La CECA defiende la solvencia de las cajas y asegura que el informe de Moody's no afecta

MADRID.- El director general adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), José Antonio Olavarrieta, defendió hoy la solvencia de las cajas, tras el informe de Moody's que recorta el 'rating' de cuatro entidades, y aseguró que no va a afectar a la confianza depositada en el sector porque está bien posicionado, con niveles mínimos de morosidad y altas tasas de cobertura.

Concretamente, Moody's recortó el 'ráting' de Caja Insular de Ahorros de Canarias, Cajamar Caja Rural, Caja de Ahorros de Ávila y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia.

Además, la agencia mantiene bajo vigilancia a Caixa Catalunya, Caixa d'Estalvis de Tarragona, Caixa d'Estalvis de Terrassa, Caja de Ahorros de Valencia, Bancaja y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), y rebajó a negativa la perspectiva de la banca española debido a "un debilitamiento más pronunciado del mercado inmobiliario doméstico del inicialmente anticipado".

Olavarrieta señaló que el informe "es fruto de un exceso de rigor" por parte de la agencia de calificación, y que tras la crisis de las hipotecas 'subprime' es "lógico que vigilen de cerca la situación". No obstante, aseguró que no va a afectar a las entidades ni a los clientes, porque a éstos sólo les interesa que su entidad tenga solvencia.

Asimismo, subrayó que la calificación crediticia es una cuestión "muy técnica que ya estaba descontada", porque con el cambio de ciclo el sector esperaba una revisión de todas las entidades en todos los países.

En este sentido, Olavarrieta recordó que la solvencia de las cajas se sitúa de media por encima del 12% y que la tasa de morosidad está en el 1%, muy por debajo de la media europea (2,25%) a pesar de que ha crecido en los últimos meses, mientras que la cobertura ronda el 200% frente a la media del 60% en Europa.

Además, incidió en que las entidades "son muy sólidas", que ninguna aparece en la lista de perjudicadas por la crisis 'supbrime', y que al cliente sólo le interesa tener la seguridad de que la entidad con la que opera tiene un elevado índice de solvencia y una tasa de cobertura por encima del 200%.

Sacyr se desploma un 4,9% tras la cancelación de la salida a bolsa de Itínere

MADRID.- Las acciones de Sacyr Vallehermoso se desplomaron hoy un 4,9% en bolsa y lideraron las caídas del Ibex 35, un día después de que su filial Itínere cancelara su salida a bolsa ante el deterioro de las condiciones de mercado.

Los títulos de Sacyr Vallehermoso marcaron su último cambio en la Bolsa de Madrid a 22,29 euros, después de haber alcanzado un precio máximo de 22,97 euros y uno mínimo de 22,21 euros a lo largo de la jornada.

Según expertos, los inversores podrían estar penalizando a la empresa que preside el murciano Luis Rivero por el deterioro de sus perspectivas de liquidez tras la decisión de su filial de aplazar la salida a bolsa.

Por su parte, las acciones de Itínere terminaron con una subida del 19% y cerraron a 5,64 euros, comportamiento que podría responder a que la cancelada salida a bolsa infravaloraba los títulos de la compañía.

"Una de las razones plausibles es que los inversores creen que Itinere vale más, no los 4,30 euros a los que la querían sacar, por lo que las acciones que hay se compran en el mercado sin más", explicó Josep Monsó, de Gaesco.

Con la operación, Itínere pretendía proporcionar mayor liquidez al valor y acudir al mercado para obtener nuevos fondos con los que acometer sus proyectos, ofreciendo a los inversores la oportunidad de participar en la tercera compañía del mundo por número de kilómetros gestionados y en la concesionaria más rentable de Europa.

Itínere Infraestructuras justificó su decisión de aplazar la oferta pública de venta y suscripción de acciones debido a que las condiciones actuales del mercado no aconsejan llevar a término esta operación.

Los inspectores de Hacienda piden que se prohíba a las entidades bancarias tener filiales en paraísos fiscales

MADRID.- El portavoz de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José María Pélaez Martos, pidió hoy al Gobierno que prohíba a las entidades bancarias españolas que tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales, a no ser que suministren a la Administración Tributaria la misma información que ofrecen sobre las operaciones realizadas en el territorio nacional.

Durante la jornada 'Encuentros Tributarios 2008', Martos enumeró una serie de medidas que, según la IHE, son importantes para acabar con el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, ya que, a su parecer, no basta con elaborar planes contra el fraude fiscal o efectuar declaraciones de intenciones.

En este sentido, Martos aseguró que cuando se descubre un caso como el de Liechtenstein todos los países implicados manifiestan su interés por llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, incluido España, aunque previamente no se hayan tomado medidas para evitarlo.

Así, denunció la falta de previsión y de medidas por parte de los diferentes países y enumeró una serie de medidas "contundentes y eficaces" para hacer frente al fraude fiscal de cara al futuro.

En concreto y ante la evidente falta de voluntad política de la Unión Europea de aislar económica y financieramente a los paraísos fiscales, Martos propuso al Gobierno un gravamen especial sobre movimientos de fondos con paraísos fiscales.

Propuso también el establecimiento de penas agravadas cuando el fraude fiscal se comete a través de paraísos fiscales, así como el "no reconocimiento" de personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español.

En el ámbito de la UE, Martos apostó por la aprobación de una directiva sobre intercambio de información, suprimiendo el secreto bancario y estableciendo medidas severas de aislamiento financiero, para los estados que no quieran colaborar.

Para Martos, a raíz del escándalo de Liechtenstein, Alemania quiere convertirse en el abanderado de Europa en la lucha contra la evasión fiscal, abriendo un viejo debate sobre la necesidad de poner coto a la fuga de capitales hacia paraísos fiscales dentro de la UE.

En este sentido, pidió al Gobierno español que se sume a la iniciativa alemana y apoye las reformas necesarias."No hay que olvidar que España se sitúa a la cabeza de Europa en cifras de fraude fiscal", señaló.

Por otro lado, el portavoz de los inspectores aseguró que la única posibilidad de acabar con la utilización de los paraísos es mediante una política muy activa en el ámbito internacional de la UE, de otros países y de los organismos internacionales que tengan competencias para adoptar las medidas necesarias.

Así, pidió al Gobierno que promueva iniciativas de lucha contra la utilización de los paraísos fiscales en todos los organismos internacionales en los que participa, como la ONU, la OCDE o el GAFI.

La Organización Profesional de los Inspectores de Hacienda del Estado hizo estas peticiones por considerar que las medidas legales aprobadas no tienen "demasiada eficacia", ya que resultan fáciles de burlar.

(Islas Caymán, sede inicial de Caja Murcia Finance Ltd.)

La Audiencia Nacional ordena reabrir la investigación sobre la identidad de las víctimas del Yak-42

MADRID.- El juez Fernando Grande-Marlaska ha reabierto la causa sobre la identificación de los cadáveres del accidente del Yak-42 en Turquía, en 2003, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se lo ordenara al creer que las identificaciones de 30 de los 62 cuerpos se hicieron "erróneamente".

El magistrado archivó el pasado 22 de noviembre la parte relativa a la identificación de los cadáveres (en concreto, 30 de los 62 fallecidos) al determinar que si bien no se hizo correctamente, ello no supuso "alteración de la verdad en los elementos esenciales", es decir, "el fallecimiento y causa de la muerte".

Tras conocer la decisión de la sección tercera de la Sala de lo Penal, que preside Alfonso Guevara, el juez acuerda "por mandato de la superioridad" continuar las diligencias y da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones para que en el plazo de diez días formulen sus escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del procedimiento.

El accidente del Yak -42 tuvo lugar en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003 y provocó la muerte de 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán, en lo que significó la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.

Con la resolución de la Sala de lo Penal, se estiman parcialmente los recursos presentados por las familias de los militares y revoca, también parcialmente, el auto de archivo de Grande-Marlaska porque excluye de la acusación del delito de falsedad documental al general José Antonio Beltrán, coordinador de la operación de recuperación de los cadáveres, que fue enviado expresamente por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo.

El tribunal obliga a continuar la causa por el delito de falsedad documental contra el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y al capitán médico Miguel Sáez.

Califica de "razonables" las dudas que tanto la Fiscalía como las familias han expuesto sobre los posibles errores en la identificación de los cadáveres de los militares, fallecidos en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003, y estima que esta conducta "conecta" con un falseamiento de la realidad. Por ello, considera que estas dudas "denotan una cuestión compleja, que ha de ser solventada" en un juicio, en el que se tendrá que resolver si se actuó de manera "imprudente" y si se procedió de forma intencionada.

El presidente de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak 42, Pacho González, ha considerado una "excelente noticia" la reapertura de la causa y ha señalado que ésta decisión confirma que "la investigación judicial nunca se ha producido y que el juez Grande-Marlaska se había precipitado a la hora de archivar la causa".

González, hermano de una de las víctimas, ha exigido a los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y Teresa Palacios -que archivaron la causa en dos ocasiones- que den explicaciones de por qué "no han tenido nunca voluntad" de investigar lo ocurrido y expliquen los motivos por los que han "pasado por alto hechos de este calibre".

Por otro lado, ha recordado que ya han pasado cinco años desde que ocurrió el accidente y que "en muchas ocasiones" los familiares de las víctimas se han sentido "bastante desamparados judicialmente" aunque ha matizado que, "por suerte, la Sala de lo Penal siempre ha estado por la labor de investigar judicialmente la causa".

La Iglesia católica calla ante la carta del Vaticano que cede la UCAM a Mendoza

MURCIA.- El enfrentamiento entre la Diócesis de Cartagena y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) en relación a la titularidad de la institución docente parece que ya tiene un final, ya que según fuentes bien informadas el Vaticano, organismo que se encargaba en última instancia de decidir cuál de los dos bandos ganaba, ya ha tomado una decisión, según afirma hoy "El Faro".

Según estas fuentes, el Secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, ha enviado en los últimos días una carta en la que se explicaba la decisión por parte del Vaticano acerca de la titularidad de la Universidad Católica. En esta misiva, la balanza se inclinaría a favor del presidente de la Fundación San Antonio que gestiona la UCAM, José Luis Mendoza, y que actualmente también tiene el cargo de consultor del Vaticano para la Familia, designado por el propio Papa Benedicto XVI.

Las razones de esta decisión, según esta fuente, sería la gran dedicación de Mendoza en la función evangelizadora de la Universidad, así como ser la persona encargada de crear, desde el principio, esta institución docente.

Otras fuentes, en cambio, aseguran que el obispo de la Diócesis de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla, ha ganado esta ‘batalla’, y que ambos consideran que esta decisión les beneficia en particular.

Desde la Nunciatura Apostólica en España no se quisieron pronunciar en torno a la decisión tomada por parte del Vaticano, al igual que desde el Obispado de Cartagena, cuyo titular se niega a hablar todavía de este tema.

El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, rehusó también de hacer declaraciones al respecto hasta que no salga un pronunciamiento por parte de la Nunciatura apostólica. Mendoza, afirmó que “aquí nadie ha cedido nada a nadie”.

La problemática de la titularidad de esta universidad privada surgió el pasado noviembre, cuando el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobó los estatutos de la UCAM en el que se entregaba la propiedad de la institución a la Fundación San Antonio, gestora de la Universidad.

El obispo de la Diócesis de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla, presentó un recurso formal contra la Comunidad, ya que según los decretos fundacionales de la institución era la Iglesia Católica la titular de la UCAM y la Fundación sólo estaba citada como promotora y gestora de la misma, justo lo contrario de lo que se aprobaba en los estatutos firmados por el Ejecutivo murciano.

Este recurso fue llevado también por Reig Pla a la Junta de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal y a los Dicasterios de Roma, tribunales encargados de estos temas. El obispo también presentó un recurso notarial para conocer las cuentas de la Universidad Católica. De esta manera, el responsable de la Diócesis conocería no sólo de quién es propiedad la Católica, sino también a quién pertenecen los terrenos adquiridos para la construcción de las instalaciones privadas, desde la superficie cedida por parte del Ayuntamiento de Murcia en los alrededores del Campus de los Jerónimos para la ampliación de la Universidad.

Otro de los terrenos que se encuentran en discusión son los vendidos por el Ministerio de Defensa en el año 2003, cuando era Federico Trillo el titular del mismo, en Cartagena para la realización del Campus de la Salud, donde se ubicará la futura facultad de Medicina. Estos terrenos estarían divididos entre la Fundación y la Iglesia.

Una lucha que dura ya seis meses

La lucha entre la Diócesis de Cartagena y la UCAM se remonta a la decisión de quién es el titular de la universidad, así como de los terrenos y beneficios de la misma. En un principio, los estatutos de creación de la institución docente señalaban como propietaria de la UCAM a la Iglesia Católica, pero en los estatutos aprobados por el Ejecutivo murciano se daba la titularidad a la Fundación San Antonio de Murcia, presidida por un laico, José Luis Mendoza, que además de gestionar la Universidad tiene la propiedad de los terrenos de las instalaciones y de los futuros Campus, como el de Cartagena donde estará Medicina.

Según "La Verdad", en la decisión de la Santa Sede ha pesado el informe que realizó el año pasado un destacado jurista en Derecho Canónico quien, por encargo de la Conferencia Episcopal Española, y a instancia de José María Rouco Valera, actual presidente de esta institución, subrayó que la titularidad y propiedad de la UCAM correspondía a la Fundación San Antonio, en función del decreto de erección que permitió crear esta institución académica y dejarla en manos de fieles laicos. La UCAM, en este sentido, es la primera universidad amparada por la Iglesia Católica que adoptó este modelo inspirado en la doctrina de Juan Pablo II.

Tanto José Luis Mendoza como el obispo de la Diócesis, Juan Antonio Reig Plá, estuvieron la semana pasada en Roma para ventilar el conflicto, toda vez que el Gobierno murciano decidió en diciembre pasado dejar en suspenso la aprobación de los nuevos estatutos de la UCAM a raíz del recurso presentado por el obispo de la Diócesis, contrario a las pretensiones de la Fundación San Antonio. Reig Plá siempre ha mantenido que la propiedad de los bienes de la UCAM le corresponden a la Diócesis. La disputa llegó al extremo de que el obispo requirió mediante notario las cuentas de la Universidad Católica.

En el ánimo de todas las partes anidaba el convencimiento de que el pronunciamiento de Roma iría para largo, pero al parecer no ha sido así. Las mismas fuentes apuntan que las autoridades del vaticano recomendaron al obispo que retirara el recurso. Finalmente, el pronunciamiento de Roma, a través de la intervención del secretario de Estado, cardenal Bertone, indica que la titularidad y propiedad de la Universidad Católica corresponde a la Fundación San Antonio. En cuanto a la Diócesis de Cartagena, la Santa Sede apunta que no tiene responsabilidad civil, directa ni subsidiaria, sobre la UCAM, señalaron las mismas fuentes.

El PSRM pide un Servicio para la Producción y Comercialización de los productos agropecuarios

CARTAGENA.- El diputado regional socialista, Bartolomé Soler, presentó hoy una moción en la Asamblea en la que reclamó a la Administración regional la puesta en marcha de un Servicio Permanente de la Producción y Comercialización de los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros de la Comunidad Autónoma, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Así pues, su objetivo principal será la información permanente y la coordinación que establezca y determine los productos que puedan suponer una oportunidad en la comercialización y, por consiguiente, un aumento de la renta para el sector, algo que Soler estimó un instrumento "muy importante para la práctica de cualquier política, dentro del marco del sector primario".

Al respecto, explicó que desde el PSRM "entendemos que las administraciones públicas deben establecer puentes sólidos y permanentes entre la producción y la comercialización, de manera que genere confianza para que se puedan beneficiar no sólo productores y comercializadores, sino también, los consumidores en general".

Para Soler, el Gobierno regional "debe tener una posición más activa y no debe limitarse sólo a aplicar las pautas y los recursos económicos que mandan Europa y el Gobierno de España", y justificó que "no todos los problemas del sector primario murciano obedecen a la falta de agua, pues para poner lechugas esta temporada no ha faltado y seguramente lo que había era exceso de producción".

Asimismo, agregó que en el Valle del Guadalentín, "se ha pasado, en sucesivas etapas y a lo largo del tiempo, de ser cerealistas, al pimiento de bola, pasando por el algodón y ahora a la producción intensiva de lechugas, brecol, entre otros".

La puesta en marcha de este servicio permanente, en el marco de la Conserjería de Agricultura y Agua tendría como objetivos "analizar el mercado, ver las expectativas de producción, las carencias de determinados productos, el asesoramiento a las posibles alternativas de producción, y la orientación sobre productos de calidad con demanda en los mercados".

Igualmente, perseguirá mantener un "contacto permanente con las empresas de distribución, y la realización de un análisis global de las campañas una vez finalizadas las mismas con el fin de orientar a nuestros productores sobre la planificación de las siguientes campañas".

En este sentido, aclaró que se trata de que el sector "se pueda anticipar a situaciones de exceso de oferta y conocer las variables que intervienen en las campañas", para lo cual planteó "estudiar los precios en origen y destino, y comparar los calendarios de producción en Murcia y el de nuestros competidores".

Soler destacó que con la recopilación de datos, junto con la de los propios empresarios murcianos, "se confeccionará una información lo más completa posible que ayude a nuestro medio rural a planificar las siguientes campañas". "A lo mejor toca investigar el mercado, buscar cultivos más rentables, potenciar la investigación y la planificación y, sobretodo, concentrar la oferta", determinó.

Libertad sin fianza para el alcalde de Torre Pacheco

CARTAGENA.- La sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia ha revocado los autos de prisión provisional del juez sustituto nº 4 de San Javier, Salvador Calero, y ha dejado hoy en libertad sin fianza al alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, y al aparejador municipal Ramón Cabrera. Sin embargo, en su resolución rechaza la nulidad de las actuaciones y obliga a ambos a comunicar cualquier cambio de domicilio y a presentarse cada quince días en el juzgado, según fuentes próximas al TSJ.

Considerando en parte los recursos de sendos abogados defensores, Pardo Geijo y Pérez Pardo, esta ha sido la resolución de la Sala en este presunto caso de corrupción urbanística originado tras la denuncia en la Fiscalía por un particular, el informador Chema Gil (en la imagen), precisamente agredido anoche por un desconocido y con protección policial desde esta mañana dispuesta por la Delegación del Gobierno, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y supuesta prevaricación.

En su auto de esta mañana, siempre según nota del TSJ, la Sala de la sección Quinta estima que la prisión provisional acordada el 3 de abril por el juez de Instrucción no puede considerarse arbitraria, "pues estaba debidamente fundamentada y existían indicios que la justificaban. No hay un indicio solo, sino varios, y por ello estaba justificado este requisito".

Pero el auto indica, a la vez, que desde el ingreso en prisión "ha transcurrido cerca de un mes, tiempo durante el cual debería haberse avanzado en la investigación, por lo que mantener la situación de prisión provisional no está justificado".

El fiscal reclama que el alcalde de Torre Pacheco siga en prisión para no favorecer a Polaris

CARTAGENA.- Que siga en prisión para que no regrese al Ayuntamiento y pueda cometer nuevos delitos favoreciendo a la empresa Polaris World. Eso fue lo que solicitó ayer el fiscal del caso Torre Pacheco, José Luis Díaz Manzanera, para el alcalde pachequero, Daniel García Madrid. Menos hincapié hizo en los riesgos de fuga y de posible destrucción de pruebas. También solicitó, con similares argumentos, que continúe en la cárcel el arquitecto técnico municipal, Rafael Cabrera, según revela hoy "La Verdad".

Lo hizo en una vista a puerta cerrada en la sede de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena, ante los tres miembros de la Sala que preside el magistrado José Manuel Nicolás. La vista tuvo una duración excepcional -cinco horas, cuando lo normal es que no sobrepase los sesenta minutos- y en ella los distintos abogados reclamaron la puesta en libertad de sus clientes por varias razones: la primero, que las diligencias abiertas por el juez del caso, el sustituto del Juzgado de Instrucción número 4 de San Javier, Salvador Calero, referidas a una permuta de terrenos municipales por otros de Polaris World, deben ser declaradas nulas por no ajustarse a la legalidad. También, por estimar que no hay riesgo de fuga, ni de que los imputados hagan desaparecer documentos, ni tampoco de que vuelvan a delinquir (entre otras cosas, porque parten de la base de que no lo han hecho hasta ahora).

En sus recursos contra la orden de ingreso en prisión acordada por el juez Calero, los letrados insisten en que el derecho fundamental a la libertad personal de sus defendidos «ha sido vulnerado».

Ayer, tanto el abogado del alcalde, José Pardo Geijo, como el del arquitecto técnico, Vicente Pérez Pardo, insistieron en que las actuaciones del juez deben ser declaradas «nulas» y en consecuencia la Sala (que como instancia superior al Juzgado debe decidir) ha de acordar la puesta en libertad del primer edil pachequero.

Pardo Geijo argumentó que la Fiscalía abrió diligencias informativas sobre una permuta de terrenos municipales por otros de Polaris World, pese a que ese asunto ya formaba parte del sumario abierto meses antes por ese mismo juzgado, por lo que legalmente todo lo actuado por el fiscal es nulo. Según la ley, alega el abogado, la Fiscalía debe de abstenerse de investigar desde el momento que el asunto esté judicializado.

«El fiscal dice que todo está muy bien hecho. Pero yo insisto en que las diligencias las hicieron en la Fiscalía, fuera del juzgado», comentó a la salida del Palacio de Justicia el abogado de García Madrid, quien se mostró más moderado que en días anteriores en sus consideraciones sobre la forma de proceder de juez y fiscal. «De aquí nunca se sale confiado. Hay que esperar a la decisión del tribunal», añadió Pardo Geijo, que como el resto de letrados quedó a la espera de que los magistrados redacten su resolución.

Al menos de puertas afuera, más confiados en la liberación del primer edil y el aparejador se mostraron Pérez Pardo y el letrado Luis Ruipérez, defensor de la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, imputada por el mismo caso. Según Ruipérez, el fiscal admitió que, transcurrido casi un mes de la entrada en prisión del alcalde (acusado de prevaricación y malversación de caudales públicos), las condiciones que aconsejaban la prisión provisional ya no son las mismas. Ese matiz hizo que los letrados se mostraran confiados en que el tribunal decrete la libertad para García Madrid.

(Daniel García Madrid)

Polaris deja el baloncesto al no resultarle rentable su patrocinio

MURCIA.- La empresa Polaris World ha decidido dejar el baloncesto. La noticia, no por menos esperada -los rumores ya venían desde hace tiempo sugiriendo esa posibilidad-, dejó de causar sorpresa y una cierta conmoción: Murcia podría quedarse la temporada que viene sin baloncesto de la Liga ACB si se confirma el cierre del club, según publica hoy "La Verdad".

De momento lo que afirma Polaris en su nota oficial y que Salvador Hernández, el presidente, confirmó a este periódico, es que la empresa inmobiliaria ha decidido dejar de ser la dueña única del club, como lo era hasta ahora.

«Nosotros no queremos -explica el presidente- dejar tirado al club ni tampoco cerrarlo. Lo que queremos es dejar de ser dueños únicos y sí compartir esa propiedad con otras empresas, personas o instituciones que nos ayuden a llevar la carga. Polaris está dispuesta a quedarse con un 10 ó un 15 por ciento de la propiedad, ayudar a que el club siga en Murcia y a que haya la temporada que viene baloncesto de calidad en nuestra ciudad».

La crisis inmobiliaria

Lo primero que se le ocurre al periodista -como seguramente a ustedes, lectores- es relacionar la noticia del abandono de Polaris con la crisis económica que está azotando a las empresas inmobiliarias en nuestro país. Salvador Hernández lo niega:

«Todo influye, pero también le digo que esta decisión se ha venido fraguando desde hace tiempo. ¿La causa? Pues porque la inversión efectuada -seis millones de euros según la nota hecha pública- no se corresponde con la rentabilidad que le pueda dar a Polaris el baloncesto».

La pasada temporada se deshicieron del Polaris de Cartagena de fútbol sala; ahora el equipo de baloncesto. ¿Eso quiere decir que Polaris abandona el deporte?

«Ni mucho menos -corta el presidente-. Simplemente que estamos rentabilizando nuestras inversiones. Por ejemplo, el motociclismo es una clara apuesta de márketing que está dando resultados. Cada carrera son millones las personas que la ven y que comprueban que nuestra marca está ahí. En el caso del fútbol sala, y ahora del baloncesto, la apuesta es puramente por el deporte. En dos años que llevamos en la ACB sólo nos han televisado un partido por La 2 y por La 7 nos ven 40 ó 50 mil personas. O sea, que de inversión publicitaria o de márketing, nada de nada».

Buscar un comprador

El caso es que Polaris World busca un comprador para el club. O unos cuantos socios que le ayuden a soportar la carga. Porque la empresa no quiere, a ser posible, desvincularse del todo,del club y del equipo: «Lo ideal sería que salieran siete u ocho empresarios murcianos y que entre todos lleváramos el club adelante. Polaris no quiere dejarlo abandonado e irse. Lo que pretendemos es quedarnos con un 10 ó un 15 por ciento y ser un socio más en la propiedad».

¿Y si no sale nadie? «Pues entonces no tendremos más remedio que vender el club a quien nos lo quiera comprar aunque luego se lo lleve a otra ciudad, por otra parte algo habitual en el baloncesto. Pero nuestra intención es la de continuar en la propiedad, pero no como dueño único». Si se vendiera el club no sería la primera vez en el baloncesto español. De hecho el antiguo Juver llegó a Murcia cuando se compró la plaza del equipo que entonces estaba en Barcelona.

Evidentemente Polaris ha esperado a tener asegurada la continuidad en la ACB para hacer públicas sus intenciones a fin de no alarmar a nadie: «Eso era esencial. No había por qué poner nerviosos a nadie ni crear inquietudes. Lo primero era mantenernos. Ahora, una vez conseguido, es cuando hacemos públicas nuestras intenciones».

¿Ha salido ya un comprador? Salvador Hernández lo niega: «Nadie ha dado un paso al frente pese a que ya hemos hecho gestiones y tocado teclas. A día de hoy no parece que haya mucho interés en el empresariado murciano en hacerse con las acciones del club. Pero es pronto aún para descartar nada».

¿Hasta cuando? Porque en caso de seguir en la categoría habrá que confeccionar un nuevo equipo: «Aguantaremos un tiempo prudencial. Yo creo que todo se tiene que resolver como máximo a mediados de junio».