En segundo lugar, se denuncia que quizá la forma elegida para establecer las retribuciones, con gran peso del bonus, habría podido incentivar a los directivos a tomar más riesgos de los convenientes para lograr objetivos a corto plazo, aumentando así el agujero de las subprime.
La última de las críticas se plantea tras desvelarse los blindajes millonarios que gozan estos gestores en caso de despido, con independencia de la herencia que dejen a sus accionistas.
En 2007, los máximos ejecutivos de las 16 entidades más afectadas por la crisis de crédito ganaron en total 334 millones de dólares (236 millones de euros), un 30% más que en 2005. La bola de nieve de las hipotecas basura ha costado a esas compañías pérdidas de 320.543 millones, se ha cobrado el empleo de 80.236 personas y ha jibarizado su valor bursátil desde septiembre de 2007.
"La obsesión de las empresas cotizadas por lograr beneficios a corto plazo, combinada con unos sistemas de retribución que no están ajustados por el riesgo que asumen los gestores, supone una mezcla letal", explica John M. Berry, columnista de la agencia Bloomberg.
A finales de 2007, recuerda este experto, cuando casi todos los grandes bancos de inversión empezaban a encarar enormes pérdidas, pagaron bonus comparables a aquellos repartidos en 2006, "un año en el que los beneficios eran mucho mayores y el horizonte parecía despejado".
Tras el estallido de la burbuja tecnológica también se cuestionó el salario de algunos directivos, principalmente el abuso de opciones sobre acciones. Entonces se reforzaron los controles de buen gobierno corporativo. Sin embargo, el revuelo no pasó de ahí al considerarse los salarios un asunto privado a resolver entre los consejeros y los accionistas.
La diferencia con la crisis actual es que se está utilizando mucho dinero público para intentar mantener con vida entidades donde sus directivos, que han aplicado prácticas de gestión cuando menos cuestionables, cuentan con cláusulas de despido muy ventajosas. Éste es el caso del rescate de Fannie Mae y Freddie Mac, que poseen o aseguran la mitad de las hipotecas estadounidenses y que han sido intervenidas por el Gobierno.
Los contratos de sus principales ejecutivos, Daniel Mudd (Fannie) y Richard Syron (Freddie), les aseguraban indemnizaciones por valor de 8 y 15 millones, respectivamente. Gracias al carácter semipúblico de las entidades, el Gobierno ha logrado que estos ejecutivos no ejecuten sus paracaídas de oro, aunque sí se embolsarán pensiones cercanas a los cuatro millones.
"Nos gustaría que Mudd y Syron se fuesen sólo con un apretón de manos, pero la intervención estatal no debe justificar el incumplimiento de los contratos", editorializaba Los Angeles Times. "Esta controversia sí debería servir para que los consejos se replanteen su política de pagar por los fracasos. Si los órganos de dirección no lo hacen corren el riesgo de que el Gobierno sea más intervencionista o conceda más poder a los accionistas".
La polémica acerca de los despidos millonarios no se queda en Fannie Mac y Freddie. Esta semana se ha conocido que el consejero delegado de Merrill Lynch, John Thain, y dos de los ejecutivos que fichó cuando entró en el banco hace menos de un año, podría llevarse un total de 200 millones de dólares por menos de un año de trabajo si el nuevo dueño de la entidad, Bank of America, les despide o les relega a unas funciones de menor rango.
Un caso similar ocurre en AIG, intervenida por la Reserva Federal para evitar su quiebra. Robert Willumstad se convirtió en el primer ejecutivo de la aseguradora hace tan sólo tres meses y en caso de despido tiene asegurada una indemnización de siete millones.
Carly Fiorina, consejera económica del candidato republicano, ha manifestado en más de una ocasión su oposición a cualquier tipo de regulación. Cuando Fiorina tuvo que abandonar la presidencia de Hewlett-Packard en 2005 la empresa le pagó más de 21 millones de dólares.
