viernes, 13 de junio de 2008

Los colombianos capturados en Ecuador tienen nexos con las FARC

BOGOTÁ.- Los tres colombianos capturados en Ecuador en una investigación por un supuesto plan para atentar contra el presidente Rafael Correa, son criminales con nexos con la guerrilla y el narcotráfico, dijo el viernes el director de la Policía de Colombia, general Oscar Naranjo.

Naranjo informó que los tres colombianos capturados en Quito tenían nexos con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), consideradas como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, y acusadas de obtener millonarios ingresos del narcotráfico.

"Celebramos que las autoridades ecuatorianas los hayan capturado, estamos cierto de que se trata de criminales dedicados al narcoterrorismo", afirmó.

"Es que estamos frente a tres criminales que fueron capturados por la policía ecuatoriana, vinculados a una organización de narcotraficantes que presta de alguna manera su concurso en las actividades terroristas del frente 48 (de las FARC) que dirige Edgar Tovar, en el sur del país", precisó.

Colombia y Ecuador se disponen a restablecer relaciones a nivel de encargados de negocios, como paso previo a la reanudación de los lazos diplomáticos suspendidos hace tres meses.

Los dos países mantienen interrumpidas sus relaciones diplomáticas desde comienzos de marzo, una decisión del Gobierno de Correa en protesta por un ataque de militares de Colombia en una zona selvática de Ecuador, en el que murió el líder de las FARC Raúl Reyes.

Correa calificó esa acción militar como una masacre que violó la soberanía de su país, que comparte una frontera de 586 kilómetros con Colombia.

Según se informa desde Quito, el presunto intento de atentado incluía el posible lanzamiento de un cohete, según las primeras indagaciones de la Fiscalía difundidas hoy.

En poder de los cuatro arrestados ayer en Quito para ser investigados, se encontraron evidencias como planos de la ciudad de Caracas y copia de un plano con los sitios estratégicos de Quito.

Además, "el plan operativo que pretendían llevar a cabo y un mapa de la ciudad en el que se señala la Plaza Grande y al cerro del Panecillo como punto de tiro, pues desde este lugar supuestamente se iba a lanzar un cohete hacia la Plaza Grande", señaló la Fiscalía en un comunicado.

Ello "con el objeto de causar conmoción, a fin de que la escolta presidencial evacúe al Presidente de la República, para salvaguardar su integridad y, en ese momento de confusión, los francotiradores ubicados en el Hotel Plaza Grande, atacarían", añadió.

Uno de los agentes policiales que participó en la detención en Ecuador aseguró que según el testimonio de un informante colombiano, no detenido, y evidencias de planos y mapas, la operación se iba a realizar el 20 de junio.

"Los detenidos son procesados por tentativa de asesinato al Presidente, permanecen presos en la Policía Judicial de Quito a fin de precautelar su identidad y el caso está siendo investigado por una unidad especial de la policía", dijo el jefe de la policía judicial, Jorge Jiménez.

Según la confesión judicial de los implicados, dos de los colombianos admitieron tener vínculos con paramilitares pero no revelaron por quiénes habrían sido contratados. Dijeron que el pago era por un millón y medio de dólares.

Iván Durazno, defensor de Camacho, anunció hoy que solicitará el Hábeas Corpus para su defendido ante el Municipio Metropolitano.

El ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, declaró en Bogotá que los sospechosos son narcotraficantes vinculados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La Asamblea Constituyente de la República, con 77 votos favorables, rechazó "todo intento contra la democracia ecuatoriana, pretendiendo eliminar al Jefe del Estado" y se solidarizó con Correa, "ante tan perverso plan".

La Asamblea exigió a la Fiscalía, Policía y Fuerzas Armadas, una "investigación en profundidad" para "descubrir a los autores intelectuales, materiales, cómplices y encubridores de tal hecho y establecer si en el mismo se encuentra de por medio algún interés extranjero", indicó.

El presidente ecuatoriano Correa minimiza el posible atentado contra él pero se paraliza

QUITO.- Las autoridades ecuatorianas solicitaron hoy viernes a Colombia información sobre tres colombianos que fueron capturados en la víspera por supuestamente planear un atentado contra el presidente Rafael Correa, quien le restó importancia al hecho.

Los hombres permanecen detenidos en la cárcel de la policía judicial en Quito con orden de prisión preventiva, a la espera de que la fiscalía determine "si son o no culpables" de planear el atentado, confirmó este viernes la portavoz de la Policía, Gabriela Gómez de la Torre.

Dijo que "se está pidiendo información" a los cuerpos de seguridad colombianos para determinar si Oscar Peña, Oscar Jiménez, Edgar González, tienen antecedentes criminales o están vinculados a algún grupo armado u organización delincuencial.

Sin embargo, el Presidente consideró que "hay altas probabilidades de que sean simples estafadores".

El canciller colombiano Fernando Araújo dijo que en su gobierno están "dispuestos a colaborar en todas las investigaciones que se requieran, por supuesto que condenamos cualquier intento de crimen, todo tipo de delito", dijo en una entrevista con radio Caracol.

"Si requieren las autoridades del Ecuador algún tipo de colaboración, se la brindamos completamente", aseguró.

El ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, indicó que los detenidos "son tres colombianos y pertenecen a una banda de narcotraficantes".

"No sabemos qué estaban haciendo los tres colombianos en Ecuador, lo que le estoy diciendo es que esos están identificados por nuestras autoridades como miembros de una banda de narcotraficantes que estaban aliados con el frente 48 de las FARC", declaró tras una ceremonia militar en Bogotá.

El director de la Policía Nacional colombiana, general Oscar Naranjo, confirmó "que se trata de criminales que se dedican al narco", supuestamente vinculados con la organización rebelde.

El ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Gustavo Larrea, aseguró desde Quito a la radio colombiana Caracol que "nosotros no decimos que son paramilitares colombianos ni mucho menos, nosotros no tenemos pruebas como para afirmar el origen de este intento de asesinato, no podemos señalar a ninguna organización ni grupo específico por ahora".

Correa aseguró que "la pista que teníamos era de un colombiano que dijo que había (un plan para) este atentado, pidió dinero para dar más información. Entonces hay altas probabilidades de que sean simples estafadores".

En una entrevista con el canal Ecuavisa, aseguró: "En esto nos jugamos la vida, por supuesto que hay peligro (de estos eventuales ataques) pero hay que ser prudente porque (de) estas denuncias, (de) estas versiones tenemos decenas mensualmente, entonces hay que investigar".

El fiscal general Washington Pesántez había explicado que aunque no se conocen todavía detalles, según las investigaciones preliminares "sabemos que había gente extranjera contratada para atentar contra el presidente de la República, coaligados con algunas personas de Ecuador".

Desde hace meses existen rumores de supuestos atentados contra el presidente pero las autoridades no han llegado a corroborar esas informaciones.

Sólo unas horas antes, Correa, insistió en que las FARC deben "dejar las armas" y aseguró que coincide con su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez, en que han de iniciar un diálogo para conseguir la paz en Colombia.

"He hecho el mismo llamado (que Chávez), ¿que futuro tiene la guerrilla que combate con un Gobierno democrático?", se preguntó Correa, antes de indicar: "Ya basta, dejen las armas, vamos al diálogo político diplomático para encontrar la paz", dijo el mandatario en una entrevista en la televisión Ecuavisa.

El presidente ecuatoriano reiteró que no denominará "terroristas" a las FARC, pues no lo hace ningún país latinoamericano y hacerlo sería involucrarse con un conflicto ajeno.

Sobre la liberación de rehenes por las FARC, Correa reiteró que tiene "el derecho y el deber" de intervenir en cuestiones humanitarias y puso en duda que el conflicto de Colombia sea sólo interno, pues aseguró que se ha "desbordado" y afecta al resto de países de la región.

En ese sentido, recalcó que ha "ordenado" al ministro de Seguridad Interna y externa de Ecuador, Gustavo Larrea, que realice las gestiones precisas para conseguir la liberación de los secuestrados por las FARC.

En relación con el restablecimiento de las relaciones entre Ecuador y Colombia, señaló que "nosotros no tenemos ningún afán de reanudar las relaciones diplomáticas, somos los agredidos".

Aunque descartó el interés por el dinero, dijo que Colombia debe "indemnizar a las víctimas y al país", por la incursión militares colombianos contra un campamento de las FARC instalado en Ecuador, donde murieron al menos 26 personas, entre ellas el "número dos" de esa guerrilla "Raúl Reyes".

Sobre el bombardeo, recalcó que las bombas utilizadas eran de origen estadounidense y dejó entrever que tal vez hubo participación de Estados Unidos en la operación.

Correa repitió que se avanza en la investigación de la supuesta infiltración de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. en los servicios de inteligencia de Ecuador y dijo que "ha habido cuerpos enteros de la Policía ecuatoriana financiados por la cooperación americana".

Además, durante la entrevista, Correa realizó diversos ataques a los medios de comunicación ecuatorianos y dijo: "La mayoría de la prensa es mediocre y corrupta".

El canciller colombiano condena el supuesto plan

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Fernando Araújo, condenó hoy desde Bogotá el supuesto plan para atentar contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y ofreció colaboración a las autoridades de ese país para investigar el hecho.

"Por supuesto que condenamos todo tipo de crimen, todo tipo de delito", declaró el canciller en una declaración divulgada por su despacho sobre el supuesto plan, por el que fueron detenidos en Quito tres colombianos y un ecuatoriano.

Araújo agregó que "las autoridades colombianas están siempre dispuestas a colaborar en todas las investigaciones que se requieran".

A los detenidos se les decomisaron fotografías del palacio presidencial ecuatoriano y un croquis de la zona de la Plaza de la Independencia, en Quito.

Uno de los colombianos detenidos dijo pertenecer al desaparecido grupo paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según las autoridades ecuatorianas.

Sin embargo, el canciller colombiano advirtió de que "esos grupos ya se desmontaron, dejaron de existir" y que lo que hay ahora en el país son "unas bandas criminales que se dedican al narcotráfico".

El ministro subrayó que si Ecuador requiere algún tipo de colaboración para investigar el caso, "se la brindaremos completamente".

El propio presidente Correa quitó hierro al supuesto intento de atentado.

Correa admite que podría perder próximo referendo

Correa también admitió por primera vez la posibilidad de perder el referendo de septiembre sobre una nueva Constitución, pero aclaró que no renunciará y terminará su periodo en el 2011.

"Por supuesto que puede ganar el "no" con toda la campaña que están haciendo los medios con tanto entusiasmo, la partidocracia para volver a lo mismo de siempre ... por supuesto que siempre se puede perder", afirmó el mandatario el jueves en la noche en entrevista con el canal Ecuavisa.

"¿Cuál es el problema de no estar seguro?" De ganar, añadió.

En anteriores elecciones Correa siempre se ha mostrado confiado de vencer y lo ha hecho de manera contundente.

En abril, cuando se aprobó la instalación de una Asamblea Constituyente su propuesta fue aprobada con el 80% de los votos.

Más tarde, en las elecciones para la integración de ese organismo, su partido Alianza PAIS ganó 80 de los 130 curules en disputa, con lo que consiguió más de la mayoría necesaria para aprobar sus propuestas.

Correa consideró que si gana el "no" sería una señal de que "el pueblo votó por el pasado, por la partidocracia, por el Congreso, por los medios de comunicación que son otro poder del Estado, por la banca, por el neoliberalismo, por la injusticia, la corrupción y que ya nos quitó el apoyo político".

En ese caso "obviamente el gobierno quedará debilitado pero habrá que acabar el periodo de gobierno", dijo.

Correa, un economista de izquierda de 45 años, asumió el mando en enero de 2007 para un periodo de cuatro años con la promesa de realizar cambios radicales a través de una "revolución ciudadana".

La Asamblea debe redactar la nueva Constitución hasta julio y el Tribunal Electoral calcula que el referendo podría ser el 21 ó 28 de septiembre.

Para el director de la encuestadora Cedatos-Gallup International, Angel Polibio Córdova, el pronunciamiento de Correa demuestra que "está haciendo un seguimiento de las encuestas y otra información de muchas fuentes de que su popularidad y credibilidad y las de la Asamblea están a la baja".

"El referendo es una oportunidad en la que el Presidente va a poder medir, no exclusivamente la aceptación de la Constitución, es también una prueba de fuego para él en cuanto a su aprobación y credibilidad", señaló.

Dijo que un posible triunfo del "no" se explicaría porque "la población vive una situación muy difícil" porque siente que su situación económica, social y de empleo no ha mejorado.

Según la última encuesta de Cedatos, el 37% de la población votaría a favor de la nueva Constitución, el 33% en contra y el 30% se mostró favorable al voto nulo o blanco.

Pero el asambleísta del oficialismo, Virgilio Hernández, presidente de una de las comisiones de la Asamblea, no tiene "la menor duda de que el "sí triunfará de forma rotunda" por las fortalezas que tendrá la nueva Constitución, a pesar de que "es obvio y manifiesto que hay una campaña orquestada de distintos sectores" para que gane el "no".

Denunció una campaña de desinformación para "fomentar el miedo", una campaña de ocultamiento de los temas positivos que trata la Asamblea y la existencia de obstrucción de la oposición por impedir el avance del debate de la Asamblea.

Ecuador decide no adherirse al ALBA

Así las cosas, el Gobierno de Ecuador decidió no adherirse a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), informó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito.

En un comunicado, la Cancillería señala que la decisión se adoptó ayer y que, pese a permanecer fuera de ALBA, "Ecuador sigue con atención esta iniciativa que busca encontrar alternativas para complementar los procesos de integración subregionales".

Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua y Venezuela conforman el ALBA, creado en 2004 por Caracas y La Habana a instancias del presidente venezolano, Hugo Chávez, en contraposición al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsada por Estados Unidos.

Ecuador también está dispuesto "a contribuir para definir y concretar mecanismos de cooperación entre el ALBA y otros procesos de integración de la subregión, como es el caso de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Organización de Estados Latinoamericanos", dice el comunicado.

En ese contexto, agrega el escrito, Ecuador "acompaña el proceso de ALBA para consolidar su estructura jurídica, institucional, así como los mecanismos operativos de la misma".

"El Gobierno ecuatoriano considera importante destacar el valioso aporte que ALBA puede hacer a la consolidación del proceso de integración sudamericana", indica la nota.

Para Quito, instituciones como Telesur, el Foro Parlamentario y de los Pueblos Latinoamericanos en Defensa de las Economías Nacionales, Petroalba, la Empresa Gran Nacional de Energía, el Consejo Energético del ALBA, el ALBA Cultural y el Banco del ALBA son importantes para el área.

El PP de Totana expresa a Martínez Andreo su ´apoyo incondicional y unánime´ como alcalde

TOTANA.- La Ejecutiva del Partido Popular de Totana, reunida anoche con carácter extraordinario, acordó expresar, por unanimidad, su "apoyo incondicional y unánime" al alcalde, José Martínez Andreo, y a su equipo de Gobierno municipal, y anunció que "respetará y apoyará su decisión personal" sobre su continuidad al frente de la alcaldía.

La Ejecutiva local del partido defendió, en un comunicado de prensa, que "no se puede condenar política y mediaticamente a una persona en un estado democrático sin tener una base jurídica asentada" y consideró que, "aunque es una decisión de ámbito personal y familiar del alcalde, debe permanecer en su cargo hasta que se esclarezcan los hechos en base a su defensa".

El PP comparte la decisión de Martínez Andreo de "abrir un período de reflexión personal", en consenso con su familia, el equipo de Gobierno municipal y el gabinete de abogados de su defensa, tras el cual "adoptará la decisión sobre su continuidad en la Alcaldía que estime más beneficiosa para el pueblo de Totana y su familia".

Además, felicitó la decisión y actitud de Martínez Andreo y de su equipo de Gobierno de anunciar su deseo de dar los pasos que más beneficien a los intereses generales del pueblo de Totana y sin perjudicar al partido por el que ha trabajado toda su carrera política desde que se incorporó a Nuevas Generaciones.

El primer edil se mostró ayer "sorprendido" por la decisión del PP regional de retirarle su apoyo y solicitarle de manera oficial que abandone la alcaldía, según "La Opinión". El alcalde de Totana, no dimitirá al menos hasta el próximo 7 de julio, fecha en la que declarará ante el magistrado del TSJ Julián Pérez Templado, en la nueva ronda de comparecencias de los imputados por la Operación Tótem.

En la noche del miércoles hubo una reunión en la sede del PP en Murcia a la que asistieron el secretario general del partido en la Región, Miguel Ángel Cámara, el portavoz parlamentario, Juan Carlos Ruiz, dos concejales totaneros y la presidenta de la gestora local del PP, Isabelle Nau, entre otras personas. En ella, el PP comunicó su decisión de solicitar la dimisión de Andreo y, en el caso de que éste se niegue, instar al grupo municipal del PP a que presente una moción de censura que permita desalojarle de la alcaldía.

Sin embargo, durante la reunión se constataron las diferencias entre la ejecutiva regional y el PP de Totana, que sigue apoyando al alcalde sin fisuras. Los ediles comunicaron al partido que no piensan presentar o apoyar una moción de censura contra Martínez Andreo y que, en el caso de que la ejecutiva regional presione para que lo hagan, podrían llegar a romper la disciplina de partido. Por lo tanto, todo depende ahora de Martínez Andreo.

Fuentes cercanas al alcalde de Totana aseguran que se encuentra "muy agotado" ante el "linchamiento mediático" al que consideran que se ha visto sometido, por lo que no descartan que vaya a tirar la toalla. Sin embargo, las mismas fuentes señalan que si presentara su dimisión "implicaría reconocer que es culpable de los delitos que se le acusan, cuando él defiende su inocencia y tiene la conciencia muy tranquila".

En el caso de que Andreo decida abandonar la alcaldía, su sucesor podría ser Juan Carrión, concejal de Urbanismo que ya fue alcalde en funciones cuando el regidor estuvo en la prisión de Sangonera. También se baraja el nombre de José Antonio Valverde Reina, edil de Deportes.

Andreo fue en 2007 el alcalde más votado de la historia de Totana. Ahora, a punto de ser padre por segunda vez, afirma que tomará la decisión "más beneficiosa para el pueblo y mi familia".

También "Nuevas Generaciones" de Totana pide a José Martínez Andreo -que fue su primer presidente en este municipio- que «reflexione antes de tomar una decisión» sobre su continuidad en la Alcaldía, pero también que piense «en el interés general de Totana» como principal argumento, según reza un comunicado.

La formación juvenil muestra su apoyo «sin fisuras y con total convencimiento a Andreo», al que califica de «un hombre trabajador, con un inquebrantable compromiso con los totaneros».

La UCAM pospone "sine die" el homenaje al ex rector Antonio Montoro, previsto para hoy

MURCIA.- El homenaje previsto para hoy al ex rector Antonio Montoro Fraguas por sus diez años al frente académico de la UCAM, así como su nombramiento como rector honórífico, "se pospone para otra ocasión, dada la imposibilidad de asistir por parte de varias personalidades interesadas en estar presentes en dicho acto", según la versión, ya muy poco creíble, del presidente de la Fundación, José Luis Mendoza.

Antonio Montoro (en la imagen), activo miembro del Opus Dei es, en la sombra, uno de los asesores jurídicos y mediáticos del obispo Reig Pla, lo que parece haber disgustado a Mendoza y precipitado su reciente abandono del cargo de rector en pleno litigio entre uno y otro por la titularidad de la UCAM. De momento, no suena ningún nombre para sustituirlo aunque se ha insinuado que pudiera ser una profesora de mediana edad nacida en la provincia de Cuenca pero residente en Murcia desde hace unos veinticinco años.

Parece ahora más que claro que el citado homenaje, esgrimido hace días por el propio Mendoza para esconder discrepancias de fondo con Montoro en un proceso en el que el cartagenero va perdiendo la batalla de la Opinión Pública, se retrasa "sine die" o, incluso, puede que no se llegue a celebrar, que es lo más probable, mientras Mendoza tenga capacidad de decisión exclusiva sobre la cuestión. Según conocedores del caso, "sólo se celebrará si Roma da la razón al obispo".

Fuentes próximas a los partidarios de Mendoza (Rouco, Cañizares, Monteiro...) dan por seguro que el Vaticano, ante el auge local de la masonería y un laicismo muy bien organizado, no dejará desairado al fiel seglar, y presidente de la Fundación, y que se dictará una solución salomónica, que dejará las cosas tal como estaban en un principio: Mendoza al timón y el obispo de "florero" pero con derecho efectivo a participar de las utilidades generadas por la UCAM para sufragar los crecientes gastos de los sacerdotes jubilados y enfermos crónicos, y a figurar al frente en los actos más solemnes de la institución.

Precisamente hoy, el obispo Reig ha presidido en el monasterio de Los Jerónimos la eucaristía que la UCAM ha celebrado a partir de las 11.00 horas en honor a San Antonio, su patrón, y en la que, como ya es tradicional, varios alumnos reciben el sacramento de la Confirmación.

No acudió Mendoza, quien permaneció escondido en su cercano despacho, y es la primera vez, desde que se fundó la UCAM hace diez años, que su presidente no acude a la misa en honor a San Antonio que todos los cursos académicos organiza la capellanía del centro.

El obispo aprovechó la homilía para lanzar mensajes y manifestar su opinión. Sin nombrar a nadie, Reig Plá dijo bien alto lo que pensaba y lo hizo en el 'terreno' de su adversario en esta pugna, según "La Opinión".

Reig Plá quiso "tranquilizar a padres y profesores" y les explicó que con su actuación trata "de garantizar la seguridad jurídica de la universidad", así como "garantizar que se cumplen las finalidades con las que fue creada".

Reig Plá explicó a quien quisiera escucharle "que el obispo tienen que garantizar que la verdad esté presente en todo lo que se haga en la universidad y tiene que garantizar su catolicidad".

En el transcurso de su intervención Reig Plá afirmó: "Hay que seguir la verdad, porque quien la sigue recibe como regalo de Dios la libertad. Quien no sigue la verdad tiene que esconderse".

Hace justo un año, Reig Plá, acompañado de Rouco Varela, Antonio Cañizares o Manuel Monteiro, entre otros, hacía entrega a Mendoza y su esposa de la distinción de la Orden de San Gregorio, en un multitudinario acto tras la eucaristía.

Reig Plá avisó esta misma semana al capellán de la UCAM de que hoy presidiría la tradicional liturgia, en su calidad de gran canciller, aunque no lo puso personalmente en conocimiento de Mendoza, quien se ha mostrado contrariado por la iniciativa del obispo de la Diócesis e insinuado una teórica tensión del personal del citado centro educativo con Reig, para explicar un eventual escaso poder de convocatoria entre los miembros de la universidad.

Se dió día libre a todo el personal y alumnos, por lo que tan solo acudieron medio centenar de personas entre familiares y amigos de los nueve alumnos que se confirmaban.

No obstante, hoy ha sido un día de gozo para monseñor Reig Plá, quizás no tanto para Mendoza, porque a las 11 de la mañana en el Aula Magna del Pontificio Consejo para los Laicos, en el Vaticano, se ha hecho entrega del Estatuto del Camino Neocatecumenal al equipo de responsables formado por sus fundadores Kiko Arguello, Carmen Hernández, y el presbítero Mario Pezzi.

El acto comenzó con un aplauso a monseñor Stanislaw Rilko y el canto “María casa de bendición”, interpretado por Kiko Argüello. Posteriormente se procedió a invocar al Espíritu Santo y a leer el evangelio de San Mateo. A continuación se leyó el Decreto de Aprobación definitiva del Estatuto del Camino Neocatecumenal.

Mendoza no estaba invitado por sus malas relaciones con Carmen Hernández tras la instrumentalización que ha venido haciendo del Camino para sus fines y ambiciones particulares.

Murcia fue la tercera comunidad con mayor porcentaje de efectos de comercio impagados

MADRID.- Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos durante el pasado mes de abril fueron Canarias (7,4 por ciento), Andalucía (6 por ciento) y Murcia (5,3 por ciento), informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, en la Región de Murcia, el número de efectos de comercio devueltos impagados ascendió a 17.755 en este mismo periodo, por un valor de 74.387.159 euros.

En el conjunto del país, el número de efectos de comercio devueltos impagados ascendió a 486.396, un 24,4 por ciento más en relación con el mismo mes de 2007, por un valor de 1.504 millones de euros, lo que representa un incremento del 83,7 por ciento.

Por su parte, el importe medio de los efectos de comercio impagados se situó en 3.093 euros, un 47,7 por ciento más que en el mismo mes del ejercicio anterior. El 4,2 por ciento de los efectos vencidos resultaron impagados.

En abril, el número de efectos de comercio impagados aumentó un 53,3 por ciento en las cajas de ahorro, un 26,7 por ciento en las cooperativas de crédito y un 13,7 por ciento en los bancos.
En el cuarto mes del año, el importe medio de los efectos de comercio impagados en las cajas de ahorros fue de 4.000 euros, mientras que en las cooperativas de crédito ascendió a 3.459 euros y en los bancos, a 2.626 euros.

El porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos aumentó en tasa interanual en las cajas de ahorro un 59,3 por ciento y en las cooperativas de crédito un 27,3 por ciento, mientras que en los bancos repuntó un 21,4 por ciento.

El 78,6 por ciento de los efectos que vencieron en abril eran efectos en cartera, mientras que el 21,4 por ciento restante eran efectos en gestión de cobro de clientes. El porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos fue mayor para los efectos de comercio en cartera (4,5 por ciento) que para los efectos de comercio en gestión de cobro de clientes (3,1 por ciento).

También el importe medio de los efectos de comercio impagados fue mayor para los efectos en cartera (3.347 euros) que para los efectos en gestión de cobro de clientes (1.699 euros), siendo las cajas de ahorro las entidades con mayor importe medio en cartera (4.374 euros) y las cooperativas las que tuvieron mayor importe medio en gestión de cobro de clientes (2.086 euros).

En abril, las cajas de ahorro fueron las entidades financieras con mayor porcentaje de efectos de comercio impagados en cartera (5,2 por ciento) y también en gestión de cobro de clientes (3,3 por ciento).

Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos fueron Canarias (7,4 por ciento), Andalucía (6 por ciento) y Murcia (5,3 por ciento).

Por el contrario, las comunidades con menor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos fueron Navarra y País Vasco, con un 2,6 por ciento y un 3 por ciento, respectivamente.

Según el importe medio de los efectos de comercio impagados, Andalucía y Baleares fueron las regiones con mayor importe medio, con 5.209 euros y 4.928 euros, respectivamente, mientras que Asturias, con 2.191 euros, y Cataluña, con 1.924 euros, registraron los menores importes medios.

El arquitecto Mariano Ayuso tenía 40 viviendas y fincas rústicas, y 12 vehículos de lujo

LOS ALCÁZARES.- El informe número 2.395, realizado por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Brigada de Blanqueo de Capitales (BLA), del Cuerpo Nacional de Policía, que forma parte de las diligencias sumariales a las que "La Verdad" ha tenido acceso de forma íntegra, recoge una serie de datos que permiten intuir el extraordinario nivel de vida que llevaba Mariano Ayuso -arquitecto municipal de Los Alcázares-, así como el importantísimo patrimonio que había logrado amasar en pocos años.

Cuando en el año 1999 entró a trabajar en el Ayuntamiento de Los Alcázares, Ayuso sólo había cotizado a la Seguridad Social por 48 días trabajados a cuenta de una empresa privada. Desde entonces no ha perdido el tiempo: ha acumulado 38 bienes inmuebles urbanos -chalés, pisos de hasta 230 metros cuadrados, locales...- y dos fincas rústicas, todo ello por un valor catastral de 5.746.129 euros (unos 960 millones de pesetas), aunque los expertos advierten de que para conocer el valor real de estas posesiones habría que multiplicar esa cantidad por cinco o por seis. Así, esas posesiones inmuebles valdrían un mínimo de 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas).

El mismo informe policial, que es una de las piezas básicas que está manejando la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Javier, Eva María Algar, el arquitecto municipal también tendría a su nombre, al de su compañera sentimental, la también imputada Florentina Sánchez Marín, o al de uno de sus hijos, J.A.L., un total de doce vehículos, la mayor parte de ellos de alta gama.

En concreto, los coches intervenidos por la Policía Nacional con un todoterreno Cadillac Escalade (cuesta unos 80.000 euros), un Alfa Romeo 33, un Mercedes CLK (de 45.000 a 50.000 euros), un Audi A3, un Mercedes MB, un Mercedes CL, un Volkswagen Cabrio, un Audi A4 y un BMW 120 D, además de las motocicletas Aprilia Clasic 50, Yamaha YQ y una Harley Davidson.

El día en que Mariano Ayuso recibió la llamada de un vecino de Andorra y cortó rápidamente la comunicación, asegurándole a su interlocutor que le llamaría más tarde, comenzó a fraguarse lo que acabaría significando para el arquitecto municipal un duro varapalo económico.

¿Por qué recibe Ayuso una llamada de Andorra? ¿Por qué trata de evitar cualquier cruce de información con esa persona? Tales fueron las preguntas que se hicieron los especialistas policiales en blanqueo de capitales y que acabaron llevando al juzgado, el 1 de enero del 2007, a remitir una comisión rogatoria al Principado.

Dos agentes de la UDEF-BLA fueron autorizados a desplazarse hasta Andorra para tratar de averiguar qué intereses podía tener allí Ayuso. Con ayuda de las autoridades judiciales locales, no tardaron en dar con un filón.

El alto funcionario de Los Alcázares tenía sendas cuentas en la Banca Privada de Andorra y en Crédito Andorrano, ésta última con un saldo de 8.622 euros. Sin embargo, la primera de ellas, abierta en marzo del 2005, acumulaba 646.586 euros (más de 100 millones de pesetas). Todo el dinero fue decomisado.

Los agentes reseñan que cuando estalló la Operación Malaya, con Juan Antonio Roca como supuesto cerebro, y Ayuso comenzó a ser vinculado con éste, trató de poner varias propiedades a nombre de familiares, en previsión de una posible intervención judicial en su contra.

Saura le pide a Valcárcel que no abandone su cargo porque "no es tiempo de experimentos"

CARTAGENA.- El portavoz del PSRM-PSOE en la Asamblea Regional, Pedro Saura, le ha pedido al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, que no abandone su cargo antes de agotar la legislatura porque "no es tiempo para experimentos". Pero también le indicó que "es una vergüenza" que sigan en sus puestos el diputado regional Juan Morales y el alcalde de Totana, José Martínez Andreo.

Saura casi exigió a Valcárcel en la segunda y última sesión del Debate sobre el Estado de la Región, que "cambie el Gobierno y adopte las medidas necesarias para contrarrestar la crisis" ante el rápido agravamiento de la situación económica regional y tras acusarle de "no haber adoptado medidas en su momento que ahora propiciarían una salida rápida de la crisis".

Le reprochó su apuesta por "un modelo económico miope y codicioso", y por "no haber aprovechado los doce años de bonanza para sentar las bases de un crecimiento a largo plazo".

Saura criticó "la baja licitación en obra pública", "el que haya invertido en televisión autonómica y en fastos y no en investigación y desarrollo", y expresó su preocupación "por la falta de liderazgo y el poco peso político de su gobierno, que unos días está desaparecido y la mayoría paralizado".

Saura, que admitió la existencia "de una desaceleración que acabará en una crisis", acusó a Valcárcel de no saber lo que ocurre en la calle y en las empresas, y auguró un importante aumento del desempleo para los próximos meses.

El líder de la Oposición le propuso una batería de medidas, entre las que figuran la reducción de los altos cargos y del gasto corriente de la Comunidad Autónoma, así como el impulso a la construcción de viviendas protegidas, el incremento de las líneas de financiación a las empresas y la agilización de los trámites administrativos.

El presidente Valcárcel, para quien "no es tolerable hablar de corrupción generalizada", le respondió con bastante mal estilo parlamentario que "llevo doce años oyendo lo del presidente agotado y el proyecto agotado, pero, eleccciones tras elecciones, aquí sigo".

"De las 500.000 viviendas previstas en los planes generales de ordenación urbana de la Región, el 40% se encuentra en siete ayuntamientos gobernados por el PSOE, pero cuya población es sólo el 15% de la Región", añadió.

"Esto es lo que hay y ya es hora de que nos quitemos la careta: ustedes son más ladrillistas que el PP. Si gobernaran en Murcia y Cartagena, apaga y vámonos", sentenció.

Y concluyó espetándole: "Está usted muy mal informado".

Cuatro detenidos acusados de planear un atentado contra el presidente de Ecuador



QUITO.- La Policía Judicial de Ecuador detuvo a tres ciudadanos colombianos y un ecuatoriano sospechosos de preparar un atentado contra el presidente, Rafael Correa, según ha informado la Fiscalía Ecuatoriana, que ya los ha puesto a disposición de un juez para interrogarlos. A los detenidos se les incautaron abundantes fotografías del Palacio Presidencial ecuatoriano y un croquis de la zona de la Plaza de la Independencia.

En horas de la mañana de ayer, un operativo realizado por la Policía Nacional y los miembros de la Unidad Nacional Antisecuestro (Unase) detuvo a tres ciudadanos colombianos y un ecuatoriano, los cuales presuntamente planificaban un atentado contra el presidente Rafael Correa. Se les incautaron armas aunque no se ha detallado de que tipo.

Dos de ellos fueron detenidos ya de madrugada al sur de Quito y dos, al mediodía, en el centro de la ciudad, en las calles 10 de Agosto e Ignacio Santa María. El presunto atentado habría sido planificado en un hotel de lujo de la capital ecuatoriana.

De los cuatro detenidos, según el fiscal Patricio Navarrete, dos han sido arrestados cerca del Hotel Plaza Grande, de Quito, y todos han sido acusados de integrar un comando militar para asesinar a Correa. Se encuentran retenidos, en este momento, en las dependencias de la Policía Nacional, en Quito, a la espera de la investigación judicial.

La policía no ha facilitado los nombres de los detenidos pero se trata de tres colombianos y de un ciudadano ecuatoriano, sobre los que ya pesa una orden judicial dictada de prisión preventiva.

Fuentes policiales citadas por el diario ecuatoriano "El Universo", de Guayaquil, explican que dos de los detenidos fueron capturados en los alrededores del casco histórico de la capital con abundante material fotográfico sobre el Palacio de Carondelet, la sede presidencial.

Además, se les encontró en su poder planos con supuestas rutas para escapar del palacio de Carondelet y otros documentos de seguimientos a la caravana presidencial.

"En principio sabemos que es un intento de atentado contra la seguridad de Estado (...) Habría gente contratada para atentar contra el presidente de la República, ayudados por personas de Ecuador", dijo el fiscal Washington Pesántez.

Al parecer, los sospechosos tenían en su poder fotografías con diferentes ángulos del palacio de Gobierno y croquis de las calles cercanas, para detallar el atentado.

De acuerdo con la justicia de este país se trata de Oscar Peña Hernández, Oscar Jiménez Orozco, Édgar González Nicolta y Santos Camacho, este último de origen ecuatoriano. Uno de ellos reconoció ser paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aunque el Gobierno ecuatoriano todavía no lo ha confirmado.

Al respecto, el ministro de Seguridad Interna de Ecuador, Gustavo Larrea, dijo a Caracol Radio que el trabajo de inteligencia permitió llevar a cabo la detención de estas personas.

Un grupo especial de la policía ecuatoriana coordinaba acciones con inteligencia militar desde hace tres semanas para investigar una denuncia que formuló uno de los ahora detenidos, a cambio de protección del Estado ecuatoriano para él y su familia, según "El Tiempo", de Bogotá.

Según la versión extraoficial de fuente policial, que pidió reserva de su nombre, hace casi un mes entró al Ecuador el colombiano Oscar Julián Peña Hernández, de 29 años de edad, nacido en Bucaramanga y de supuesta profesión economista.

El hombre habría tomado contacto con un agente de inteligencia ecuatoriano para intercambiar información -a cambio de protección y seguridad- acerca de un supuesto complot que fuerzas paramilitares estarían planificando contra Correa.

El grupo de inteligencia inició las investigaciones y luego de que Peña Hernández retornó a Colombia después de que los miembros policiales le pidieron documentar y respaldar su denuncia, conocieron algunos detalles que llevaron a pensar que no se trataba de un ardid.

Por eso, cuando el lunes pasado el colombiano volvió nuevamente a Ecuador, en la línea aérea Aerogal, se le mantuvo bajo vigilancia especial. Las pesquisas policiales seguían en marcha y los servicios de inteligencia detectaron indicios de un hecho real.

De igual forma, Larrea aclaró que no tiene pruebas de que los detenidos sean paramilitares, al igual que dijo desconocer la información publicada por la agencia Anncol, afín a las FARC, donde se asegura que al presidente Correa lo quieren asesinar.

Larrea dijo que ahora se está investigando el origen del complot y los antecedentes de los capturados. Afirmó que no se sabe a qué grupo pertenecen los colombianos.

Uno de los capturados es el ecuatoriano Santos Camacho, de quien tampoco se sabe nada sobre sus antecedentes.

Señaló que se le ha pedido a la Policía de Colombia información sobre los tres colombianos para establecer los antecedentes judiciales de cada uno de ellos.

Larrea insistió en Caracol Radio en que se hizo un trabajo de inteligencia durante varios dias para determinar que efectivamente estaban planificando un atentado contra el presidente Correa.

No descartó, sin embargo, que haya personas interesadas en seguir distanciando a los gobiernos de Colombia y Ecuador, precisamente en momentos que se están mejorando las relaciones.

Tal vez por eso, el presidente Correa, ha restado importancia al supuesto atentado afirmando que los detenidos, tres colombianos y un ecuatoriano, podrían ser “simples estafadores”.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión Ecuavisa, Correa ha señalado que no se deben adelantar conclusiones o apreciaciones y ha pedido que se espere a los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo para conocer las causas y tener una idea de la dimensión del supuesto ataque.

Según ha contado el propio presidente, los detenidos propusieron vender la información. Pero Correa no ha descartado que la investigación lleve a otros resultados y tampoco ha aceptado que, siendo colombianos los sospechosos, el Gobierno de Bogotá tenga conocimiento al respecto.

“La pista la teníamos de un colombiano, quien denunció y dijo que había este atentado. Pidió dinero para dar más información, entonces hay altas probabilidades de que sean simples estafadores”, ha dicho Correa.

El jefe del Estado colombiano ha considerado de nuevo que no hay que alarmarse mucho y, al ser preguntado sobre si se podría relacionar este posible atentado con factores políticos, ha señalado que prefiere no adelantar acontecimientos hasta que acaben las investigaciones.

Sin embargo, el vicepresidente ecuatoriano, Lenin Moreno, dijo que cuatro hombres 'fueron financiados por personas que no saben cómo vivir en democracia'.

'Lo que hay que hacer es detenerlos', agregó.


El pasado lunes, la página de Internet de la Agencia Bolivariana de Prensa (ABP) difundió un comunicado del guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez, en el que acusaba al presidente de Colombia, Alvaro Uribe, de tratar de asesinar a Correa y al gobernante de Venezuela, Hugo Chávez.

La nota indicaba que el servicio de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia preparaba "varios grupos de sicarios que enviará a Ecuador para asesinar también a Correa", en coordinación con un general retirado ecuatoriano de apellido Aguas".

El general retirado del Ejército ecuatoriano Luis Aguas Narváez, ex jefe de las fuerzas especiales y ex comandante general del Ejército, el único general con ese apellido de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas (imagen pequeña), negó cualquier relación con el supuesto plan de asesinato.

"El único general de apellido Aguas en este país soy yo. Yo soy pueblo ecuatoriano, Luis Aguas Narváez, ex comandante general del Ejército", dijo esta misma semana en declaraciones a la televisión Ecuavisa el mando militar, que encabezó la Fuerza Terrestre durante el Gobierno del derrocado presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005).

Narváez dijo que "rechazo profundamente, categóricamente y enérgicamente este tipo de acusaciones", realizadas por el guerrillero "Iván Márquez", alias de Luciano Marín, miembro del Secretariado de las FARC, quien señaló que Uribe planea asesinar a Chávez y Correa con el apoyo de la Casa Blanca.

"No hay ningún plan orquestado por el presidente Álvaro Uribe para asesinar a sus colegas Rafael Correa y Hugo Chávez".

Esta negación la hizo también el general retirado Aguas Narváez, cuyo primer apellido había sido citado textualmente por Iván Márquez para señalarlo como supuesto responsable de los atentados que se cometerían contra los dos presidentes.

Además, Márquez aseguró que, con el propósito de matar a Chávez, Uribe "infiltró" en Venezuela a más de 100 paramilitares por medio del servicio de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

El texto enviado por Márquez afirmaba asimismo que son falsos los ordenadores confiscados en el campamento que tenía en Ecuador el abatido número dos de las FARC, Raúl Reyes, y acusa al Gobierno colombiano de utilizar esa historia para "fustigar" y "amenazar" a los países vecinos.

Iván Márquez se reunió en noviembre de 2007 con Chávez dentro de las gestiones que llevaba a cabo el mandatario venezolano para conseguir un acuerdo humanitario entre el Gobierno colombiano y las FARC, que permitiera el canje de unos 40 secuestrados por medio millar de guerrilleros presos.

En la Plaza Central, llamada Plaza de la Independencia, en Quito, se levanta el Hotel Plaza Grande, donde se han producido dos de las cuatro detenciones. Es el mismo que fue en su día uno de los primeros hoteles de la capital ecuatoriana, construido en 1935. Remodelado y renovado ha sido convertido ahora en el mejor hotel de la ciudad.

(Palacio de Carondelet; Correa rodeado de Chávez y Evo Morales, presidentes de Venezuela y Bolivia, y abajo el hotel Plaza Grande, de Quito)