lunes, 10 de noviembre de 2008

Los ecologistas murcianos dicen que el Gobierno Zapatero 'coquetea' con los acueductos

MADRID.- También reclaman coherencia los ecologistas respecto al virtual trasvase desde Extremadura a Murcia, pero por distintas razones. Lo curioso, y quizá incoherente, es que las primeras objeciones a esta futura transferencia de agua, provengan precisamente de Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, según "Abc".

Recuerdan al Gobierno de Zapatero que «subió al poder, entre otras cosas, por la oposición al Plan Hidrológico Nacional del PP, y fruto de esa presión tuvo que derogar el trasvase del Ebro».

Una apreciación un tanto pretenciosa que no impide a los ecologistas en acción murcianos criticar que en esta legislatura, la, política «desarrollista e insostenible del Gobierno central empieza a coquetear de nuevo con los trasvases entre cuencas».

Según los datos que maneja esta organización ecologista el proyecto «parece consistir» en derivar desde el embalse del Tajo de Valdecañas, en Cáceres, entre 500 y 600 hectómetros cúbicos anuales de agua hasta La Roda, en Albacete, donde se conectaría al acueducto Tajo-Segura, que abastece a Murcia, Alicante y Almería.

Advierten de los bajos nivele de agua que actualmente presenta este embalse y de los daños ecológicos y sociales que ocasionaría en la zona y a su paso por distintos parajes naturales que atravesaría en su recorrido.

Pero, sobre todo avisan del «riesgo» que correrían las poblaciones abastecidas por el Tajo-Segura, ya que el Agua de Valdecañas es de poca calidad debido a que recoge aguas residuales de Madrid.

Al margen de las consabidas consideraciones sobre el desarrollo sostenible, los ecologistas murcianos afirman que el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino «muestra su hipocresía al oponerse de forma electoralista a un trasvase, el del Ebro, y apoyar otros».

Las objeciones de los ecologistas murcianos a los trasvases no cuadran, sin embargo, demasiado con las que el pasado año advertía el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) sobre la «frenética» construcción de plantas desalinizadoras en nuestro país y que identificaba su causa con la derogación en 2004 del trasvase del Ebro.

El informe de WWF alertaba que la desalación estaba llevando «a un desarrollo urbano y turístico insostenible» que además lleva a un mayor consumo de agua, con la incongruencia -dice el informe- de que mientras en otras naciones desarrolladas rechazan la desalación por su alto coste para usos urbanos, «España está dedicando una asombrosa proporción de ese agua a la agricultura, exactamente un 22 por ciento, el nivel más alto del mundo».

Uno de los viejos argumentos contra el trasvase del Ebro, que argumentó entonces el recién estrenado Gobierno de Zapatero para su derogación era el impacto ecológico de un canal de unos 450 kilómetros desde Tortosa, en Tarragona, hasta Ojós, en Murcia.

Un argumento que también sería aplicable al futuro trasvase desde Valdecañas, en Cáceres, hasta la Roda, en Albacete, que se aproximaría a los 400 kilómetros. Cuestión de voluntad, porque el debate trasvases-desaladoras va a estar siempre sobre el tapete, gobierne quien gobierne, si no se aborda de una vez por todas y sin egoísmos partidistas ni regionales un gran pacto nacional del agua que apueste por ambas opciones, porque, a decir de los expertos sin intereses políticos, ambas son complementarias.

Pero el ciclo se repite. A comienzos de 1993, en pleno debate sobre el Plan Hidrológico Nacional que preparaba José Borrell, en el Gobierno de Felipe González, la entonces diputada popular Loyola de Palacio pedía al Ejecutivo «más imaginación» y apuntaba como alternativa seria a los trasvases, aunque complementaria, la posibilidad de desalar y potabilizar agua del mar como una solución «posiblemente menos costosa y menos traumática que construir grandes trasvases desde el norte hasta el sur».

La respuesta, entonces, del ministerio que dirigía el socialista Borrell fue contundente: «En el Ebro hay 5.000 hectómetros cúbicos de agua anuales para trasvasar». Quince años después, distintos actores, distintas cincunstancias, distintos intereses y el mismo problema: el mareo de la perdiz.

El grupo Fuertes empuja el turismo en la Costa Blanca

ALICANTE.- El Grupo Fuertes, propietario de la compañía agroalimentaria murciana El Pozo, refuerza su apuesta por el sector turístico de la Costa Blanca. Su primer inversión se produjo en Terra Mítica, proyecto del que formó parte desde su creación y en el que se mantiene como pequeño accionista a pesar de los avatares y los momentos difíciles vividos, publica "Las Provincias".

Sin embargo, su gran desafío es Terra Natura, el parque de la naturaleza puesto en marcha posteriormente, en el que se implicó para su nacimiento y en el que no ha dejado de invertir hasta ahora. De hecho, se ha convertido ya en el principal propietario, con el 57,25% del capital, y en el mayor aval para su futuro.

La implicación de El Pozo en Terra Natura, en Benidorm -que integra también Aqua Natura-, ha supuesto que la empresa, cuyo origen está en el sector cárnico, se haya convertido en poco más de un año en el propietario de referencia. En concreto, tras varias operaciones de ampliación de capital ha pasado a controlar el 57,25%, cuando su toma de participación inicial era del 26%.

De esta forma, la mercantil de Alhama de Murcia ha desbancado como socio referente a la reconocida firma textil Colortex, quien desde la Comunidad Valenciana abanderó la iniciativa en sus inicios -hasta tener el 61%- pero que después ha ido reduciendo progresivamente su presencia en la sociedad hasta el actual 27,93% como consecuencia de sus problemas de liquidez.

El pasado verano se produjeron dos ampliaciones de capital en la sociedad del parque, una por 4,5 millones de euros (junio) y otra por 5,3 millones (agosto), según adelantó Expansión el pasado lunes, en las que El Pozo tuvo que asume el protagonismo ante la retirada realizada por la familia Taverner, propietaria de Colortex. Mientras que el tercer accionista de referencia en el proyecto, Sedesa, ha pasado del 8 al 11,96%. El 2,86% restante está en manos de pequeños inversores.

Hay que advertir que la enseña murciana también participa en el complejo que Terra Natura tiene en la ciudad de Murcia, junto a otros socios locales, aunque en este caso con sólo el 37% de la sociedad.

Pero el parque de la naturaleza de Benidorm no es la única inversión en el segmento del ocio turístico en la Costa Blanca por parte de El Pozo. Terra Mítica también forma parte dentro de su diversificación de negocio.

En concreto, en el parque temático mantiene una participación testimonial del 1,81%, pero que pese a ser pequeña tiene un importante simbolismo si se tiene en cuenta todo lo que ha pasado, incluido un concurso de acreedores y sucesivas ampliaciones de capital. Su entrada inicial en el proyecto, en el año 2001, le llevó a asumir hasta un 5% de las acciones.

De hecho, son pocas las empresas privadas que se han quedado dentro de la sociedad una vez que CAM, Bancaja y la Generalitat se han visto a liderar la participación y convertirse en los grandes patrones. Incluso, la mayoría se han visto casi forzadas a seguir por las circunstancias.

La firma murciana tampoco ve estratégico ampliar estos negocios y los considera pequeñas líneas de diversificación sin más pretensiones.

Por otro lado, la familia Fuertes, a través de su marca Vishoteles también se dedica a la gestión de actividades hoteleras y servicios de hostelería, siendo propietaria de dos complejos ubicados en la Costa Blanca. El primero se trata del complejo Pueblo Acantilado, ubicado en el municipio de El Campello, que representa un típico pueblo mediterráneo.

La instalación de cuatro estrellas, dispone de 120 habitaciones y suites, dos restaurantes, un bar-cafetería, un pub irlandés, 2 piscinas, gimnasio, sauna y jacuzzi, teatro al aire libre, varios salones de reuniones, un salón de convenciones con capacidad para 400 personas, un auditorio, parque infantil, parking privado e iglesia.

El segundo es el Hotel Albahía, situado en la playa de la Albufereta, que dispone de 93 habitaciones, con un ambiente funcional y acogedor. Sus instalaciones se completan con cafetería, restaurante, salones y zona deportiva con pista de tenis y piscina.

Desde la compañía descartan que de momento haya nuevas estrategias para crecer en este terreno turístico. Al respecto, consideran que la apuesta inmediata está en reforzar el negocio de alimentación con nuevos proyectos.

(Tomás Fuertes, presidente del Grupo)

En Murcia no se cree que Cartagena pueda albergar los Juegos del Mediterráneo 2017

CARTAGENA.- Antonio Peñalver dijo que «será muy difícil» que Cartagena pueda aspirar a organizar los Juegos del Mediterráneo del año 2017, algo que sí hizo Almería en 2005, no fue un brindis al sol. Tampoco fue una ocurrencia del ex medallista olímpico, ahora metido a político. Detrás de sus palabras -que han supuesto un duro varapalo para la Concejalía de Deportes de Cartagena- está el respaldo de la Comunidad Autónoma, para cuyos rectores es «casi imposible» que el proyecto sea viable, según aseguraron fuentes de la Consejería de Cultura y Deportes a "La Verdad".

Para Peñalver, «es evidente que con dinero público no se puede acometer un evento de este calibre. Tiene que haber una implicación muy grande del empresariado siempre que el dinero tuviera retorno. Lo fácil sería decir que vamos a hacerlo, pero eso no sería serio. Si se hace, si se propone, si se intenta, que sea serio y con garantías», comentó un Peñalver muy pesimista con el futuro de la aventura de Cartagena 2017.

Interrogado sobre el exitoso precedente de Almería 2005 (Almería tiene 190.000 habitantes y Cartagena, 215.000), Peñalver contestó que «no podemos olvidar que en Almería hubo una representación empresarial brutal. El proyecto estaba ligado al desarrollo urbanístico de la ciudad. Pero lamentablemente, por la crisis, este no es un buen momento para que las empresas inviertan», dijo.

Y a las dudas de la Comunidad Autónoma, se une la postura de Jaime Lissavetzky, Secretario de Estado para el Deporte, quien ha alentado varias veces a Tarragona a aspirar a los Juegos del Mediterráneo y aún no conoce el presunto interés de Cartagena en acoger esta cita en el año 2017. Es más, Lissavetzky dijo hace unos meses en Cataluña que defenderá la candidatura de Tarragona ante el Comité Olímpico Español.

Por todo esto, el PSOE de Cartagena lamentó en un comunicado que la Comunidad Autónoma no crea en las opciones de conseguir que los Juegos del Mediterráneo tengan lugar dentro de nueve años en Cartagena.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Caridad Rives, considera «irresponsables» las declaraciones de Peñalver, que «son un jarro de agua fría para los ciudadanos y deportistas, que veían en los Juegos del Mediterráneo una estupenda posibilidad de progreso, tanto deportivo como económico para Cartagena» destacó Rives.

Además, el PSOE califica de «poco serios» los argumentos esgrimidos por Peñalver, que «poco menos culpa de ello principalmente al sector empresarial. ¿Cuándo los empresarios de Cartagena se han opuesto a apoyar un evento de este calibre?, ¿qué actuaciones ha llevado a cabo el gobierno del PP para encontrar apoyos en el sector empresarial?», pregunta Rives a Peñalver.

Se argumenta -continúa la nota del PSOE- que no es un buen momento ahora para realizar las inversiones debido a la crisis económica, pero, «¿es que en Almería no hay crisis económica? De hecho, la realización de estas inversiones supondría una forma de estimular la economía de la zona, y en estas circunstancias es cuando las administraciones públicas deben impulsar estos proyectos planteando obra pública. Haber hecho los deberes y estar en condiciones ahora de poder optar a los Juegos del Mediterráneo supondría un estímulo para nuestra economía que ayudaría a paliar los efectos de la crisis» señaló Rives.

En definitiva, «llevamos doce años de gestión deportiva con Alonso Gómez López [concejal de Deportes] a la cabeza, y han sido incapaces de generar en la ciudad un modelo deportivo de calidad que nos permitiera optar con mayor fuerza a los Juegos del Mediterráneo de 2017. Y frente a este nuevo varapalo, el concejal de Deportes, Gómez López, sigue callado. Esto no es más que la historia de una muerte anunciada», acabó señalando Caridad Rives.

El Gobierno valenciano anuncia que rechazará el ERE de ONO

VALENCIA.- Trabajadores de la empresa de telecomunicaciones ONO se concentraron hoy frente a la dirección general de Trabajo de la Generalitat para pedir el apoyo a los 1.300 trabajadores amenazados de despido por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que la Generalitat rechazará, según confirmó hoy a los responsables sindicales el director general de Trabajo, Román Ceballos, puesto que este proceso prevé recortar 300 empleos en la Comunidad Valenciana.

La Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT-PV consideró, en un comunicado, "positivo el compromiso adquirido por la autoridad laboral de la Comunidad Valenciana", ya que, explicó, es el tercer ERE que ONO presenta en los últimos seis años, pese a que en el anterior expediente, la empresa manifestó que no habría nuevas regulaciones de empleo hasta, al menos, finales de 2009.

Desde el sindicato, se mostraron "conscientes" de que, a pesar del informe contrario al expediente al que se ha comprometido la dirección general de Trabajo, el expediente tendrá que resolverse en el Ministerio, por lo que mantendrán las movilizaciones hasta lograr detener un "expediente que no está motivado por causas objetivas, económicas, técnicas, organizativas y de producción, que son las únicas que pueden llevar a la aprobación de un ERE".

Según informaron fuentes de la Generalitat en un comunicado, el director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, Román Ceballos, aseguró tras la reunión que "la Generalitat velará por la defensa y la garantía de los derechos de los trabajadores" y se comprometió a "realizar cuantas acciones sean necesarias para reducir al mínimo el impacto social".

No obstante, señaló que la competencia de la resolución del ERE corresponde al Ministerio de Trabajo e Inmigración, puesto que afecta a varias comunidades autónomas. Por ello, la Generalitat "debe únicamente realizar un informe no vinculante ante la Dirección General de Trabajo del Ministerio, que es a quien le corresponde adoptar la decisión definitiva".

Según indicó, el informe explicativo que debe adjuntar la Comunidad Valenciana se realizará una vez concluidas las reuniones entre la empresa y los trabajadores.

Igualmente, Ceballos puso a disposición de los trabajadores afectados "las distintas líneas de ayudas existentes, tanto desde el punto de vista de formación, recolocación, así como posibles bonificaciones a otras empresas, para la contratación de los trabajadores que al final puedan resultar afectados por este expediente".

En el primer ERE, ONO despidió a 450 trabajadores, mientras que el segundo, que se produjo en 2006, supuso el despido de 785 trabajadores y trabajadoras.

Además de estos despedidos mediante el procedimiento del expediente, la empresa también ha despedido desde el mes de agosto, según la federación sindical, a más de 300 personas de manera individual, con lo que, "en apenas tres años, la plantilla de la empresa ha pasado de ser de más 5.500 trabajadores a poco más de 4.000".

Navantia dice que los piquetes mantienen el bloqueo al trabajo en Ferrol los sábados

FERROL.- La empresa Navantia, a través de un comunicado, denunció que, a pesar de la reapertura de negociaciones con los sindicatos, continúa el "boicot" a la producción en los astilleros de la ría de Ferrol, ya que un piquete impidió el sábado el acceso de trabajadores a sus puestos de empleo en el buque "Juan Carlos I", que se construye en las instalaciones ferrolanas.

Navantia anuncia que abrirá un nuevo expediente para aclarar las circunstancias y tomar las medidas laborales que sean oportunas. La empresa naval pública española denuncia "la falta de compromiso del Comité Intercentros y su negativa a poner fin a estas acciones" que sostiene que "están perjudicando el normal desarrollo de los programas navales".

Ante esta situación, Navantia hace un "llamamiento a la racionalidad para acabar con estas actuaciones ilegítimas que perjudican notablemente el proceso de producción", y apela "al compromiso" y a las "negociaciones en marcha".

Navantia y los sindicatos integrados en el Comité retomaron las negociaciones el pasado 31 de octubre, en un encuentro en el que se fijaron las fechas para reuniones para abordar el Plan Industrial (12 de noviembre) y la Industria Auxiliar (19 noviembre), dos de los compromisos, que junto con el convenio colectivo único, reclaman los sindicatos desde el inicio de sus movilizaciones el pasado mes de septiembre.

La empresa señala que estas reuniones son las "únicas vías para llegar a acuerdos consensuados" y subraya que "el desarrollo de los programas navales en las mejores condiciones es la máxima garantía de futuro para la empresa".

No obstante, los sindicatos mantienen la solicitud de huelga indefinida para el mes de noviembre, como cobertura legal para posibles movilizaciones de protesta, en caso de que las negociaciones no fructifiquen.

Con las protestas, los sindicatos reclaman a la dirección de la compañía la negociación de los tres compromisos adquiridos en 2004, cuando se deshizo Izar en un proceso que culminó en la creación de la actual Navantia, pero también exigen cambios en la actual gestión para evitar las pérdidas económicas que aseguran que se registrarán a partir de este 2008.

El Partido Cantonal refuerza la petición de una segunda provincia en su 30º aniversario

CARTAGENA.- El Partido Cantonal de Cartagena mantiene la esperanza puesta en la próxima reforma estatutaria como oportunidad para lograr la tantas veces demandada segunda provincia. Con la mirada puesta en este horizonte celebraron la entrega de Medallas Laureadas, que en esta edición premiaron a diversas personalidades del mundo empresarial y cultural por su trabajo y esfuerzo en pro de Cartagena, según recoge hoy "El Faro".

El primer premiado fue José Antonio Luque, fundador de Cartagena Futuro y presidente de la Plataforma por la Biprovincialidad, quien en un emotivo discurso destacó que “la vida tiene más sentido cuando los afanes legítimos de cada uno se comparten con los de los demás”, haciendo referencia a las cien personas que congregó esta causa.

El galardonado no olvidó hacer un repaso por los últimos años del Partido Cantonal, confirmando que “con muy pocos medios se han conseguido muchos logros que serán juzgados por las generaciones venideras”, y reivindicó una vez más un proyecto, el de la segunda provincia, que “tiene viabilidad jurídica, política, constitucional, social y económica”.

Asimismo, indicó que la creación de la nueva demarcación sería “la reparación de una injusticia histórica desde que se llevaron el Obispado a Murcia”.

En el ámbito empresarial los defensores de la descentralización premiaron a Mariano Rosique, presidente de la Cámara de Comercio, quien, haciendo referencia a la difícil coyuntura económica que atraviesa el país, confirmó que “la ciudad está mejor preparada que en 1992” y que “contamos con la confianza para mirar al futuro siempre con ilusión y esperanza”, para lo que apoyará cualquier iniciativa política, sea del signo que sea, que trabaje por el progreso y el impulso de la ciudad.

El mundo de la cultura estuvo representado por Ángel Márquez, fundador de la editorial Áglaya, que en un tono crítico resaltó que “tenemos problemas con la difusión de lo nuestro”, y animó a “salir fuera y dejar de mirarnos tanto el ombligo”, porque “no podemos permitir que el Teatro Romano tenga menos repercusión en el extranjero que los hallazgos de Atapuerca”.

La entrega de premios contó con la presencia de numerosas personalidades de todos los ámbitos de la sociedad, entre las que destacó la asistencia de Luis Carlos García Conesa, portavoz de MC; Luis Ruipérez, decano del Colegio de Abogados de Cartagena; Antonio Cárceles, decano del Colegio de Procuradores; y Juan Ramón Medina Precioso, ex consejero de Educación y Universidades de la Región.

A lo largo de la noche, se entregó una Medalla Extraordinaria el ex secretario del partido, Salvador Martínez, quien recordó a aquellas mujeres que “supieron soportar los momentos difíciles junto a sus maridos”. Asimismo, se reafirmó en su lucha “por defender lo nuestro” y confirmó seguir “unido a vosotros con un sentimiento cantonal que muchos consideran una causa perdida”.

Dos cartageneros residentes en Francia, Jean Marie Nuñez y Tomás Meseguer, también tuvieron su momento al recibir una mención especial, al igual que el doctor Celestino García Alfaro, que fue uno de los primeros firmantes del acta fundacional del partido.

Un homenaje póstumo recibió la que fuera secretaria del partido, Encarnación Vázquez Bernal, y recibió el galardón un emocionado esposo.

Convertir a Cartagena en provincia debe ser una demanda social, a juicio de Pilar Barreiro

CARTAGENA.- La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, ha recibido hoy a un grupo de miembros de la Plataforma por la biprovincialidad, encabezados por José Antonio Luque, que le han transmitido el balance de la campaña que se ha llevado a cabo en los dos últimos años por toda la región para la defensa de dos provincias en nuestra Comunidad Autónoma, así como la necesidad de que ahora sean los grupos políticos los que defiendan esta iniciativa de carácter social en la Asamblea Regional, aprovechando el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía que se va a llevar a cabo.

El portavoz del equipo de gobierno, Joaquín Segado, también presente en este encuentro, ha señalado que Pilar Barreiro le ha transmitido a la Plataforma que va por el camino correcto ya que ha conseguido ir mas allá del debate meramente local para convertirlo en una cuestión regional, además de seguir una línea apolítica convirtiendo el tema de la biprovincialidad en una iniciativa social, procedente de la ciudadanía.

En este sentido, la Plataforma ha entregado a la alcaldesa un dosier con todas las cuestiones que avalan la defensa de convertir a Cartagena en provincia, documento que la primera autoridad municipal se ha comprometido a estudiar a pesar de que esta cuestión no es competencia del Ayuntamiento, sino que son los grupos políticos en la Asamblea los que tienen que aprobar la iniciativa mediante la reforma del estatuto.

La Plataforma por la Biprovincialidad está integrada por representantes de todos los agentes económicos y sociales de la ciudad, como son Cámara de Comercio, COEC, sindicatos, Federación de Asociaciones de Vecinos, Asociaciones de Jóvenes, etc.

El 10% de la agricultura ecológica española está en el Campo de Cartagena

CARTAGENA.- En el Campo de Cartagena, las hectáreas cultivadas y los agricultores que se dedican a la agricultura ecológica se han multiplicado por tres en los últimos diez años. Los que se embarcan en esta difícil tarea dicen que en poco tiempo en su mesa se recuperan los sabores y olores tradicionales del tomate o del melón. Además de aumentar la calidad gastronómica, está práctica puede convertirse también en un negocio muy rentable, según recoge "La Verdad".

Actualmente, según los datos aportados por el director Técnico Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia, (órgano que controla la calidad de los productos), Pedro José Pérez Saura, en el Campo de Cartagena hay ahora mismo en plena producción cerca de dos mil hectáreas (sólo el 6% del total de la Región de Murcia) que son trabajadas por 150 agricultores. Estas cifras suponen un leve aumento con respecto al año pasado.

Los artículos que se producen y se comercializan son principalmente el bróculi, lechuga, pimiento, calabacín, melón, sandía y hasta frutos secos. A ellos hay que sumarles otros como los que se cultivan en la zona del Mar Menor como el almendro y los cereales. El cítrico es característico del municipio de Cartagena.

Lo curioso de estos productos es que el 90% de la producción se vende fuera de España, sobre todo, a países de la Unión Europea como Reino Unido, Alemania o Francia y a otros como Suiza o Estados Unidos. Según apuntó Pedro José Pérez, una pequeña cantidad se comercializa en el mercado nacional o regional, pero muy insignificante.

En la mayoría de los casos, los agricultores producen para otras empresas, y éstas a su vez los venden a las compañías europeas que los distribuyen en los distintos mercados.

La causa de que no se comercialicen en la Región es el escaso tirón que tiene entre los consumidores murcianos. Según Diego Conesa, agricultor ecológico desde hace más de diez años, «en la Región de Murcia y en España en general no se compran estos productos porque la salud no es uno de los valores que se tengan en cuenta a la hora de consumirlos. Prima más el ahorro que se puede conseguir con los no ecológicos. Aquí solo los utilizan los llamados alternativos».

Su producción es siempre muy reducida porque se ven obligados a pasar estrictos controles de calidad. Se pueden reconocer porque llevan indicado en su etiqueta Agricultura Ecológica (en castellano o en cualquiera de la Unión Europea) y un logotipo que indica la autoridad o el organismo de control que certifica que eso es así. En el Campo de Cartagena el que regula el sector es Consejo de Agricultura Ecológica de la Región, órgano adscrito a la Consejería de Agricultura y Agua.

Datos

Agricultores en el Campo de Cartagena: 150

Agricultores en la Región de Murcia: 1.285

Industrias en el Campo de Cartagena: 22

Industrias en la Región de Murcia: 154

Hectáreas cultivas en el Campo de Cartagena: 1.933

Hectáreas cultivas en la Región de Murcia: 34.124

Cultivos

Frutos Secos: 749 hectáreas.

Olivar: 28 hectáreas.

Hortalizas aire libre: 674 hectáreas.

Hortalizas invernadero: 82 hectáreas.

Cereales: 216 hectáreas.

Cítricos: 161 hectáreas.

Otros Cultivos: 23 hectáreas.

Dónde se vende: En Reino Unido, Alemania y Francia) y paises como Suiza y estados Unidos.

El alcalde de Archena da alguna clave política

ARCHENA.- El alcalde de Archena, Manuel Marcos Sánchez, dijo hoy que las tres personas que el pasado miércoles le golpearon y atracaron en su casa sabían quién era él, y que por eso eligieron su casa pensando que tenía dinero.

El alcalde cree que la casa ha estado vigilada anteriormente, y que "la decisión de esa casa y no de otra" fue motivada por el hecho de que pensaban que tenía dinero.

Y cree que es porque "desde hace bastante tiempo se está utilizando por parte de Izquierda Unida de Archena una táctica política concreta de querer difundir que yo me estoy haciendo millonario con la política".

Adicae asegura que 25 entidades financieras españolas estarían "al borde de la quiebra"

MADRID.- El presidente de la Asociación de Usuarios de Banca (Adicae), Manuel Pardos, aseguró hoy que hay entidades financieras españolas con problemas y subrayó que "10 ó 15 cajas de ahorro y 8 ó 10 bancos estarían al borde de la quiebra".

Pardos indicó, en declaraciones a 'Telemadrid', que en el caso de las cajas de ahorros "no hay que alarmarse porque dependen de las comunidades autónomas y del Banco de España".

"Hoy mismo podemos enterarnos de que se fusionan tal o cual caja", señaló.

Por otro lado, Pardos subrayó que "los bancos embargarán 120.000 viviendas a finales de año", y recordó que ya hay 60.000 familias en proceso de embargo de su vivienda".

Respecto a las ayudas anunciadas por el Gobierno para los parados, Pardos indicó que "estas ayudas sólo van a moderar algo la situación de estas familias y algunas personas podrán salvarse del embargo".

A su juicio, la prolongación de la hipoteca, que fue una de las primeras medidas anunciadas por el Ejecutivo "es un fracaso" y sólo la han utilizado 8.000 personas.

Pardos indicó que Adicae propone que se sustituya el Euríbor por otro índice más estable, ya que "se ha convertido en maldito porque se ha divorciado de los tipos del Banco Central Europeo, cuando antes siempre iban parejos".

"El Banco de España, que es el que marca los índices objetivos, debería decir que, excepcionalmente, por dos años, se suspenda esa regencia y se pongan los tipos del Banco Central Europeo, que están más dirigidos a una política social y económica que a los intereses de los bancos", sentenció.

Caja Murcia disminuye su saldo crediticio para ¿poder pagar sus vencimientos de deuda?

MADRID.- Misión imposible. Eso es lo que creen muchos particulares y empresas españolas cuando se acercan a pedir un préstamo a su banco o caja de siempre. A la misma entidad que en los últimos años le concedió todo lo que pedía y que le daba los créditos casi regalados y a veces se los ofreció sin que se los hubiera pedido.

Ahora, con la crisis financiera internacional y la económica nacional, las entidades han cerrado el grifo casi por completo. Entre mayo y agosto, el crecimiento total del crédito ha sido de sólo un 1,81%, y hay datos para pensar que el cerrojazo de la financiación se ha acentuado en los dos últimos meses, según el diario "Público".

Con las cifras disponibles, son muy pocas las entidades que mantienen un ritmo aceptable de concesión de financiación. Entre las mayores (con un saldo crediticio superior a 10.000 millones de euros), destacan los crecimientos de Santander y La Caixa. Estas dos entidades sostienen el crecimiento del conjunto del mercado. Sin sus aumentos de en torno al 4% entre mayo y agosto, el negocio prácticamente se habría paralizado en España.

Otras entidades como Caja Madrid, Caja Navarra o Barclays también destacaron entre las más activas en el trimestre. Este periodo es clave para conseguir financiación de forma inminente, ya que lo tendrá en cuenta el Gobierno en sus subastas de liquidez, aunque es posible que el reparto se actualice con los datos de septiembre, aún no disponibles.

Por contra, hay otras entidades que han disminuido su saldo crediticio. En este colectivo se encuadran grupos tan importantes como Caja Murcia, Caixa Catalunya, Cajasol o Caja Granada.

Las razones para este parón son que hay menos demanda de crédito para la compra de vivienda y que las entidades no disponen de liquidez para conceder créditos. Tienen que destinar prácticamente todos sus activos a pagar sus vencimientos de deuda, que ascienden a 170.000 millones hasta final de 2009. Pero nunca lo reconocerán en público, ni de forma individual.

Tampoco quieren decir en voz alta, pero sí lo hacen en privado, que los planes del Gobierno para inyectar liquidez no van a ayudar a que el crédito crezca mucho más.

Los 50.000 millones que, como máximo, van a recibir por la venta de activos no suponen ni una tercera parte de los vencimientos, con lo que la mayor parte de lo que se reciba se dedicará a pagar sus propias obligaciones. Y aunque tuvieran liquidez, tampoco darían muchos créditos porque la crisis hace inviables muchos proyectos empresariales.

Las entidades no sólo no conceden nueva financiación. Además, han cortado las líneas de crédito también el papel de descuento, con el que la banca adelanta a sus clientes los pagos que recibirán 30, 60 ó 90 días después. Las empresas avisan que si no reciben esos adelantos tendrán que cerrar.

Y las cosas no van a ir a mejor, a juzgar por las encuestan que han realizado recientemente el BCE y el Banco de España entre las entidades. En general, aseguran que van a endurecer las condiciones de financiación a las empresas por las malas perspectivas económicas que existen.

Según un cuadro anexo inserto en "Público", Caja Murcia será, junto a las anteriores entidades citadas, penalizada en la subasta del Banco de España por contribuir menos al crecimiento del crédito en nuestro país, cuya media estuvo en el 1,81% de mayo a agosto.

Y es que Caja Murcia tenía en mayo 15.861 millones de euros de saldo vivo frente a los 15.711 del mes de agosto, por lo que experimenta una caída del 0,94% y eso se traduce en que ha pasado de tener el 0,90% de cuota al 0,88% del total del crédito en España, y una diferencia negativa del 0,02%.

Frente a ello, la CAM ha experimentado un crecimiento de su saldo vivo del 0,30% al pasar de 57.730 millones en mayo a 57.903 en agosto, aunque la diferencia de cuota haya sido negativa en un 0,05% al pasar del 3,28% de mayo al 3,23% de agosto.

Su crisis y la nuestra / Carlos Taibo*

1. La afirmación, muy extendida, que subraya que la crisis de estas horas recuerda poderosamente a la de 1929 se topa con un problema severo: la crisis contemporánea tiene un carácter múltiple que no exhibía la de ochenta años atrás.

Y es que hoy se dan cita, en una combinación explosiva, la crisis del capitalismo global —y de su dimensión especulativo-financiera y desreguladora—, la derivada del cambio climático —un proceso de consecuencias inequívocamente negativas—, la surgida del encarecimiento inevitable de las principales materias primas energéticas que empleamos y, en fin, y si así se quiere, la nacida de un crecimiento demográfico de efectos muy delicados.

En semejante escenario, si la crisis de 1929 sirvió de asiento a la consolidación de los fascismos en la Europa del decenio siguiente, con las consecuencias conocidas, la de hoy anuncia procesos tanto o más inquietantes.

2. La principal respuesta que, ante la crisis, han abrazado los principales centros de poder, en Estados Unidos como en la Unión Europea, es tan insuficiente como inmoral. Su propósito principal no es otro que sanear un puñado de instituciones financieras desde hace tiempo entregadas a prácticas lamentables.

El objetivo, visible, es que cuanto antes puedan volver a las andadas. Al respecto se antoja muy llamativo, por cierto, que apenas se hayan abierto causas legales contra los directivos de esas instituciones.

Tan llamativo como que los gobiernos, convidados de piedra mientras las empresas acumulaban, tiempo atrás, formidables beneficios, acudan ahora presurosos, con el dinero de todos, a su rescate en etapa de vacas flacas.

Bien es verdad que en el terreno formal se postula —véanse, si no, las reiteradas declaraciones del presidente francés Sarkozy— un capitalismo más regulado. Entiéndase bien lo que esto, en los hechos, significa: cuando se sugiere que hay que cancelar los abusos que han acompañado al despliegue del proyecto neoliberal se olvida que este último es, en sí mismo, un abuso.

La parafernalia retórica empleada pretende hacernos olvidar que en realidad no hay ningún designio de abandonar ese proyecto, como lo demuestra, sin ir más lejos, el hecho de que nadie en los estamentos directores de la Unión Europea haya apuntado la conveniencia de prescindir, sin trampas, de un tratado, el de Lisboa, de clara vocación desreguladora.

3. Pero es urgente subrayar que, de nuevo a diferencia de lo que ocurrió con posterioridad a 1929, hoy las respuestas keynesianas se topan con problemas insorteables. El principal de ellos es, sin duda, el que nace de los límites medioambientales y de recursos que acosan al planeta.

Quienes estiman, por ejemplo, que la obra pública en infraestructuras de transporte es una respuesta airosa frente a la crisis deberán explicarnos quién va a utilizar las maravillosas autovías que se aprestan a construir cuando el litro de gasolina, dentro de unos años, cueste seis, ocho o diez euros.

¿Qué es, por cierto, lo que tendrá a bien explicar el presidente Rodríguez Zapatero en una macrocumbre mundial: la racionalidad sin límites de una burbuja inmobiliaria que nada hizo por contrarrestar? ¿Su apoyo de siempre a la miseria que emana del Fondo Monetario, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio?

Si el keynesianismo fue una respuesta funcional para la operación de rescate del capitalismo en el decenio de 1930, hoy, con toda evidencia, ya no lo es. No deja de ser significativa, por lo demás, la ausencia de respuestas que remitan a algo que huela, y permítasenos el oxímoron, a un keynesianismo verde de franca vocación redistribuidora.

4. La condición material de las respuestas neoliberal y keynesiana obliga a poner el dedo en una llaga sangrante: hoy por hoy, e infelizmente, la distinción entre lo público y lo privado tiene un alcance limitado. Si la naturaleza de los intereses privados y de sus juegos macabros salta a la vista, conviene prestar atención a la interesada ambigüedad que impregna la conducta de tantos poderes públicos claramente volcados al servicio de esos intereses.

No se olvide al respecto, y en singular, que la actitud del presidente norteamericano Bush ha sido y es plenamente consecuente: si en el pasado defendió con obscenidad los intereses de las transnacionales estadounidenses, hoy lo sigue haciendo con el concurso de la maquinaria y los recursos del Estado.

Así las cosas, la simple reivindicación de lo público no basta. A la vieja demanda de socialización de la propiedad se suma ahora la necesidad inexorable de evaluar la idoneidad, o la falta de ésta, de la acción de los gobiernos en un escenario en el que, con la anuencia de éstos, son formidables corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda las que dictan la mayoría de las reglas del juego.

El esquema correspondiente se ajusta puntillosamente a la bien conocida máxima que invita a privatizar los beneficios al tiempo que las pérdidas, en cambio, se socializan.

5. Es significativo que en estos días a gobernantes y medios de comunicación sólo les preocupe la primera, y la menos importante por ser la más fácilmente solventable, de las cuatro crisis que identificamos. Semejante conducta sólo puede explicarse en virtud, de nuevo, del propósito de salvar la cara al proyecto neoliberal y eludir, con ello, cualquier consideración seria de lo que se nos viene encima.

Al respecto, y dicho sea de paso, la crisis se ha convertido en una formidable cortina de humo que permite mover pieza en terrenos delicados. En las últimas semanas se ha recurrido con frecuencia, en particular, a la aseveración de que la crisis financiera ha dado al traste con los Objetivos del Milenio o con la lucha contra el cambio climático, como si uno y otro proceso no estuviesen muertos antes de la propia crisis.

En la misma línea, sobran las razones para concluir que son muchos los empresarios decididos a aprovechar la tesitura para, con gran contento, prescindir de muchos de sus trabajadores.

Nunca se subrayará lo suficiente, entre tanto, que los 700.000 dólares invertidos en el plan de rescate estadounidense permitirían resolver de una tajada los principales problemas planetarios en materia de sanidad, educación, alimentación y agua. Este dato, por sí solo, se convierte en un fiel retrato de las muchas miserias que tenemos entre manos.

6. Hay que dudar del buen sentido de una percepción que, desde mucho tiempo atrás, marca poderosamente nuestras reflexiones: la que sugiere que, en un imperturbable esquema cíclico, a una etapa de recesión seguirá, por necesidad, otra de bonanza, y a ésta una nueva de recesión… hasta el final de los tiempos.

Si el problema de fondo al que nos enfrentamos en estas horas es la desaparición de la mayoría de los mecanismos de freno que históricamente el capitalismo ha sido capaz de desplegar, su manifestación más clara hoy es la más que razonable duda —fácilmente perceptible en el comportamiento de muchos agentes económicos— de que a la recesión de estas horas le vaya a seguir una etapa de bonanza.

La futilidad de las respuestas neoliberal y keynesiana aconseja concluir que, aun cuando en el corto plazo el capitalismo global pueda abandonar la senda de la recesión, no estará haciendo otra cosa que aplazar unos años su agonía.

7. En la magra discusión mediática que ha cobrado cuerpo sobre la crisis faltan, visiblemente, dos elementos: una consideración crítica de la ratificada condición de permanente injusticia y desigualdad que caracteriza al capitalismo, por un lado, y una conciencia clara, por el otro, de los límites medioambientales y de recursos del planeta.

Al respecto de esta última hay que colocar en lugar central el concepto de huella ecológica, con el recordatorio paralelo de que hemos dejado muy atrás las posibilidades materiales que la Tierra nos ofrece, de tal suerte que en los hechos estamos consumiendo recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras.

Hasta el momento presente —y seamos generosos en el argumento— hemos reducido un poco la velocidad del barco en el que nos movemos camino de un acantilado, pero en modo alguno hemos modificado el rumbo.

8. Sorprende sobremanera que en la discusión mencionada no haya espacio alguno, en los países ricos, para tomar en serio la imperiosa necesidad de acometer un proyecto claro de decrecimiento en la producción y en el consumo.

Y, sin embargo, bien sabemos que el crecimiento económico, idolatrado, no propicia una mayor cohesión social, genera agresiones medioambientales a menudo irreversibles, se traduce en el agotamiento de recursos con los que no van a poder contar nuestros hijos y nietos, y, por si poco fuere, facilita el asentamiento de un modo de vida esclavo que, al calor de la publicidad, del crédito y de la caducidad, nos invita a concluir que seremos más felices cuantos más bienes acertemos a consumir.

Frente a toda esa sinrazón hay que defender la solidaridad y el altruismo, el reparto del trabajo, el ocio creativo, la reducción en el tamaño de un sinfín de infraestructuras, la primacía de lo local y, en suma, la sobriedad y la simplicidad voluntarias.

Si el decrecimiento y la redistribución de los recursos ganan terreno se podrían reflotar sectores económicos que guardan relación con la satisfacción de las necesidades, y no con el sobreconsumo y el despilfarro, con la preservación del medio ambiente, con los derechos de las generaciones venideras, con la salud de los consumidores y con la mejora de las condiciones de trabajo.

Nada de esto forma parte, sin embargo, del horizonte mental que manejan nuestros gobernantes, en el mejor de los casos interesados por lo que pueda ocurrir, en un par de años, al calor de las próximas elecciones. Sorprende que estas gentes se presenten a los ojos de muchos de sus conciudadanos como personas sensatas y diligentes que tienen solución para todos nuestros problemas.

9. La crisis en curso, que tantos habíamos previsto, anuncia una edad de oro para los movimientos de contestación, que pronto podrán observar cómo, pese al miedo y la sumisión que las autoridades desean crear, muchas gentes están dispuestas a escuchar y asumir mensajes radicales que hace bien poco quedaban rápidamente en el olvido.

Para salir airosos en este nuevo escenario, esos movimientos tienen que combinar la contestación activa del trabajo asalariado y de la mercancía —del capitalismo, para entendernos— con una consideración cabal de las exigencias que se derivan de los límites medioambientales y de recursos del planeta.

Un viejo lema, ’socialismo o barbarie’, se halla hoy de mayor actualidad que en cualquier otro momento de la historia. En su trastienda resuenan las palabras de Walter Benjamin: "La revolución no es un tren que se escapa. Es tirar del freno de emergencia".

10. La consolidación de esos movimientos de contestación/emancipación es tanto más urgente cuanto que por momentos se adivina un renacimiento de muchas de las políticas que abrazaron, ocho decenios atrás, los nazis alemanes, defendidas ahora, no por ultramarginales grupos neonazis, sino por algunos de los principales centros de poder político y económico.

Estos últimos, claramente conscientes de la escasez que se avecina, parecen decididos a aplicar radicales formas de darwinismo social militarizado encaminadas a preservar para una escueta minoría los recursos que todavía se hallan a nuestra disposición.

Muchas de las políticas que abrazan los gobernantes norteamericanos del momento, y muchas de las que se adivinan en una Unión Europea cada vez más firmemente decidida a deshacerse de los inmigrantes que no interesan, se mueven por esa peligrosa avenida.

* Catedrático de Ciencia Política