martes, 13 de mayo de 2008

Sentimiento provincialista en la actualidad / Gonzalo Wandosell

El Partido Cantonal desde 1977, fecha de su fundación mantiene viva la llama del sentimiento descentralizador de la mayoría del pueblo de Cartagena, pues fue ésta, la principal causa que motivó su nacimiento, al retomar en su fundación, la constante e histórica lucha por conseguir la titularidad provincial y a si poder integrarnos en el nacimiento de una futura Comunidad Autónoma que consolidaría la denominada Región del Sureste.

A pesar de las malintencionadas acusaciones de separatistas, nacionalistas o localistas, nunca hemos caminado por esos senderos, pues desde nuestra fundación siempre hemos anunciado nuestra aglutinadora intención de caminar juntos con todos los municipios de nuestra región, pero dentro de una estructura política mas amplia que favorecería a todos los ciudadanos de la naciente Comunidad y a si evitar el histórico centralismo, que tantos desequilibrios había generado.

En estos últimos años de travesía por el desierto político, hemos sido unos pocos cantonales, responsables de su fundación, pero no del gobierno municipal de tan negativo recuerdo, los que tuvimos que hacernos con el timón de una nave abandonada y casi hundida, de la cual muchos huían, como ratas en un naufragio.

En estos últimos años, esos pocos conseguimos reunir mas de 36.000 firmas pidiendo la celebración de una Consulta Popular que siguiendo los pasos autorizados por la Constitución iniciara los caminos para conseguir la biprovincialidad. Esta iniciativa popular nos fue denegada por nuestro Ayuntamiento. También pedimos amparo ante esta negativa a la Asamblea Regional, que nos la negó.

Al mismo tiempo nos hemos reunido con todos los Alcaldes de la Comarca del Campo de Cartagena excepto la alcaldesa de esta ciudad. También integrados en el Movimiento Ciudadano hemos financiado y editado los estudios realizados por profesores de las Universidades de Murcia y Cartagena, donde se demuestra la viabilidad y conveniencia de que la Comunidad Autónoma tuviera dos provincias.

Al día de hoy, nadie ha publicado estudios actualizados sobre la posible biprovincialidad y por tanto somos los cantonales junto al Movimiento Ciudadano los que hemos aportado las argumentaciones para mantener viva la llama de nuestra reivindicación provincialista, es decir la biprovincialidad de la Region.

Desde que los cantonales, hace mas de treinta años, nacimos a la vida política y, retomamos la histórica reivindicación provincialista, la llama de este sentimiento popular nunca se apagó y ahora vemos con inmensa alegría, como cartageneros que antes no compartían este sentimiento se estan convirtiendo en fervientes defensores, de la misma. La anunciada y puesta en marcha de la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, nos está dando la última oportunidad para corregir errores anteriores que políticamente están perjudicando al conjunto de la Region.

www.elfarodecartagena.es

El delegado del Gobierno quiere cesar pero para ir al Parlamento Europeo

MURCIA.- El delegado del Gobierno y catedrático de la Universidad de Murcia, Ángel González, se muestra confiado en seguir en su cargo hasta las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en el que aspira a lograr un escaño en la lista del PSOE aunque él no lo confiese públicamente pese a su dilatada experiencia docente en Bélgica.

Hoy ha rogado a los periodistas que se acaben en los medios regionales los comentarios, especulaciones y rumores sobre su no continuidad. Ha recordado que él fue nombrado el 27 de abril de 2004 por un período de cuatro años, "que luego puede ser de ocho", y ha incidido en que ya se han producido ceses y nombramientos de otros delegados del Gobierno y él sigue en su cargo.

El nombramiento como directora general de Rosa Peñalver en el Ministerio de Educación, quien pudo ocupar, y no quiso, el cargo de González, está demorando el relevo en la Delegación del Gobierno hasta la resolución del próximo congreso regional del PP y la revalidación, o no, del equipo de Saura-Jara. Precisamente el aspirante a sucederle ahora es José Ramón Jara si pierde su puesto en la ejecutiva del PSRM tras su responsabilidad orgánica en las dos derrotas electorales.

González sostiene que todo cargo procedente de un nombramiento en el BOE lleva implícito un cese por parte del Gobierno pero que él sigue trabajando todos los días y tiene la agenda llena.

"Si podemos dejar zanjada de una vez esta cuestión sería mucho más fácil para todos", ha suplicado hoy en rueda de prensa con motivo del 164 aniversario de la Guardia Civil y la presencia en Murcia del general jefe de la V Zona.

Mendoza cree que la actitud del obispo causa «un grave perjuicio» a la UCAM

MURCIA.- José Luis Mendoza, presidente de la Fundación San Antonio que gestiona la Universidad Católica de Murcia (UCAM), mostró «su extrañeza» de que el obispo de la Diócesis, Juan Antonio Reig Pla, haya recurrido ante la Signatura Apostólica la decisión del secretario de Estado del Vaticano.

Este último confirmó por carta que la titularidad y propiedad de esta universidad es de dicha Fundación, resolviendo un litigio planteado en octubre del año pasado. Mendoza considera que esta actitud del obispo «está generando un problema en la Iglesia y causando un grave perjuicio a esta universidad».

El presidente de la UCAM recordó que el obispo había declarado hace unos meses que aceptaría la decisión de la Secretaría de Estado del Vaticano, «específicamente de este órgano máximo de la Santa Sede, que es el principal colaborador del Papa. No se entiende que ahora haya presentado un recurso que va contra la propia Secretaría de Estado. Según tengo entendido, esto jurídicamente no es posible».

José Luis Mendoza relató a "La Verdad" que el 1 de junio del año pasado se le presentó al obispo los nuevos estatutos de la UCAM, que recogían que la titularidad y propiedad pertenecían a la Fundación. «Nos dijo que no le interesaba ser gran canciller y que tampoco le interesaban los estatutos. Comentó que sólo quería ir a la UCAM como pastor. Dos días después cambió de opinión al finalizar una reunión de la Provincia Eclesiástica de Granada, que tuvo lugar aquí en Guadalupe y que estuvo presidida por el arzobispo. Nos dijo que no aceptaba lo de la titularidad. Posteriormente, en otra reunión realizada el 19 de julio, el obispo propuso que para resolver la situación se debía solicitar un dictamen a monseñor Rouco Valera, y nos conminó a todos a aceptar la decisión que saliera», añade Mendoza.

«Los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal dieron la razón a la Fundación, pero entonces el señor obispo dijo que su conciencia no le permitía aceptar esa resolución, cuando además los tres obispos anteriores nunca habían cuestionado la titularidad. Sólo nos quedaba acudir al Vaticano, y el 28 de octubre presentamos la documentación. El obispo lo hizo 24 días después», explicó Mendoza, quien añadió que todos los pasos han dado la razón a la Fundación. «No entiendo por qué el obispo no acepta lo que él mismo proponía, incluido acatar la decisión del Vaticano». Espera que este recurso no retrase la decisión del Gobierno regional sobre los estatutos. «La UCAM goza de prestigio y sufre las consecuencias de todo esto».

Medina y Pujante, dos estrategias distintas

El consejero de Educación, Medina Precioso, manifestó, por su parte, que «según el documento del Vaticano, la propiedad y la titularidad de la UCAM es de la Fundación. El Gobierno regional actuará según lo que digan los Servicios Jurídicos. Yo personalmente soy partidario de proceder de acuerdo con lo que ha decidido la Santa Sede».

Mientras tanto, el coordinador regional de IU, Juan Antonio Pujante, acusa al PP de obstaculizar la creación de una comisión en la Asamblea Regional para investigar presuntas irregularidades contables en la UCAM, al no admitir a trámite la Mesa una moción suya en ese sentido.

Con dicha moción se deseaba también investigar la calidad formativa de la UCAM, el funcionamiento de la Fundación San Antonio y las recalificaciones urbanísticas ventajosas por parte de administraciones públicas municipales de Murcia y Cartagena. Ahora anuncia que el tema llegará de la mano de IU al Congreso de los Diputados.

Porque Pujante ha revelado que la UCAM puede encontrarse en una situación financiera difícil, pese a las subvenciones de la Comunidad Autónoma y, a su juicio, es necesario una fiscalización pública de una entidad privada porque la UCAM se caracteriza por la baja calidad y el mercantilismo, según su opinión.

Profesionales y ex cargos políticos copan la lista de la Asamblea Regional para Cajamurcia

MURCIA.- La Asamblea Regional aprobó la pasada semana la lista de candidatos pactada por el PP y el PSOE para la asamblea general de Cajamurcia, compuesta en su integridad por empresarios, profesionales y ex cargos públicos, según publica hoy "La Verdad".

Entre los once miembros de la lista sobresalen los nombres de Antonio Sánchez Carrillo, ex concejal popular y ex primer teniente alcalde de Murcia (en la imagen), y María Antonia Martínez, ex presidenta de la Comunidad y ex senadora socialista, que se perfilan como firmes candidatos a ocupar alguno de los puestos que quedarán vacantes en el consejo de administración de la caja

Cajamurcia debe renovar en la asamblea general del próximo 17 de junio la mitad de los miembros de sus órganos de dirección (asamblea general, consejo de administración y comisión de control), de los que un 25% los propone la Comunidad Autónoma, otro 25% los ayuntamientos, un 10% es elegido entre los empleados y el 40% restante entre los impositores o clientes.

Los nombres propuestos por el Parlamento autónomo corresponden al grupo que debe designar la Comunidad Autónoma y es pactado por el PP y el PSOE de acuerdo con la representación de ambos partidos en la Cámara.

Entre los nombres propuestos por el Grupo Parlamentario Popular para consejeros de Cajamurcia predomina el perfil profesional, como el presidente de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Murcia (Ucomur), Juan Antonio Pedreño; el presidente de la Federación de Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), Pedro Arcas, y Ángeles Ruiz Martínez, presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias.

Entre los propuestos por el PSOE, además de María Antonia Martínez, figura el ex alcalde de Santomera, Antonio Gil. Los socialistas también propondrán a María José Alarcón en representación del Ayuntamiento de Murcia.

Una vez renovada la mitad de los miembros de la asamblea general, esté órgano deberá elegir a los integrantes del consejo de administración que sustituyan a aquellos que concluyen su mandato, entre los que se encuentran el presidente de la entidad, Juan Roca; el vicepresidente, José Iborra, y el secretario, José Luis Sánchez Alegre.

Defensa abonó tres millones en comisiones por aviones como el Yak-42 en tiempos de Trillo


MADRID.- Los "piratas aéreos", como los denominó en un correo electrónico el comandante José Manuel Ripollés, sólo cuatro días antes de morir en el accidente del Yak-42, no llevan lanzagranadas ni fusiles Kaláshnikov. Pero su botín no tiene nada que envidiar al de los corsarios que infestan las aguas de Somalia, según "El País".

Entre febrero de 2002 y mayo de 2003, el Ministerio de Defensa dirigido por Federico Trillo-Figueroa contrató 42 vuelos, la mayoría en aviones de la extinta Unión Soviética, para el transporte y apoyo a las tropas españolas desplegadas en el exterior. El coste global de los contratos ascendió a 8,9 millones. Y aproximadamente un tercio de esta cantidad, tres millones, acabó en el bolsillo de intermediarios.

El porcentaje dedicado al pago de comisiones figura en un informe confidencial suscrito por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Félix Sanz, que el ex ministro de Defensa José Bono ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga la contratación del Yak-42, Fernando Grande-Marlaska.

"El dato indicado es, a todas luces, escandaloso, porque supondría unos beneficios a los intermediarios superiores al 33% del precio final" -escribe el general Sanz- "y ello teniendo en cuenta que se contrataba con NAMSA [agencia de la OTAN] para reducir costes".

El informe está fechado en diciembre de 2004 y responde al encargo que hizo Bono al jefe de la cúpula militar para que reconstruyese la cadena de subcontrataciones que llevaron a fletar el avión ucrananio. Para ello, Sanz comisionó al teniente coronel Abraham Ruiz López, quien realizó múltiples gestiones en Kiev, Moscú, Ankara e incluso Beirut, pues se descubrió un nuevo comisionista (JTR), con sede en la capital libanesa.

El primer paso fue reclamar su contrato a Volga Dnieper, la primera de las intermediarias con las que contrató el broker Champman Freeborn. "Aunque aseguraron que lo remitirían", explica el informe, "en un correo electrónico posterior sólo accedieron a contestar una serie de preguntas. Después de recordarles la obligación que tenían de facilitar información, se [les] remitió una serie de preguntas entre las que figuraba el precio de la subcontratación. Ninguna pregunta fue contestada".

Con Adriyatic no fue mucho mejor. Tras sucesivas demandas, entregó su contrato con Volga, pero mutilado. "Contamos con copia de la primera y la última página del contrato, en las que no está contenido el precio", admite el general Sanz.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa logró, pese a ello, averiguar cuánto pagó Adriyactic a JTR, el fantasmal comisionista libanés. "El hecho más sorprendente", explica, "es que aparece un precio a pagar de 53.000 dólares; es decir, 43.700 euros. En el caso más desfavorable, es decir que hubiera de añadirse el precio del combustible y otros costes (catering, tasas de aeropuerto, etc) al fijado en el contrato, el gasto real de transporte podría situarse en 90.000 euros aproximadamente, cifra muy alejada de los 149.000 que habría pagado España a NAMSA".

El informe recuerda que, según su contrato con Defensa, la agencia de la OTAN estaba obligada a dar cuenta de todas las subcontrataciones con empresas no radicadas en países aliados, cosa que no hizo, a pesar de que sólo una intermediaria (Adriyatik) cumplía este requisito.

El 26 de enero de 2005, el general Sanz elevó a Bono un segundo informe sobre el mismo asunto en el que desvelaba el importe final cobrado por la compañía operadora del avión, la ucraniana UMAir: 38.422 euros.

Y reiteraba sus críticas a la agencia de la OTAN: "Su actitud es contraria a la idea para la que fue creada; es decir, todos los socios deberían obtener ventajas económicas a través de una contratación con NAMSA y ahora resulta evidente que sólo benefició a una larga cadena de intermediarios, que recibieron comisiones por contratación muy elevadas. Todo ello sin entrar en otras valoraciones tales como si se han respetado los códigos internacionales de comercio o si alguien pudo haber realizado un hecho constitutivo de delito".

Este último asunto debe desentrañarlo el juez Grande-Marlaska, que había citado para hoy al representante de Chapman, responsable de la cadena de subcontrataciones. Pero fuentes próximas al proceso indicaron ayer que su declaración en la Audiencia Nacional ha sido aplazada, como lo fue hace una semana. El próximo día 26 se cumplen cinco años de la catástrofe del Yak-42 y las familias de los 62 militares fallecidos temen que el retraso judicial acabe provocando la prescripción del delito.

www.elpais.com