viernes, 29 de agosto de 2008

El Banco Lehman Brothers decide nuevos despidos

NUEVA YORK.- El banco de inversiones Lehman Brothers prepara un nuevo recorte de personal con el cese de 1.500 empleados, según informó el diario The New York Times.

Los despidos en ciernes en el cuarto banco de inversiones de Estados Unidos podrían comenzar a mediados de septiembre, indicó el periódico en su página electrónica al citar a una persona enterada del plan.

Lehman ha eliminado al menos 6.000 empleos desde junio del 2007, agregó.

Es el banco que ha asesorado a la CAM para su salida a Bolsa con las cuotas participativas.

Lehman Brothers, el mayor suscriptor de bonos hipotecarios antes del colapso de este mercado, podría recortar ahora alrededor del 6% de su plantilla, en lo que supondría la cuarta ronda de despidos acometida por la entidad.

La firma de Wall Street, señalada por el mercado como la probable próxima víctima propiciatoria de la crisis financiera, podría anunciar esta medida antes de publicar sus cuentas del tercer trimestre, que serán desveladas a mediados de septiembre, según señala el periódico.

Como el resto de sus competidores, los primeros despidos de Lehman se centraron en los segmentos de concesión y titulización hipotecaria, aunque actualmente los recortes apuntan a las divisiones de 'trading' y banca de inversión, cuya actividad se mantiene "en letargo", señala el rotativo.

El pasado 19 de agosto, JPMorgan pronosticaba que Lehman Brothers podría verse forzado a asumir nuevas depreciaciones por importe de unos 4.000 millones de dólares (2.722 millones de euros) en el tercer trimestre del año por el deterioro de los valores hipotecarios residenciales y comerciales.

Los analistas de Citigroup y Goldman Sachs coincidieron hace una semana en sendas revisiones negativas de las previsiones de resultados de Lehman Brothers, banco para el que prevén 'números rojos' de más de 3.250 millones de dólares (2.198 millones de euros) y de 2.750 millones de dólares (1.865 millones de euros), respectivamente.

Las acciones de Lehman Brothers han sufrido un severo correctivo en Bolsa por los continuos rumores acerca de la situación de la entidad, perdiendo más de un 70% de su valor en lo que va de año.

La prima de riesgo toca máximos en la CAM con 450 puntos

MADRID.- Los diferenciales de crédito han registrado una nueva escalada en los últimos días, sobre todo en la banca mediana y las cajas de ahorros, hasta alcanzar ya los niveles máximos de esta crisis. En Sabadell y Popular rondan los 260 puntos básicos, mientras que en La Caixa se sitúa en 237 y en la CAM se ha disparado hasta 450, según "Cinco Días".

El sector financiero español sigue generando desconfianza entre los inversores, debido a las dudas que se ciernen sobre su capacidad para capear la actual crisis. Ello ha provocado que en los últimos días las primas de riesgo escalen hasta nuevos máximos y con más intensidad que en otros mercados también azotados por las turbulencias, como el estadounidense y el británico.

El diferencial o spread de la deuda a cinco años de Sabadell ha pasado desde los 137 puntos básicos de hace dos meses a situarse en 260. En Popular, la prima de riesgo cotiza en 260 puntos básicos, mientras que en La Caixa ha saltado desde los 48 puntos básicos de hace un año a los 237 actuales. La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), una de las entidades más expuestas al negocio inmobiliario, esta referencia se ha multiplicado por 17 veces, hasta los 450 puntos básicos actuales. En Caja Madrid supera los 200.

'Las entidades británicas, irlandesas y españolas son las que más riesgos tienen en el mercado hipotecario. Además, a medida que se acelera la crisis en España el mercado se pregunta qué crecimiento van a obtener estas entidades, después de que el mercado doméstico se haya paralizado', explica Félix López, de Atlas Capital.

Este experto recuerda, además, que el repunte de la morosidad en España es preocupante, no tanto por su volumen -el porcentaje de créditos impagados repuntó en julio hasta el 1,61%, el doble que hace un año y la cifra más alta desde 1999- sino por la velocidad con que se está produciendo.

Poca liquidez

En este sentido, los expertos comentan que el horizonte a medio y largo plazo es poco halagüeño y no descartan un deterioro adicional del escenario actual.

No obstante, reconocen que el movimiento de los últimos días está algo desvirtuado ya que hay muy poca liquidez en el mercado por el periodo estival.

Sólo los dos grandes bancos, Santander y BBVA, han conseguido permanecer al margen de esta purga en el sector financiero, beneficiados por la mayor diversificación de su negocio (España sólo aporta ya un tercio a sus beneficios).

En ambos casos, el diferencial de crédito se ha estabilizado por debajo de la barrera de los 100 puntos básicos y se sitúa en el entorno de los 94 puntos. Esta cota está muy por debajo de los 150 puntos con los que coquetearon tanto Santander como BBVA a mediados del pasado mes de marzo, justo en el punto más álgido de la crisis subprime tras la quiebra del estadounidense Bear Stearns. Aún así, los niveles actuales casi triplican el punto de partida de hace un año, cuando sus spreads estaban instalados en la zona de los 35 puntos básicos.

Además, ambas entidades tampoco son inmunes al efecto contagio desde Estados Unidos, donde los principales bancos de inversión están pagando una elevada factura en esta crisis.

Lehman, la última entidad en la cuerda floja

La entidad estadounidense ha recibido un nuevo varapalo con la decisión de Moody's de recortar su rating, junto al de las dos sociedades hipotecarias (Fannie Mae y Freddie Mac). En los últimos meses, los rumores sobre una posible quiebra de Lehman Brothers han sido constantes, aunque también se ha especulado con la posibilidad de que un banco coreano pudiera estar ultimando su compra. Esta situación se ha reflejado en un fuerte incremento de sus spreads, que rozan los 330 puntos básicos, frente a los 119 de comienzos de año y los 450 que tocó con la crisis de Bear Stearns y su venta a JPMorgan.

En Merrill Lynch, el diferencial de crédito también ha alcanzado los 310 puntos básicos, seguido por Morgan Stanley con 217 y Citi, con 169.

En Europa, junto a los españoles, los más castigados son los bancos británicos. La prima de riesgo en HBOS ha subido hasta los 191 puntos básicos y la de Barclays hasta los 130 puntos básicos.

En el suizo UBS se ha estabilizado en 118 puntos básicos, en el escocés Royal Bank of Scotland en 114 y en el belgaholandés Fortis en 106. El francés Crédit Agricole y el suizo Credit Suisse tienen su spread en torno a los 90 puntos básicos.

Comienza el cierre de oficinas de la CAM

ALICANTE.- Caja Mediterráneo cerrará a partir del 15 de septiembre entre diez y quince oficinas situadas en las provincias de Valencia, Alicante y Murcia.

Con esta medida, contemplada en su plan de expansión y que se trató en el último consejo de administración, según fuentes de la caja, la entidad con sede en Alicante optimizará gastos al deshacerse de las sucursales que no son rentables y de las que no tienen visos de alcanzar beneficios en un futuro.

El cierre de oficinas no interfiere en el plan de expansión de sucursales la CAM, que continúa vigente. La entidad se alzó a finales de 2007 como la segunda caja española que consiguió estar presente en todas las capitales de provincia del país.

Por otra parte, las 19 oficinas Bem, destinadas a la población inmigrante, que Caja Mediterráneo (CAM) abrió en el año 2006 con el fin de ampliar su oferta financiera a este colectivo, hoy, dos años después, han cerrado sus puertas, según "Información".

Esta red de centros multiservicio, que incluía desde el envío de remesas hasta préstamos personales o acceso a internet, estaba participada por ocho cajas de ahorro -entre ellas, CAM y Bancaja- y el grupo portugués Amorim. En España, las sucursales del grupo Bem alcanzaban la cifra de 147, de las que 19 eran gestionadas y administradas por la CAM a través de Bem Mediterráneo: 9 en Alicante, 8 en Valencia, una en Murcia y otra en Madrid.

Fuentes de la CAM han señalado que toda su red en el Mediterráneo se ofreció recientemente a Change Center, una empresa española asociada a Money Gram, una de las multinacionales más relevantes en el campo de las transferencias de dinero. De hecho, en algunas de las oficinas Bem de Alicante ya se puede contemplar un letrero luminoso de esta compañía, por lo que al menos este servicio continuará ofreciéndose bajo otra marca.

La entidad financiera ha señalado que la CAM decidió dejar de formar parte de dicho proyecto después de que el principal proveedor -Bem-Centros Multiservicio España- se desvinculara del grupo a principios de año. La CAM y otras tres cajas de ahorro, de las ocho integrantes iniciales, han seguido sus pasos.

Otras fuentes apuntan asimismo que el proyecto no funcionó como se esperaba al no contar con demanda suficiente entre los extranjeros. No obstante, la CAM continúa ofreciendo a los inmigrantes servicios financieros en su red de oficinas.

Desde Caja Mediterráneo han añadido que parte del personal que trabajaba en estos centros, donde el 95% era inmigrante, ha pasado a formar parte de la plantilla de la entidad financiera y el resto se ha integrado en la nueva empresa a la que se traspasaron los centros.

El origen extranjero de los trabajadores, procedentes de 12 países diferentes, era una de las características de los centros Bem, ya que sumaban doce nacionalidades distintas, que posibilitaban a los inmigrantes hablar en su propio idioma. Otra de las ventajas que ofrecían era un horario adaptado a sus necesidades, puesto que estaban abiertos de 11 a 23 horas y de lunes a domingo.

La Plataforma de Asociaciones de Inmigrantes de Alicante señala al respecto que estos negocios, aunque al principio ofrecen muchos servicios, "se centran principalmente en el envío de remesas, ya que en los últimos años el servicio de llamadas o de internet ha bajado mucho en los últimos años porque los inmigrantes ya tienen acceso a ello", apunta Luis Carlos Acero, portavoz del colectivo.

Acero señala que la mayoría de los inmigrantes, no obstante, utilizan las casas especializadas en el envío de dinero, como Money Gram o Western Union, en lugar de las entidades bancarias para realizar sus transferencias.

"Los estudios que manejamos nosotros indican que más del 70% de los inmigrantes envían sus remesas a través de las casas de envío porque quizás ofrecen un mayor equilibrio entre lo que se paga aquí y allá", indica el representante de la plataforma, que añade que en estos puntos ofrecen las transferencias de dinero "a un precio un poco más bajo al no estar vinculado a otros servicios financieros" como, en ocasiones, sucede con las cajas.

A su vez, señala que la crisis económica actual también habrá influido en la disminución del envío de remesas al exterior.

En "Hefame" se desentierran las hachas de guerra

MURCIA.-Antonio Abril, Valentín Martínez Torregrosa y Sara Peñalver presentan sus listas para las elecciones de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame), que se celebrarán el próximo 17 de septiembre, tras cumplirse el plazo, los dos últimos contrarios a la fusión de Hefame y Cofares.

Ese 17 de septiembre se elegirá a la persona que dirigirá la entidad durante los próximos cuatro años. Antonio Abril lleva cuatro años al frente de Hefame y los estatutos le permiten presentarse para dirigir la organización otros cuatro años más. Las votaciones para el Consejo Rector se celebrarán en cada centro de trabajo de Hefame.

Antonio Abril, actual presidente del Consejo Rector de la Hermandad, según explicó a "La Opinión", ha presentado una candidatura en la que le acompañan los 13 miembros que han estado con él en el Consejo hasta ahora y dos personas nuevas que, en el caso de que resultara elegido por los socios, ocuparían los dos puestos que se encuentran vacantes.

Para estos cargos de consejeros, el actual presidente ha apostado por Ascensión Campillo -de Murcia- y Ana Oliver -de Madrid-. Abril aseguró que va a iniciar el contacto con los socios de la Hermandad y que confía en contar con el aval de éstos en las elecciones ya que las cuentas de Hefame han sido aprobadas por unanimidad en el último consejo de asambleas, celebrado en el mes de junio.

Otra de las personas que pugnará por lograr la presidencia de Hefame es Valentín Martínez Torregrosa, farmacéutico que en las anteriores elecciones del año 2004 iba en la lista del candidato Eduardo Pérez García y que se distanció de Antonio Abril frente a la fusión de Hefame y Cofares, ante la que mostró su oposición.

Martínez Torregrosa es socio de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo desde hace más de treinta años y, a su vez, su padre fue uno de los primeros miembros que formaron la cooperativa en Murcia cuando ésta se fundó en los años 50 en la Región, por lo que afirmó que "le tengo un gran cariño a esta empresa porque es a lo que me dedico y la considero muy necesaria", a lo que añadió que "de esto se desprende que haya querido participar en estas elecciones de una forma activa".

Aunque no quiso desvelar el nombre de las personas que le acompañarán en la lista, Valentín Martínez Torregrosa destacó que "queremos ver bien a la empresa y poner orden". Preguntado por su impresión sobre la gestión que se ha venido realizando en Hefame y el papel del actual presidente, el candidato dijo que "hay cosas que se han hecho bien, pero hay otras que pueden mejorar", al tiempo que señaló que "la renovación es buena".

Martínez Torregrosa anunció que ha presentado una carta en la mesa electoral para impugnar las elecciones, ya que considera que "no se pueden convocar en estas fechas y por sorpresa". Con estas palabras, el candidato a las próximas elecciones de Hefame se refiere al cambio en la fecha de celebración de las mismas que anunció el pasado 28 de julio el actual presidente, Antonio Abril. En ese momento se informó de que se adelantaban las elecciones previstas para noviembre al mes de septiembre.

Por este motivo, Valentín Martínez Torregrosa señaló que "en agosto muchas farmacias están cerradas y no se han enterado del cambio y no se puede activar el periodo electoral en una época en la que no encuentras a nadie y no se pueden celebrar reuniones".

Por último, la tercera candidata a la presidencia de la Hermandad es Sara Peñalver, socia también de Hefame y miembro de la candidatura liderada en 2004 por Pedro Guerrero. Además, es conocida porque fue la portavoz de la plataforma 'SalvarHefame', creada para luchar contra la operación de fusión de Hefame y Cofares en 2006.

El juez pincha los teléfonos e investiga el patrimonio del ex consejero Marqués y su esposa

MURCIA.- La investigación del caso Zerrichera tiende, como el aire caliente, hacia arriba. Tiende a subir. En su trayectoria ascendente se ha topado ya con el ex consejero de Industria y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Francisco Marqués, quien durante meses ha tenido intervenidos sus teléfonos y cuyo patrimonio e ingresos, y también los de su esposa, están siendo exhaustivamente investigados, según revelaciones de "La Verdad".

Ésta es una de las principales novedades que aporta la pieza separada de la investigación sobre el caso Zerrichera, que se abrió en abril del 2007 por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar Fajardo, y que ha permanecido hasta ahora bajo secreto de sumario.

Esta investigación, que se resume en 345 folios que están en poder de "La Verdad", tenía por objeto determinar si algún cargo público del Ayuntamiento de Águilas o de la Comunidad Autónoma había recibido dinero, o promesa de ello, a cambio de recalificar una finca -la citada Zerrichera- para permitir edificar un resort pese a que era objeto de una especial protección ambiental.

En ese paraje de 156 hectáreas, 40 áreas y 24 centiáreas, enclavado en la diputación aguileña de Tébar y que forma parte de la Sierra de la Almenara, el empresario Trinitario Casanova promovía un proyecto urbanístico consistente en levantar unas 4.000 viviendas y un hotel de lujo en torno a un campo de golf.

Francisco Marqués, quien en la actualidad ejerce como director general de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame), no formaba parte de esa investigación en su origen. Los funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica, integrados en la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) de la Jefatura de Policía de Murcia, se habían centrado, por orden del juez, en los ex directores generales de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado Pérez, y del Medio Natural, Encarna Muñoz Martínez; en el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, y en el empresario Casanova, entre otros.

Sin embargo, los datos que iba aportando la investigación, unidos a una conversación intervenida a Alvarado, en la que supuestamente se refería a su ex jefe, Francisco Marqués, como «el gran mullidor (sic)» -en realidad, habría querido decir muñidor, esto es, «el que concierta o dispone un asunto con engaño», según la Real Academia de la Lengua Española-, y en las que hacía otras consideraciones como que «ha arrastrado a unos por arriba y a otros por abajo», llevaron a los policías judiciales a solicitar del juez que ordenase la intervención de los teléfonos del ex consejero, así como que permitiese someterle a una minuciosa investigación de su patrimonio e ingresos.

En el auto dictado el 24 de enero pasado, el magistrado Alcázar otorga luz verde a los agentes para investigar a Francisco Marqués, y realiza una serie de consideraciones que justificarían una decisión de tal calado.

Así, señala el juez que Antonio Alvarado, Encarna Muñoz y José Ignacio Sánchez Gelabert, el ex jefe del Servicio de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente -todos ellos imputados en el caso Zerrichera- «dependían jerárquicamente de Francisco Marqués (...), de quien resultó muy llamativa su actuación cuando salió en prensa para defender, políticamente, la decisión adoptada por una dirección general a su cargo -la de Calidad Ambiental- al aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la finca La Zerrichera, criticando, despectivamente y sin sonrojo alguno, el contenido de un informe medioambiental anterior (del 31 de agosto del 2004), elaborado precisamente por funcionarios dependientes de él mismo, pero de otra dirección general: la de Medio Natural».

El magistrado repasa además la citada conversación telefónica mantenida por Alvarado con un desconocido, que fue intervenida por la Policía, en la que el ex director general apuntaba a que el empresario Trinitario Casanova tenía a algún político «cogido por los huevos», y a continuación se refería a ese político como «el gran mullidor», añadía que es la persona «que debería estar y no está», que ya no se dedica a la política y que «está ganando mucho dinero todos los meses» y, por último, «que ha arrastrado a unos por arriba y a otros por abajo».

Tanto la Policía Judicial como el juez llegan a la conclusión de que la persona a la que se presuntamente refiere Alvarado, aunque sin nombrarlo, sólo puede ser Francisco Marqués. Y, de esta forma, el instructor afirma que «puede inferirse, lógicamente, que Alvarado -mejor que él nadie puede saberlo- pudo no actuar por decisión propia, sino inducido por su superior jerárquico, Francisco Marqués, en cuya mano además estaba la posibilidad de haber detenido el irregular proceso, entonces ya socialmente polémico, lo que no sólo no hizo, sino que lo apoyó abiertamente».

La última consideración del magistrado al autorizar la intervención de los teléfonos de Marqués es especialmente reveladora. «Aunque Francisco Marqués, actualmente no aforado, no fue incluido por el fiscal en su querella, no es descartable, por los antecedentes expuestos, que termine declarando como imputado en la causa».

Los teléfonos del ex consejero del Gobierno regional han permanecido pinchados desde el 11 de enero hasta al menos el 15 de junio de este año, momento en que la UDYCO estima que ya no tiene sentido seguir con la intervención telefónica. Del contenido de las escuchas poco ha trascendido, pues han sido remitidas al juez en CD y las diligencias escritas sólo recogen una conversación con la ex secretaria general de la Consejería de Medio Ambiente, María de los Reyes Sánchez, a la que llama dos días antes de que ésta tuviera que prestar declaración en el juzgado.

-«Tú, cuando acabes, me tienes que llamar», le exige Marqués.

-«Hombre, ya lo sé, ya lo sé. Qué te crees», responde ella.

Nada ha trascendido, tampoco, de la investigación económico-patrimonial que están llevando a cabo los agentes de la UDYCO sobre Francisco Marqués y su esposa, María Jesús G.M., pues los informes todavía no han sido redactados o, al menos, no han sido incorporados a las diligencias cuyo secreto se ha levantado ahora.

Con estas actuaciones, Marqués se convierte en la persona investigada por el caso Zerrichera que ha ocupado, hasta el momento, un cargo de mayor relevancia en la Administración regional.

La convicción del fiscal

El 19 de abril del 2007, días después de que el juez Antonio Alcázar Fajardo admitiese a trámite la querella presentada por la Fiscalía, el máximo representante de esta institución en la Región, Manuel López Bernal, presentó un escrito en el juzgado en el que señalaba: «En nuestro criterio, atendidos los datos dimanantes de las actuaciones, éstos apuntan inequívocamente en la dirección de que, en la tramitación de la Modificación del PGOU de La Zerrichera, han existido contraprestaciones económicas para funcionarios públicos».

Y añadía que «de otra manera, resulta incomprensible el cúmulo y la gravedad de las irregularidades cometidas, que han llegado hasta la presunta falsificación de fechas en documentos oficiales».

López Bernal reclamaba que, «ante la extrema dificultad en este tipo de investigaciones para conectar las actividades de los distintos personajes y las relaciones existentes entre los mismos», se procediese a autorizar la intervención de una serie de teléfonos. Un hecho, añadía, que se justificaba por la gravedad de las penas que podrían corresponderle en su día a los imputados, así como de «una evidente repercusión social de los hechos y de la evidencia de que constituyen un durísimo ataque a la credibilidad de nuestras instituciones locales y autonómicas».

En concreto, el fiscal jefe reclamaba que se pinchasen los teléfonos de varios de los imputados, «y significativamente del director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, y del empresario Trinitario Casanova». A la vez, solicitaba que se abriese pieza separada y que las diligencias fuesen formalmente declaradas secretas.

También en su informe preliminar, los agentes de la UDYCO señalaban que tanto el alcalde de Águilas, Juan Ramírez, como el concejal de Agricultura José López Díaz, «podrían hallarse envueltos en una serie de actividades al menos irregulares», y aseguraban que «parece claro» que tanto Antonio Alvarado como la ex directora general Encarna Muñoz «están llevando a cabo actividades profesionales que, en principio, serían incompatibles con sus puestos de trabajo, o bien por su empeño de recalificar lo irrecalificable».

El juez Alcázar acabó autorizando las escuchas telefónicas a los altos cargos Alvarado y Encarna Sánchez, al alcalde Ramírez, al empresario Casanova, al edil José López, entre otros, y acabó haciéndolo también con el ex consejero de la Comunidad Autónoma Francisco Marqués.

La investigación patrimonial y económica se ha extendido además a los restantes imputados en la causa, aunque el resultado de las gestiones de los expertos policiales no ha trascendido por el momento.

Los amigos de Valcárcel

La diputada regional socialista, Begoña García Retegui, manifestó, a través de un comunicado, su "total respeto al trabajo de la Justicia" en todo lo que concierne al caso de La Zerrichera, aunque se preguntó, como ciudadana, "quién se ha estado llevando los beneficios del crecimiento económico de la Región estos últimos años".

Al respecto, recordó que "Trinitario Casanova se embolsó 75 millones de euros sin haber puesto un solo ladrillo, sin haber creado un solo empleo", a lo que añadió que "no sólo intervino la Consejería que en su día presidía Francisco Marqués, sino que nunca hubiera sido posible sin la aprobación definitiva del proyecto por el consejero Joaquín Bascuñana".

Igualmente, comentó que "el PSOE pidió en varias ocasiones --cuando se supo de la imputación de varios altos cargos de dos consejerías en el asunto de La Zerrichera-- la comparecencia urgente del presidente Ramón Luis Valcárcel en la Asamblea Regional, y los diputados del Partido Popular la impidieron con su voto en contra".

Para Retegui, "está claro que el modelo de desarrollo basado en el pelotazo urbanístico que ha imperado en los mandatos de Valcárcel ha propiciado que algunos se hicieran ricos, mientras la mayoría de los ciudadanos se ven asfixiados pagando altas hipotecas, o incluso en el paro".

La diputada advirtió, en un comunicado, que el asunto de La Zerrichera "huele muy mal", y pidió explicaciones al presidente del Ejecutivo regional, Ramón Luis Valcárcel.

García Retegui aseguró que "las conversaciones [telefónicas] implican a varias consejerías y, en definitiva, al Consejo de Gobierno", por lo que consideró que "es imprescindible que antes de que se sepa nada nuevo, Valcárcel debe dar explicaciones a los ciudadanos, porque es necesario que se sepa la verdad".

Por otro lado, García Retegui aseguró que todos estos casos son "consecuencia de la política del Ejecutivo regional y del modelo de desarrollo que ha llevado Valcárcel en los últimos años".

Y criticó que el Gobierno regional "haya dejado a la Región en una situación vulnerable económicamente, que hace que la crisis económica actual afecte a la mayoría y nos golpeé mucho más duro que a otras comunidades cuyos gobernantes optaron por otro modelo de desarrollo".

También IU-Los Verdes exige explicaciones a Valcárcel por la gestión de su gobierno en este caso y critica el enriquecimiento que podría haberle producido a algunos investigados por la justicia la recalificación urbanística de esa finca rústica de Águilas.

IU-Los Verdes exige a Valcárcel que explique "por qué puso la mano en el fuego" por el entonces titular de Medio Ambiente Francisco Marqués.

"Tras el bochorno de los ya numerosos cargos de corrupción surgidos entre las personas de su confianza, Valcárcel debe pedir perdón a los ciudadanos y argumentar por qué tomó esas decisiones".

Las explicaciones de Valcárcel son "una necesidad ética", ya que "se trata de personas que se podrían haberse enriquecido de forma ilícita, mientras que la población se ve abocada al paro y a la precariedad económica, que seguro a ellos no les afecta".

El edil transfuga Clemente García, que ha dado la mayoría al PP en Águilas, actuaba al dictado de Casanova

MURCIA.- El alcalde popular de Águilas, Juan Ramírez; la consejera de Economía, Empresa e Innovación, Inmaculada García, y el portavoz regional del PP, Pedro Antonio Sánchez, tendrían quizás que haber esperado unos días antes de bendecir con sus gestos y sus palabras la incorporación al equipo de gobierno municipal de un edil tránsfuga: Clemente García López, quien salió elegido en las pasadas elecciones por el Movimiento Aguileño Socialdemócrata (MASd) y que a finales de julio se pasó al Grupo Mixto.

Quizás, hoy, Ramírez, García y Sánchez, se habrían alegrado de haber aguardado hasta poder echarle un vistazo a las últimas diligencias judiciales del caso Zerrichera, cuyo secreto se levantó hace un mes, y haber constatado la especial relación, de práctica subordinación, que el citado edil Clemente García mantenía hacia el empresario murciano Trinitario Casanova, principal impulsor de un resort de unas 4.000 viviendas, un hotel y un campo de golf en el paraje protegido de La Zerrichera, según cuenta "La Verdad".

Quizás, entonces -aunque esto no son sino suposiciones-, Pedro Antonio Sánchez no habría refrendado con su presencia las bondades del pacto alcanzado entre el alcalde y el edil tránsfuga, y la consejera de Economía quizás hubiese estado más comedida a la hora de definir a Clemente García como «un hombre honesto y honrado» y a quien dijo conocer desde la infancia.

Y es que las numerosas grabaciones telefónicas recabadas por los agentes de la UDYCO demuestran la estrecha relación existente entre Trinitario Casanova, y el ex concejal del MASd, que en apariencia acomodaba su actuación política a la voluntad y a los deseos del empresario. Un ejemplo muy explícito se registra el pasado 18 de marzo, unos minutos antes de las tres de la tarde, cuando Clemente García Pérez telefonea a Casanova y le informa de que una votación, en la que éste último tenía gran interés, ha transcurrido en contra de los intereses del promotor.

Éste, enfadado por el traspiés, apenas quiere escuchar a su interlocutor y le insta a hablar otro día.

- Clemente: Bueno, el resultado es que hemos estado paralizando la votación más de media hora...

- Trinitario: Que tampoco lo comentemos eso. Ya cualquier día, tranquilamente tomando un café, comentaremos cosas. No, ahora no. Vamos a comer tranquilamente (...)

- Clemente: Hombre, creo que lo he hecho lo mejor que he podido. No he podido hacer otra cosa.

- Trinitario: Tranquilo, que ya hablamos tomando un café.

- Clemente: Te lo digo en serio.

- Trinitario: Tomando un café hablaremos, venga.

Más significativo es el mensaje que dos días después envía Clemente García al empresario. «Esta tarde me reúno con la consejera (en apariencia, Inmaculada García, también aguileña de origen y amiga de juventud). Parece que han reaccionado. Dios quiera. No desesperes. Voy a ir a muerte hasta el final. Un abrazo».

Por no hablar del SMS que apenas cuatro horas después le envía de nuevo: «Quiero que valores la posibilidad de que yo haga unas declaraciones a nivel regional y nacional. Con la excusa de Marina de Cope. Podemos dar a conocer a toda España el daño que se le ha hecho a Águilas. A las personas y a las empresas».

La respuesta de Casanova debió de ser positiva, pues 45 minutos más tarde, Clemente García Pérez vuelve a enviarle otro SMS: «OK. Acabo de estar con mi amigo el senador y me ha dicho que me va a ayudar todo lo que pueda para meter presión. La reunión va a ser, al final, mañana a las 11. Te mantengo informado».

Al día siguiente, 21 de marzo, cuando en apariencia se celebraba el encuentro «con la consejera», Clemente envía otro mensaje de móvil al empresario, dándole cuenta de su gestión. «La reunión ha ido bien. He visto voluntad. Sólo me falta una reunión con el gran jefe próximamente».

El día 28 de marzo, los agentes de la UDYCO interceptan los dos siguientes SMS, que parece venir a confirmar, una vez más, la subordinación de Clemente García a los intereses de Casanova. El primero, a las 19.53 horas: «Acaban de confirmarme la cita con el presidente para la próxima semana. Creo que deberíamos vernos antes». Y 17 minutos después, después de haber recibido supuestamente las indicaciones del empresario: «OK. No lo dudes. Tengo las ideas muy claras. Siempre se hará en los términos pactados. Buen viaje».

Conversaciones telefónicas de ese tipo, que fueron debidamente registradas por los especialistas de la Policía y cuyas transcripciones están en poder de "La Verdad", son las que han llevado al juez de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, a ir prorrogando, un mes tras otro, la intervención de los teléfonos utilizados por Trinitario Casanova.

No en vano, el magistrado destaca la estrecha relación del promotor de La Zerrichera «con personas vinculadas con el entorno de Pedro Gil, como es Clemente García Pérez, concejal y miembro del partido oportunamente fundado por Gil cuando éste abandonó o fue cesado por el PSOE».

Y añade que esas conversaciones que se van produciendo a lo largo de meses, unidas a las que previsiblemente se irían sucediendo en fechas próximas, podrían ser de gran relevancia para la investigación.

"Estupefacta"

«Me quedo estupefacta, muy sorprendida», declaró la consejera de Economía, Inmaculada García, al conocer el supuesto papel de correa de transmisión de la voluntad del empresario Trinitario Casanova que desempeñaba, según se deduce de las investigaciones judiciales, el concejal aguileño Clemente García.

Inmaculada García, que estuvo presente en el acto de incorporación del edil tránsfuga al equipo de gobierno aguileño, admitió que ella veía a Clemente García con cierta asiduidad, «ya que soy de Águilas y lo conozco desde joven, y además tenemos amigos comunes», pero aseguró que «jamás me ha pedido nada ni me ha hablado de La Zerrichera».

Sí reconoció que había sacado a colación el proyecto de Marina de Cope, «porque aseguraba que el PSOE estaba en contra y que el MASd tampoco iba a votar a favor».

Cuando la consejera, que estos días descansa en Águilas, conoció algunas de las frases que el edil intercambiaba con el empresario Casanova, afirmó estar «estupefacta».

Después de trascender todo lo anterior, el portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, afirmó hoy, en un comunicado, que "cada vez, parece estar más claro" que el proyecto de urbanización de La Zerrichera "nació y se fraguó en San Esteban [sede del Gobierno murciano]".

Y es que, según Jara, "se está poniendo de manifiesto que el concejal tránsfuga, Clemente García", que abandonó la militancia del grupo Movimiento Aguileño Socialdemócrata (MASd) para pasar al grupo mixto, anunciando ahora que entra a formar parte del equipo de Gobierno del PP, "tenía contactos directos en el presidente, Ramón Luis Valcárcel y después daba cuenta de ellos a Trinitario Casanova [que era el promotor de la urbanización de La Zerrichera]".

Es por ello por lo que emplazó a Valcárcel a que "desautorice el pacto entre el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Aguilas y el concejal tránsfuga, una vez que se ha conocido que éste actúa al dictado de intereses particulares muy concretos".

"Tanto Valcárcel como la consejera de Economía, Inmaculada García, deben reconocer su error y dar marcha atrás en el pacto con el tránsfuga de Aguilas", aseveró el portavoz de los socialistas murcianos, quien se preguntó "a qué compromisos pudo llegar la consejera de Economía con Clemente García".

Como consecuencia de ello, anunció que su grupo parlamentario "va a pedir la comparecencia de Inmaculada García en la Asamblea Regional para que explique en calidad de qué se reunió con el concejal tránsfuga y qué acuerdos alcanzó con él".

Traslado del aprovechamiento

Día 29 de octubre del 2007. Son las 22:22:26 horas cuando el ex director general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Antonio Alvarado, uno de los principales imputados en el caso Zerrichera, recibe una llamada en su teléfono móvil, que está intervenido por los agentes de la UDYCO.

«Más vale tarde que nunca», le espeta su interlocutor, a modo de saludo. Se trata de «un tal Fernando», que es como se refiere a esta persona el juez instructor Antonio Alcázar, y que en apariencia «ostenta cargo o función en la Administración regional».

No se equivoca el magistrado en sus consideraciones. Según los informes policiales, «el tal Fernando» telefoneó desde un teléfono corporativo (el 88307, de Ibercom), utilizado por altos cargos de la Comunidad Autónoma, y que según ha podido averiguar "La Verdad" a través de tres fuentes distintas de la Administración autonómica, es el asignado a Fernando Mateo, ex director general de Carreteras y actual secretario general de Política Social, Mujer e Inmigración.

Es desde hace años hombre de confianza del consejero Joaquín Bascuñana, con quien ya estuvo en Obras Públicas y Vivienda y a quien ha seguido en Política Social.

La conversación que mantienen Antonio Alvarado y Fernando Mateo, cuya transcripción íntegra está en poder de este periódico, resulta de gran importancia para la investigación, ya que sirve de base para que el juez Alcázar ordene intervenir los teléfonos del ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, e investigar su patrimonio y sus cuentas bancarias y también los de su esposa.

En concreto, Alvarado se refiere a Marqués, supuestamente, como «el gran mullidor» -muñidor, en realidad-, añade que es «la persona que debería estar y no está, porque está ganando mucho dinero todos los meses» y se queja de que «nos está arrastrando a muchos, unos por arriba y otros por abajo».

La conversación, de la que se ofrece un extracto a continuación, se inicia con el lamento de Alvarado de que nadie está saliendo en su apoyo y en el de los otros imputados «utilizando los argumentos políticos que tenemos para defendernos», como, por ejemplo, que «el fiscal -Manuel López Bernal- no está siendo un defensor de la legalidad, sino un fiscal político».

- Fernando Mateo: Yo, de todos modos, hay una cosa que me mosquea, Antonio, en todo este procedimiento y... ¿Cómo un tío que se juega mucho dinero -en referencia al empresario Trinitario Casanova- se conforma con dos bravuconadas, no sé si pactadas, eh, no lo sé si están pactadas o no, con dos bravuconadas en los periódicos contra el Presidente? ¿Cómo ese tío no, eh, pone todos esos argumentos encima de la mesa? Argumentos políticos, me refiero.

- Antonio Alvarado: ...porque, porque no quiere ir de político.

- Mateo: No, no ponerse...

- Alvarado: Te lo digo yo, seguramente tiene a algún político cogido por los huevos y esperaba más de él. Es la única explicación que tengo.

- Mateo: ¿Algún político cogido por los huevos y esperaba más de él?

- Alvarado: Sí.

- Mateo: ¿Político activo?

- Alvarado: O inactivo. Posiblemente, aquí el problema de todo ¿sabes el que es? Que la persona que debería estar no está, ¿eh?, porque está ganando mucho dinero todos los meses y eso nos está arrastrando a uno... a muchos, unos por arriba y otros por abajo, ¿me explico?

- Mateo: Ya, ya, ya.

- Alvarado: ¿Me entiendes?

- Mateo: Ya

- Alvarado: Todo por salvar precisamente al gran mullidor (sic).

- Mateo: Ya, ya.

- Alvarado: ¿Me explico?

- Mateo: Ya

- Alvarado: Y te iba a decir una cosa, pero ésa te la diré personalmente.

- Mateo: Escucha, Antonio, tú sabes..., yo te conté, te conté a ti, creo, eh, que Bascuñana, que es, que era amigo, antes de Casanova, convenció al Casanova para que comprara la...

- Alvarado: Escucha, que todos..., escucha. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar y vamos a quedar un día a comer. Es que ya, por teléfono, todas estas cosas yo creo que no las debemos hablar, eh.

- Mateo: No, pero, que... Escucha, que esto tiene absoluta legitimidad. Le dijo: cómprate una finca en otro lado, que se te traslade el aprovechamiento. Y, según se me informa a mí, el ausente -en aparente referencia a Marqués- le dijo: Ni hablar, ésa, tú eres tonto, pa qué, para qué pijo vas a pagar esto, que te sale gratis. Pues mira dónde vamos, Antonio, mira por donde vamos. De todos modos, escucha. ¿Tú qué días vienes por Murcia?

- Alvarado: Pues, eh (la comunicación se corta).

En su conversación con el ex director general Alvarado, Fernando Mateo se queja de que «yo lo reconozco, en eso somos la derecha maricomplaciente. Somos gilipollas, que nos tragamos... Nos acorrala el PSOE y "La Verdad" (...) Y yo entendería que estuviésemos acojonados si nos hubiéramos quedado con 24 diputados, hostia, coño, si La Zerrichera casi nos cuesta el poder... Pero, cojones, que hemos subido un diputado más, que hemos subido en Águilas... Me cago en la leche, hostia, es que...»

Tras recibir el contenido de esa conversación y el informe elaborado por la UDYCO, el juez instructor del caso Zerrichera ordenó, el pasado enero, que los teléfonos de Francisco Marqués fueran intervenidos, al estimar que «el cargo que ocupaba -el de consejero de Medio Ambiente y superior de Alvarado- le hubiese podido permitir orquestar las actuaciones que desde su consejería se debían llevar a cabo para permitir la modificación del PGOU del paraje La Zerrichera en el Ayuntamiento de Águilas».

Y añade el magistrado que, en virtud de todos los datos existentes en las diligencias penales, a resultas de toda la investigación practicada por los agentes de la UDYCO, «no es descartable que termine declarando como imputado en la causa».

La playa de los trepas / Apunte de Verano de Vera Mª Cubí

La Dehesa de Campoamor, ya sin glamour, se ha convertido en la playa de los trepas y de gentes comunes en busca de mejores relaciones sociales. A un paso del chalé, en Torre Horadada, del acojonado mindundi (y con esta van cuatro sus residencias privadas), acuden para dejarse ver todos los aspirantes a ocupar cargos o mejorar su estatus político-administrativo de cara al otoño. También lo frecuentan algunos ex que dan más pena que rechazo provocaban; una fauna vanidosa y presuntuosa, sin desperdicio.

Funcionarios autonómicos con aspiraciones en el régimen neofranquista de Murcia han sustituido conscientemente a aquellos otros del Estado anterior en una especie de “zona nacional” de la nostalgia, visible aún en ancianos de la primera época incapaces de aguantar la Ley de Memoria Histórica a tenor de la música con connotaciones que suena en sus teléfonos móviles.

Al que no se ha visto este año (en que algunos ya han preferido de nuevo peregrinar al vecino Cabo Roig de renaciente abogado del Estado) ha sido al ex consejero Francisco Marqués, hoy director general de “Hefame” si es que ya no se ha resuelto su contrato blindado a tenor de los últimos acontecimientos policiales. Su antiguo mentor debe estar bastante asustado.

El fenómeno no es nuevo pero este verano ha sido el éxtasis pese a que los vecinos del norte se apartan del apestado sátrapa de palacio y ofrecen signos de un final de etapa turbulento. Lo de la Fiscalía Anticorrupción comienza a causar estragos. Es la excusa perfecta para Lolita a la hora de forzar más pronto que tarde una sonada dimisión. El proceso político está en marcha apadrinado por los propios postuladores de otra época, alguno hecho una fiera. Atención, porque los casos de Águilas, Torre Pacheco y Totana acabarán salpicando en las alturas. Y faltaba De Ramón dando la vara de Castellana a Génova y por donde menos se le espera. ¡Qué tipo!

Este enclave veraniego del franquismo tardío no es ya ni sombra de lo que fue. Dice mi actual compañero, uno de los primeros pobladores estivales del lugar en los años 60 del pasado siglo, que toda esta laya de advenedizos de baja estofa y nuevos ricos huertanos han vulgarizado su veraneo. Sólo rescoldos decadentes de una elegancia sitiada humean en rincones aislados de una urbanización que es pura sombra de su esplendor de otros tiempos mientras Cabo Roig se mantiene chic gracias a sus promotores de Moratalla. Su realidad actual es la de reserva de trepadores mal informados de las últimas novedades y hasta algunos también sujetos a investigación.

Fue precisamente Bartolomé Bernal, abuelo del actual fiscal superior, uno de los grandes artífices de la calidad de la Dehesa de Campoamor. Promotor inmobiliario destacado a nivel nacional en el franquismo, construyó unos edificios que el paso del tiempo ha certificado como excelentes. No en vano las familias Franco y Carrero Blanco eligieron el lugar para pasar sus discretos septiembres. La verdad, según cuentan, es que entre sus primeros residentes existía verdadera sensación de poder para gentes pudientes, hoy arruinadas, y murcianos conscientes de que nunca lo hemos tenido en Madrid desde el Conde de Floridablanca.

Campoamor hizo fortuna con tan distinguida presencia regular aunque mucho más las familias Tárraga y Segura Viudas, propietarios de la finca unos e inversores en su avanzada infraestructura los otros. Los herederos de ambas han terminado por romper el hechizo y sucumbir hasta masificar su concepto elitista. Lo cual no obsta para salvarse por comparación con el entorno más amplio. Lo que parecía en su tiempo más un enclave balear o gerundense ha terminado en playa más selecta de las vegas Media y Baja, y en destino preferido de nuevos ricos sin apellidos de abolengo.

Uno de los retoños de la época, el político del PP Luis Fernando Cartagena, hoy en la cárcel de Albacete por sentencias firmes de delitos dolosos, era hijo del entonces alcalde franquista de Orihuela, Pedro Cartagena, que fue quien dio todas las facilidades político-administrativas a un fabricante de chocolate de San Pedro del Pinatar para poder desarrollar un primer plan parcial. A cambio, don Antonio Tárraga le regaló un chalé junto al restaurante-cafetería “Montepiedra”, sólo comparable a los pisos que recibieron como detalle doña Carmen Polo y doña Carmen Pichot, esposas de los prebostes de aquel régimen, en el edificio “Diez Picos”.

De aquello, hoy, sólo queda como más glamourosa la exhibición de una aristocracia porcina, de Beniaján para más señas, a la que pertenece un prolijo columnista local, que suele ejercer de mamporrero mediático del presidente tras renunciar al foro y no aprovechar su pertenencia, a la vez, a una saga de juristas de origen lorquino y apellido compuesto. Tienen el único “Mercedes” con chofer-guardaespaldas visible en las calles de la Dehesa de Campoamor. Y dinero para enterrar a sus actuales propietarios.

Repleta de aparentes-decadentes, para mí deprimentes y patéticos, esta playa del sur alicantino acoge también a bastantes empleados de una entidad financiera, pilotada por un falsario, ávidos por cruzarse con él en las arenas de Barranco Rubio. Parece que la tiene hecha y ha sido otra “rara avis” este verano, lo que presagia fuertes “tormentas” en el otoño, y hasta “tsunamis” que todo lo arrastren hasta purificar estructuras tras la Navidad. Y también trufada de “pelotas” nacidos en otras localidades costeras, como Águilas o Mazarrón, en busca del encuentro “casual” con fulano o mengano para arrancar un saludo y marcharse tan ufanos como confiados.

Este “quiero y no puedo” define hoy la sociología predominante. Es una mezcla desactivada de un beaterío incapaz de sentar un pobre a su mesa e hijos de franquistas sin moral o conciencia muy laxa. La condición humana se refleja a fondo entre chalets y torres de apartamentos, en un continuo desfile de pasarela de abuelas bien vestidas para pasar la tarde del club náutico (hoy abierto al vulgo) a la capilla y de la iglesia a la horchatería, chabacano punto de encuentro que denota el bajo nivel al que descendió el perdido glamour en busca de un centro tan inferior de relación social. Por algo, en tiempos, veraneaban aquí los dueños de “Bagatelle”, “La Camisería Inglesa” y “Roger”, únicas boutiques de una Murcia que se fue.

“Estoy, luego existo”, parece ser la máxima de estas gentes recién llegadas y acampadas en predios a los que antes no pudieron acceder. No es el caso de un prominente ex gestor cultural sevillano a quien su pudiente esposa se le ha puesto demasiado gorda como para exhibirla con tanta frecuencia ni la de un librero jerezano, con más suerte y sin codicia, que la conserva casi en su peso original de cuando novios en la Dehesa de Campoamor.

Ahora es pasto de “los madriles” frente a aquellos madrileños de Chamartín o Chamberí en sus primeros años porque hasta los guiris de los 90 han desaparecido de los apartamentos-jaula para alquilar por quincenas. Mala venta tienen ahora sus bienes raíces cuando en época del embajador del Perú y su bella hija Rosana la demanda multiplicaba por diez a la oferta. Hasta una joven Pilar Valiente, luego malograda presidenta de la CNMV, ocupaba con sus padres y hermanos uno de los primeros bungalows construidos en España.

La realidad actual es la estación término sin retorno del bridge al dominó, del agua de Vichy a la sangría, del club náutico a la horchatería, de una playa elegante a vulgar costa de Orihuela, de selecto balneario a refugio del tráfico de drogas, de la Guardia Civil a “Securitas”, y define su degradación pasar de “Don Mariano al “Día” y la gasolinera de “Cepsa” (también punto de encuentro “casual” de quienes persiguen un determinado saludo de magistrados, políticos, financieros o nuevos ricos). El cine “Navia” es el único vestigio inhiesto de los días de gloria perdidos porque hasta la bolera es ahora un vulgar bar de copas con pretensiones selectivas.

Incluso el hotel “Montepiedra” intenta volver a su esplendor desde un “tres estrellas” remedo del Benidorm más cutre por sus charangas de los 70 para parejas “de modé”. Por algo, un catedrático de la UMU define ahora Campoamor, más como un camposanto que como panteón de hombres ilustres. Lejos, muy lejos, queda la fiesta anual en la casa del poeta asturiano, las puestas de largo de las jovencitas burguesas, una discoteca “Xairo” sólo para residentes, un Club Náutico muy selectivo, y la venta discriminada de apartamentos para ir acumulando pedigrí más que fortunas.

La CAM recurre a una entidad de la CECA para sostener su cotización

ALICANTE.- Caja Mediterráneo (CAM) ha suscrito un contrato de liquidez con Ahorro Corporación Financiera, el grupo de servicios financieros de las cajas de ahorros españolas, por un periodo de un año.

El acuerdo sustituye, de esta manera, al contrato de la entidad con Lehman Brothers por el que el banco estadounidense actuó como agente estabilizador de las cuotas participativas de la caja desde su salida a Bolsa, el pasado 23 de julio, y que ya venció.

Ahorro Corporación comprará y venderá las cuotas participativas de la CAM con un límite de 100.000 títulos y un efectivo de 500.000 euros. El objetivo del acuerdo, según comunicó la caja a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es el de «favorecer la liquidez de las transacciones y la regularidad de la cotización».

La corta trayectoria de los títulos de la CAM en el Mercado Continuo no ha sido tan halagüeña como se esperaba desde la entidad. El ciclo bajista de la Bolsa no ha sido ajeno a la caja, cuyos títulos han experimentado una bajada del 5,9% pese a la labor efectuada por Lehman Brothers a través del broker MB Capital.

La escasa liquidez diaria que han registrado las cuotas de la CAM -atemperada por la acción de MB Capital, sobre todo con la absorción de grandes flujos de órdenes de venta- durante el último mes, y los nubarrones que parecen seguir acechando al conjunto de la Bolsa a causa de la crisis financiera, han llevado a la entidad a contratar los servicios de Ahorro Corporación para los próximos doce meses.

Caja Mediterráneo colocó en su salida a Bolsa 50 millones de cuotas con un valor total de 292 millones de euros, cifra por debajo de lo previsto, ya que fijó el precio más bajo de la horquilla (5,84 euros). Sus títulos cerraron ayer a 5,51 euros (descendieron un 0,72%).

Por otra parte, Lehman Brothers ha comunicado a la CNMV su intención de ejercer la opción de compra sobre 1.381.305 cuotas participativas de Caja Mediterráneo (CAM) que ha controlado a lo largo del último mes. Se lleva a cabo, por tanto, lo que figura en el contrato que firmaron las dos entidades y por el cual el banco norteamericano se convertía en agente estabilizador de la primera emisión de cuotas participativas de una caja de ahorros en España, un papel que garantiza la estabilidad en periodos de gran movimientos bursátiles.

Entre el 23 de julio y el 14 de agosto, Lehman procedió a dicha compra, para lo que pagó 5,30 y 5,84 euros por cuota. De hecho, fue el pasado 14 de agosto el último día en el que el banco ejerció de figura estabilizadora. Según el comunicado remitido a la CNMV, “con el ejercicio de la opción de venta se cierra el periodo de estabilización”.

La caja alicantina emitió unos 50 millones de cuotas participativas en su salida a bolsa. Más de dos tercios están en manos de particulares, mientras que el resto corresponde al tramo institucional. Además de Lehman, la CAM firmó otro contrato con Ahorro Corporación, aunque en este caso para garantizar la liquidez de las operaciones entre particulares.