sábado, 26 de abril de 2008

Menos agua para todos / Antonio Campillo*

La ONU ha declarado 2008 como el Año Internacional de la Tierra, para promover un cambio global en la relación entre los seres humanos y la biosfera, ante la progresiva degradación que está teniendo lugar en todos los ecosistemas de nuestro planeta. Los cuatro efectos más graves de esta degradación son la pérdida de biodiversidad, la acumulación de vertidos, el cambio climático y la escasez de agua dulce disponible.

Sobre la pérdida de biodiversidad, baste decir que cada día desaparecen varias especies vegetales y animales. Los humanos somos unos recién llegados en la historia de la Tierra: la vida surgió hace 3.700 millones de años; el homo sapiens, hace unos 150.000 años. Pero, en apenas cinco siglos, desde la gran expansión europea, nos hemos convertido en la especie más depredadora y destructiva de todas, hasta el punto de que estamos causando la sexta gran extinción de la vida sobre la Tierra.

En cuanto a la acumulación de vertidos contaminantes, cada año producimos 10.000 millones de toneladas de residuos, la mayor parte en los países ricos; esta cifra aumenta a un ritmo del 7% anual; y más de la mitad no es recogida ni tratada para reducir sus efectos nocivos, así que acaba intoxicando los suelos, los ríos, el mar, el aire... Y esto no solo degrada los ecosistemas, sino que también acaba dañando la economía, la salud y la vida de los propios seres humanos, especialmente en los países más pobres.

La revolución industrial sustituyó la fuerza animal y humana por la de las máquinas, pero para mover las máquinas también sustituyó las energías limpias y renovables de la superficie terrestre (sol, agua y viento) por los combustibles fósiles extraídos del subsuelo (carbón, gas y petróleo), unos combustibles que están agotándose, son cada vez más caros y emiten gases causantes de enfermedades y del calentamiento global. El cambio climático, cuyas consecuencias ya estamos percibiendo, va a provocar transformaciones catastróficas de largo alcance, sobre todo si las grandes potencias, las corporaciones transnacionales y los consumidores de los países ricos no nos tomamos en serio la necesidad de modificar radicalmente nuestro insostenible sistema de producción, distribución y consumo, y nuestras irresponsables formas de movilidad motorizada y de ocupación del territorio.

El cuarto gran problema ecológico tiene que ver con la creciente escasez de agua dulce. En las últimas décadas, este recurso natural tan esencial para la vida ha comenzado a escasear por la combinación de cinco factores. En primer lugar, el crecimiento de la población mundial, que en apenas dos siglos se ha multiplicado por cuatro, pasando de 1.650 millones en 1900 a 6.500 en 2008, y que al ritmo actual llegará a 9.200 en 2050. Además, la población se está desplazando hacia las ciudades: en 1900, vivía en zonas urbanas solo el 25%, hoy es el 50% y la previsión es que se llegue al 75% en 2050. El crecimiento demográfico y su concentración en ciudades han hecho que durante el último siglo el consumo de agua se duplique cada veinte años, lo que está provocando la sobreexplotación y el agotamiento de las reservas hídricas, tanto en la superficie como en el subsuelo, especialmente por la expansión del sector agropecuario (que consume entre el 70 y el 80%).

A todo ello hay que añadir la degradación de las aguas provocada por los vertidos contaminantes, lo que impide su utilización o bien provoca intoxicaciones y enfermedades (la insalubridad del agua causa cada año diez veces más muertes que todas las guerras juntas); por último, todos estos problemas se están viendo agravados por el cambio climático, ya que el aumento de las temperaturas está trayendo consigo, al mismo tiempo, un mayor consumo de agua y una intensificación de las sequías (el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que agrupa a 2.500 científicos de todo el mundo, prevé que con una subida media de 2-3 grados habrá entre 1.100 y 3.300 millones de personas que sufrirán problemas muy graves de escasez de agua).

Ante esta situación, la gestión sostenible del agua se ha convertido en uno de los problemas mundiales más decisivos para la humanidad del siglo XXI, tal y como han señalado todos los expertos y los principales organismos internacionales, desde la ONU hasta la UE. Las guerras del agua habidas en el pasado pueden ser un juego de niños en comparación con lo que se nos avecina. Sin embargo, los gobiernos, las empresas y la mayor parte de la ciudadanía de los países ricos parecen vivir de espaldas a la realidad. En Estados Unidos se consumen 600 litros de agua por habitante al día; en Europa, más de 250; en Níger, sólo 15. España, aunque tiene un clima semiárido en el tercio sureste, aunque sufre la sequía más grave desde que se tienen mediciones y aunque se va a ver muy afectada por el cambio climático, es el país que más agua consume por habitante después de Estados Unidos y Canadá.

En cuanto a la Región de Murcia, entre 1987 y 2000 ha incrementado su regadío en un 23,4% y su suelo construido en un 62% (más del doble de la media nacional). A partir de la Ley del Suelo de 2001, ha recalificado suelo para construir más de 800.000 viviendas y ha puesto en funcionamiento unos 50 campos de golf (cada uno de ellos con un consumo de agua equivalente a una ciudad de 20.000 habitantes). La crisis inmobiliaria ha puesto al descubierto la quimera del ladrillo, pero el Gobierno regional, los empresarios del sector y la mayor parte de la ciudadanía murciana no han hecho un ejercicio de autocrítica, sino que una vez más han culpado de la crisis a los otros: Zapatero, los socialistas, los ecologistas, las otras comunidades españolas e incluso la Unión Europea. Son todos ellos los que «nos cierran el grifo del agua» y «no quieren que Murcia se desarrolle». Y eso después de contar con el mayor trasvase de España (Tajo-Segura), una inversión millonaria del gobierno Zapatero a través del programa AGUA e ingentes cantidades de dinero de la Unión Europea.

Es preciso poner en marcha una nueva política del agua, centrada en la contención de la demanda, el ahorro, la no contaminación, la depuración, la reutilización y la desalación, como ya se ha comenzado a hacer con el programa AGUA. Seguir enarbolando demagógicamente el «Agua para todos», como vienen haciendo Valcárcel y Camps desde 2004, es una demostración de hipocresía e insensatez. El objetivo de semejante estrategia no es otro que engañar a la ciudadanía con la ilusoria panacea del trasvase del Ebro, azuzar la hostilidad nacionalista entre comunidades y garantizarse así un poder plebiscitario en su propio feudo autonómico.

Una política del agua honesta y responsable debe comenzar por decirle a la ciudadanía que cada vez habrá menos agua para todos y que todos hemos de ponernos de acuerdo para gestionarla con una estrategia integral, sostenible y democrática.

*Antonio Campillo es catedrático de Filosofía de la UMU y miembro del Foro Ciudadano.

Y al final llegó la crisis / J. Roberto Barrilado Martínez*

Dice un viejo proverbio chino que el que se pone de puntillas no puede sostenerse derecho por mucho tiempo. En un reciente informe del FMI, Roberto Cardarelli confirma lo que casi todos sospechábamos: la vivienda en España está sobrevalorada en un 20%, y el desmesurado peso del ladrillo en nuestro PIB del 9% hace que se tema un doloroso ajuste, que inexorablemente afectará toda la economía. El Banco de España ya rebaja al 2,4% sus previsiones de crecimiento para este ejercicio.

Con las crisis energéticas de los 70 y el ascenso al poder de Thatcher, Reagan o Pinochet, más de uno quiso dar por enterrado al Estado de Bienestar, y las propuestas económicas neoliberales han campado a sus anchas por el globo con el beneplácito de organismos internacionales y bancos centrales. Concretamente, en el mercado inmobiliario, el venerado libre mercado ha fracasado estrepitosamente en proporcionar a la ciudadanía el derecho constitucional a una vivienda digna. La crisis financiera y global que nos azota, deberá hacernos reconsiderar el papel del Estado para frenar el vendaval especulativo en el que subyacen sus causas.

La situación en la que nos encontramos tiene condicionantes tanto externos como internos. Las hipotecas subprime de EEUU forman ya parte de nuestra jerga: se concedieron alegremente préstamos a personas sin garantías o ninjas (no income, no job, no assets) pensando que a las malas, siempre se podrían embargar las casas revalorizadas. Sin embargo, el pinchazo de la burbuja ha dado al traste con el negocio. Lo peor es que usted, que depositó sus ahorros en su caja o banco de toda la vida, es quizás el prestamista último del ninja, a través de las inversiones especulativas de su entidad en fondos de titulización hipotecaria del banco americano. Paralelamente, los bancos centrales, al servicio del gran capital y del control de la inflación, no solo no han advertido a la sociedad de lo arriesgado de este juego, sino que además hace mucho tiempo que eliminaron de su agenda de objetivos velar por el crecimiento real de la economía y por la creación de empleo. Mientras tanto en España, bancos y empresas decidieron que el monocultivo del ladrillo resultaba mucho más rentable que las actividades generadoras de riqueza real, como la investigación científica y la industria.

Si a la hipertrofia financiera y especulativa en la que estamos inmersos le sumamos factores de carácter real, como que el precio del petróleo se ha triplicado en 5 años, tenemos sobre la mesa un cóctel sin duda explosivo. Aún recuerdo a Ana de Palacio presumiendo de lo que iban a subir las bolsas y a bajar el petróleo gracias a la guerra de Irak. Con los salarios reales estancados y el peso de las rentas del trabajo cayendo año tras año en el PIB, vemos en la prensa los beneficios empresariales subir año tras año y a Fernando Martín (MARTINSA-FADESA) afirmar que pueden permitirse bajar el precio de sus viviendas, pues trabajan con un margen del 40% sobre su precio.

Como era de esperar, presidentes de promotores, neocons e incluso el director territorial de una importante caja de ahorros que opera en nuestra Región, no han tardado en ofrecer sus soluciones: reducir el Impuesto de Sociedades, eliminar Patrimonio y Sucesiones y subir el IVA, que incide especialmente sobre los más necesitados, pues son los que dedican al consumo una mayor parte de sus rentas. Por otra parte, claman por una mayor desregulación lamentándose amargamente de la lentitud burocrática y la falta de suelo, cuando entre 2005 y 2007 se construyeron en España 1.720.400 viviendas, no habiéndose vendido en la Región de Murcia la mitad de lo levantado. Resulta harto evidente que estamos ante un problema de demanda, no de oferta.

Ante esta coyuntura, urge en primer lugar replantearse el papel de los bancos centrales y los reguladores de los mercados, intensificando sus funciones de supervisión, dificultando los movimientos especulativos de capital y en definitiva, comprometiéndolos con los objetivos sociales de creación de empleo y riqueza y la equitativa distribución de ésta.

Por otra parte, los gobiernos pueden ponerse a rescatar a las partes que nos metieron en este embrollo o bien ayudar a las familias y a los prestatarios a conseguir un arreglo. El profesor Paul Krugman se decanta por esta opción. El catedrático Torres López nos aporta más soluciones: evitar que la vivienda siga considerándose un activo creado para generar beneficio a través de la acumulación y la especulación, establecer reservas de suelo, controles de precios y políticas impositivas que desincentiven la especulación con bienes sociales básicos. Desde la Asamblea de Murcia por una Vivienda digna apostamos además por establecer las garantías necesarias para que los propietarios se decidan a poner en alquiler el ingente parque de viviendas desocupadas y en caso contrario, proceder a la penalización vía fiscal de éstas, así como intensificar la lucha contra la degradación urbanística y la corrupción, tan asentada en nuestra tierra.

Debemos añadir finalmente la urgente necesidad de un gran pacto por la vivienda en España que se sitúe por encima de confrontaciones políticas. La Región de Murcia sigue incumpliendo los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Vivienda en el Plan Estatal de Vivienda. La directora gerente del Instituto de Vivienda y Suelo, Juana Castaño presume en la prensa de que una de cada siete viviendas iniciadas en la Región es oficial (14%), cuando lo cierto es que según los datos que el propio gobierno regional ofrece, durante el año pasado se terminaron 25.461 viviendas siendo VPO 751 (3%). Por otra parte, están iniciadas 24.820 viviendas siendo oficiales 1766 (7%). En 1995, la VPO construida en Murcia era el 45% del total. Finalmente, pasado el torbellino electoral, el gobierno regional debe desistir del boicot al que está sometiendo a la Renta Básica de Emancipación de 210 € para que los jóvenes alquilen una vivienda, reduciendo los injustificables trámites que ha impuesto a su solicitud.

*Economista. Miembro de la Asamblea de Murcia por una Vivienda Digna y del Foro Ciudadano

La crisis entre el obispo y el rector de la Universidad Católica llegará al Vaticano

MURCIA.- La Universidad Católica de Murcia se enfrenta a una crisis que obligará a tomar cartas al mismísimo Vaticano. A las diferencias entre el obispo titular de la diócesis y el rector de la universidad, se unen ahora dos iniciativas políticas firmadas por Izquierda Unida. Esta formación ha propuesto la creación de una comisión especial de investigación sobre la gestión de la fundación que dirige la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), según recoge hoy "Público".

Esta iniciativa, planteada por su portavoz en la Asamblea Regional, José Antonio Pujante, se presenta ante las “presuntas irregularidades” sobre la gestión de la fundación en la citada universidad. El diputado de IU pide la “clarificación absoluta” sobre el conflicto generado acerca de la titularidad de la UCAM, las operaciones urbanísticas de compra venta de terrenos y recalificaciones, entre otros.

Además de la iniciativa regional, IU va a pedir en el Congreso que, como la Fundación San Antonio es estatal y el protectorado de la misma se ejerce desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, se haga una “fiscalización” exhaustiva de las cuentas, tanto de la universidad como de la propia entidad gestora.

Cisma en la diócesis

La doble propuesta parlamentaria llega en un momento de auténtico cisma en la diócesis murciana a cuenta de un enfrentamiento entre el obispo, monseñor Reig Pla, uno de los prelados españoles más conservadores, y el presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, responsable de la universidad. Este último modificó recientemente los estatutos de la Universidad Católica, que fue creada por la Iglesia en 1996 y encomendada su gestión a la citada Fundación.

La decisión del Vaticano

Con la modificación estatutaria, la Iglesia, como tal, prácticamente desaparecería de los órganos de control de la institución, aunque figuraría como avalista de todas las operaciones económicas. Tal modificación fue tramitada sin problemas por la Comunidad Autónoma, pero el obispo, enterado de la maniobra, presentó un recurso administrativo, lo que obligó a la Comunidad Autónoma a replegar velas en cuanto a la tramitación estatutaria.

De momento, todo está pendiente de que el Vaticano resuelva el enfrentamiento. Estas diferencias han provocado una fuerte reacción en el clero de la diócesis murciana que, en su mayor parte, se ha puesto del lado del obispo, incluidos sacerdotes de los sectores más progresistas. En determinados ámbitos, temen por los apoyos que haya podido coleccionar en la Santa Sede Mendoza, una persona bien relacionada e influyente, ya que el propio Papa lo nombró consejero del Pontificio Consejo para la Familia.

Edificios públicos para un interés muy privado

La UCAM, universidad de la Iglesia, se ha beneficiado en sus diez años de existencia de cesiones de terrenos y de compras muy económicas de edificios públicos para desarrollar su actividad privada. Parte de esas adquisiciones no se han producido por la propia universidad, sino por medio de fundaciones y sociedades mercantiles vinculadas a la misma a través del propio Mendoza y familiares suyos.

La última operación de cierto nivel fue la adquisición de un antiguo cuartel militar en el barrio cartagenero de Los Dolores, donde fuentes de ese Ayuntamiento han confirmado a Público que se está intentando ejecutar una “operación inmobiliaria”. La venta fue autorizada por el entonces ministro de Defensa, el cartagenero Federico Trillo.

“Aleluya” entre copas

La Universidad Católica está enclavada en una de las diócesis más conservadoras de España. Su responsable, el obispo Reig Pla, patrocina en la región las brigadas católicas que patrullan los lugares más concurridos de copas para evangelizar a los jóvenes. Armados con guitarras, una gran cruz y al grito de “aleluya”, estos voluntarios se lanzarán cada fin de semana a las calles. De momento, consiguen poco más que caras de asombro.

La lorquina Carmen Navarro primera directora general contra la Discriminación

LORCA.- El Consejo de Ministros ha nombrado a la abogada lorquina Carmen Navarro Martínez primera directora general contra la Discriminación, dentro del nuevo Ministerio de Igualdad.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, tiene 33 años, está divorciada y pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado desde los 26 años. Su preparador para las oposiciones fue el abogado del Estado murciano Juan Ramón Calero Rodríguez, con quien mantiene una excelente relación de amistad.

La nueva directora general en el Gobierno de Zapatero no tiene relación alguna con el PSRM pese a ser hija del ex presidente de la Asamblea Regional y ex alcalde socialista de Lorca, el profesor de EGB, Miguel Navarro, hoy caído en desgracia política dentro de sus propias filas.

Carmen Navarro tuvo en Alicante, concretamente en la Delegación Provincial de Hacienda, su primer destino durante cuatro años junto a su ex marido, también abogado del Estado.

Posteriormente fue destinada al palacio de La Moncloa, concretamente al gabinete de la Presidencia, para asesorar al mismísimo Rodríguez Zapatero en cuestiones institucionales, como el anteproyecto de Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

El desempleo se dispara un 40% en la Región con respecto al año pasado

MURCIA.- Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) suponen un jarro de agua fría para la economía regional. El paro ha aumentado un 40,13% en los últimos doce meses, y se ha incrementado un 17,46% en relación con el trimestre anterior. Eso significa que ahora hay 10.000 parados más que hace tres meses, y 19.300 más que hace un año, según "La Verdad".

El número total de desempleados se sitúa en 67.300 personas, el registro más alto desde 1998, según advierte la patronal Croem. La tasa de paro se sitúa en el 9,51%. En cuanto a la comparación con el resto de España, Murcia es la segunda comunidad en la que más sube el desempleo con respecto al año anterior, sólo por detrás de Canarias, que registra un incremento del 45,58%. La media nacional se sitúa en el 17,14%. Mientras, la subida con respecto al trimestre anterior en el conjunto de España es del 12,79% (246.600 parados más, el mayor aumento desde 1.993).

Como dato positivo, destaca el aumento del número de ocupados en 16.700 personas en los últimos doce meses, lo que supone un aumento porcentual del 2,67%. Mientras, de enero a marzo la cifra de ocupados aumentó en 4.900 personas en relación con el trimestre anterior, lo que supone un aumento del 0,78%, de forma que la cifra total de ocupados en la Región alcanza las 640.700 personas. Por su parte, el número de activos aumentó en 14.900 personas en el primer trimestre de 2008, el 2,16%, con lo que la población activa quedó constituida por 708.000 personas.

Por otra parte, la tasa de paro masculino se situó en el 7,9% en el primer trimestre de 2008 en la Región, prácticamente igual que la media nacional (7,87%). Lo mismo ocurre con el paro entre las mujeres murcianas (11,91%), prácticamente igual que la media nacional (11,99%). Por lo que respecta a la tasa de actividad regional, alcanzó el 61,44%, dos décimas por encima de la media nacional, que es del 59,35%.

Por sectores, «agricultura y construcción son los principales responsables del resultado acontecido en el primer trimestre», según advierte Croem. En relación al último trimestre de 2007, el sector primario registra 5.500 parados más y 4.300 ocupados menos. Mientras, la construcción pierde 1.500 trabajadores y presenta un aumento del paro de 2.200 personas. Industria presenta un resultado similar tanto en número de parados (+400), como de ocupados (-500), mientras que Servicios se sitúa como la actividad más dinámica, con 10.600 ocupados más que en el trimestre anterior.

En el conjunto de España, el desempleo subió en 246.600 personas en el primer trimestre del año, el 12,79%, con lo que el número total de parados se situó en 2.174.200 y la tasa de paro repuntó más de un punto, hasta el 9,63 %, alcanzando su valor más alto en tres años.