una cooperativa agraria

TOTANA.- El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, anunció hoy la condonación de una deuda de casi medio millón de euros por parte de la Comunidad Autónoma a la Sociedad Cooperativa de Agraria del Pimentón del Guadalentín "para fomentar el empleo en el sector y así paliar los efectos de la crisis".

En este sentido, explicó que esta condonación será "gracias a que el Grupo Parlamentario Popular elevará a la Asamblea Regional una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos regionales del 2009", según informaron fuentes del Ayuntamiento del municipio en un comunicado.

Asimismo, añadió que los agricultores que componen la Cooperativa "no tendrán que devolver el importe de varias subvenciones que la organización solicitó en 1998, momento en el cual el sector del pimiento se encontraba sumado en una terrible crisis".

La condonación de la deuda "repercutirá directamente en los trabajadores que son los responsables subsidiarios contra los que deberían dirigir la petición de reintegro por lo que teniendo en cuenta la actual crisis, la condonación debe interpretarse como una medida indirecta de fomento del empleo", añadió.

El expediente de la deuda "asciende a un total de 460.552 euros" y, según Martínez Andreo, este importe "deviene de la no justificación en tiempo y forma de las subvenciones otorgadas por la Consejería de Agricultura y Agua".

Así, recordó que, en el año 1998, el sector del pimiento en la Región de Murcia "se encontraba sumado en una profunda crisis derivada de la importación del producto y de los altos precios ruinosos del mercado", mientras que en el año 1999 se constituyó la Sociedad Cooperativa, que está compuesta por 275 socios y la mayoría de ellos son vecinos del municipio de Totana.

Martínez Andreo explicó que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Juan Carlos Ruiz, se puso en contacto con el Equipo de Gobierno municipal para conocer el estado en el que se encuentra el sector agrícola en el municipio para intentar obtener una solución, ya que el presidente de Coag-Ir, Pedro Lencina, también estaba "muy interesado" en buscar una alternativa al expediente.

Ante esta solicitud, el alcalde y el equipo de Gobierno "apostaron por ofrecer una solución al problema y mantuvieron reuniones con la Administración regional para llegar a un acuerdo que repercutiera lo más mínimo a los agricultores y con ello a sus familias".

El Gobierno español aprueba el 'Plan Renove' para el Turismo

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó hoy el 'Plan Renove Turismo' con una inversión de 400 millones de euros destinados a obras de rehabilitación y de mejora de las infraestructuras turísticas para 2009.

En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el plan de préstamos, dirigido principalmente a pequeñas y medianas empresas y aquellas empresas del sector que quieran modernizarse o rehabilitar sus establecimientos, se articulará a través de una línea de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Con la nueva línea ICO aprobada hoy se persiguen dos objetivos, "mejorar el nivel de infraestructuras a largo plazo y a corto plazo, propiciar un efecto anticíclico como consecuencia de la inversión pública y la privada inducida que lleva consigo".

De la Vega defendió que el Plan permitirá "elevar el nivel y atractivo de la oferta turística" de España y, en concreto, la calidad del producto para atraer a más turistas con capacidad de gasto, al tiempo que facilitará la internacionalización del producto mediante su promoción en el exterior e impulsará el turismo sostenible.

La vicepresidenta destacó que esta medida contribuirá a mantener el liderazgo de España, segundo país en turismo vacacional, y a fortalecer un sector que constituye una de las fuentes de riqueza de la economía española que aporta el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) y representa el 12% de empleos directos. Además, subrayó que la campaña de promoción en los mercados internacionales servirá para dar una imagen consolidada del país como destino turístico y líder mundial.

El Plan entrará en vigor desde el momento de la suscripción del convenio entre el ICO y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2009. El importe máximo a financiar será del 90% de la inversión neta y el límite máximo acumulado por beneficiario será el que corresponda aplicar al plazo de amortización elegido.

El Estado cederá esta financiación al cero por cien y el tipo de interés final aplicable al beneficiario será del 1,5%, margen que será establecido por las entidades de crédito.

Los plazos de amortización propuestos son cinco años sin período de carencia o con un período de carencia de un año para una inversión máxima de un millón de euros; siete años sin carencia o con carencia de dos años para un máximo de un millón de euros; diez años sin período de carencia o con carencia de tres años para un máximo de 660.000 euros y doce años sin carencia o con carencia de cuatro años para un límite de inversión de 660.000 euros.

Podrán acogerse a este Plan establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, campamentos turísticos y alojamientos rurales como empresas de restauración, de oferta turística complementaria o agencias de viajes.

Entre los criterios para su concesión se valorarán aquellas inversiones que contribuyan a incrementar el valor añadido del producto como "mejoras para la sostenibilidad de los establecimientos, en especial para el ahorro energético y la conservación y mejora del medio ambiente; inversiones encaminadas a la implantación de sistemas de calidad, mejoras de accesibilidad e implantación de nuevas tecnologías".

El Gobierno informó que el Plan responde a las necesidades del sector, porque persigue "mejorar el equilibrio entre el turismo y el entorno ambiental y urbanístico y adaptar la actividad turística al nuevo modelo turístico, a través de la diversificación del producto y segmentación de la demanda".

Pasan a disposición judicial tres de los primeros cinco detenidos en Librilla por presunta corrupción

MURCIA.- Tres de los cinco detenidos en la primera fase de la denominada operación 'Biblioteca', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Librilla, pasaron hoy a disposición judicial, según informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.

Fue el pasado martes cuando se inició la primera fase de la operación 'Biblioteca', en la que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron al funcionario del Gobierno regional, José Luis Cano, responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde 2007.

También el ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B., mujer de Cano; y Francisca G., esposa de José Andrés Cortes.

Están últimas han sido puestas en libertad esta misma mañana.

Las detenciones se enmarcan en las investigaciones que, por presunta pertenencia a una trama de corrupción, está realizando el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo de las Heras, que ha abierto un procedimiento.

Los populares murcianos a “verlas venir” / Juan Redondo

Tras los “pajarillos” parece que los UCOs ha cogido en Librilla “caza mayor”. El tema de supuesta corrupción urbanística en el municipio se complica, el popular José Martínez es el cuarto alcalde de la Región que es conducido esposado en un vehículo oficial a unas instalaciones poco apetecibles.

Cuando actúan estas fuerzas de seguridad, especialidad en investigar presuntos delitos sobre corrupción, con la fiscalía por medio y con intervención judicial, es porque los indicios razonables de grave delito son muy elevados.

Tras la trama de funcionarios y amigos con extraños negocios, parecía lógico que por connivencia o por negligencia, estuvieran cargos públicos al menos en la corporación municipal, por no hablar de la supuesta libertad de actuación de alto técnico del Gobierno Regional.

Sin embargo, en este caso, más sorprendente que la detención de los principales cargos municipales de Librilla, ha sido la reacción de la cúpula regional de los populares murcianos.

Dicen que si en lugar del alcalde y primer teniente de alcalde de Librilla, el esposado hubiera sido un concejal socialista en la oposición, las peticiones de responsabilidades políticas hubieran sido inmediatas, tanto por el nuevo portavoz regional del PP, Ruiz Vivo, que ayer eludía su pronunciamiento al estar en Estrasburgo, pasando por el vicesecretario general, Pedro Antonio Sánchez o el secretario ejecutivo de Justicia regional, el ex fiscal Manuel Campos.

“Apoyo firme a la intervención judicial y apoyo firme a los derechos de los detenidos”. Ni una referencia a una posible suspensión cautelar de militancia o evitar politizar la acción judicial, con movilizaciones vecinales, como en Totana o Torre Pacheco. A “verlas venir”, como sí José Martínez no fuera uno de “los suyos”.

El Defensor del Pueblo puede empezar a buscar despacho

La creación de la figura del Defensor del Pueblo de la Región supone un ejemplo de agilidad y consenso entre los tres grupos políticos de la Asamblea. La Ley se aprobó ayer, se hará oficial en los próximos días con su publicación en el BORM y el miércoles, con el pleno que incluye el debate presupuestario a la totalidad, se aprobará el nombramiento por cinco años de José Pablo Ruiz Abellán para hacerse cargo de quejas de los ciudadanos de la Región, que se supone serán abundantes.

Nadie se explica porque está figura ha tardado tantos años en sustanciarse. Los populares van para 16 años de mayoría amplia absoluta.

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¿Aeropuerto de Corvera? ¡Que vienen los rusos! / José Antonio Martínez-Abarca

La verdad es que aquella señalización tan particular que nos indicaba por dónde ir al nuevo aeropuerto regional de Corvera nos debió hacer sospechar. Habíamos esperado años para el gran día de la inauguración. Y, cuando el gran día de la inauguración llega, cierto día de verano del 2008, a la gran obra del siglo XXI en la Región de Murcia resulta que se llega pasando la venta del Cojo, estrechándose en una carreterita comarcal (viendo tantos “haigas” con los cristales tintados por aquellos andurriales, adelantándose unos a otros en las curvas, daba toda la impresión de que íbamos a una balacera oficial de los narcos mexicanos) para al final, en un cruce entre bancales, llegar a un tipo más bien desharrapado bajo el implacable “Lorenzo” con un cartel con mala caligrafía de los que suelen decir “hecha jargo, tengo ambre” pero que decía: “aeropuerto”, y una flechita.

Lo que se dice un lujo de primeras impresiones de la magna obra. No habían empeñado las alhajas de la abuela para causar sensación, no. Pensé que los turistas extranjeros que aterrizaran en Murcia en esas condiciones creerían ser los primeros visitantes de una atracción mundial temática basada en el período Cámbrico. Luego la cosa mejoraba, aunque tampoco escandalosamente. Una enorme carpa donde hacía mucho calor alojaba la primera piedra del aeropuerto, en realidad un bloque de cemento que tenía más o menos el tamaño de un señor pequeñito al que se le hubiese hecho un pijama de concreto para inmortalizarle en los cimientos.

El máximo exponente de Sacyr-Vallehermoso, Luis del Rivero, también primer espada de la sociedad creada para el aeropuerto, se dirigió a los presentes con un buen discurso, en el que obvió la palabra crisis económica y se mostró obligadamente optimista, señalando que el objetivo, no sé si futuro o más bien futurista, es que medio millón más de extranjeros pudientes se establezcan en una segunda residencia en Murcia.

Si llegamos a saber por entonces la situación real de su empresa, sus palabras hubiesen resonado tétricas. Lo que le debe a los bancos supera la deuda total de algunos países pequeños. Su empresa, arrastrada por malas elecciones inversoras y la debacle propia del sector inmobiliario, está tan a la penúltima pregunta que Del Rivero puede causar un problema de seguridad nacional vendiéndole deprisa y corriendo el veinte por ciento que tiene en Repsol a la inquietante autocracia rusa (en Rusia todo depende, al final, de un solo señor que se llama Putin), de modo que lo poco que nos queda de energía propia dependería de las caprichosas cuando no peligrosas decisiones del Kremlin.

Sacyr necesita urgentemente dinero fresco. Así que no parece que sacar la financiación necesaria para construir el aeropuerto internacional de Corvera sea una de las primeras preocupaciones de Del Rivero en el momento presente. Tampoco parece, a cambio, que los turistas se están dando de codazos por venir volando a una Región que todavía no tiene desarrollada la infraestructura turística que quedó apenas enunciada antes de la crisis. Aparte de la crisis de los propios turistas, claro.

No parece que nadie pueda tener demasiada prisa en la actualidad: unos porque no parece que estén en condiciones de construir mucho, y otros porque no creen que tal y como está el turumaje vaya a servir para mucho lo que se construya, a lo menos hasta que remita la crisis. Los únicos "aviones" que de momento van a planear por allí son aquellos a los que también se les llama vencejos. El tío del cartelito con la flechita aún debe estar plantado en aquel cruce.

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