TORRE PACHECO.- La titular de Juzgado nº 4 de San Javier, Aranzazu Moreno Santamaría, tras la denuncias presentadas por la Fiscalía del TSJ, aprecia presuntos delitos en el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid; la concejal de Obras Públicas, Josefa Marín Otón, y los empresarios Facundo Armero Madrid y Pedro García Meroño, este último principal accionista de la constructora Polaris World, según publica hoy "La Verdad".
Al concejal de Cultura, Antonio Madrid Izquierdo, y sus dos hermanas, Faustina y Josefa del Rosario, según consta en el sumario parcialmente abierto ahora, se les imputan los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
A los primeros, se les atribuye los supuestos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secretos.
Previamente, la juez ordenó que la Policía Judicial de la Guardia Civil interviniera los teléfonos del alcalde y de Facundo Armero. En el primer auto, estas grabaciones sólo debían efectuarse entre el 3 de abril y el 3 de mayo. Se cree que cuando el alcalde Daniel García fue alertado, por una filtración, de que estaba siendo investigado, se desencadenó toda la operación.
Las grabaciones efectuadas por la Guardia Civil corroboran, por otra parte, que el entonces consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, puso sobre aviso al alcalde de que estaba siendo investigado. Al menos en dos intervenciones telefónicas, los comunicantes insultan al fiscal del TSJ, al que llaman «capullo» e «hijo de puta».
Del contenido de las miles de grabaciones recogidas al alcalde de Torre Pacheco y a Facundo Armero -las únicas escuchas autorizadas por la juez en su auto del 4 de abril del año pasado- se desprende que las investigaciones también pueden comprometer al consejero de Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader, en las gestiones que realizó a petición del alcalde para sacar adelante unas naves industriales y una piscina de unos particulares; así como el museo de Cabezo Gordo, que afectaba a una zona LIC y ZEPA.
El ex consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, admite en una de las grabaciones del sumario que fue él quién informó al alcalde de Torre Pacheco de la investigación por presunta corrupción que se había abierto contra el primer edil. «Acuérdate que esto te llegó por mí inicialmente», señala en un momento de la conversación. El entonces consejero habló con el alcalde a las 20.04 horas del día del registro para decirle que le pasara «eso» por fax por la mañana. «Tengo ya a catedráticos y tal en mi despacho para ir viendo el tema, ¿eh?».
Más adelante le dice al alcalde que «se han sobrepasao siete pueblos y que no se puede actuar así». Más adelante, el ex consejero y el alcalde analizan el papel de la juez Aranzazu Moreno y de por qué «ha entrado al trapo». De la Cierva comenta que quizás el fiscal «le ha comido el coco, o le ha impresionado como fiscal jefe» ( ) «y al final la paya no ha tenido más cojones que hacerlo» (el registro del Ayuntamiento). La otra opción que ambos barajan es que «tenga cierta connivencia con él», aunque se inclinan por la primera consideración.
El portavoz del PSRM, Jara, ha calificado la situaión de "muy grave" porque, a su juicio, " a través de esas conversaciones "parece que el Consejo de Gobierno ha tenido algún tipo de connivencia. "Ya sabíamos que el mismo vicepresidente del Gobierno regional se puso del lado del delito en vez del de la Justicia, y aviso que iban detrás de ellos, lo que obliga al Consejo de Gobierno a dar explicaciones en la Asamblea Regional".
Jara reveló, finalmente, sobre el "caso Tótem" que "sabemos que Martínez Andreo envió desde la carcel de Sangonera cartas con el logotipo del PP y, tanto a él como a Juan Morales, les ha pagado el PP un gabinete jurídico".