domingo, 25 de mayo de 2008

Mariano Rosique: "La orografía marca lo que debe ser la futura provincia de Cartagena"

CARTAGENA.- En una entrevista hoy en "El Faro", Mariano Rosique, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, de Cartagena, afirma que "los políticos regionales están autistas en el problema de la biprovincialidad".

¿Comunidad de Murcia dos: Murcia y Cartagena?

- Y por qué no Región de Murcia tres: Murcia, Cartagena y Lorca. No planteamos el cambio de denominación de la Comunidad Autónoma.

- ¿Y es el momento de la biprovincialidad?

- La plataforma se justifica sólo porque hay una reforma del Estatuto, sino no se hubiera constituido y yo personalmente no estaría en ella. Ahora todas las autonomías nos hemos igualado prácticamente en competencias, pero las del 151 parece que quieren reeditar otra vez las dos velocidades, al pretender tener un sistema diferenciado.

La Región de Murcia tiene dos posibilidades: dejar las cosas como están, ratificando su escaso peso a nivel nacional o vertebrarse territorialmente. Las comunidades uniprovinciales asumieron las competencias de las diputaciones provinciales y cercenaron la participación efectiva de los territorios de la Región.

- La demanda de Cartagena de ser provincia no es nueva.

- Ha existido de forma recurrente una demanda de Cartagena de ser provincia y lo ha sido con distintos puntos de vista. En otro momento no resultaba asumible que la comunidad uniprovincial llevará el nombre de la capital, por Murcia, ya que se percibía como un doble agravio por parte de algunos ciudadanos de Cartagena. Ahora es un movimiento integrador, solidario y positivo.

- ¿Qué ventajas tiene un vecino de Calasparra o de Puerto Lumbreras con la biprovincialidad?

- Un señor de Caslasparra cuando piensa en vetebración inteterritorial como demandante de recursos si quiere hacer fuerza tendrá que estar integrado en una estructura intermedia que se llama provincia.

- ¿Se puede pasar del centralismo de Murcia al centralismo de Cartagena?

- Esa no es la hipótesis correcta. Con las diputaciones provinciales, los ayuntamientos tienen más fuerza y más presencia.

- ¿Cartagena ha sido marginada por la Comunidad?

- Cartagena no tiene queja del tratamiento que le ha dado el Gobierno Regional en los últimos años. Hay hitos importantes como la Universidad Politécnica, el Puerto de Culturas, y ahora se ha apostado por el Puerto del Gorguel. Pero eso no nos garantiza que un próximo gobierno diga que a Cartagena ni agua. La Comarca del Campo de Cartagena aporta el 30% al PIB y no podría recibir el 12%, sino algo proporcional a su aportación al PIB siendo solidario con el resto de la Región. Lo mismo sucede al resto de los municipios al no existir las diputaciones provinciales.

- ¿La biprovincialidad ocasionará mayor gasto?

- A veces se ha cuestionado el tema porque dicen que sería un gasto innecesario. Conllevaría mas infraestructura administrativa, más funcionarios, pero también significa mayor participación ciudadana, mayor descentralización y mas eficacia. Además los nuevos recursos saldrían de la Administración Central, y no supondría un coste mayor para la Región.

- ¿La Reforma del Estatuto es el marco idóneo?

- Una vez que se apruebe la Reforma del Estatuto, acogiendo esta idea o rechazándola la Plataforma se disuelve, porque no es una plataforma política, aquí están representados colectivos profesionales, instituciones empresariales, y personas a titulo particular. No reivindicamos situaciones cuasi ilegales como otras comunidades en sus Estatutos. Las provincias como posibilidad están recogidas en las Constitución.

- ¿Porque haya más diputados la Comunidad tendría más peso?

- Indudablemente. El problema del agua ha tenido mucho que ver el peso político de determinados territorios a la hacer la aritmética de la presencia de diputados en el Congreso. Cuando las mayorías están muy ajustadas dos o tres diputados más cuentan mucho.

- ¿Cómo se estructuraría territorialmente la provincia de Cartagena?

- Tiene la ventaja que la orografía le ha hecho lo que debería ser la provincia de Cartagena, que es la Comarca natural del Campo de Cartagena, la bajada del Puerto de la Cadena al Mar Menor y hasta Mazarrón. Y reunimos requisitos objetivos para ser provincia, por población, 350.000 habitantes más que varias provincias.

- ¿Las pedanías murcianas del Campo de Cartagena se integrarían en esa hipotética provincia?

- Quién debe decidir si en la reforma el Estatuto se incluye la biprovincialidad es la Asamblea Regional y el Estatuto se someterá a referéndum para su aprobación.

- ¿Los partidos políticos regionales están muy tibios?

- No es que estén muy tibios, es que están autistas, porque no dicen que no, pero tampoco dicen que sí y estamos a unos meses de la reforma. Los políticos regionales no han dado un solo argumento en contra, se limitan a decir que es difícil. No he escuchado a día de hoy una idea interesante sobre las modificaciones que se van a incluir en el Estatuto. Parece que más que una reforma fuera a ser una ratificación.

- ¿La alcaldesa de Cartagena y diputada nacional también esta un poco tibia?

- Ella lideró en 1998 la iniciativa de provincia para Cartagena, luego parece que se ha olvidado un poco y dice que no es un tema prioritario. ¿Quién decide lo que son prioridades y por qué?. No se ha dicho que es lo prioritario cuando no estamos jugando el futuro de la vertebración de Región y su peso en el contesto nacional.

- ¿Han descartado presentar la Plataforma en Murcia?

- No sólo no se ha descartado sino que se hará. Se trata de que el resto de los ciudadanos de la Región se convenzan de la bondad del proyecto para todos los murcianos.

- ¿Apoyarían otras propuesta similares como la de Lorca?

- Nuestro manifiesto es un profundamente regionalista. Si escucho una propuesta alternativa y complementaria desde Lorca la apoyaría sin ninguna duda, porque tienen los requisitos objetivos para ser provincia, que sería más potente que la provincia de Huesca, por poner un ejemplo. Hablamos de pluriprovincialidad, la Comunidad con tres provincias sería más beneficiosos para la Región de Murcia.

- ¿A las reivindicaciones cartageneras tradicionalmente les cuesta pasar el Puerto de la Cadena?

- Esa recurrencia anterior de pedir la provincia por motivos totalmente distintos a los de ahora nos ha perjudicado gravemente, porque en un principio en el resto de la Región fue recibido con recelo y sospecha. Ahora venimos con un regionalismo solidario.

- ¿Y que opina el Obispo de Cartagena?

- No tengo ni idea, pero no se si el Obispo de Cartagena debe opinar en esta cuestión. Lo de la sede del Obispado en Cartagena es una reivindicación histórica desde el siglo XVI y la situación en el siglo XXI es totalmente distinta.

- ¿Una vez que desaparezca la Plataforma dicen que saltará a la política?

- Me consideró una persona muy comprometida con la Región y con la Comarca de Cartagena, pero el salto a la política no está en mi horizonte.

García Carrión sortea la crisis de consumo y eleva su volumen de negocio un 20% hasta abril

JUMILLA.- El grupo bodeguero murciano "García Carrión" esquiva el actual escenario de desaceleración del consumo, al aumentar su volumen de negocio un 20% en los cuatro primeros meses del año, según su presidente José García Carrión.

Las ventas de la compañía no se han visto afectadas por la crisis económica, al aumentar un 10% hasta abril, al que se sumará un 10% adicional que aportará Vinartis, la firma bodeguera que adquirió el pasado febrero al banco Rabobank por 75 millones.

"Somos unos privilegiados al crecer un 20%, pero estamos con mucha precaución", subrayó el presidente de la compañía, quien consideró que "lo peor de esta crisis es la incertidumbre".

Según dijo, la crisis económica está repercutiendo menos en los alimentos y bebidas, aunque reconoció que los consumidores están adquiriendo productos con un nivel de categoría inferior y con un precio más bajo, lo que afecta a la rentabilidad.

El propietario de 'Don Simón' factura unos 500 millones de euros, de los que el 51% corresponde al negocio de zumos y el 35% a la división de vinos, mientras que el resto proviene de los segmentos de bebidas de frutas (11%) y gazpachos y cremas (3%).

Arbitraje en el PSRM o rebelión de las bases / Pedro Guerrero

Miraba en "La Opinión" la foto del Nuevo Proyecto Socialista y pensaba que aquella gente joven que no conoció de cerca las viejas luchas internas del PSRM-PSOE, originadas desde que dimitiera, en 1983, el ahora tan respetado primer secretario general del partido socialista de la Región de Murcia, Andrés Hernández Ros.

Desde entonces, en una batalla orgánica casi fratricida, de la que hoy se habla o se discute en todas las agrupaciones, se han ido dejando en el camino, y sin recoger, a muchos y buenos militantes de este nuevo y viejo partido. Y es que, desde entonces, el combate por hacerse con la ejecutiva regional ha sido incesante. Tampoco Saura ha hecho absolutamente nada por restaurar y armonizar el socialismo murciano. Pero yo, a pesar de ello y por un momento, pensaba que los socialistas de esta foto podrían alterar el autismo que en estos momentos padece el partido en nuestra Región.

Hace dos días, en una agrupación socialista, la candidatura de delegados, según parece cercana a Saura, salía adelante por ocho votos, mientras que la abstención llegaba a los treinta y siente. Y me dije: la rebelión de las bases. Pero posiblemente no será así. Porque la secular combinación de "aparatos" locales y sus delegaciones se opondrán en el congreso a aquellas otras desde las que se busca una salida a la crisis del partido.

Porque el sentido común nos indica, según los resultados electorales que se han producido por la gestión de la actual ejecutiva, que el partido sigue en crisis después de las asambleas, y lo viene estando porque muchos de los delegados están ya comprometidos con la "familia" a la que se identifican. Extraño vicio de una organización que debe buscar acuerdos y soluciones definitivas de entendimiento.

La evaluación del tiempo precongresual determina que Saura no tiene un proyecto distinto que aquel con el que ha perdido. La dirección actual no ha ofrecido una alternativa tan clara como ilusionante para hacerse creíble, convincente. La ponencia marco es de una torpeza política tan difícil de arreglar que, se supone, que se saldará en el congreso con una enmienda a la totalidad.

Por otro lado, la velocidad del sistema seleccionador asambleario en las agrupaciones, previo al congreso, ha sido demoledor, y lo que debía ser un congreso de más tiempo para más participación se ha constituido en un congreso diferencial de punteo de censos de referencias nominales insalvables, determinando todo ello un debate acelerado extraordinario que, además, sólo se quiere resolverse con la evaluación cuantitativa de la militancia agrupada en los cortijos de poder.

De otra parte y desde esta sintomatología, la buena voluntad no entra en estos protocolos de evaluación política. Pero entonces ¿por qué las bases del partido no culminan su proyecto de arrancarle al congreso un nuevo discurso regional autónomo y de un evidente progreso, referenciado en nuevos rostros?

Porque aunque se votara la lógica del sentimiento y de la razón sobre la validez de que los efectos resultantes de la mala gestión de la actual ejecutiva son muy negativos, verdaderamente desastrosos, la complicidad del poder orgánico, establecido en estos momentos con lícito esquema electoral de delegados al congreso, puede impedir el cambio deseado.

Entonces ¿cómo se puede atravesar la frontera de lo contradictorio? En principio, reflexionando y analizando en la Región de Murcia sobre la consideración que pudiera derivarse de la victoria de José Luís Rodríguez Zapatero en España: el PSRM-PSOE tiene la obligación de superar su crisis orgánica partiendo de un proyecto político moderno y nítidamente de izquierdas, y lo debe de transmitir un equipo cohesionado, que atienda todas las legítimas demandas de la militancia, desarrollado desde un lenguaje nítido, claro, pero semánticamente esperanzador para los ciudadanos, ilusionante.

Dirigido por un grupo de personas que estén dispuestas a rescatar a los hombres y mujeres que han quedado arrollados por una dinámica de casi treinta y cinco años de enfrentamientos, descontaminando el partido de las luchas internas y amparando en el proyecto a quienes, sinceramente, deseen ayudar a curar definitivamente, en un estado de leal conciliación, las huellas de tantos años dolosos.

¿Pero ello no es realmente lo que defiende el Nuevo Proyecto Socialista?, ¿el de unos jóvenes que eran unos niños cuando se originó aquella primera crisis orgánica?. Sí, pero hace falta una rebelión de las bases. O aún mejor, la unidad confiada de todos los militantes. Pero para ello, sería necesario, a mi modo de ver, un arbitraje. Liderado, tal vez, por el mismísimo Zapatero. Y el impulso estructural de una pasión evidente por conseguir, todos a una, partido y sociedad, un gobierno socialista para la Región de Murcia.

Fiscal Superior del TSJ: «El porcentaje de funcionarios corruptos es preocupante»

MURCIA.- El fiscal superior del TSJ de la Región de Murcia, el murciano nacido en Madrid, Manuel López Bernal, nieto del ilustre empresario Bartolomé Bernal, de El Palmar, hace hoy unas reveladoloras declaraciones en "La Verdad", en las que muestra su preocupación por el alto porcentaje de funcionarios corruptos en la Administración.

-Cuando tomó posesión de su cargo, afirmó que haría de la lucha contra la corrupción y los delitos de guante blanco uno de sus objetivos. Visto con perspectiva, era toda una declaración de principios.

-Era una declaración de principios. Los asuntos de corrupción o los delitos económicos, o los medioambientales, siempre me han interesado mucho y siempre he pensado que merecían mayor atención. Los demás tipos de delitos tienen mucha gente encima, pero este tipo de delincuencia es menos frecuente verla en los tribunales, aunque sin duda existe.

-¿Intuía ya entonces que había una necesidad evidente de perseguir ese tipo de delitos?

-Bueno..., una necesidad general, sí. Siempre, desde que entré en la carrera, pensé que el Código Penal ha estado más enfocado en la persecución del pequeño delincuente, del delito común, antes que de los grandes delitos económicos o de corrupción. Recuerdo una frase de un amigo ya fallecido, el fiscal del Tribunal Supremo Jesús Vicente Chamorro, que un día, tomando un café, me dijo: «Manolo, esto empezará a funcionar el día que exista una agravante de Consejo de Administración». (Sonríe) Pero desconocía hasta qué punto existía esa necesidad en la Región.

-¿Antes no se perseguían estos delitos? O, mejor, lo afirmo. ¿Por qué no se perseguían?

-Yo no digo... ¿A qué se refiere?

-Me refiero a la Fiscalía de Murcia. Quizás no se le presentaban denuncias, porque no existía confianza en que fuesen a ser investigadas. Pero lo de ahora ha sido una auténtica explosión de casos...

-Ha habido un gran aumento de denuncias desde los partidos políticos, particulares, organizaciones ecologistas, asociaciones ciudadanas... Haciendo una comparativa hace un tiempo, con motivo de la apertura del pasado curso judicial, saqué una estadística y, buscando además una época similar, electoral, en la que hay mayor abundancia de denuncias, observé que en el 2003 se presentaron cinco, quizás siete denuncias, y eso se ha multiplicado..., se ha multiplicado por bastante.

-¿Por bastante? ¿Por cuánto?

-Buff... Por bastante.

-¿Se han presentado 50 denuncias, 70...?

-Posiblemente ronde esas cifras.

-Vamos, que se han multiplicado por diez.

-Sí. Y luego hay una diferencia en la actuación de la Fiscalía, consistente en que no se puede hacer recaer en el ciudadano todo el peso de la denuncia. Si alguien, y tú mismo lo sabes, o un medio de comunicación, ofrece datos en los que se atisba un hecho presuntamente delictivo, hemos salido en su búsqueda desde la Fiscalía, cumpliendo con la obligación que tenemos de hacerlo...

-En eso le tengo que dar la razón. Hubo una época en la que se publicaba algún escándalo y cuando lo comentabas con el juez de guardia o a la Fiscalía, te respondían que si querías que se investigase, que pudieses tú mismo una querella.

-No estoy de acuerdo con que se haga eso. Ante una denuncia pública, la Fiscalía debe actuar.

-La mayor parte de las investigaciones por delitos cometidos desde la Administración afectan al Partido Popular. Ése es un hecho objetivo. ¿Pero es simplemente una cuestión estadística, porque gobierna en la mayor parte de los municipios y en la Comunidad Autónoma, o...?

-Yo no tengo motivos para pensar que la causa sea diferente a ésa. El PP tendrá en torno al 80% de los municipios de la Región y, lógicamente, la incidencia de los delitos de corrupción tiene que ser mayor. Alguna vez se ha dicho que sólo se persigue al PP y eso es radicalmente falso. Quizás hay veces en que perseguimos a personas del PSOE y el asunto no tiene tanta repercusión. Y no hablo de medios de comunicación. Lo que no puede ser es que cuando investigas a unos, seas muy malo, y cuando investigas a otro, pues seas muy bueno. Y eso pasa con los dos [partidos]. Pero, bueno, si están molestos los señores de un lado y los del otro, pues me parece perfecto. Querrá decir que estamos trabajando bien.

-Será consciente, de todas formas, de que a estas alturas le va a ser imposible sustraerse a la sospecha de que actúa por razones políticas...

-¿Pues no sé por qué! A lo mejor me lo puede explicar...

-Pues porque se le viene reprochando así desde el principio y, me temo, eso ya no va a cambiar.

-Bueno, pues me imagino... Dará igual que se haga lo que se haga. Y el PSOE pensará que se persigue a los socialistas... Me da igual. Pero hay algo que quiero que quede claro, porque es una mentira que se ha extendido y que ya se toma como verdad.

-Ya sabe que alguien dijo que una mentira repetidas muchas veces se convierte en verdad.

-Pues eso. Lo que quiero aclarar es eso de que soy un fiscal político por mi nombramiento.... En cualquier estado democrático yo hubiese sido el designado. Nos presentamos mi gran amigo Manolo Campos y yo. Yo tuve seis votos en el Consejo Fiscal y Campos los mismos. Pero en un puesto que es de libre designación, habrá que reconocerle al Fiscal General del Estado que tenga un voto de calidad. Tenía la legitimidad para hacerlo.

-Lo que me está queriendo decir es que con usted no se buscaba un comisario político para ponerlo al frente de la Fiscalía, ¿no?

-¿Un comisario político de qué? Es que eso es un chiste.

-A mí me gustaría aclarar algún hecho concreto, porque haciendo una lectura simple, quizás simplista ya que no tengo todos los datos en mi mano, sí da la sensación de que se ha podido actuar con criterios distintos. Ejemplo: permuta en La Unión y permuta en Torre Pacheco. En La Unión, con gobierno socialista, y con un posible perjuicio para las arcas públicas de ocho millones de euros, se le otorga al alcalde el beneficio de la duda y se dice que no hay datos para pensar que obró de forma malintencionada. Y en Torre Pacheco, con un supuesto perjuicio de cinco millones de euros para el municipio, se actúa con gran contundencia contra el alcalde (del PP) y se le mete en prisión un mes.

-¡Claro que le faltan datos! Naturalmente.

-Ésos son los hechos objetivos.

-No, ésos no son los hechos objetivos. Pero las razones no las voy a explicar, porque me obligaría a entrar en una investigación que está en marcha.

-¿Hay, por ejemplo, en el caso de Torre Pacheco, grabaciones telefónicas que apunten a que esa operación se hacía con conocimiento de causa por el alcalde?

-Vamos a ver... Aunque parezca poco creíble, yo no conozco al detalle todos los asuntos, ni escucho todas las conversaciones grabadas de todos los asuntos. Pero esas conversaciones han salido publicadas, íntegras. La respuesta la debe de tener usted mismo.

-Sí, las publicamos nosotros. Pero creo recordar que no hablaban específicamente de esa permuta. Sí se apreciaban relaciones bastante cordiales, incluso de amistad, entre unas partes y otras.

-Es que ni quiero, ni debo entrar en ese terreno.

-¿No considera que el encarcelamiento del alcalde pachequero, Daniel García Madrid, pudo ser excesivo? ¿Estaba justificado?

-Claro que estaba justificado. ¿Por supuesto! De otra forma no lo habríamos solicitado.

-Bueno, también pidieron prisión en el caso del ex alcalde de Totana, Juan Morales, y cuando quedó en libertad con fianza no se recurrió la medida...

-No recuerdo lo que pedimos exactamente. Pero, bueno, pudo ser así...

-En ese caso, no habría posibilidad de favoritismo por razones políticas, pues ambos están en la órbita del PP, pero llama la atención que García Madrid fuese encarcelado y que Morales, con unos cargos como el cohecho, que despiertan el mayor reproche social, quedase libre con fianza.

-Tiene su explicación. Si coge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hay que valorar que existan circunstancias como la posibilidad de fuga...

-...de destruir pruebas...

-...de reincidir en el hecho delictivo... Todo eso. Entendíamos que, en los casos en que hemos pedido prisión incondicional, existían esos riesgos. Y en el caso de los dos alcaldes [el ya citado de Torre Pacheco, y el de Totana, José Martínez Andreo], cuando han salido de prisión han vuelto a sus cargos. Nosotros les estamos imputando delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por lo que su vuelta al mismo sitio pensamos que encaja dentro de la posibilidad de que incurran en nuevos hechos delictivos como de que destruyan pruebas. Tampoco nos parece lógico que funcionarios imputados por falsedad en documento público estén dando fe pública.

-¿Y si los alcaldes hubiesen dimitido?

-Entonces, habría dejado de tener sentido esa circunstancia a la que me refería. En el caso de Juan Morales, que ahora está en el Grupo Parlamentario Mixto de la Asamblea Regional, el riesgo de cometer nuevos delitos parece menor. Así lo hizo ver el magistrado del TSJ, y nos pareció razonable. Además, habían pasado dos meses hasta ser llamado a declarar y no había huido.

-¿Cree que el juez de San Javier, Salvador Calero [el que dictó la orden de prisión contra García Madrid], ha sido recusado sin motivo?

-En mi opinión, sí. Lo que no es válido, y hablo de referencia, es actuar, como dice la ley, en fraude de ley, y en este caso se puede rozar eso. Yo no puedo decir: «Este juez es un incompetente, es un tal...», que no sé ahora si fueron esos términos...

-Fueron más duros incluso...

-Pues eso. Entonces el juez ejercita su facultad de sancionar al letrado y resulta que ahora, como se ha cabreado, pues le recuso. Eso sí es buscar un juez a la carta.

-¿Cree que se ha forzado la estrategia de defensa del alcalde?

-Evidentemente, sí. La recusación del juez, basada en que ese juez ha reaccionado ante un ataque..., ante un ataque, y no ante una crítica, y me guío por lo publicado en los periódicos. Creo que recusar así es una táctica para tener el juez que se está buscando.

-¿Dice que se ha buscado provocar al juez para que te sancione y, a raíz de ahí, poder recusarlo?

-Sí; para recusarlo. Pero eso es muy viejo, además. Una táctica conocida por todos y utilizada por mucha gente.

-¿Cómo le afecta en lo personal que alcaldes con graves imputaciones, con peticiones de varios años de cárcel incluso, se presenten a las elecciones y saquen incluso más votos?

-Han tenido que fallar cosas. Ese análisis se escapa a mi capacidad. Quizás, es que, cuando la corrupción está ligada al urbanismo, los pueblos se enriquecen a corto plazo y se hacen muchas cosas en el municipio. Pero no se ve lo que hay detrás. Ven que se ha hecho un polideportivo, o un centro de salud, pero no ven lo que han costado, lo que tendrían que haber costado, lo que el Ayuntamiento podría haber obtenido...

-¿Cree que hay vecinos que piensan: «Bueno, los políticos igual se están llevando algo, pero lo importante es que el pueblo mejora»?

-Una justificación, quizás simplista, puede ser ésa. Otra puede ser que el alcalde suele ser una persona conocida, querida y cercana y en la que los vecinos ven reflejado a todo el pueblo. Y, en ocasiones, piensan que ir contra el alcalde es atacar al pueblo.

-Puede haber una tercera razón: que los vecinos no confíen en la veracidad de las denuncias...

-Puede ser otra razón. Pero no sé si el ambiente general ha sido propicio a esas iniciativas legales. Si desde todos ámbitos se apoya la labor de la Justicia, se creerá en ella. Si se pone en entredicho esa labor con manifestaciones poco fundadas, con poco o nulo conocimiento de causa, entonces no se creerá en la Justicia. Y eso es muy grave.

-Se estarían socavando los cimientos del Estado de Derecho...

-Claro. Pero es cierto que se están emitiendo opiniones con un desconocimiento total y una falta de responsabilidad importante.

-Hace poco, advirtió de que investigaciones sobre corrupción podrían llegar a ser archivadas por falta de medios y de personal preparado.

-Es cierto que hay falta de personal especializado. Ya he dicho antes que la Justicia, tradicionalmente, se ha dirigido hacia otro tipo de delitos. Cuando hay que probar un delito económico, investigar sociedad, empresas, blanqueo de capitales..., ahí hace falta personal especializado. Esto ha sido un boom de los últimos años y nos falta ese personal. Y se retrasan algunos asuntos.

-¿Ha tenido que archivar alguna denuncia por esas causas?

-No, pero porque toda la Fiscalía está haciendo un esfuerzo extraordinario y los compañeros están trabajando como un solo hombre.

-¿Considera que la corrupción está generalizada en la Administración?

-¿A qué llama estar generalizada?

-A que haya un porcentaje nada despreciable de funcionarios que se corrompen...

-Hay un porcentaje preocupante...

-...de funcionarios que han podido incurrir en conductas sancionadas por el Código Penal...

-Sí.

-¿Y eso cómo se erradica?

-Por un lado, con la prevención que supone hacerles ver que los tribunales y la Fiscalía van a estar encima y que no van a pasar una. Pero la Fiscalía por sí sola no puede acabar con la corrupción. Hay que hacer modificaciones legislativas; hay que plantearse si los convenios urbanísticos son legítimos, porque están ahí, pero están poco regulados; habría que analizar las competencias de los ayuntamientos, los convenios urbanísticos... Porque hay convenios que, a lo mejor, como se dice en el Código Civil, un buen padre de familia y un hombre prudente no se atrevería a firmar.

-¿Es el convenio urbanístico la madre de todas las corrupciones?

-La madre de muchas.

(Manuel López Bernal, fiscal superior del TSJ)