El gobierno de Valcárcel se empecina en la ficción de Corvera pese a la fuerte inversión del Estado en San Javier

MURCIA.- La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes se empecina en la ficción del proyecto del aeródromo de Corvera y empezará la próxima semana la elaboración de las actas previas de ocupación "de terrenos afectados por la próxima construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia", según informan fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

"Los técnicos de la Consejería se reunirán los días 14 y 16 con los vecinos de las pedanías de Corvera y Valladolises para iniciar dichas actas y cerrar el acuerdo de expropiación, concluyendo así los pasos administrativos previos a la ocupación urgente de los terrenos", prosigue el texto.

"El secretario general de la Consejería, José María Bernabé, ha mantenido diversas reuniones con vecinos a lo largo de los últimos meses a fin de informales del proceso y los requisitos del mismo, y es a partir de ahora cuando éstos podrán presentar y exponer sus pretensiones respecto al acuerdo de expropiación", según se revela en el mismo.

"Este proyecto, con un presupuesto total de 265.950.000 euros, dará cabida a 3 millones de pasajeros anuales en su fase inicial, dispondrá de una terminal de pasajeros de 23.000 metros cuadrados, que podrá ser ampliada cuando la demanda crezca gracias a un estudiado diseño arquitectónico", finaliza diciendo el comunicado.

Este comunicado es la reacción del ejecutivo autónomo a los ya conocidos planes inmediatos del Estado sobre las instalaciones del actual aeropuerto internacional de Murcia-San Javier, donde ahora AENA tiene previsto invertir 50 millones de euros más para ampliar la actual terminal, hasta triplicar la superficie de la diseñada en el proyecto de Corvera, y un nuevo aparcamiento.

Una vez ejecutadas las obras de la segunda pista y de la nueva torre de control, que entrarán en funcionamiento a comienzos del próximo otoño ymás que doblarán la actual capacidad de tráfico, le permitirán estar abierto durante las veinticuatro horas del día frente a la apertura sólo diurna del proyectado en el Campo de Cartagena por la Comunidad Autónoma.

A nivel de idea muy avanzada, tras las obras de ampliación y mejora en San Javier se estudia poder enlazar el modernizado aeropuerto con La Manga a través de un servicio de helicópteros, una vez se determine la ubicación de un helipuerto en una de las zonas más despejadas de esta larga lengua de rocas y arena.

(Simulación virtual del aeródromo de Corvera)

UGT exige a Rostoy que busque soluciones dignas a la situación de la empresa

MURCIA.- Con el fin obtener respuestas a varias cuestiones en duda y de buscar soluciones a una situación insostenible para los trabajadores de la fábrica productora de néctares y zumos Rostoy, representantes sindicales de FTA-UGT se reunieron en Murcia con el gerente de la empresa distribuidora de productos alimenticios ‘Interjuice’, Claude Picazo, de la que el Grupo Rostoy posee el 50% del capital, según "El Faro".

La planta de Rostoy atraviesa por serias dificultades económicas, que están desembocando en la disminución casi al 100% de la producción y a “la reducción de la plantilla en un 40%”, según fuentes sindicales, quienes añadieron que “aún no se ha pagado a los empleados la nómina de marzo, y hay cuatro trabajadores a los que se les debe desde febrero”.

Las mismas fuentes explicaron que los problemas económicos de la fábrica de Casillas han hecho que “desde hace días la empresa no cuente con seguridad privada, pues se le debe dinero a la contrata de vigilancia y, además, el agua está cortada también por deudas, aunque nos han asegurado que el martes se restablecerá el servicio”.

Por su parte, el gerente de la empresas gala ‘Interjus’ informó a los representantes sindicales Antonio Álvarez, secretario de Empleo de FTA-UGT, Antonio Sánchez, representante sindical de FTA-UGT en Rostoy, y a Jesús Cámara, Secretario General de la Federación UGT, de que “nosotros sólo debemos a Rostoy una cantidad que asciende a 825.000 euros y no a 1,4 millones de euros como asegura el director gerente de la fábrica de Casillas, Carlos Sánchez Ríos. Es el grupo Rostoy el que nos debe mucho más dinero. Ni muchísimo menos la crisis que vive la empresa se debe a lo que le debe Interjuice”, explicó Picazo.

De otro lado, Antonio Sánchez aseguró que “ante la comunicación por parte de la empresa de que quiere enviar temporalmente al paro a unos 35 trabajadores de los 80 que hay en la planta productora de Casillas, los cuales tienen quince días para negociar esta situación, nosotros lo que queremos es que la empresa diga de una vez si hay proyecto de futuro o si no lo hay, que nos lo presenten y que no lleve más en palabras a la gente.

Pero sobre todo que Rostoy no busque ventaja, que no haya ningún ventajista en este problema y que busque la solución más digna para todos los afectados. En caso contrario, no son los trabajadores los que más van a perder, sino que también lo hará la empresa”.

Fábrica en Tánger

El 12 de Septiembre de 2006, y bajo la presidencia del ministro de Industria y Comercio de Marruecos Sr. Salah Eddine Mezouar, tuvo lugar la inauguración oficial de la fábrica de zumos que Grupo Serhs puso en marcha conjuntamente con la firma Rostoy en Tánger.

Con la pretensión de elaborar más de 10 millones de litros de zumo y néctar durante el 2007 y poder comercializar en cualquier parte del norte de África, fue inaugurada aquel día la nueva planta de fabricación Rostoy Marruecos, entidad mercantil promovida por Grup Serhs y su partner Rostoy, empresa murciana líder en este sector.

En la nueva sociedad, Rostoy se ocupa del proceso productivo de los zumos y concentrados, y Grup Serhs aporta sus conocimientos y experiencia en comercialización y distribución, además de su presencia en el mercado marroquí como empresa de cátering.

En el acto inaugural estuvo presente el entonces embajador español Luis Planas Puchadas, y otras autoridades del país, así como una delegación de altos cargos de la Comunidad Autónoma dee Murcia, donde Rostoy tiene su sede central, y que fueron representados por su presidente Manuel Sánchez, y su director Carlos Sánchez.

Por parte de Grup Serhs se desplazaron su presidente Ramon Bagó y el director del Área de Nuevos Emprendimientos y Estrategias de Negocio Josep Puig, a los que acompañó su partner marroquí y asociado Abdelkarim Rahal Essoulami.

La fábrica, que está situada en la ciudad de Tánger y tiene una extensión de 5.000 m2, empezó pronto a producir zumos con concentrados procedentes de Murcia, aunque el objetivo era utilizar fruta de la zona tan pronto cómo fuese posible.

(Acto de inauguración de la fábrica de Tánger)

La fianza coloca a Morales como el “capo” de “Totem” / Juan Redondo

La Fiscalía pedía su prisión incodicional y su abogado José María Caballero alegó que jurídicamente no existía riesgo de fuga, ni obstrucción a la Justicia, ni posible destrucción de domumentos públicos, que su defendido había pedido declarar voluntariamente y que no se había fugado a Brasil.

El magistrado Julián Pérez-Templado, que tiene “alguna mili” y prestigio en la judicatura, que ha recorrido desde los juzgados comarcales a presidir Audiencias provinciales o el TSJ de la Región de Murcia, estimó conveniente para que el aforado Morales pudiera eludir la prisión provisional previo deposito de una fianza de 200.000 euros. Cantidad que el ex alcalde de Totana afirmó tener antes del lunes con la ayuda de su familia y prestamos bancarios.

Es el primer diputado regional que es procesado por un presunto caso de cohecho, junto a una larga retahila de como presuntamente no debe usarse un cargo público.

La compacencia más esperarada de los procesos de presunta corrupción muncipal por intereses urbanísticos despertó más interés para los medios de comunicación que para los ciudadanos. A lo largo de la jornada del jueves, frente a la Audiencia Provincial, Juan Morales sólo tuvo el apoyo testimonial de sus hermanos y un amigo.

Qué diferencia con las manifestaciones y concentraciones de Totana en apoyo del alcalde Martínez Andreo o las muestras de apoyo popular y político con el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, preso en Sangonera. Morales ha sido “repudiado” por su propio partido y eso socialmente pesa y mucho.

En un análisis simple de la decisión judicial tras la comparecencia de Morales respecto a la “Operación Totem”, parece claro que queda como el gran “jefe del presunto negocio”. Al alcalde Martínez Andreo, le marcaron una fianza de 60.000 euros, entre los intermediarios o empresarios, el tope lo marca el promotor gallego de la urbanización a construir en la zona rústica con 150.000 euros, imputado por posible cohecho.

La cifra de Morales marca el techo económico. De momento el diputado sólo dice que buscará ayudas para recoger el dinero de la fianza antes del lunes, una cantidad que lo marca al menos en apariencia como el máximo responsable de la “Operación Tótem”.

La Fiscalía pide que se mantenga el secreto del sumario

Tras dos meses de no practicarse diligencias por la huelga de los funcionarios, el “secreto de sumario” sobre la presunta corrupción urbanística de Totana se mantiene a pesar de las peticiones de los letrados de los imputados en el escándalo, desde el el representante del alcalde Martínez Andreo al letrado del diputado Morales.

Después de la larga comparecencia de Juan Morales del jueves se esperaba que se levantara el mismo. Según fuentes judiciales la Fiscalía solicitó al magistrado que se mantuviera esta medida porque quedan aún diligencias importantes que realizar.

El supuesto escándalo está en fase de instrucción y las responsabilidades penales las marcarán los tribunales. En las políticas los populares arropan al alcalde, mientras “repudian” a Morales al que enviaron al grupo mixto de la Asamblea Regional. El tema va para largo.

El juez Del Olmo vuelve destinado a la Audiencia Provincial de Murcia

MURCIA.- El magistrado murciano Juan del Olmo Gálvez, que en la Audiencia Nacional instruyó la causa por el atentado del 11 de marzo de 2004 en la estación de Atocha, de Madrid, vuelve a Murcia para ocupar una plaza vacante en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, según han revelado fuentes judiciales.

Su incorporación está prevista para antes del verano, en una sección judicial dedicada por completo a procesos de índole penal, una vez expire su licencia de varios meses para asuntos propios, de la que disfruta en este momento en el extranjero.

Juan Del Olmo, nacido en 1958 en el barrio del Carmen, estudió el Bachillerato en el colegio de "La Merced", de los Hermanos Maristas, y se licenció en Derecho por la Universidad de Murcia en 1980. Está casado en segundas nupcias desde 2005 con la fiscal María Luisa Fernández Delgado y reside en una urbanización de la periferia de la capital. En vacaciones o fines de semana es habitual encontrarlo por las calles de la ciudad.

Comenzó su carrera profesional (1986-89) en el País Vasco, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Durango (Vizcaya). En esta época, tuvo un accidente de tráfico que le ha dejado una leve cojera y le obliga a utilizar bastón.

A principios de 1989 fue destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cieza y, a finales de ese año, se trasladó al Juzgado de lo Penal número 3 de Murcia, donde adquirió la categoría de magistrado.

El 28 de julio de 1998, el Consejo General del Poder Judicial, le designó para sustituir en comisión de servicio, a Javier Gómez de Liaño al frente del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional. En octubre de 1999 se reincorporó a su puesto en el Juzgado de lo Penal número 3 de Murcia.

En junio de 2000 regresó a la Audiencia Nacional, en sustitución del juez Manuel García Castellón, en comisión de servicio. Un año después el Consejo General del Poder Judicial le otorgó la plaza de juez titular de la Audiencia Nacional para desempeñar el cargo en el Juzgado número 6.

Desde ese Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional instruyó, no sin falta de cierta polémica, las diligencias sobre el atentado terrorista que en marzo de 2004 acabó con la vida de 191 pasajeros de trenes de cercanías, y en el que resultaron heridas otras 1.857 personas.

El Consejo General del Poder Judicial respaldó su labor instructora aunque hubo de instarle a ir concluyendo sumario de tan compleja elaboración.

La investigación apunta a que Morales recibió dinero de varios empresarios

MURCIA.- No es un cohecho, sino varios. La investigación derivada de la Operación Tótem, centrada en una trama de corrupción desmantelada en Totana, habría ofrecido numerosos indicios que apuntan a que el ex alcalde del PP Juan Morales y actual diputado del Grupo Mixto -ha sido expulsado del partido- recibió dinero de varios empresarios y promotores de la comarca.

Distintas fuentes, conocedoras del contenido de las diligencias judiciales, han confirmado que respecto de Morales se investigan varios delitos de cohecho y no sólo uno, el referido al Grupo Nuaria de construcción, como había trascendido hasta ahora, según cuenta hoy "La Verdad".

Las mismas fuentes señalan que el cúmulo de pruebas e indicios acumulados contra el ex alcalde es muy importante, e insisten en que hay datos numerosos que llevan a sospechar que recibió diversos pagos de empresarios y promotores cercanos, «en apariencia como muestra de agradecimiento por proyectos que habían salido adelante en Totana».

Numerosas preguntas que le fueron formuladas al parlamentario, a lo largo de las casi trece horas que estuvo declarando este jueves en el Tribunal Superior de Justicia, fueron en la línea de instarle a dar explicaciones sobre esos posibles cobros no justificados de dinero.

Las figuras del fiscal jefe, Manuel López Bernal, y del fiscal anticorrupción José Luis Díaz Manzanera, cobraron en esa línea una relevancia de primer orden durante el interrogatorio, pues fueron particularmente incisivos.

Temores de la Fiscalía

El fiscal José Luis Díaz Manzanera pidió el ingreso en prisión incondicional del ex regidor de Totana y diputado regional porque cree que hay indicios de que puede escapar a Brasil, según "La Opinión".

El fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, y el fiscal encargado de la operación Tótem, José Luis Díaz Manzanera, fueron inflexibles en su petición. Los responsables de la investigación solicitaron hasta el final el ingreso en prisión de Juan Morales "por el elevado riesgo de fuga". Finalmente, no fue así.

El magistrado instructor, Julián Pérez Templado, no compartió este punto de vista y dejó en libertad al ex alcalde y actual diputado en la Asamblea Regional. Eso sí, con una fianza de 200.000 euros que deberá abonar antes del próximo lunes.

El auto dictado por Pérez Templado es claro en este sentido. En el mismo, el magistrado entiende -en contra de la opinión del fiscal-, que no se aprecia riesgo de fuga "una vez que han transcurrido cuatro meses desde que salieran a la luz pública los hechos motivo de estas diligencias". En el escrito, además, Pérez Templado recuerda que el imputado "ha estado a disposición del tribunal en todo momento".

El fiscal, sin embargo, no comparte esa visión. Díaz Manzanera está convencido de que Morales posee varias propiedades en Brasil -país del que es natural su actual pareja-, y de que estuvo realizando envíos periódicos de dinero a este país. Así, la posibilidad de que Morales pueda huir antes de que concluya la fase de instrucción fue el principal argumento esgrimido por el fiscal para solicitar el ingreso en prisión del diputado regional. Pero no es el único.

La prisión preventiva se justifica también cuando hay riesgo de que la persona imputada pueda destruir pruebas o reincidir en el delito que se le imputa. Estos argumentos, no obstante, fueron también rechazados por el magistrado Pérez Templado.

El auto recuerda que las pruebas testificales y documentales "ya están incorporadas a los autos", por lo que entiende que no existe la posibilidad de que se puedan destruir pruebas que afecten a la investigación. Por último, la decisión del magistrado resta importancia también a la alarma social generada por el caso. "La alarma social que pudieran producir los hechos -prosigue el auto- se ha atenuado con el paso del tiempo".

Según fuentes próximas al TSJ, la vista en la que se decidió la situación personal de Morales fue particularmente tensa. El fiscal y el abogado defensor, José María Caballero, discutieron uno a uno y hasta la extenuación cada uno de estos supuestos.

La decisión final de Pérez Templado fue salomónica. El magistrado dio validez a la buena fe mostrada por Morales en estos cuatro meses, pero sin olvidar que los investigadores le consideran el cerebro de una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio.

Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia no piensa recurrir el auto del magistrado Julián Pérez Templado, ya que Manuel López Bernal y José Luis Díaz Manzanera consideran que el auto está bien fundamentado.