viernes, 27 de junio de 2008

Práctica suspensión de pagos del Servicio Murciano de Salud por la crisis fiscal

MURCIA.- El Servicio Murciano de Salud (SMS), dependiente de la Consejería de Sanidad, se encuentra en una práctica suspensión de pagos, según se deduce de sendas informaciones que hoy publican "La Verdad" y "La Opinión".

Un buen número de empresas y profesionales autónomos que abastecen y trabajan para el Servicio Murciano de Salud llevan meses, muchos incluso desde finales del pasado año, sin cobrar cantidades importantes de dinero, lo que les pueden obligar a cerrar.

Los problemas financieros que arrastra desde hace años este organismo público, dependiente de la Consejería de Sanidad, se han acrecentado en el 2008 y han alcanzado a la mayoría de los 2.000 proveedores con que trabaja.

Algunos implicados aseguran que desde el pasado mes de enero no se pagan las facturas de los productos y servicios prestados, e incluso, algunas de las empresas afectadas han amenazado con dejar de suministrarles. Más de una decena de empresas murcianas, que trabajan con el SMS, han visto peligrar su estabilidad.

El director general de Régimen Económico del Servicio Murciano de Salud, Andrés Carrillo, ha reconocido que se ha producido «alguna demora en el pago», aunque considera que la situación «no es especialmente dramática».

Según las explicaciones de Carrillo, el Servicio Murciano de Salud podría llevar unos ocho meses sin pagar a sus proveedores. «Nosotros pagamos a seis meses religiosamente», indica este alto cargo, «pero ahora hay un retraso de un par de meses».

Los contactos mantenidos entre las consejerías de Sanidad y Hacienda para resolver este problema han permitido que el Servicio Murciano de Salud reciba una transferencia de fondos con la que responder a los acreedores.

El director de Régimen Económico asegura que «el próximo mes comenzaremos a pagar».

Los problemas de liquidez del Servicio Murciano de Salud no son nuevos. En julio del 2005, Iberdrola amenazó veladamente con cortarle el suministro si no se le pagaba una deuda acumulada de más de tres millones de euros por el recibo de la luz, y el ejercicio del 2006 cerró con una deuda a corto plazo con acreedores de 270 millones de euros, según la auditoría de las cuentas de dicho año.

El peor año

Andrés Carrillo señala que el problema de la financiación sanitaria es común a todas las comunidades autónomas, pero más grave en las regiones del arco mediterráneo a causa del incremento de población que registran cada año y por el que no reciben más dinero del Estado.

«Hay tensiones financieras claras», indica el director general, y «este año está habiendo más dificultades a causa de la crisis económica».

Es evidente que la caída del consumo y de la actividad inmobiliaria ha reducido los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma, pero también la Consejería de Sanidad se ha embarcado en gastos no presupuestados, agravando la anemia económica crónica que padece, según revela "La Verdad".

El pasado mes de febrero, semanas antes de las elecciones generales, firmó un acuerdo con los sindicatos para aplicar la semana laboral de 35 horas que incluía un jugoso incremento salarial, cuyo coste el PSOE cifra en unos 90 millones de euros y que supondrá la contratación de unos 800 profesionales más.

Aguirre, Valcárcel, dos comportamientos en un mismo partido / Juan Redondo

Ha tardado mucho Esperanza Aguirre en manifestar su opinión con el cierre del congreso nacional del PP en Valencia. A los dos consejeros de la Comunidad de Madrid que Rajoy puso en los órganos de dirección del partido, les ha enseñado rápidamente la puerta de la calle, con la disculpa de que en etapas de crisis hay que reducir gastos.

La “baronesa” no parece muy “marianista” y encaja mal los resultados cuando no favorecen sus gustos. Qué diferencia con Ramón Luis Valcárcel, a pesar de que en algunos tiempos formaron cierto frente interno en el PP.

El presidente murciano ha sabido evolucionar del “aznarismo” al “marianismo”, y a pesar de la escasa presencia de populares murcianos en los órganos de dirección del PP ha regresado tan contento de Valencia, porque el partido ha apostado por el centro reformista.

Porque Valcárcel sabe sacrificarse por el interés general de los populares y es generoso y comprensivo con las decisiones de Génova, incluido el nombramiento de De Cospedal como secretaria general del PP. Valcárcel entiende desde hace años la paz por territorios y ha hecho de la Región de Murcia el gran feudo popular, como se demuestra cada vez que llegan las elecciones.

En este sentido es el vasallo modélico; aquí tanto Aznar como Rajoy son casi hijos adoptivos de la Región, se aceptan los “paracaidistas” que toquen y tampoco se es exigente a la hora de marcar cuota de poder o tener un gran peso específico en Génova. Nunca será una persona con una ambición política grande fuera de la Región, como puede ser el caso de Esperanza Aguirre o Francisco Camps ahora, o como en otros tiempos fueron Zaplana o Acebes. De ahí que sea una persona cómoda y valorada por los dirigentes nacionales de turno, porque no es problemático ni conflictivo.

Si el mes que viene hace algunos retoques en el Gobierno, no será por ajustes derivados del Congreso de Valencia, ni tampoco buscará la disculpa de Aguirre por reducir consejerías debido a la crisis económica. En sus más de trece años de gobierno, Valcárcel se ha distinguido, al contrario que otros barones, por no dejar cadáveres políticos en el camino (Megías puede ser la excepción), ni por crearse enemigos internos. Es una forma de perpetuarse en el poder regional.

Basuras alicantinas en la frontera de Murcia

Aunque con retraso, el Ayuntamiento de Murcia ha reaccionado ante el macrovertedero que quiere instalar la Diputación de Alicante en la frontera con la Región. Llevaban ya medio año los vecinos de Zeneta quejándose a la corporación por la intención alicantina de poner la planta en la finca de La Pistola, en término municipal de Orihuela, donde se verterán los residuos de 26 municipios alicantinos.

Ahora parece que la corporación que preside Cámara reacciona con contundencia en contra del proyecto. Coincide que la Diputación y la mayoría de los ayuntamientos están gobernados también por los populares y que los responsables de la construcción son Cespa y Ortiz, dos empresas que también trabajan en la Región.

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Viudes revela el interés de Puertos de Estado por el proyecto de nueva dársena en El Gorguel

CARTAGENA.- El economista liberal Adrián Ángel Viudes Viudes, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, ha revelado que el ente público "Puertos del Estado" es favorable a que se amplíe el puerto cartagenero con la construcción de una nueva dársena para contenedores a Levante dadas las dificultades de ver la posibilidad de hacerlo a Poniente por cuestiones de puro interés militar.

Después del respaldo recibido por parte del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia para sus proyectos frente a la Cala de El Gorguel, en el término municipal de La Unión, con fuerte y creciente contestación ciudadana y política de ecologistas y grupos de la sociedad civil, Viudes revela ahora algo que se suponía pero en sentido contrario: que no tenía el visto bueno del Gobierno central a sus pretensiones de nueva expansión tras terminar su ambicioso proyecto anterior, la dársena de Escombreras.

En ese sentido, el consejo de administración del Puerto de Cartagena ha aprobado hoy solicitar oficialmente al Ministerio de Fomento la autorización para este proyecto, con una inversión prevista de 1.500 millones de euros, y que sea declarado de interés general para adscribirlo a la Autoridad Portuaria en el mismo plano que las actuales dársenas de Cartagena y Escombreras.

La petición está avalada por una docena de estudios favorables de viabilidad y rentabilidad de la nueva dársena de El Gorguel y se acompaña de las respectivas cartas de intención de varios inversores privados ya interesados en la concesión de su construcción y posterior explotación al ser esta la fórmula considerada más idónea en tiempos de fuertes restricciones presupuestarias públicas.

La Autoridad Portuaria, que espera contar con estas nuevas instalaciones para el año 2015, dice que el tráfico de mercancías se ha incrementado durante el 2008 un 27,49%. El puerto recibió en los primeros cinco meses del año 11,7 millones de toneladas, frente a las 9,3 del mismo periodo en el 2007.

Imputaciones

En otro orden de cosas, el titular del juzgado de instrucción número 5 de Cartagena ha citado a declarar como imputados a los cinco miembros del consejo de administración de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del puerto de Cartagena (Sesticarsa) por un supuesto delito continuado de fraude a la Seguridad Social, según informaron fuentes judiciales a "La Opinión".

El presidente de dicho consejo es también Adrián Ángel Viudes. Los otros cuatro imputados son el secretario del consejo y gerente de Sesticarsa, Alfredo Fresneda, así como los otros tres consejeros de la sociedad de estiba, el actual director del Puerto, Pedro Vindel, Antonio Pelegrín y José María Fernández.

El juzgado actúa a raíz de la denuncia remitida por el ministerio Fiscal que, a su vez, recibió un escrito de la dirección territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia con un informe sobre anomalías observadas en la cotización por parte de Sesticarsa de las horas extraordinarias sumadas por sus trabajadores entre los años 2003 y 2006.

Fue el sindicato de Coordinadora, el mayoritario en el sector de la estiba y que mantiene un conflicto permanente desde hace dos años con Sesticarsa y el propio Adrián Ángel Viudes, el que denunció esta situación en la Inspección Provincial de Trabajo, que tras requerir a la sociedad de estiba el pago de la cantidad adeudada, sin éxito, ha recurrido a la Fiscalía.

Supuesto descarado tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Los Alcázares

LOS ALCÁZARES.- «En el examen he fallado seis preguntas a propósito para disimular». El aparejador José Ramón G.H., conocido por el apelativo de Pochi, iba sobrado en el concurso oposición convocado por el Ayuntamiento de Los Alcázares para cubrir la plaza de arquitecto técnico municipal. Tan sobrado como para fallar seis preguntas a conciencia, que se dice pronto. Claro está que Pochi estaba bien asesorado. Como dice la sabiduría popular: «Quien tiene padrino se bautiza». Y él llegaba apadrinado nada menos que por el arquitecto municipal Mariano Ayuso.

Conversaciones intervenidas por los investigadores de la Operación Ninette contra la corrupción en Los Alcázares demuestran cómo se las gastaban el citado Ayuso, y también el ex alcalde Juan Escudero (en la imagen), cuando de echarle una mano a un conocido se trataba. No instalaban enchufes; acometían auténticas instalaciones eléctricas. El problema es que algunos de esos favores, cuando se mete el Código Penal de por medio, pueden acabar siendo rebautizados como tráfico de influencias. Y eso no suele augurar ya nada bueno, según cuenta "La Verdad".

A los ejemplos, que son los que valen. Primer ejemplo. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal intervienen una conversación, el día 14 de agosto del 2007, entre Mariano Ayuso y el citado Pochi. El arquitecto municipal informa a su amigo de que «ya tiene preparadas las preguntas del primer temario, que no sabe si se las habrán hecho llegar ya a Pochi, porque él lo habla con Juana. Pochi le indica que le dijo que en cuanto las tuviera se las enviasen a su correo electrónico. Mariano continúa diciendo que cree que las habrán preparado Bea y Juana, no Isabel. Que ha quedado con Juana en que se ven con el total (de las preguntas) el lunes 21. Mariano le pregunta cómo las lleva y si le ha dado tiempo a prepararlas. José Ramón contesta que ha sacado más temario y que de la parte de Mariano las tiene casi todas. Mariano le recuerda que eran, menos diez temas, los penúltimos. Pochi lo confirma».

Las conversaciones entre ambos vuelven a repetirse los días 21, 22 y 23 de agosto. «Mariano le informa de la nota del primer examen, de que han aprobado Pochi y otras dos personas. José Ramón le comunica a Ayuso que en el examen falló seis preguntas a propósito (se supone que se habían hecho con las preguntas del primer examen y de que lo había hecho para disimular un poco)», resume la Policía en uno de sus informes al juzgado.

El arquitecto municipal le informa de que el nuevo examen se hará el 20 de septiembre y de que las preguntas que caerán se sacarán por sorteo. (...) Para ese siguiente examen, Ayuso le propone varias opciones a José Ramón para partir con ventaja y asegurarse de que se queda él con la plaza de arquitecto municipal. La primera opción sería que José Ramón le propusiera dos temas que se supiera perfectamente y los otros opositores no, y Mariano, si tiene la posibilidad, los propondría para el siguiente examen. La segunda opción es que, si el sorteo se hace momentos antes del examen, Ayuso podría enviarle un mensaje con los temas sacados en el sorteo y así poder mirárselos unos instantes antes del examen. La tercera opción sería que Pochi escriba todo lo que pueda, pasando Mariano Ayuso a inflar su nota por la parte que le corresponde corregir».

No estaba mal la ayuda ofrecida. Pero es que incluso iba más allá. «La cuarta opción es que, si se quedara en blanco, José Ramón haría el examen más tarde en otro sitio y luego darían el cambiazo».

Visto lo visto, sería lícito preguntarse cuál de los métodos se utilizó, pero quizás no lo sería tanto interrogarse sobre el resultado. Huelga decir que José Ramón aprobó la oposición y que actualmente ejerce como arquitecto técnico municipal.

Los investigadores consideran que los esfuerzos de Ayuso por colocar en el Ayuntamiento a su amigo iban más allá de un mero favor, y que con ello pretendía probablemente seguir asegurándose una influencia en el Consistorio por si él, como acabó ocurriendo, era expedientado y separado de su responsabilidad.

Ejemplo dos. Conversación del 4 de septiembre del 2007 entre el jefe de Protección Civil de Los Alcázares, Sergio Gil, y el ex alcalde Juan Escudero. El primero le pide que hable «con Encarna (la alcaldesa) para el tema del zapatico, para lo de la Policía, para lo del Zapata, que salen las plazas ya, que se acaba mañana, y los exámenes son dentro de diez o doce días».

Sergio Gil le insiste: «Tienen que nombrar el tribunal, y yo no estoy en el tribunal. Como es de la Policía..., son todos funcionarios. Ya no hay concejales, ni alcaldes dentro del tribunal tampoco».

Sigue la conversación. El jefe de Protección Civil no está dispuesto a dejar un resquicio abierto. «Lo que hay que hacer es coger a la alcaldesa y decirle que meta al chico como sea», resume.

Unos días después, vuelve a la carga. Y le reprocha a Escudero: «No te has preocupado de ver el tema de las oposiciones de ese zagal, con el Zapata». El ex alcalde lo desmiente: «Sí, se lo dije ya a Encarna». Y Sergio se excusa por sus insistencia: «Es que yo no estoy en el tribunal, sabes, y ella tampoco está en el tribunal... y no hay ni un solo concejal en el tribunal... Entonces, a ver a quién nombran de tribunal, porque el truco del tema ése es el tribunal».

Tercer ejemplo. Conversación del 5 de septiembre del 2007 de Escudero con el concejal Francisco Javier Carrasco. El primero explica que «acaba de atender a Jesús H., el hijo del Pescadilla, que no es de los que dan follón, y que le ha dicho que cuando tengamos un hueco vamos a contar contigo. Escudero le dice a Carrasco que le dejará el sobrecico que me ha dejado, con el curriculum, para que cuando llegue la hora que resolvamos el tema de la ampliación del servicio, para llevar máquinas de limpieza, para llevar camiones... Éste es muy buen zagal, no es sindicalero. Yo le he dicho que eres tú el que lleva el tema».

Ejemplos de ese tipo hay unos cuantos. Pero no todo iba a ser dar. Si en algún momento hay que pedir, pues se está más que cualificado para hacerlo. Así, llega el momento en que Escudero (26-9-2007) habla con un tal Paco y le explica que uno de sus hijos «está tercero en la lista para acceder a la Universidad» y le pregunta «si se puede hacer algún chanchulleo, desde el punto de vista de que se amplíen dos o tres plazas más, para que pueda entrar». El tal Paco queda en hacer una consulta y por la tarde le llama. «No hagas ninguna gestión más, que mañana por la tarde sabremos si tu hijo entra o no, aunque hay muchas posibilidades de que entre».

Cadena de favores, se llama eso.

El Obispado se siente respaldado por el Vaticano tras admitirle su recurso la Signatura Apostólica

MURCIA.- El Obispado desveló en una nota de prensa que la Signatura Apostólica se declaró competente para «conceder la suspensión pedida» de la orden del Secretario de Estado del Vaticano, que instó a la Diócesis a retirar el recurso administrativo civil interpuesto ante el Consejo de Gobierno con el objetivo de que éste reconociese la titularidad de la Iglesia sobre la UCAM.

Después, y una vez que el Gobierno regional reconociese esa titularidad, el Obispado retiró el recurso ante la Signatura Apostólica.

En una nota de prensa, la Diócesis recordó todo el proceso vivido hasta el momento en su enfrentamiento con José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica San Antonio y la Fundación Universitaria San Antonio.

En el comunicado, el Obispado asegura que «aclarada la cuestión de fondo relativa a la titularidad de la UCAM en el fuero civil» y tras la «desaprobación canónica de los nuevos Estatutos», la Iglesia «desea ajustar a Derecho, canónico y civil, el ser y el funcionamiento de la Universidad Católica y el modo en que la Fundación Universitaria San Antonio gestiona la autónoma personalidad jurídica, pública y eclesiástica» que es la UCAM.

El Obispado vuelve a tender una mano a Mendoza y muestra su interés por «llegar a soluciones acordadas» desde «la verdad y la justicia» y en la línea del «bien público de la Iglesia» y la disciplina eclesiástica.

Por todo ello, el Obispo, «habiendo respetado en todo momento el Derecho Canónico y las leyes justas del ordenamiento civil» pide a los fieles «sus oraciones para una pronta y feliz resolución de los problemas pendientes».

Reig Pla resalta que siempre ha actuado «en comunión absoluta y obediencia al Santo Padre».

En el recorrido por los acontecimientos que se han ido precipitando en los últimos tiempos, el Obispado insiste en que en todo momento ha tratado de llegar a soluciones consensuadas.

Así, asegura que tras recibir los polémicos Estatutos, «rogó en sucesivas cartas» a José Luis Mendoza que explicase sus posiciones y argumentos, pero no recibió «respuesta concreta alguna» del presidente de la Universidad Católica.

La Diócesis asegura que la Signatura Apostólica le otorga la titularidad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, anulando así la decisión de la Secretaría de Estado vaticana a través de la carta del cardenal Tarcisio Bertone enviada al presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza.

El comunicado establece el comienzo del problema en junio de 2007 cuando el obispo, Juan Antonio Reig Pla, pidió unos informes jurídicos, tanto desde el punto de vista jurídico como canónico, a la UCAM para establecer si los estatutos de la Católica “no son conformes a derecho, tanto por razones formales como de fondo”.

En este documento se afirma que el obispo quería solucionar el problema de titularidad de la Universidad de “modo cordial, fraterno y discreto, pero que no recibió respuesta concreta”.

Posteriormente, y tal y como expresa el comunicado, el Gobierno regional aprobó esos estatutos y el Obispado “reprobó canónicamente dichos estatutos y presentó un recurso administrativo de reposición ante el Consejo de Gobierno de la Región” y se dio cuenta a la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

Esta Secretaría de Estado instó al obispo a que retirara este recurso administrativo en el plano civil, pero Reig Pla decidió presentar un recurso a la Signatura Apostólica, solicitanto la suspensión de la decisión de la Secretaría de Estado.

Dicho Tribunal estimó oportuno aceptar este último recurso, que anulaba la carta del Secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, que le daba la titularidad a la Fundación San Antonio.

Esta decisión se produjo antes de que el Consejo de Gobierno de la Región resolviera el pasado 30 de mayo el recurso administrativo civil presentado por el obispo, en el que se decía que la titularidad era de la Diócesis, acogiéndose al dictamen del Consejo de Estado de 1997.

Este comunicado relaciona también la situación vivida en Murcia con la de Ávila, en donde también se tomó como base el dictamen del Consejo de Estado respecto a su Universidad Católica.

Aún así, el Gobierno regional apunta en sus recomendaciones que se debe solucionar este problema a través de la vía contencioso administrativo, revisando así el decreto de erección de la Universidad, realizado en 1996. En este sentido, el Obispado tendría dos meses para comenzar los trámites, y en este comunicado no se asegura que no se vaya a realizar.

Una jueza de Madrid también investiga

Por otra parte, la titular del juzgado de instrucción número 39 de Madrid, Belén Hernández Sánchez, ha incluido en la investigación de las supuestas irregularidades en la venta de terrenos de Defensa la adquisición por parte de la Universidad Católica de Murcia del antiguo cuartel del barrio de Los Dolores en Cartagena, informó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país a "La Opinión".

La magistrada examina la gestión del que fuera director de la Gerencia de Infraestructuras de Defensa (GIED), el general de brigada Juan Antonio Miguélez Paz, así como del ex jefe de gestión de patrimonio de este organismo, el teniente coronel José Luis Bastabad, ambos imputados por supuestos delitos de prevaricación y fraude en las ventas de parcelas desafectadas y enajenadas por el ministerio de Defensa.

En concreto el juzgado madrileño tramita la denuncia de la Fiscalía por supuestas irregularidades en la venta de la antigua vivienda del jefe de la Estación Naval de Tarifa y de la Enfermería de la misma dependencia en al año 2000.

No obstante, las fuentes citadas indicaron que la titular ha incluido en la instrucción de este caso la denuncia remitida por un particular sobre anomalías en la operación de venta de los terrenos de Cartagena en enero del año 2003, cuando el general Miguélez Paz seguía al frente de la GIED.

Tanto en los casos de las parcelas de Tarifa como en el de Cartagena, el Ministerio de Defensa ejecutó las transacciones mediante una venta directa, después de que salieran a subasta en dos ocasiones y quedarán desiertas.

La UCAM, que pretende que el antiguo cuartel de Los Dolores se convierta en su futuro campus en la ciudad portuaria para impartir carreras como Medicina o Arquitectura, pagó cerca de cuatro millones de euros por una parcela de más de 143.000 metros cuadrados catalogada como equipamiento militar, aunque el avance del Plan General de Ordenación Urbana del ayuntamiento de Cartagena contempla que en estos terrenos, además de un campus universitario, se podrán construir en torno a quinientas viviendas.

La investigación de este juzgado madrileño se suma a la que lleva a cabo la Fiscalía Especial Anticorrupción contra la UCAM después de que el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas le remitiera una denuncia en la que se apreciaban "indicios constitutivos de ilícitos penales".