martes, 8 de julio de 2008

Blanco dice que en las CC.AA. del PP es donde más empleos se destruyen debido a la especulación inmobiliaria

MADRID.- El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, afirmó que las comunidades autónomas más afectadas por la crisis inmobiliaria son las regiones gobernadas por el PP, y aseguró que es en estas regiones donde más empleo se destruye porque favorecieron "procesos de descontrol y de especulación desordenada" en este sector.

"Donde está cayendo más el empleo es probablemente en Valencia, Murcia, Madrid, donde los gobiernos son del PP", afirmó Blanco en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. En este sentido, el nuevo vicesecretario general argumentó que en otras regiones como Galicia, donde el crecimiento fue "más razonable", se está "creando empleo".

Por otra parte, Blanco reconoció que hay "un poco de desempleo" pero que, gracias a las medidas impulsadas por el PSOE en la anterior legislatura, los desempleados están "más amparados que nunca". "Tienen más protección social que nunca, y eso sí que es una garantía para momentos de dificultad", aseveró.

El dirigente socialista aprovechó para criticar algunas actuaciones del Gobierno del PP en 2003, como el denominado "decretazo", y aseguró que esta vez no se verán mermadas ninguna de las garantías de los españoles.

"No va a haber congelación del salario de los funcionarios públicos, se va a subir el salario mínimo interprofesional, se van a aumentar las pensiones más bajas", aseguró Blanco, quien añadió que esa es la "diferencia entre la izquierda y la derecha".

Zapatero da a Pedro Saura otra oportunidad / Juan Redondo

Los socialistas vuelven eufóricos de Madrid con la inyección de moral y de apoyo que les ha dado el 37 Congreso Federal. Llevan un tiempo intentando ubicarse y encontrar un espacio en el electorado murciano que cada vez les resulta más esquivo y cada vez más leal a los populares que lidera Ramón Luis Valcárcel. Pedro Saura cuestionado en el interno regional por una alternativa variopinta, ha salido reforzado y marcado como el líder de esta travesía del desierto. Aparentemente los “marmolistas” han quedado descartados por Madrid en la pugna interna, pero ellos están dispuestos a mantener la bandera hasta el final.

“Nuestro caso no es comparable con los críticos del PP en Cataluña, aquí no hemos recibido consignas”, comentan en broma. Sin embargo sus posibilidades reales han disminuido considerablemente tras el conclave madrileño. Además el nuevo vicesecretario general José Blanco puede venir a Murcia antes del congreso regional para expresar su apoyo personal al actual secretario general del PSRM.

Saura vive un momento dulce. El actual secretario general de los socialistas murcianos es más reconocido y valorado en Madrid que en su Región natal. Ha ganado la batalla sobre el futuro Pacto Nacional del Agua a Barrera, su rival castellano-manchego, ha conseguido una notable representación en los órganos de dirección federal para una región pequeña en población y militantes y que aporta sólo tres escaños al Congreso, que ha cosechado el peor porcentaje en las autonómicas y que apenas cuenta con una docena de ayuntamientos en la Comunidad “Sería un magnifico embajador, pero es un mediocre secretario general”, comenta un veterano militante socialista.

El “embajador” se ha sumado al interés que ha establecido Zapatero en su agenda política: recuperar electorado en comunidades “granero” de los populares, como Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia. El Arco del Mediterráneo ha sido especialmente sensible contra la política hídrica de los socialistas de cerrar el trasvase del Ebro. También ha sido la zona donde la bonanza económica, con el sector inmobiliario como motor, se ha manifestado de forma más brillante. Un modelo que ahora está seriamente afectado y castigado por la crisis económica.

El agua basada en la desalinización y el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, frente a los intentos de marcar fecha de caducidad del acueducto por parte de los castellano-manchegos y la apuesta por una economía mas diversificada y menos basada en el ladrillo marcan el nuevo discurso de los socialistas murcianos desde hace un tiempo. Un discurso, apoyado por Zapatero en el congreso federal, pero que no acaba de llegar a los ciudadanos. Saura en este sentido es un triunfador en Madrid, un ganador teórico del próximo congreso regional del PSRM.

Ahora le toca demostrar en casa sus éxitos foráneos, algo que no ha conseguido desde que fue designado como líder del PSRM. Es quizás su última oportunidad y sabe que su candidatura a la presidencia de la Comunidad dentro de tres años no es segura y dependerá de la evolución de los acontecimientos, entre los que se incluye la agenda de Valcárcel, con su dudas sobre su continuidad en San Esteban hasta el final de legislatura o abrir la sucesión ante y también de la situación interna de los populares tras el congreso de Valencia. A Saura le toca mover pieza tras el congreso regional.

Dar paso a los jóvenes y potenciar el banquillo. María González ha sido reconocida como una de las grandes esperanzas del socialismo murciano. Jara puede ser el nuevo vicesecretario general, y la organización interna hay que renovarla en seis meses.

Morales ultima su comparecencia

Juan Morales, ex alcalde popular de Totana, diputado regional elegido en las listas del PP y ahora adscrito al grupo mixto al ser repudiado por su propio partido, cierra está mañana la ronda de comparecencia del magistrado del TSJ, Julián Pérez Templado, dentro del sumario abierto por la “Operación Tótem”.

El teórico cerebro del escándalo urbanístico posiblemente comparezca por segunda vez ante el magistrado y en esta ocasión se acoja al derecho de no declarar. Sus asesores jurídicos así se lo han recomendado, ya que consideran que es coherente con el recurso presentado solicitando la nulidad del proceso por presuntas irregularidades en la obtención de pruebas dentro de la investigación.

Morales, que lleva desaparecido de la Asamblea Regional desde antes de Navidades, cuando estalló el escandalo, por motivos psicológicos, se encuentra más delgado, al menos según se aprecia en la imagen tomada anoche. Sus asesores jurídicos le han recomendado que se acoja al derecho de no declarar y parece que será la tónica que adoptará el ex alcalde de Totana en su comparencia de esta mañana.

Y Javier Mármol no tira la toalla

Aunque Saura viene reforzado de Madrid, Mármol no está dispuesto a tirar la toalla y mantendrá su candidatura de cara al congreso regional del 18 de julio. Las sugerencias y los guiños de la dirección federal del PSOE, con referencias directas de Zapatero y de Blanco, no han minado la moral de los “marmolistas”.

Los críticos consideran que en Murcia hay que profundizar en la apuesta de la “fuerza del cambio” y renovar una dirección que ha perdido dos elecciones, y que la diferencia con el Partido Popular es superior a los treinta puntos.

“No me he planteado retirar mi candidatura, y en los próximos días mantendré mi agenda de reuniones con agrupaciones y delegados”, dice Mármol. Son conscientes de que tras el congreso su posición en Murcia es un poco quijotesca. “Nosotros somos nosotros y mantendremos nuestra alternativa hasta que voten los delegados”.

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El Tribunal Supremo no libra de la cárcel al ex jefe de la Policía Local de San Pedro del Pinatar

MURCIA.-El que fuera jefe de la Policía Local de San Pedro del Pinatar, no ha conseguido que el Tribunal Supremo (TS) le rebaje la condena de 13 años de prisión que ya le impuso la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia como autor de un delito continuado de cohecho y de otros dos de cooperación necesaria en sendos delitos contra la salud pública según revela "La Opinión".

Se trata de Pedro Antonio Marín Abellán, de 47 años, natural y vecino de San Pedro del Pinatar.

La sentencia declara probado que Pedro Antonio usó su cargo como jefe policial para dar cobertura a una red que introducía grandes cantidades de hachís en la costa murciana. Así, queda demostrado que el funcionario estuvo implicado en al menos dos desembarcos de droga entre finales de 2005 y principios de 2006.

El Alto Tribunal ha desestimado las alegaciones del ya condenado, quien se escudó en que tanto las escuchas telefónicas como el registro que se hizo en su domicilio no se ajustaron a la legalidad. Asimismo, indicó que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia.

Ninguno de esos argumentos ha sido tenido en cuenta por el TS, que defiende la legalidad del proceso y ratifica la sentencia anterior que, además de las penas de cárcel, incluye una sanción de cerca de once millones de euros y la inhabilitación para ejercer cargo público alguno durante once años. Junto a él, el Supremo también ratifica la condena para los otros siete implicados en la red, que en total suman casi veinte años de prisión.

Según consta en la sentencia, la decisión de intervenir el teléfono de Pedro Antonio se tomó en enero de 2006, después de localizar un fardo de hachís de 26 kilos en una playa de San Pedro y de que un vecino afirmara haber visto al acusado en el desembarco. Este hecho es suficiente para el TS para justificar la intervención del teléfono y el posterior registro.

Tampoco el alegato que esgrimió el acusado en defensa de la presunción de inocencia ha prosperado. La respuesta del TS es rotunda. Pedro Antonio fue visto en un coche patrulla en la playa Torre Derribada sobre la noche del 28 de diciembre de 2005, mientras un grupo de individuos descargaba fardos de hachís de una embarcación.

Ante la sorpresa del vecino, el jefe de la Policía Local le dijo que la situación estaba controlada, que ya había llamado a la Guardia Civil. Fue el testigo el que después alertó al Instituto Armado, que no tenía noticias del alijo y que sólo pudo recuperar la embarcación, unas garrafas de gasolina y 26 kilos de hachís. El propio jefe de la Policía llamó a la Guardia Civil para asegurarse de que no estaban en la zona.

Una vez que el jefe policial estaba bajo sospecha y con su línea intervenida, su captura era cuestión de tiempo. El dos de febrero de 2006 otra embarcación llegó a San Pedro. Los agentes de la Benemérita consiguieron esta vez incautarse del alijo: más de tres toneladas y media de hachís.

La implicación de Pedro Antonio estaba confirmada. El propio acusado reconoció en la Audiencia Provincial que colaboraba con los narcotraficantes y que su misión era informarles de los movimientos de la Guardia Civil. No obstante, se justificó y alegó que estaba amenazado por la red, algo a lo que no se dio crédito. En el registro en su domicilio se encontraron unos 200.000 euros en metálico.

El ex alcalde de Totana, Juan Morales, dice que nunca ha pedido dinero a nadie

MURCIA.- El ex alcalde de Totana y diputado del Grupo Mixto de la Asamblea Regional, Juan Morales, volvió hoy a afirmar que "nunca he pedido dinero a nadie ni nadie me ha entregado ningún dinero", al tiempo que dejó claro que "siempre se ha actuado atendiendo a los criterios e intereses generales".

Morales, quien compareció hoy ante el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez Templado, por el caso 'Tótem', se acogió a su derecho a no declarar "en coherencia con la petición de nulidad" que la pasada semana presentó su abogado, por lo que "no se le hicieron más preguntas", según confirmaron fuentes próximas al caso.

No obstante, estas fuentes precisaron que el ex alcalde volvió a decir que "no había pedido dinero a nadie" y que lo que había hecho era absolutamente legal; declaraciones que hizo "porque él quiso".

"Se le ha pedido que justificase la procedencia de la fianza que presentó [cantidad que ascendía a 200.000 euros para eludir la prisión provisional], y no la ha justificado todavía", resaltaron estas fuentes.

Sin embargo, el ex regidor totanero, quien entró a comparecer sobre las 10.05 horas y salió unos 15 minutos después, consideró que "ha sido una semana donde todo el mundo ha pasado y nadie ha dicho absolutamente nada de que yo haya pedido ni me hayan entregado ningún dinero".

"Eso es lo único que tengo que declarar", reiteró Morales, quien remarcó que "si tiene alguien algo que demostrar que lo demuestre". Y es que, después de la declaración que realizó durante más de 12 horas el pasado 11 de abril ante Pérez Templado, recordó que "ya se explicó todo detalladamente con pelos y señales", mientras que hoy lo único que hizo fue "apostillar alguna cosa que nos ha quedado por decir".

Y es que, puntualizó, "no se ha celebrado ningún juicio y se sigue en un proceso de investigación de instrucción de un sumario", y mostró su deseo de que "se aclare todo".

Morales, quien también ocupa un escaño en la Asamblea Regional como diputado del Grupo Mixto después de que el PP de la Región de Murcia exigiera su acta y le diera de baja en el Grupo Parlamentario Popular, reseñó que seguirá como tal aunque dejó entrever que "conforme se vaya desarrollando el sumario nos plantearemos esa cuestión tanto a nivel personal como técnico y jurídico".

De igual modo, se refirió al recurso de nulidad presentado por su abogado, José María Caballero, y expresó que "se ha dejado todo claro, que todos los convenios del Consistorio llevaban la firma de los técnicos municipales y de la secretaria general del Consistorio".

"Se aprobaron y ratificaron por el Pleno, se expusieron al público y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)"; motivo por el que subrayó que "todo se ha hecho cumpliendo la más absoluta y estricta legalidad".

Dijo desconocer si tendrá que volver a declarar en el TSJ en septiembre, pero apuntó que "cada vez que me llamen vuelvo, ya que estoy a disposición de la justicia". Sus vacaciones, comentó, las pasará "tranquilo y en familia, ayudando a mi hijo a que recupere las de septiembre como buen estudiante".

Por su parte, el abogado José María Caballero afirmó que su defendido declaró que "todo era normal, todo correcto y que todas las operaciones que se han hecho han sido dentro de la legalidad".

Así, sostuvo que "nadie ha recibido esas peticiones de Morales", al tiempo que puso de manifiesto que "esa persona que decía que tenía hasta informes de testigos es rotundamente falso", por lo que, insistió, "poco a poco se va aclarando la finalidad que tenía esta operación".

Por último, y preguntado sobre si tiene noticias del recurso de anulación que presentó la pasada semana por entender que "no se ha respetado el derecho al juez ordinario predeterminado por Morales; porque la intervención telefónica que se hace es sin motivación suficiente y no reúne los requisitos que, según la jurisprudencia del Constitucional especifican que se pueda adoptar una medida tan grave; y que se ha ido manejando la información que había en el procedimiento en la forma que mejor le venía", dijo no tener noticias del mismo.

Una vez que ha finalizado esta ronda de comparecencias, que dio comienzo el pasado día 1 y por la que han pasado a declarar ante Pérez Templado un total de 18 personas relacionadas con la trama totanera por la supuesta implicación del ex regidor, presumiblemente se prevé que el procedimiento en lo que concierne a Totana se mueva en cuanto a declaraciones.

Así lo declararon fuentes próximas a la investigación, que dejaron claro que el alcalde, José Martínez Andreo, "está implicado en Totana"; motivo por el que desde la Fiscalía se le planteará a la juez del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, que dirige la instrucción del caso, que "antes de acabar este mes se continúe con las declaraciones de los temas que han quedado en Totana".

De este modo, el objetivo es que para los días 29, 30 ó 31 de julio vayan a declarar, entre otras personas, Martínez Andreo. "Seguro que va a tener que ir a declarar otra vez para los temas que se han quedado en Totana, los delitos que se le imputan al actual alcalde, porque al TSJ sólo vino por posible implicación en el tema de posible cohecho de Morales", mientras que el ex regidor, en principio, no tendrá que hacerlo ya que "sólo está implicado en la parte del TSJ".

En cuanto al procedimiento que compete al TSJ queda aplazado hasta septiembre; en concreto hasta el día 17, fecha a la que están citados a declarar el testigo que salió como imputado por un presunto delito de cohecho, Matías Navarro, así como dos testigos más.

En definitiva, se trata de dos procedimientos. Uno que se investiga desde la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia, relativo "al tema de Morales, de los cohechos y de la primera operación de Proinvitosa"; y uno segundo, concerniente a "falsedades y demás, que está en Totana y en donde no está implicado, ahora mismo, Morales".

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia asumió la competencia para conocer el asunto en relación al ex regidor totanero --aforado-- en el marco de las investigación de la 'Operación Tótem', al entender que había "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por éste, entre ellos el de cohecho "por el cobro de comisiones".

El caso 'Tótem' investiga los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.

Varapalo a la CAM a 15 días de emitir cuotas participativas, según "Cinco Días"

MADRID.- Varapalo a Caja Mediterráneo (CAM) cuando tan sólo quedan dos semanas para que comiencen a cotizar sus cuotas participativas -títulos similares a las acciones pero sin derechos políticos-. La firma Standard & Poor's (S&P) hizo público ayer un informe en el que reduce la valoración de la deuda de esa entidad 'por el deterioro de las condiciones económicas en España'.

El anuncio se produjo en un día delicado para la caja presidida por Vicente Sala, ya que había reunido a inversores institucionales en el parqué madrileño para explicarles en detalle el nuevo instrumento de inversión, según "Cinco Días".

CAM no se quedó sola en el castigo de la agencia estadounidense. La otra gran entidad de ahorro valenciana, Bancaja, también vio recortarse su rating. En ambos casos ha pasado de 'A+' a tan 'A', con lo que las degrada un nivel. S&P también ha revisado la calificación de Caja Madrid, Banco Popular y Pastor, cuyas perspectivas han pasado de 'estable' a 'negativa'. En Bankinter cambia de 'positiva' a 'estable'.

Entre los argumentos que ayer esgrimió la firma norteamericana para bajar la nota a CAM está su elevada exposición ladrillo. 'Su alta exposición a los promotores inmobiliarios, en particular en áreas costeras y financiación de suelo, y a las pequeñas y medianas empresas, la hace vulnerable al abrupto ajuste del sector inmobiliario', asegura S&P.

Unas horas antes de que la agencia divulgara el informe, el director general de CAM, Roberto López (en la imagen), negaba que la entidad tuviera un perfil más arriesgado que sus competidores. 'Nuestra inversión en crédito inmobiliario está en consonancia con el sector. En cuanto a promotores, tenemos un 21% de esos préstamos, frente al 18% de media de la industria', comentó.

En el propio folleto de la emisión de cuotas, CAM reconoce su fuerte exposición al sector inmobiliario así como la existencia de un cliente considerado 'de gran riesgo' al superar el 10% de los recursos propios de la caja.

Pese a que la entidad no desvela su identidad, todo apunta a que se trata de Hansa Urbana, la inmobiliaria participada históricamente por la caja. El folleto matiza que esta empresa 'está al corriente de los pagos' y destaca que ha reducido su peso sobre los recursos, pasando del 11,4% a final del año pasado al 10,1% en marzo de 2008.

Durante la presentación para periodistas, el número dos de CAM se mostró optimista respecto a la futura evolución de las cuotas. López recordó que el 65% de la emisión se va a colocar entre clientes de la entidad y que tan sólo van a sacar a Bolsa el 7,5% del capital de CAM, en lugar del 20% para el que tenía autorización, 'una medida de prudencia'.

El banquero también volvió a repasar los detalles técnicos de las cuotas participativas, que espera comiencen a cotizar el próximo 23 de julio. Se sacarán a Bolsa 50 millones de títulos, con un valor nominativos de dos euros. La banda de precios estimativa va de los 5,84 a los 7,3 euros por cuota.

CAM destinará el 7,5% de su beneficio individual a remunerar a los cuotapartícipes. Lo hará por medio de dos vías: retribución efectiva (a la que dedicará entre el 0 y el 50%) y a través de una cuenta de reserva (que recibirá entre el 50% y el 100% del pago al inversor. Realizando una simulación con un beneficio de 270 millones, 20,25 millones irían dedicados a los cuotapartícipes.

Un 65% de los 50 millones de títulos serán suscritos por clientes de la caja alicantina. La inversión mínima será de 3.000 euros y la máxima de 100.000 euros. El 31% restante los suscribirá inversores institucionales, mientras que el restante 3,5% quedará en manos de los empleados.

El caso de Bancaja

En el caso de Bancaja, la agencia S&P señaló como factores que han motivado la degradación de su rating: el deterioro de la calidad de sus activos, los mayores costes de captación de fondos, y su exposición al mercado de valores a través de sus participadas cotizadas.

La firma norteamericana, que ve con especial preocupación la financiación de compra de suelo y a empresas muy endeudadas con una gran cartera de suelo, predijo que el goteo de insolvencias de las empresas inmobiliarias se agudizará por la fuerte contracción de la demanda.

Para "El País", la agencia de calificación Standard & Poor's (S&P) envió una seria advertencia a varias entidades financieras españolas debido al "agudo deterioro de la economía", que afecta a las inversiones crediticias ligadas al sector inmobiliario.

Las peor paradas fueron Caja Mediterráneo (CAM) y Bancaja, las dos cajas de ahorros valencianas, que vieron rebajada su calificación un nivel, de A+ a A, por su exposición al crédito inmobiliario y la aceleración de los problemas de los clientes para pagar las hipotecas. Banco Popular, Caja Madrid y Banco Pastor mantuvieron su calificación, pero la agencia rebajó su perspectiva de futuro de estable a negativa.

La decisión de S&P de rebajar el rating (calificación sobre la deuda) llega en un momento muy delicado para la CAM, que está a punto de salir a Bolsa a través de la emisión de cuotas participativas (una figura compleja, parecida a la de las acciones pero que no concede poderes políticos a los cuotapartícipes).

Si las perspectivas de la emisión ya eran complicadas por la crisis financiera y por la alta valoración previa que la caja ha hecho de las cuotas (de 5,8 a 7,3 euros para el 7,5% que va a sacar al mercado, lo que supone asignar un precio de 3.600 a 4.500 millones al total de las cuotas de la entidad), el anuncio de la agencia podría complicarlo más. Los bancos comparables han caído en torno al 25% en Bolsa desde el momento en que se tomaron sus cotizaciones para realizar la valoración de la caja.