Aprobado el reglamento de integración de agricultores en el régimen de trabajadores autónomos

MADRID.- El Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aprobó hoy un Real Decreto que desarrolla reglamentariamente los cambios introducidos por la integración de los agricultores por cuenta propia en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y por el Estatuto del Trabajo Autónomo.

La integración de los agricultores por cuenta propia en el RETA dentro de un Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) se produjo el 1 de enero del presente ejercicio, en cumplimiento de la disposición sexta del Pacto de Toledo de integración de regímenes, y tras el acuerdo del Gobierno con los agentes sociales y las organizaciones agrarias.

El Real Decreto aprobado hoy adapta a estos cambios cuatro reglamentos sobre encuadramiento y cotización a la Seguridad Social de los trabajadores agrarios, así como la colaboración que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional prestan en la cobertura de las contingencias profesionales y la incapacidad temporal.

En concreto, se modifica el procedimiento a seguir para la acreditación y comprobación del cumplimiento de los requisitos necesarios para el encuadramiento de los trabajadores agrarios por cuenta propia en el citado sistema especial.

Como ejemplo, el Gobierno apuntó que se aclara que los agricultores que contraten a hijos menores de 30 años no necesitan presentar declaración conjunta en la que se acredite su condición de asalariados, aunque sí habrá que hacerlo un mes después de que cumplan dicha edad.

Asimismo, se actualizan los preceptos relativos a la cobertura de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales respecto de los trabajadores autónomos, en función del tipo de actividad que desempeñen, de las condiciones de su ejercicio y de si éste se simultanea o no con otras actividades que determinen su alta en el mismo o en otro régimen del sistema de la Seguridad Social.

El Real Decreto se compone de cuatro artículos que modifican los reglamentos generales sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores en la Seguridad Social; sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social; sobre recaudación, y sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El reglamento no contempla, por no ser competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social, el desarrollo y concreción de los contratos de los trabajadores económicamente dependientes y la determinación de las actividades que presenten mayor riesgo de siniestralidad.

Roca declara por los negocios del cartagenero Tomás Olivo

MÁLAGA.- El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz y el ex asesor de urbanismo, Juan Antonio Roca, declararon ante el juzgado de instrucción número 1 de Marbella por uno de los convenios suscritos por el Consistorio, que se investigan en dicho juzgado, según informaron fuentes judiciales.

Ambos llegaron a las dependencias judiciales marbellíes procedentes de la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre. La declaración de ex asesor duró apenas cinco minutos, según indicaron fuentes de las defensas, que añadieron que “ha dicho lo que ha venido diciendo anteriormente”.

Según explicaron las fuentes, se trataría de “un testimonio que se había deducido del caso 'Malaya'”. Otras fuentes indicaron que esta causa trata sobre el convenio firmado con la empresa General de Galerías Comerciales, vinculada al empresario cartagenero Tomás Olivo (en la imagen).

Además, también comparecía, pero como testigo, un técnico del Consistorio encargado de certificaciones de obras.

Dicho juzgado tiene abiertas varias diligencias previas en las que se investigan convenios suscritos entre el Ayuntamiento marbellí y empresas y que se iniciaron tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 contra Muñoz y Roca.

A éstos dos, la Fiscalía Especial los consideraba, en la querella, los artífices “de una maniobra tendente a enajenar los inmuebles propiedad del Consistorio a unos precios muy inferiores a los del mercado” y enmarcaba estas conductas “en una modalidad de liquidación de haberes públicos” dentro de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía basó su acusación en uno de los informes fiscalizadores del Tribunal de Cuentas respecto al Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales, en el que se concluía que los convenios investigados contemplan todo tipo de operaciones como la permuta o la dación en pago.

Dicho informe cuestionaba la valoración hecha de los inmuebles enajenados, puesto que el Ayuntamiento prescindió de los funcionarios municipales con competencia para esto y "contrató, a través de la sociedad Planeamiento 2000, S.L., a tasadores externos", en concreto a dos, que fueron quienes realizaron todas las tasaciones contenidas en los expedientes de los convenios.

Las matriculaciones de coches bajan un 43% en la Región durante el mes de julio

MURCIA.- Las matriculaciones de turismos y todoterrenos registraron una caída del 43,5% en Murcia el pasado mes de julio, hasta situarse en 2.619 vehículos vendidos, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) facilitados a Faconauto.

Este comportamiento negativo de las ventas de vehículos en Murcia se debió, según Faconauto, “al descenso de las ventas de todoterrenos, que registraron un retroceso del 52,7%, situándose en 213 unidades vendidas”.

Por su parte, las ventas de turismos cayeron un 42,5%, con un total de 2.406 vehículos matriculados en la provincia en el mes de julio, según informaron la mismas fuentes.

Por canales, destaca el retroceso registrado en las ventas a flotas de alquiler (-47,3%), con 907 unidades vendidas en lo que llevamos de año. Por su parte, las ventas a particulares y a empresas bajaron un 32,6% y un 33,7%, respectivamente, hasta julio.

Asimismo, el segmento de vehículos industriales registró una caída en Murcia el pasado mes de julio, con una cifra total de 414 matriculaciones, lo que representa una bajada de las ventas en el mercado del 53,3% con respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas de vehículos ligeros de hasta 3.500 Kg. cayeron un 51,4% hasta situarse en 330 unidades. A su vez, las de pesados descendieron un 59,6%, contabilizando 84 vehículos vendidos.

Esta caída del ramo industrial (-53,3%) en Murcia es superior a la media del mercado español en el que las matriculaciones de vehículos industriales sufrieron una caída del 40,2% hasta las 18.211 unidades vendidas en julio de 2008.

Por ramos, los vehículos ligeros de hasta 3.500 Kg. experimentaron también un desplome del 41,7% hasta las 15.170 unidades vendidas. Los vehículos pesados, por su parte, registraron una caída del 31,7% con 3.041 unidades matriculadas durante el pasado mes de julio.

El niño extremeño / Charo Zarzalejos

Es seguro que la inigualable ocurrencia del catalán Suñé, concejal de ICV en Tarragona, no es compartida por la sociedad catalana. Es imposible compartir la idea de que los catalanes adopten a niños extremeños como muestra de solidaridad. Estos niños, según caricatura de Suñé, están muy próximos a la pobreza y al abandono.

El autor de la ocurrencia ha pedido disculpas, al mismo tiempo que ICV, con buen criterio, se ha desmarcado de semejante propuesta. Bien están las disculpas pero la ocurrencia en cuestión se produce en un determinado ambiente político, en un paraguas ambiental que al parecer favorece despropósitos como el visto. ¿A qué resulta imposible imaginar una propuesta semejante de un político extremeño, aragonés o castellano?

La idea surge de Cataluña aunque en Cataluña nadie la comparta y muchos se avergüencen. Suelen decir que los niños repiten lo que escuchan en casa. A Suñé nadie le ha dicho que haga lo que ha hecho. Ha ido en solitario, pero parece que algo ocurre, que algo revolotea por la política española para que alguien aunque sea un concejal tenga semejante idea. Y es que no es la primera vez que políticos catalanes, de mayor o menor relevancia, se hacen notar a través de episodios tan innecesarios como ofensivos.

Más que justificada está la indignación de la junta de Extremadura. Sin embargo y afortunadamente, los niños extremeños no están ni en la pobreza ni en el abandono y además los niños extremeños son nuestros niños, los de todos los españoles como los, los catalanes, los vascos o los andaluces. Hay quienes sostienen que lo más inteligente es no dar importancia “a una tontería que nadie comparte”. Sin embargo llega un momento en que las tonterías se acumulan y producen indignación.

Las disculpas de Soñé hay que darlas por buenas, aceptarlas sin que ello suponga renuncia a un punto de reflexión. Es terrible comprobar cómo desde la incapacidad o desde la frivolidad se sustituyen alegremente las ideas por las ocurrencias. Esto ocurre, en el mejor de los casos, porque la mayor parte de las veces se lanzan ocurrencias porque no se tienen ideas. Por lo demás reiterar que los niños extremeños deben saber que ellos son nuestros niños, y los de todos los españoles que estamos encantados de serlo.

El grupo del PP en la Asamblea, entre el sustento y el soporte /

El grupo parlamentario popular puede hacer, deshacer y aplicar “el rodillo” en la Asamblea Regional con la amplia mayoría absoluta conseguida en la pasadas elecciones autonómicas. A priori es el que sustenta al Gobierno Regional, con el presidente, que también lo es del partido, estableciendo las directrices y los parlamentarios defendiendo su gestión y actuando de escuderos frente a las críticas o ataques de la oposición.

En este mes caliente de julio también le ha tocado al grupo “soportar” la actuación del presidente del Ejecutivo Regional en la decisión “personal y sorprendente” de autorizar la concesión de Arquitectura a la UCAM.

Es cierto que en periodos vacaciones la oposición siempre ha sido muy aficionada a pedir plenos extraordinarios por cualquier motivo, lo mismo que en periodo de sesiones a veces abusan de las solicitudes de comparecencias del presidente.

La petición de pleno extraordinario para hablar de la crisis económica por parte de los socialistas a primero de mes no tenía mucho sentido cuando un mes antes el Debate sobre el Estado de la Región se había centrado especialmente en el tema y los portavoces del PSOE e IU pudieron extenderse tranquilamente.

Lo de Arquitectura a la UCAM es muy distinto. Ha abierto una crisis interna en el Ejecutivo, ha soliviantado a los rectores y al profesorado de las dos universidades públicas, ha creado malestar entre los estudiantes y anuncia un “otoño caliente” en el mundo universitario.

“Si la medida de Valcárcel se hubiera tomado en mayo, la contestación universitaria y social hubiera sido de aupa”, insisten fuentes del mundo universitario, de ahí que parezca comprensible la solicitud de la oposición de la celebración de un pleno extraordinario y no se comprende la negativa de la mayoría popular a la no celebración.

“Se entiende porque Valcárcel no quiere dar explicaciones y el grupo tiene que obedecer y soportar a su presidente”, comentan analistas parlamentarios.

La crisis de los socialistas con Collado se fraguó en la Asamblea, con el grupo del PSOE enfrentado al Ejecutivo. La situación de los populares es distinta, porque de momento son una piña en torno a Valcárcel, aunque haya cosas que algunos ya empiezan a no comprender.

Las transferencias de Justicia pierden interés

Tras las pasadas autonómicas el nuevo diputado regional del PP, Manuel Campos, se tomó al pié de la letra el encargo de Valcárcel de retomar y cerrar las transferencias de Justicia al Gobierno Regional, el último paquete que queda para completar las competencias autonómicas. Campos y el ministro Bermejo pusieron interés en el tema. El Ejecutivo se esforzó en cuantificar las cantidades tras analizar la situación y las futuras necesidades, evitando lo que sucedió con Sanidad y Educación.

“El duelo de pillos”, en cuanto a las cantidades y el calendario quedó paralizado por las elecciones generales. Se iba a retomar en mayo y concretar como muy tarde en otoño. Las conversaciones sin embargo parecen haberse quedado en punto muerto. Ni el Gobierno Regional habla últimamente del tema, ni el ministro Bermejo ha hecho especial hincapié en su reciente visita. Los funcionarios tampoco han vuelto a decir nada. Parece que ha dejado de ser un tema prioritario.

www.elfaro.es

Levantado parcialmente el secreto de sumario en el caso de La Zerrichera

MURCIA.- Las intervenciones telefónicas se confirman como una herramienta básica para los investigadores en los casos de corrupción. Esta técnica -que ha permitido revelar importantes datos en los casos abiertos en Torre Pacheco y Fuente Álamo, Los Alcázares o Totana-, fue también empleada en el caso de La Zerrichera, en Águilas, según recoge "La Opinión".

Según fuentes próximas al caso, los teléfonos de varios de los implicados en este caso de presunta corrupción urbanística fueron intervenidos desde julio del pasado año. Estas escuchas -que duraron varios meses- forman parte de una pieza separada de la investigación principal -que sigue el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia- sobre la que se acaba de levantar el secreto de sumario.

La investigación sobre presuntas irregularidades en el caso de La Zerrichera fue uno de los primeros casos de corrupción urbanística que se destaparon en la Región. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, investiga si hubo irregularidades en el proceso de recalificación de la finca de La Zerrichera, ubicada en una zona protegida de la Sierra de La Almenara.

El Grupo Hispania, entonces liderado por Trinitario Casanova, pretendía construir una urbanización de más de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf en este paraje, calificado como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA).

El asunto llegó a salpicar a varios altos cargos regionales y a dos miembros del consistorio aguileño. En concreto, se trata del ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; la ex directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz; el ex director general de Vivienda y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el ex subdirector de Vivienda y Urbanismo, José María Ródenas; el ex jefe de Servicio de Calidad Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert; el alcalde de Águilas, Juan Ramírez (en la imagen); y el ex concejal del consistorio aguileño, José López.

Además, durante la investigación se descubrió un presunto intento de soborno por parte de Trinitario Casanova a varios concejales socialistas para que no se opusiesen al proyecto. Esta segunda línea de investigación, que lleva el mismo órgano judicial, concluyó con la imputación del ex secretario general de los socialistas aguileños, Pedro Gil, y del propio Trinitario Casanova.