Un contrato repartía las comisiones entre Juan Morales y el empresario Álvarez Moreno

MURCIA.- El magistrado Julián Pérez-Templado y los dos fiscales que investigan la Operación Tótem mantienen entre la documentación intervenida a los detenidos e imputados un contrato privado mediante el cual, según ha conocido esta redacción, el ex alcalde Juan Morales y el empresario Juan Antonio Álvarez Moreno se repartían las comisiones en las diferentes operaciones urbanísticas, según revela hoy "La Opinión".

Este documento, que presuntamente fue roto por Morales, lo encontraron en la basura los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se encargan de la investigación iniciada por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro.

Este documento, que fue reconstruido por los investigadores, tendría carácter privado, por lo que tendría validez legal, según fuentes de la investigación.

La existencia de este documento, que supone que la propiedad de la empresa Deitania, cuya finalidad social "es la intermediación, mediante comisión, en el sector inmobiliario", la compartan Juan Morales y su titular, Juan Antonio Álvarez Moreno, fue el motivo por el cual fue detenido y llamado a declarar este empresario, que la investigación considera que podría haber actuado como presunto testaferro.

El pasado martes, tras ser detenido, declaró ante el magistrado Julián Pérez Templado que lleva esta pieza separada del caso Tótem y le impuso una fianza de 20.000 euros, cuyo plazo de presentación termina hoy si quiere eludir la prisión.

Por otra parte, el concejal de IU en el ayuntamiento de Totana, Juan José Cánovas, anunció ayer, en rueda de prensa, que los ediles de la formación de izquierdas "no asistirán al Pleno extraordinario convocado por el alcalde, José Martínez Andreo, para hoy a las 8.00 horas, con la intención de aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", porque, recordó, "mucha documentación está requisada por la Guardia Civil y la Fiscalía anticorrupción".

Así, criticó que "en plena reactivación de la Operación Tótem, Martínez Andreo convoca un Pleno con escasas 48 horas de plazo y a una hora inusual con la intención de que no puedan asistir vecinos, que han presentado más de 4.000 alegaciones, a un Plan sometido a la investigación de la Fiscalía anticorrupción y la Unidad Central de la Guardia Civil".

"Concretamente, advirtió, muchos de los convenios que forman parte del Plan General fueron requisados por la Guardia Civil el día que el alcalde fue detenido por las Fuerzas de Seguridad". Y es que, a juicio de Cánovas, "el Plan General es un diseño del anterior alcalde y diputado del Grupo Mixto en la Asamblea, Juan Morales".

El fiscal cree que García Madrid ha favorecido a empresas del grupo "Polaris"

MURCIA.- El fiscal José Luis Díaz Manzanera considera que el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), «ha inducido o autorizado» al arquitecto técnico Ramón Cabrera «a realizar claras ilegalidades», en relación a la operación de permuta de unos terrenos con la empresa Polaris que ha llevado a ambos a la cárcel. Añade el fiscal que el alcalde también ha influido en otros funcionarios municipales con el fin «de que comentan graves ilegalidades para favorecer a otras personas».

Estas consideraciones se hayan en la base del escrito presentado por el fiscal ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial para oponerse a que García Madrid y ramón Cabrera salgan en libertad. En el escrito, al cual ha tenido acceso La Verdad, el fiscal del TSJ apunta que «gran parte de los delitos» imputados al alcalde y al arquitecto técnico corresponden a «conductas dirigidas a favorecer a empresas del grupo Polaris».

En el caso del alcalde, José Luis Díaz Manzanera añade el delito de malversación de caudales públicos, que lleva aparejada penas de 4 a 8 años de prisión e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años. El alcalde y el arquitecto técnico están en prisión preventiva desde los pasados días 2 y 3 abril por orden del juez salvador Calero.

«Riesgo de reincidencia»

El Ministerio Fiscal sostiene que la operación de permuta de los terrenos (los dotacionales entregados por el Ayuntamiento frente a los rústicos que aportaba Polaris) causó un daño de 5 millones de euros a las arcas municipales. Considera que el alcalde inició la operación urbanística «de motu propio y sin expediente previo que acredite la necesidad de la permuta. Es él quien lleva personalmente las negociaciones cona la empresa privada», añade.

Para oponerse a la salida de la cárcel de ambos, Díaz Manzanera argumenta ante esta sección de la Audiencia con sede en Cartagena sobre el número de delitos que se imputan al alcalde en la totalidad del sumario. Añade que existen expedientes que se siguen analizando, de los que pueden surgir «más conductas delictivas», por lo que se pedirá más documentación al Ayuntamiento, que correría «el riesgo de ser alterada o inutilizada si cualquiera de los privados ahora de libertad gozasen de la misma».

Apunta que los dos detenidos tienen capacidad para acceder a las fuentes de prueba «y sobre todo para influir directamente en otros imputados, testigos e incluso peritos». Por último, el fiscal refiere que quedan actuaciones por practicar, que existe riego de reincidencia y que «no se puede permitir que los imputados vuelvan al lugar donde han estado cometiendo tales conductas».

Defiende sus peritajes

Díaz Manzanera dedica una parte importante de su escrito a defender «la objetividad e imparcialidad» de los dos informe periciales realizados, a petición de la Fiscalía, por una arquitecto y un ingeniero de la Administración del Estado, con el fin de rebatir las críticas sobre las diferentes valoraciones de los terrenos permutados.

El fiscal niega, por otra parte, que haya realizado una investigación paralela a la judicial, como ha denunciado uno de los abogados.

Saura insiste en "renovar las viejas y oxidadas estructuras" del PSRM frente a las críticas de los históricos

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, optó anoche por un discurso con ciertas dosis de autocrítica ante el comité regional del PSRM e incluso sugirió que su intención no es mantenerse en la poltrona contra viento y marea: «Asumo toda la responsabilidad; además yo no nunca voy a ser el problema», indicó el líder socialista, quien reiteró su intención de «hablar con los militantes» antes de decidir si se presentará a la reelección en el congreso regional del partido previsto para este año, según recoge "La Verdad".

En su intervención ante el Comité Regional socialista, que siguió al informe sobre las pasadas elecciones generales que ofreció José Ramón Jara, responsable del comité electoral, pidió la «apertura de un debate de cara al próximo congreso regional, que debe sentar las bases del nuevo proyecto político para esta legislatura, un proyecto ganador».

La bases de este proyecto, agregó Saura, deben ser el mantenimiento de una actitud que definió de «murcianismo exigente»; la definición de una nueva política económica para afrontar la actual crisis, y la defensa de un «proyecto ético que marque distancias con lo que está pasando en el PP».

El secretario regional socialista abogó también por «renovar las viejas y oxidadas estructuras del partido para conectar con la mayoría social».

Minutos antes de enfrentarse al Comité Regional, Saura expresó su intención de realizar «una autocrítica profunda y asumir mis responsabilidades, aunque en las últimas elecciones no era yo el candidato». Curiosamente el candidato número uno de dichas elecciones y actual diputado por Murcia, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, no asistió al Comité Regional.

Entre la autocrítica apuntada por Saura, citó que «no hemos sabido conectar con la sociedad» y que «no hemos aportado al proyecto de Rodríguez Zapatero lo que nos hubiera gustado».

Era la primera reunión del máximo órgano entre congresos del PSOE tras las elecciones generales del mes pasado, en las que los socialistas sufrieron una nueva y severa derrota, con un claro retroceso en el favor de los murcianos. Uno de los cometidos del Comité Regional era precisamente analizar los resultados electorales y la situación del partido.

En su intervención inicial, Pedro Saura pidió abrir «un periodo de reflexión que siente las bases del nuevo proyecto socialista», debate que, agregó, debe desembocar en el próximo congreso regional del partido, previsto para finales de julio o para el mes de septiembre.

La demanda de cambios, de discurso, de estrategias e incluso de caras fue la tónica de las primeras intervenciones, según uno de los asistentes, aunque también algún dirigente que se mostró más comprensivo con la dirección del partido y rebajó el grado de la autocrítica e incluso hubo alguna adhesión al secretario general.

El más concreto aún fue el alcalde de Bullas, Esteban Egea, quien pidió directamente a Pedro Saura que diera un paso atrás y dejara la ejecutiva en manos de gente nueva.