martes, 27 de mayo de 2008

El conejo de Esperanza Aguirre / Las pesquisas de Marcello

No nos queda más remedio que volver a hablar del PP. Y ello a pesar de las ganas que tenemos de contar la crisis de gestión y endeudamiento en la que está metido “el abrelatas”, que es como le llaman al murciano Luis del Rivero en Sacyr desde que pretendió abrir la caja fuerte del BBVA con un abrelatas; y los rumores de pretendidas fugas de sus notorios accionistas que circulan por Madrid, al grito de “el último que se salga que apague la luz”, con Caja Murcia y la CAM asustadas, porque se dice que se gastan los beneficios de Repsol en tapar los intereses de la gigantesca deuda de la compañía, que vive más del tráfico de influencias políticas y los desayunos políticos a los que acude todos los días el “abrelatas”, a ver qué pilla, que de la gestión.

Y que lo las obras en Libia no anda ni para atrás, entre otras cosas, que ya iremos desgranando para divertimento del personal (una vela a La Sexta y otra al mandril, peloteo a Zapatero y traición al PP).

Pues eso, volvamos al PP y vamos a contar lo de la estrategia del conejo de Esperanza Aguirre, que ella le llama “la liebre” porque la lideresa, que anda en un sin vivir en ella, entre lo de la boda del niño y el congreso del PP, no sabe qué hacer: si presentarse o no de candidata contra Rajoy, o si quedarse a la espera para una segunda oportunidad, marcando a Gallardón, que es su enamorada obsesión.

Y, entonces, la condesa, lideresa, ha decidido por el momento esperar, aunque a ella le gustaría que alguien, como Costa o el tonto de la rana Gustavo (Arístegui), le hiciera “de liebre”. Es decir, que le fueran abriendo camino, montando la oposición a Rajoy, a esperar que se estrelle en las elecciones autonómicas o europeas que están al llegar, y entonces ella saltaría como una leona sobre la presidencia del PP.

Bueno, eso es al menos lo que cuenta Esperanza a los de su alrededor, y lo que parece que le ha vendido Pedro J. para justificar su salto a favor de Juan Costa, dejándola a ella de lado porque —ahora dicen en el entorno de El Mundo que Esperanza está muy mayor— eso de la regeneración del PP pasa por alguien más mono y más joven, como el enamoradizo Costa, el ruso más yuppie del entorno de Rodrigo Rato, otro que está a verlas venir.

Pero claro, la lideresa se teme que la libre, una vez en carrera, no pare de correr y, al final, se convierta en el conejo que, en última instancia, todos piensan que Aznar sacará de la chistera del PP. Y entonces se acabaron los sueños de la presidenta de Madrid y su desmedida ambición al son de las campanadas de la Puerta del Sol. De manera que, liebre o conejo, he ahí la cuestión.

Al final, lo que está pasando en el PP es como lo de Sacyr, que quieren abrir la caja fuerte del banco o del partido con una abrelatas, como el murciano Luis del Rivero, colándose por la gatera, o llevando a un primo que haga de liebre, para luego ellos entrar bajo palio por el butrón. Pues no, queridos, niños y niñas que estáis a la que salta. Para ganar hay que arriesgar, y para hacer empresas hay que visitar menos FAES y la Moncloa y ponerse a dar un palo al agua, es decir, a trabajar.

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Morales explicó a una amiga su intención de asentarse en Brasil

MURCIA.- El diputado regional del grupo mixto Juan Morales le anunicó a su amiga brasileña Claudia Rodríguez Dacosta su intención de marcharse en algún momento a Foz de Iguazú (Brasil), localidad en el que supuestamente habría construido una vivienda y un local comercial, revela hoy "La Opinión".

Esta mujer, que llegó a Totana tras ser invitada por el Ayuntamiento en el marco de un "intercambio turístico internacional", tal y como reconoce Morales en su declaración como imputado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), conoció en 2004 al ex alcalde de Totana, aunque este no recuerda cómo, según le dijo al instructor de la causa, el magistrado Julián Pérez-Templado.

Lo cierto es que la Guardia Civil encontró un documento en la asesoría de la mujer de Morales, María del Carmen Jordán, en la que la amiga de Morales era invitada por el Ayuntamiento, aunque la dirección que se daba era la de Morales en Totana.

La amistad con esta mujer coincide con la separación del ex alcalde, por lo que el juez trató de conocer si Morales llegó a pagarle el alquiler a esta mujer en España. Asimismo, Pérez-Templado se interesó por el destino de dos envíos de 11.500 euros al país suramericano.

Según Morales, este dinero se lo envió a su amiga "a título particular, por ayudar a esa familia, que tiene a un hermano enfermo y cumpliendo los trámites que establece la legislación", según consta en el sumario de la Operación Tótem, en la que han sido detenidas 15 personas como presuntas participantes en una trama de corrupción en el municipio de Totana.

En el citado "Intercambio Turístico Internacional" con Brasil, que según la actual concejala de Cultura y Turismo de Totana, que es la encargada de los programas de intercambio, no existen en el Ayuntamiento, también vino al menos otra mujer brasileña, Jucelía Leal Batista, que según Morales "era compañera y amiga de Claudia Rodríguez, que vinieron juntas una vez a España".

En el interrogatorio realizado a Morales también se le pregunta por el dinero encontrado en la vivienda de su actual novia, la también brasileña Vaneide Freita, (55.000 euros en billetes de 200 euros).

Morales contesta que el dinero lo ha obtenido de su trabajo como concejal, alcalde y en la gestoría desde 1988, pese a que estaba a nombre de su ex mujer. Cuando se le pregunta por el origen de los 7.900 euros que envió a Brasil, asegura que el dinero lo consiguió de su sueldo de diputado regional.

Preguntado si había invertido dinero en Brasil para comprar una vivienda y un local comercial en el país suramericano, dijo que no, ya que esos inmuebles eran de su novia, Vaneide Freita, que no tiene un trabajo reconocido.

Al recordársele su conversación con Claudia Rodríguez, en la que le anunciaba su intención de irse a Brasil, Morales asegura no acordarse de tal conversación, que fue grabada.

El Tribunal Supremo ratifica la paralización de las obras de Puerto Mayor

MURCIA.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la suspensión cautelar de las obras del puerto deportivo El Estacio de La Manga del Mar Menor, en San Javier, solicitada por la Administración estatal y dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia en 2005, según recoge "La Opinión".

La nueva sentencia desestima las alegaciones de las empresas que acometieron las obras -Puerto Mayor S.A., Urmenor S.A. y Puerto Menor S.A.- y confirma la decisión del TSJ.

El tribunal murciano había aprobado en junio de 2005 la suspensión cautelar de las obras, que en aquella fecha estaban en ejecución o pendientes de ejecutar, "pero solamente en la zona de dominio público marítimo-terrestre de titularidad estatal y que obedezcan a modificaciones introducidas después de la concesión inicial, y en particular en los años 1988 y 2001".

El auto del TSJ, confirmado por la misma sala tres meses después, autorizaba también a los promotores a realizar "las obras indispensables" para conservar lo construido hasta entonces, en espera de una solución definitiva del contencioso judicial.

En octubre de 2004, el Estado había acudido al TSJ ante la desestimación del requerimiento efectuado al consejo de gobierno de la Región de Murcia para que declarase nulas las resoluciones dictadas en 1988 y 2003, respectivamente, que ampliaban el plazo de ejecución del puerto deportivo y alzaban la suspensión de las obras.

Además, el Estado instaba al Gobierno murciano a declarar la caducidad de la concesión otorgada en 1975 para construir las instalaciones portuarias.

Al decretar la suspensión, el TSJ recordaba en 2005 que la ampliación del plazo de ejecución exigía a los promotores una Declaración de Impacto Ambiental y un proyecto adaptado a ella, y precisaba que las dos modificaciones del proyecto inicial presentadas en 1988 y 2001 no habían obtenido el preceptivo informe de la administración estatal y, por tanto, no deberían haber sido autorizadas por el Gobierno autonómico.

En su recurso ante el Tribunal Supremo las empresas constructoras alegaron, entre otros argumentos legales, que el auto judicial carecía de motivación suficiente y podría acarrearles unos perjuicios de difícil reparación.

En todo caso, la sentencia del TS recuerda a los promotores que fue su propia demora inicial en acometer las obras -desde 1975 a 1986- "la que determinó la aplicación de la nueva normativa medioambiental y el traspaso de competencias a la Región de Murcia, cuyo interés prevalente, por otra parte, no puede ser otro que el de la protección del dominio público marítimo terrestre".

Los magistrados del TS respaldan así la decisión de sus colegas del tribunal murciano, que "perciben e intuyen", sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, que pueden ser anulables de pleno derecho las resoluciones del Gobierno autonómico de 1988 y 2003, y que son más sólidos los argumentos esgrimidos por el Estado para paralizar las obras que los de los promotores para pedir su continuación.

Europa divaga en inmigración / Enrique Badía

Acordar una política común en la Unión Europea (UE) nunca ha sido fácil: requiere tiempo, esfuerzos y sobre todo capacidad de impulso a cargo de uno o varios de los grandes países que la integran. Eso cuando se ha logrado, porque no faltan asuntos que se han revelado de imposible armonización.

Baste recordar que el tenido como gran éxito del proceso, la implantación del euro, necesitó más de dos décadas y media de gestación, estuvo al borde del definitivo fracaso varias veces y ni siquiera fue adoptado por todos los socios en aquel momento incorporados al club. Y si ya resultaba complicado cuando sumaban doce o quince países, caben pocas esperanzas de que siendo veintisiete la cosa gane sencillez.

Lo que está pasando con la inmigración, por tanto, no representa ninguna novedad. Los líderes comunitarios llevan al menos media docena de cumbres incluyendo el tema en la agenda, pero no van más allá de los pronunciamientos solemnes y la perenne propensión a trasladar posibles acuerdos y planes de actuación a la siguiente reunión.

Por una parte es comprensible, dado que no todos los países afrontan el asunto en igualdad. Unos, porque el fenómeno migratorio les viene de antiguo, han ensayado ya varias políticas y conseguido ordenar, en mayor o menor medida, un cierto grado de integración. Otros, en cambio, han debido afrontar la afluencia foránea de forma un tanto súbita, masiva y con escasa tradición de acogida en la sociedad. Y los hay, en fin, que son más expedidores que receptores, aun siendo ambas cosas, lógicamente con una distinta visión.

Lo que ya no parece tan claro es cómo se armoniza esa disparidad con el principio de libre circulación de nacionales de los países miembros dentro de la UE y todavía menos con el espacio Schengen que en realidad entraña la supresión de fronteras entre los países adheridos. Tanto como lo anterior puede poner en duda el establecimiento de una política común en materia migratoria, estas dos realidades deberían ser más que suficientes para fijarla cuanto antes.

Sin perjuicio de otros factores, algunos tenidos por políticamente incorrectos, es presumible que un escenario de debilitamiento de las economías propicie cuando menos dos fenómenos en cierto modo entrelazados: un aumento del paro, con alta probabilidad de afectar al colectivo inmigrante, y un mayor recelo social hacia los foráneos concurrentes al mercado de trabajo. Lo que refuerza, sin duda, la conveniencia de adoptar políticas comunes… antes que el caldo de cultivo propicio a la aparición de simplismos y demagogias con pretensiones de solución fermente en unos sitios más que en otros, añadiendo problemas donde ya sobran.

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El programa de retorno voluntario para inmigrantes estará aprobado en julio

MADRID.- El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció anoche que el Gobierno está "elaborando un documento" para "incentivar y facilitar" el retorno voluntario de los inmigrantes mediante "fórmulas" como la capitalización del subsidio por desempleo y aseguró que estará "aprobado en el mes de julio".

Durante la que ha sido su primera intervención ante la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, Corbacho avanzó las que serán las líneas generales de su política los próximos cuatro años, una etapa durante la que habrá que afrontar "retos" como "la gobernabilidad del fenómeno de la inmigración".

Para ello, el ministro anunció que constituirá "la Conferencia Sectorial de Inmigración", que habrá de mejorar "la coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y la Federación Estatal de Municipios y Provincias" y desarrollar "las facultades autonómicas estatutarias sobre participación en las decisiones estatales de política migratoria y sobre ejecución laboral".

Según afirmó Corbacho, el hecho de que la gestión de la inmigración sea "competencia exclusiva del Estado, no significa en absoluto que el resto de las Administraciones Públicas no tengan nada que hacer para mejorar la gestión" de las políticas migratorias, motivo por el cual "junto al diálogo social" se necesita "concertación territorial".

Asimismo, el titular de Inmigración se refirió a la anunciada reforma de la Ley de Extranjería. "Desde que se aprobó la Ley Orgánica (...) al día de la fecha, se han sucedido una serie de acontecimientos que hacen necesario adecuar el contenido de la norma a las sentencias de inconstitucionalidad de determinados artículos" y a la "aprobación de Directivas de la Unión Europea que requieren la preceptiva transposición normativa" a la legislación española. Para ello, será necesario "el máximo consenso", sentenció.

La SEC investiga a tres grandes agencias calificadoras

PARÍS.- La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) comenzó a invetigar las actividades de tres importantes agencias de calificaciones, por su gestión de la crisis del mercado de alto riesgo y por un informe de fallos informáticos en la agencia Moody's.

Las agencias han sido criticadas por no haber advertido anticipadamente grandes escándalos de deudas corporativas, y también por sus calificaciones de productos complejos que fueron severamente golpeados por una epidemia de morosidades en hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos y la consecuencia crisis en el mercado de créditos.

"Enviamos cartas a Moody's, Standard & Poor's y Fitch pidiéndoles que nos informen de aspectos de sus metodologías", comentó Erik Sirri, director de la división de intermediaciones y mercados de la SEC.

"Les pedimos que nos explicaran sus políticas y procedimientos utilizados para detectar errores en calificaciones de instrumentos de financiación estructurada y que nos avisen de cualquier error que hayan encontrado en sus instrumentos durante los últimos cuatro años, incluyendo las medidas que tomaron para corregir el problema", añadió.

Los supervisores también han sido criticados por controlar inadecuadamente los sucesos.

El presidente de la SEC, Christopher Cox, previamente había dicho que su entidad regulatoria había comenzado una investigación en Moody's, cuyas acciones se hundieron la semana pasada por temores a que hubiera cometido errores en sus calificaciones.

"Tenemos amplia jurisdicción para revisar esto", comentó Cox.

"El 11 de junio, la Comisión propondrá formalmente nuevas reglas que involucran a las agencias calificadoras de créditos", añadió.

Cox habló al margen de la conferencia de la Organización Internacional de Comisiones de Valores en París.

El responsable dijo que los problemas de las agencias tenían una larga historia.

Las agencias ya habían estado en el punto de mira entre 2001 y 2002 por no haber detectado los problemas en Enron y WorldCom, las inmensas empresas que fueron a quiebra tras publicar cuentas fraudulentas.