viernes, 28 de marzo de 2008

El Gobierno ultima la nueva regulación sobre energía fotovoltaica, según ASIF

MADRID.- Los productores fotovoltaicos, agrupados en torno a la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), han recibido garantías por parte del Gobierno de que se está ultimando la nueva regulación sobre el sector y de que su contenido dará continuidad a su negocio, anunció hoy en un comunicado.

El director de Energías Renovables del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), Jaume Margarit, ha pedido a las empresas del sector que sean conscientes de la necesidad de hacer una regulación acertada que conjugue el impacto en la tarifa con la estabilidad necesaria.

Además, señaló que se convocará a los actores del sector apenas pasen "unos días" desde la elaboración del borrador. Margarit realizó estas declaraciones en la última asamble general de ASIF, celebrada ayer en Madrid.

El representante del IDAE afirmó además que, tras la caducidad en septiembre del Real Decreto 661/07, "no se acaba nada", en alusión a la controversia generada por el límite de 1.200 megavatios (MW) hasta 2010 incluido en la propuesta regulatoria remitida por el Gobierno a la CNE.

"El Ministerio siempre ha apoyado la fotovoltaica", dijo antes de añadir que el fuerte crecimiento del sector ha generado un desajuste "que no es casual y que, pudiendo ser negativo, es positivo". Además, destacó que el empleo directo "se ha multiplicado por 15 durante el último año" y que "las inversiones industriales van a permitir que la capacidad de producción de paneles pase de 200 MW en 2006 a 900 MW en 2008 y a 2.500 MW en 2010, si se materializan los planes de inversión".

Margarit apeló además a la necesidad de "moderar el crecimiento" y de lograr una regulación que dé "viabilidad a las inversiones industriales, que proporcione una señal económica de mejora con primas no inmutables, que gradúe la evolución de la carga económica en la tarifa y que asegure la calidad de las instalaciones".

En la asamblea de ayer, ASIF reeligió a Javier Anta como presidente y renovó el órgano de dirección, que queda compuesto a partir de ahora por 17 miembros.

El órgano de dirección se designa a través de un sistema híbrido que combina el peso económico de las empresas candidatas con la elección democrática directa por grupos de actividad --fabricantes de módulos, de componentes, promotores, instaladores y varios).

Iberdrola Inmobiliaria, promotora de "Marina de Cope", gana un 7% más en 2007

MADRID.- Mientras la crisis que vive el negocio promotor e inmobiliario lastra las cuentas de muchas de las compañías del sector, Iberdrola Inmobiliaria, principal promotora del polémico proyecto de "Marina de Cope", en Águilas, cerró el pasado ejercicio con una mejora del 7% en su beneficio neto, que alcanzó los 118,3 millones de euros.

En el período, la división inmobiliaria de Iberdrola entregó 870 viviendas, con unos ingresos de 482,4 millones de euros.

Iberdrola Inmobiliaria señaló que finalizó 2007 con unos fondos propios de 812,9 millones de euros, una rentabilidad financiera del 21 por ciento y unos activos valorados en 2.601,6 millones de euros.

La compañía, nacida en 1993, promociona viviendas, patrimonio en alquiler y suelo, con una actividad diversificada entre primera vivienda, turismo residencial, oficinas, naves industriales y centros comerciales.

La crisis que vive el sector, especialmente en el apartado de promoción, ha provocado que prácticamente todas las inmobiliarias cierren el ejercicio con descensos en su beneficio neto, e incluso que incurran en pérdidas, como fue el caso de Astroc (actual Afirma) o AISA.

El beneficio de Iberdrola Inmobiliaria superó al obtenido en el mismo período por grandes compañías como Martinsa Fadesa (que ganó 60 millones de euros) o Colonial (85,4 millones de euros), compañías enfrascadas además en una lucha por encajar el parón de su negocio con unas abultadas deudas bancarias que podrían costarles su supervivencia.

La crisis de consumo en Cartagena hace presa en el centro comercial "Mandarache"

CARTAGENA.- La crisis económica, unida a la cada vez más elevada oferta comercial en Cartagena, se ha cobrado la primera víctima en el centro comercial y de ocio Mandarache que, además, parece no levantar el vuelo desde que se inauguró en octubre del año 2006, según "La Opinión".

La tienda de bricolaje Bricoasuar ha sido la primera en echar la persiana en este complejo, aunque son muchos los que piensan que le podía haber tocado a cualquier otro establecimiento. "Basta con darse una vuelta por aquí y ver cómo está el aparcamiento", comentó uno de los trabajadores de la zona.

El gerente del centro comercial, Modesto Botí, confirmó que hace varios días que se ha rescindido el contrato de alquiler del establecimiento entre sus propietarios, la promotora Unión y Desarrollos, y Bricoasuar, que ocupaba en Mandarache una superficie de tres mil metros cuadrados en el que era el más grande de sus centros en la Región, ya que cuenta con otras tiendas en el polígono Cabezo Beaza, en el centro comercial Dos Mares, de San Javier y en el complejo del Eroski, en Molina de Segura.

Los diez empleados que trabajaban en la tienda del establecimiento de Mandarache siguen haciendo labores internas en el mismo y está previsto que sean recolocados en otras tiendas.

Este primer cierre en Mandarache confirma los problemas que sufre el complejo comercial desde que se puso en marcha. De hecho, desde hace unos meses, la empresa propietaria, Unión y Desarrollos, se encuentra en situación de concurso de acreedores voluntario, la antigua suspensión de pagos.

Pese a todo, su gerente sostiene que el centro funciona bien y que cuenta con bastante clientela, pero lo cierto es que el comentario general entre sus trabajadores es que los multicines sí parecen tener movimiento, pero las tiendas ubicadas en la parte inferior tienen pocos clientes.

Las ventas del comercio al por menor en la Región registraron un descenso del 1,3 por ciento en febrero con respecto al mismo mes del año anterior, según los últimos datos del INE.

El índice de comercio al por menor a precios constantes registró una disminución en febrero del 2,7 por ciento frente al descenso del 2,4 por ciento de enero, dice en una nota del Instituto Nacional de Estadística.

Las nuevas instalaciones de El Pozo la convierten en la primera empresa de la Región

ALHAMA.- Una inversión de 200 millones de euros ha convertido a El Pozo en la primera empresa de la Región de Murcia en cuanto a plantilla tras construir su nuevo Centro de Proceso de Carnes, en el que ya se sacrifican entre 8.000 y 10.000 cerdos al día, pero cuando se alcance el mayor grado de productividad rondará los 20.000 diarios.

El Pozo es una empresa puntera en nuevas tecnologías que, además, genera trabajo estable, por constituir el primer holding empresarial en creación empleo, directo e indirecto, en la Región de Murcia con más de 5.850 trabajadores.

El nuevo Centro de Procesamiento de Carnes, que comenzó su actividad a finales de 2007, ha generado ya más de 500 puestos de trabajo. En la actualidad, El Pozo es una de las empresas con mayor plantilla de la Región, al alcanzar los 3.600 trabajadores. La nueva instalación forma parte de una gran ampliación que, una vez finalizada, le hará alcanzar unos 4.000 puestos de trabajo directos.

Las nuevas instalaciones disponen de la más moderna tecnología y ahora, según el consejero- delegado, José Fuertes, la plantilla total del Grupo, incluyendo todas sus marcas, alcanza los 6.000 empleados, siendo la empresa con más trabajadores de la Región de Murcia.

La renta "per cápita" de Murcia sigue por debajo de la media nacional

MADRID.- La renta per cápita media de los murcianos se situó durante el ejercicio pasado en los 19.574 euros, por debajo de los 23.396 euros de la media nacional -que creció un 5,6%- frente a los 22.152 euros que alcanzó en el 2006, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La renta per cápita de los españoles creció el 5,6% en el 2007 respecto al año anterior hasta los 23.396 euros, inferior a la media de la Unión Europea de los veintisiete estados, que alcanzó los 24.700 euros en el citado año.

Siete comunidades autónomas se situaron por encima de la media nacional en términos de renta per cápita, encabezadas por el País Vasco, que alcanzó los 30.599 euros, y seguida de Madrid (29.965), Navarra (29.483), Cataluña (27.445), Aragón (25.361), Baleares (25.238) y La Rioja (24.717 euros), que además rebasaron la media comunitaria.

Las diez comunidades restantes, junto con Ceuta y Melilla, se situaron por debajo de la media nacional; Extremadura, con la menor renta , de 16.080 euros, estuvo seguida de Andalucía (18.298), Castilla-La Mancha (18.564) y Murcia (19.574). A continuación, por orden de menor renta, se situaron Galicia, Canarias, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Cantabria. Las ciudades de Ceuta y Melilla registraron en 2007 una renta per cápita de 21.994 y 21.089 euros, respectivamente.

La estadística de la Contabilidad Regional facilitada por el INE también incluye el crecimiento económico medio registrado entre el 2000 y el 2007, que en España fue del 3,41%, porcentaje que fue superado por ocho comunidades. El mayor crecimiento medio, del 3,94%, lo registra Murcia, y el menor Baleares.

Por otra parte, las ventas del comercio al por menor en la Región registraron un descenso del 1,3 por ciento en febrero con respecto al mismo mes del año anterior.

La venta de pisos cayó un 20% en Murcia entre julio y diciembre, según los registradores

MURCIA.- José Tomás Bernal Quirós, director de Relaciones Institucionales del Colegio Oficial de Registradores de España ha declarado en "La Verdad" que las hipotecas en Murcia bajaron una media del 7,5% anual, aunque en los dos últimos trimestres el descenso fue mucho mayor.

«Lo mismo ocurrió con las ventas. Si contamos el promedio de los doce meses la caída fue del 14,5%, pero si el cálculo anual se hace sobre el último semestre tendríamos una bajada del 20%.

Señala que en los despachos registrales se ha notado después del verano un importante bajón en el número de operaciones inmobiliarias -la extensión a Europa de la crisis de las subprime en Estados Unidos y cierto agotamiento en la actividad del sector han sido, al parecer, determinantes-. Añade que según los datos de finales del año pasado la morosidad financiera en el país pasó del 0,55% a más del 0,70%.

La situación se ha deteriorado aún más en enero, según las cifras dadas a conocer por el Banco de España, con tasas de morosidad que han rozado el 1%. «Según las proyecciones realizadas se podría llegar al 2% o 3% a final de año. Las entidades bancarias están muy preocupadas y, además, no circula el dinero entre ellas. Sin embargo, todavía estamos lejos de los índices del 6%-7% alcanzado en 1993».

Bernal Quirós indica que se conocen casos de promotores murcianos en los que las ventas se realizan como arrendamientos con opción de compra a seis o diez años, se paga un alquiler y la mitad del importe abonado se computa como adelanto del precio de la hipoteca; en otros casos pagan los empresarios los tres primeros años del crédito.

Terceros hay - dice el registrador- que han llegado a vender por menos del precio establecido... Añade, no obstante que estos asuntos deben ser tratados con prudencia y cautela para no hacer la bola más grande, «porque se corre el rumor y se desploman los mercados».

La adquisición de un piso -tomando siempre el crédito medio realmente firmado- acapara más del 50% del sueldo en Murcia (50,1%).

Todas las instituciones, nacionales e internacionales, aconsejan que el pago de las letras mensuales de una hipoteca no suponga nunca más del 30% de los ingresos brutos de las familias.

La construcción murciana cuenta con los niveles más altos de morosidad

MURCIA.- Los impagos en las operaciones comerciales a crédito entre empresas españolas crecieron un 29,7% en febrero frente al mismo mes del año anterior y se espera que la morosidad registre una variación interanual acumulada del 20% al cierre de 2008, según refleja el Índice de Crédito y Caución de Incumplimiento.

Este índice revela que los niveles más intensos de impago en el sector de la construcción se concentran en la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León y Canarias.

Este dato contrasta con el incremento de la morosidad entre empresas registrado en 2007, cuando los impagos entre compañías españolas aumentaron un 14,2% en relación con el año anterior.

De esta forma, en febrero se encontraban en la banda de morosidad alta el sector de la construcción, el siderúrgico, el textil y el de cueros y textiles, mientras que los sectores que registraban menores niveles de impago eran juguete, artes gráficas, alimentación y distribución y el sector químico.

Murcia, en cabeza

La Región tiene, en efecto, uno de los niveles más altos de morosidad en operaciones comerciales en el sector de la construcción, según refleja este Índice de Crédito y Caución de Incumplimiento.

Crédito y Caución explicó que el incremento general de los niveles de impago en el 2008 se ha trasladado «con distinta intensidad» a los diversos sectores económicos, lo que ha provocado cambios en la composición de las bandas de morosidad, que clasifican a los sectores en tres grandes categorías a partir de la comparación de sus niveles de impago.

El sector de la construcción se encuentra desde noviembre en la banda de morosidad alta y su evolución, al ser usuario intensivo de financiación ajena, se ha visto afectada por la crisis financiera que tuvo su origen en el segundo semestre del 2007.

Crédito y Caución considera que cabe esperar que las tensiones de liquidez persistan durante el primer semestre de 2008, y subraya que este escenario provocará que las sociedades inmobiliarias se enfrenten a «dificultades en su capacidad de pago», que se verá contraída ante la menor frecuencia de los flujos de caja.

La entidad explica que, al tratarse de un proceso productivo que se prolonga entre 18 y 24 meses y que en muchos casos es financiado con pasivos corrientes de vencimiento menor al año, estas entidades «se ven empujadas a la búsqueda de refinanciaciones de deuda sobre el vencimiento y en última instancia, ante las restricciones de crédito y de liquidez del sistema financiero, a desinversiones selectivas de activos no estratégicos en una primera fase y emblemáticos en una fase avanzada».

Este escenario es «especialmente desfavorable», para el segmento promotor inmobiliario, desarrolladores de suelo y constructores asociados a dichos proyectos.

Caja Madrid reinicia su expansión en Murcia con nuevas oficinas

MURCIA.- Caja Madrid abrirá durante este año once nuevas oficinas en la Región de Murcia, lo que supondrá la creación de 33 puestos de trabajo, que se sumarán a los 108 con los que Caja Madrid cerró el ejercicio financiero de 2007. Caja Madrid cuenta ahora con 51.013 clientes en la Región de Murcia.

Según informó la entidad financiera en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Caja Madrid cuenta ya con 37 sucursales y se han contratado locales en Mazarrón, Lorca, Cartagena y tres en Murcia, mientras que los cinco restantes están todavía en fase de búsqueda.

Caja Madrid alcanzó en la Región de Murcia un crecimiento del volumen de negocio del 21%, hasta alcanzar los 1.838 millones de euros, un crecimiento por encima del experimentado por el conjunto de la entidad a nivel nacional.

La entidad se ha centrado en la ayuda a empresas, autónomos, pymes y micropymes, que ha crecido en un 50,2% dada la caída del 40% del crédito hipotecario. Segmentos específicos, como la Banca Personal, servicio de asesoramiento financiero a clientes con un patrimonio por encima de los 60.000 euros, se ha incrementado en un 33%, hasta alcanzar los 357 millones de euros.

Según directivos regionales de la entidad, Murcia es la región en la que menos ha bajado la venta de viviendas y no hay problemas para conceder créditos. Y Caja Madrid cuenta con liquidez suficiente, por encima de los 470 millones de euros, y para 2008 se ha previsto aumentar entre un 9 y un 10% la inversión en Murcia.

“Lo que está bajando son los créditos a los promotores murcianos” confirman estos directivos.

Pendientes de Madrid / Juan Redondo

El futuro político se juega en Madrid en el próximo mes. Con abril se constituyen las Cortes Generales y tras el Debate de Investidura, Zapatero formará su primer gobierno para la próxima legislatura. Y Ramón Luis Valcárcel para entrar en la nueva cohabitación y en la etapa de diálogo y reivindicación, frente a la confrontación y el choque del pasado reciente, tendrá que ajustar piezas en función de la estructura orgánica del Consejo de Ministros y de las personas que formen parte del mismo.

Tras la autonómicas del año pasado Valcárcel configuró un ejecutivo de transición y en sectores populares se dio por hecho que dependiendo de las generales habría un cambio sustantivo en San Esteban. Si ganaba Rajoy tendría un perfil más técnico y si ganaba Zapatero se acentuaría el aspecto político. En ambos casos se daba por hecho que entrarían personas de mayor peso específico.

De los grandes fichajes de Valcárcel para la campaña autonómica tan sólo Ballesta paso a formar parte del Consejo de Gobierno y en un área tan técnica, que los constructores han tenido que leer a Cicerón para reunirse con el catedrático de Medicina. Aparentemente en la retaguardia de la Asamblea Regional quedaron Antonio Gómez-Fayrén, María Teresa Marín y Manuel Campos, entre otros. Los dos primeros ya no suenan en las quinielas como refuerzos y el fiscal tiene pendiente cerrar las transferencias de Justicia para hacerse cargo de la nueva consejería.

En este año, según los observadores, María Pedro Reverte en Hacienda y Constantino Sotoca en Empleo y Formación, han consolidado el puesto, en el resto las opiniones son diversas. Donde si se ha producido un cambio sustancial ha sido en la política informativa. De la agresividad y beligerancia contra Madrid de la pareja De la Cierva-Ruiz Vivo se ha pasado a un estilo más sosegado, al menos en las formas, por parte de Juan Antonio de Heras. Y un sector de la cúpula popular empiezan a decir que ni una cosa ni otra.

Para muchos observadores Valcárcel, una vez conocido el nuevo gobierno de Zapatero, moverá ficha, y la remodelación del Ejecutivo regional florecerá en mayo. De momento algunos retoques en el segundo escalón, principalmente propiciados por el titular de Cultura, Pedro Alberto Cruz, con los relevos de Valdés y de Noguera. De este último ya intentó prescindir tras su toma de posesión como consejero y dice una leyenda urbana que al final se evitó por la mediación del Obispo de Cartagena con el presidente de la Comunidad.

En los socialistas murcianos más que el nuevo gobierno les preocupa el congreso federal del PSOE. Sí Blanco salta al Ejecutivo, la posible sustituta sería Elena Valenciano, una persona que mantiene cierta vinculación con la Región y más con algunos destacados ex dirigentes socialistas murcianos. La continuidad de Saura depende de Zapatero, pero la reorganización del PSRM para intentar salir del pozo depende mucho de Ferraz.

El perfil político del nuevo delegado del Gobierno, la incorporación de nuevas personas a la dirección regional en el congreso ordinario, son temas inmediatos. Un cambio en la política de comunicación, junto con la revitalización de las organizaciones locales, son retos a corto y medio paso. Y la política de comunicación y la estrategia en los discursos dejan a los responsables de estas áreas en la cuerda floja. Tras las Fiestas de Primavera, en abril tanto populares como socialistas murcianos van a estar muy pendientes de lo que se cuece en Madrid.

Mas novios para la Delegación del Gobierno

Los socialistas murcianos andan intentando ganar posiciones de cara al congreso regional. A pesar del debacle electoral el interno es un discreto avispero. Nadie quiere significarse porque ya se sabe que Madrid no permite muchas bromas. Pero los críticos por un lado y algunos históricos por otro hacen sus reflexiones y plantean posibles alternativas. Enrique Amat, vicepresidente regional en el primer gobierno de María Antonia Martínez y Víctor Meseguer, ex secretario general de UGT se ven con frecuencia, según fuentes socialistas.

Esteban Egea, alcalde de Bullas, también empieza a convertirse en un referente. Mientras tanto los otros movimientos de dirigen hacia la Delegación del Gobierno. En las quinielas internas cada día se suman nuevos nombres. Y Elena Valenciano dicen que tiene buenos amigos y amigas en la Región. Y otra vez vuelven a aparecer en las quinielas nombres que se barajaron hace cuatro años, incluso algunos apuntan a María Antonia Martínez. En la Confederación, la continuidad de Fuentes Zorita parece clara, salvo que sea llamado a menesteres superiores, en ese caso el recambio dicen que sería Manuel Aldeguer.

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(Concejalía) de Educación contra la Ciudananía / José Ignacio Tornel Aguilar

Con el reposo vacacional me vuelve a la memoria el traslado y derribo de la Escuela Infantil Pública "La Paz", promovidos por el alcalde de Murcia y escenificados por Doña Pilar Megía, concejala de Educación, aunque cueste creerlo, quien se fotografiaba ufana entre el convenido aluvión de besos y aplausos de la ya clásica orquesta de acólitos presta a entonar el “Honky tonk women”.

Los heraldos del Partido Popular juraban que la eliminación de la Escuela iniciaba el proyecto urbanístico para renovar el barrio prometido desde hace tres años, cuando pocos días después, en la prensa local, un alcalde sin escrúpulos anunciaba otro aplazamiento hasta mediados o finales de 2008, confirmando con sangre fría lo caprichoso del derribo.


Conviene explicar algún detalle de aquel canallesco proceso.

Según denunció entonces la Federación de Enseñanza de CCOO en el Consejo Escolar Municipal, las nuevas instalaciones de la Escuela (provisionales, fuera del barrio, en zona deshabitada) carecían de autorización de apertura. Doña Pilar Megía fue requerida sobre la aplicación de la normativa que rige la Escuela Infantil "La Paz"; a saber, Real Decreto 332/1992 (BOE 9 abril), y en concreto el Titulo IV. Modificaciones de la autorización, art. 13.2: “Se consideran circunstancias que dan lugar a una nueva autorización las siguientes: b) Cambio de domicilio del centro por traslado de instalaciones”.

La señora concejala afirmó haber tramitado la petición de nueva autorización ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, como órgano responsable, sin disponer de respuesta aún. El representante de la Administración Educativa contradijo a la señora Megía, asegurando que su Consejería tuvo que reclamar dicha petición al Ayuntamiento para poder así conceder el permiso. En la siguiente reunión del Consejo, doña Pilar descargó su responsabilidad en el Jefe del servicio de Escuelas Infantiles, alegando que el 23 de Octubre de 2007 “se comunicó” a la Consejería la decisión del traslado.


La posterior demolición del edificio y arbolado se aprobó en Junta de gobierno municipal de 25 de octubre, bajo el cínico argumento de riesgo de ruina y ocupación ilegal, y fue ejecutada esa misma tarde.

En aquellos momentos no existía la aprobación provisional de la Modificación nº 93 del PGOU que afecta al barrio La Paz, elemento básico para iniciar los trámites del futuro proyecto urbanístico, ni había contestado el Ayuntamiento a las alegaciones, ni mostrado informes sectoriales, técnicos ni jurídicos. Esta aprobación provisional no llegó hasta el Pleno Extraordinario de 22 de Noviembre de 2007.

Para mayor escándalo, sucede que la Modificación en ningún momento propone demoler la Escuela, pues el único plano que parece afectarle, junto a otras edificaciones como el Colegio público, es un plano de zonificación y alineaciones “orientativas”; es decir, no vinculantes y, por tanto, insuficientes para justificar la demolición.

Quizá la señora concejala justificara su decisión al tomar en consideración y aceptar el PERI presentado por el promotor interesado en ocupar suelo público (el del “I love Cámara” y “me niego a ser mediocre”), lo que se antojaría improcedente pues en aquellos momentos ese PERI no había seguido ni podía seguir trámite administrativo alguno, ni había (ni ha) sido aprobado por nadie.

No paro de escuchar que si se confirmara la ausencia de documentos oficialmente aprobados para justificar la actuación de la señora Megía, sería necesario dilucidar si asistimos o no a la adopción de una medida injusta a sabiendas de que lo es, o prevaricación.

Aún hoy falta la aprobación definitiva de la Modificación por la Comunidad Autónoma, consejero de Obras Públicas o Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Asesor de Urbanismo y/o de los Servicios Jurídicos de la CARM.

Si ni el señor Cámara ni la señora Megía podían conocer la resolución que adoptará la Consejería de Obras Públicas ¿cómo osaron firmar una decisión tan grave como el desalojo de una Escuela y la demolición de un bien patrimonial y público? ¿Qué prisas urgían la demolición si luego han tardado dos meses en trasladar la Modificación a la Comunidad Autónoma? ¿Qué pasará si la Comunidad no aprueba la Modificación nº 93 o introduce variaciones que invaliden la actuación del alcalde y la concejala? ¿No es ésta una forma de presión añadida contra los funcionarios encargados de los estudios técnicos y las conclusiones?


Ningún responsable municipal del servicio educativo ha explicado el futuro de esta Escuela Infantil Pública: hasta cuándo seguirán las aulas prefabricadas, quién financia (y por qué motivo) esas instalaciones y paga su mantenimiento, dónde está previsto ubicar la futura Escuela y quién se responsabiliza de su construcción, en qué documento oficial vienen plasmadas y firmadas estas condiciones, ...

El cinismo de Cámara queda resumido en esta respuesta a un ciudadano en un debate televisado: “La inversión en Escuelas Infantiles es una constante cada año que permite aumentar la calidad de estas instalaciones. Prueba de ello es que tres de nuestras Escuelas Infantiles fueron consideradas este año entre las mejores de España. El Ayuntamiento de Murcia seguirá promoviendo la creación de nuevas Escuelas Infantiles y ya se ultiman diversos proyectos en diferentes pedanías.”

La Dirección General de Centros de la Consejería de Educación recibe presiones por parte de determinados responsables municipales que exigen desafectar de inmediato las instalaciones del Colegio Públicode "La Paz", siempre en función de un proyecto sin aprobar y bajo la tutela del mismo promotor inmobiliario. La inspectora de Educación responsable de ese centro ya conoce las casetas puestas a disposición por el promotor que ha fijado su interés en el solar del actual colegio público.

Me pregunto por qué la Inspección Educativa atiende las especulaciones de un particular sobre el futuro de un centro público en estas condiciones. Como si la señora inspectora fuera concejala de Urbanismo. Me pregunto con qué derecho visita el centro un empleado de la empresa interesada en destruirlo ofreciendo instalaciones particulares en peores condiciones y quién se lo permite.


Destruir un centro educativo público y alentar la amenaza latente sobre el otro son las únicas actuaciones de Cámara en La Paz. Así hilvana su proyecto social nuestro ilustre nazareno.