jueves, 31 de enero de 2008

El presidente de la Audiencia de Alicante admite la conexión de grupos organizados con el lavado de dinero negro

ALICANTE.- El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, alerta de las consecuencias que para la microeconomía tiene el blanqueo de capitales en Alicante. Se calcula que la provincia de Alicante es la tercera de España donde se blanquea, o se intenta blanquear, más dinero, tras Madrid y Málaga.

Magro, que participó en la presentación de una jornada sobre prevención de fraude fiscal y lavado de dinero negro, explicó sin tapujos que «a los jueces y todos los operadores en la lucha contra el blanqueo de capitales lo que más nos interesa es detectar el fenómeno, que viene determinada precisamente por la delincuencia organizada, para evitar el gran perjuicio que se produce en el pequeño comercio de Alicante».

Magro ligó directamente el lavado de dinero fiscalmente opaco en esta provincia con las redes de narcotráfico, de secuestros exprés y de prostitución, pero no con el inmobiliario. Sin embargo, su compañero, el magistrado Soler, sí admitió que la construcción es un «medio para blanquear, aunque no se blanquee en el sector inmobiliario per se».

Según el magistrado alicantino, el blanqueo de capitales «tiene gran repercusión en Alicante, porque en la Audiencia hemos detectado últimamente graves delitos para enjuiciar dentro del grupo de la delincuencia organizada, que creció el último año un 25%».

La Audiencia Provincia ha tenido que arbitrar, dado el crecimiento exponencial de estos casos especialmente complejos ligados al narcotráfico, los secuestros a la carta o la trata de blancas, un turno de oficio especial para el reparto de este tipo de casos de envergadura.

«Nos estamos acostumbrando a ver juicios con más de cuatro personas en el banquillo de los acusados, lo que demuestra que hay una estructura organizada para delinquir, algo que hace cinco años no se veía en los juzgados alicantinos».

El presidente del máximo órgano judicial alicantino admite que «el aumento del crimen organizado, que también deriva en blanqueo de capitales, está complicando el funcionamiento de la Audiencia». Por ello, pidió recientemente al conseller de Justicia, Fernando de Rosa, una cuarta Sección Penal, que será ya la décima sección en Alicante, a partir de junio del año que viene, según Magro.

Asegura que el lavado de dinero negro procedente de acciones ilícitas basadas en los hechos descritos más arriba, especialmente en el tráfico de drogas, «todavía no ha generado en la Audiencia procesos de especial complejidad para tratar de detectar el fenómeno».
Subraya que la Policía y la Guardia Civil están trabajando con mucha contundencia, pero después la investigación de posibles indicios se complica por el uso de personas interpuestas a los grupos o sociedades mercantiles creadas de forma paralela.
Magro explica que el blanqueo de capitales que se está produciendo en la provincia y que «perjudica gravemente al comercio y a un gran número de pymes opera por síntomas de presunción, es decir, cómo es posible detectar a un grupo de personas con un alto ritmo de vida sin conocer su profesión o dedicación laboral».
También ocurre, según el magistrado, en multitud de bajos comerciales o naves donde no se observa movimiento de negocio alguno, pese al abono de elevadas rentas de alquileres. «Las directivas europeas dicen que el blanqueo de capitales es una grave alteración de las reglas del mercado, porque se afecta a la libre competencia y aumenta los precios del alquiler inmobiliario, por ejemplo. El lavado de dinero es un gran perjuicio para las pymes alicantinas, que tienen que pedir crédito y no pueden competir con bandas organizadas, que acaban derivando el capital obtenido ilícitamente a prácticas como el pitufeo, que es la puesta de pequeñas cantidades y la realización de transferencias a otros países».
Además de subrayar que «la Fiscalía Anticorrupción de Alicante tiene mucho que decir aquí», Vicente Magro insta al Poder Judicial a que se creen dos juzgados especiales contra la delincuencia organizada, con el fin de abrir las redes de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y otros organismos como el Banco de España y su Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblanc).
Estos juzgados especiales también deberían instalarse en otros puntos del Mediterráneo, «zonas calientes», según Magro, como Málaga, Cádiz, Valencia o Barcelona. Sólo de esta forma se podrá «protocolizar» la colaboración de todos los operadores contra el fraude y el blanqueo de dinero, ya que los notarios, los asesores fiscales o los abogados de juegos de azar están obligados por la nueva ley del año 2003 a comunicar cualquier indicio o sospecha.
Además, la Audiencia Provincial exige que los juristas y las fuerzas de seguridad tengan los mismos medios -que cada vez son más sofisticados- que los propios operadores del crimen organizado. «Sólo así se puede evitar la alarma social que se genera en algunos casos, y que no es aceptable, cuando la instrucción se bloquea, por ejemplo, por un registro domiciliario o una intervención telefónica defectuosa», añade Magro.
Al ser preguntados los ponentes de la jornada por el grado de participación del sector inmobiliario en el blanqueo de capitales en Alicante, el magistrado Luis Antonio Soler no lo llegó a desvincular por completo, aunque matizó su nivel de participación en posibles operaciones ilícitas: «El blanqueo de capitales tiene dos bases sólidas en Alicante y en España, que son el terrorismo y el narcotráfico, porque el sector inmobiliario per se no blanquea dinero, aunque sí es un medio bueno para lavar dinero».
Asegura que el mercado es libre y fijas sus propias normas de competencia, por lo que «es sencillo ubicar grandes cantidades de capitales, lo cual no significa ni que opere en fraude de ley, ni por supuesto que use la maquinaria del negocio para lavar dinero procedente de otras actividades ilícitas».
Por su parte, el decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Elche, José Antonio Trigueros, ligó el fenómeno del lavado de dinero negro con la falta de paridad dólar/euro y mostró la predisposición de su colectivo a erradicar la delincuencia organizada apuntada por los dos jueces.

¿Zapatero y Rajoy, el mismo día en Murcia? / Juan Redondo

Ya empezamos con la contraprogramación. Los socialistas anunciaron la presencia de Rodríguez Zapatero en Murcia el 28 de febrero y los populares han empezado a buscar fechas para la visita de Mariano Rajoy en el acto central de campaña. Y por si la cosa cuadra, ya han solicitado, ante la Junta Electoral, el Palacio de los Deportes para el mismo día.
En la agenda de Génova se maneja como provisional el acto electoral en Murcia del candidato a la Presidencia del Gobierno las fechas del 28 ó 29 de febrero, en el ecuador de la campaña para los comicios del 9-M. Vamos que Zapatero y Rajoy tiene querencia a Murcia, porque en las autonómicas y municipales también vinieron a “tajo parejo”. En aquella ocasión no era un problema de encuestas, en estas parece que la lucha por el décimo se convierte en tema nacional.

Arsenio Pacheco, el farmacéutico de Abanilla, número 7 por el PP y Gloría Martín, cuarta en la candidatura socialista y responsable de prensa del PSOE en Lorca, se van a convertir a este paso en los grandes protagonistas de la campaña en la Región. Parece que no se trata de apoyar a Pilar Barreiro o a Bermejo, a Martínez-Pujalte o a Mármol, que esos saldrán seguros, sino a los candidatos que están en el filo.
Frente al anuncio de la presencia de Felipe González, los populares pueden responder con la presencia de Aznar. El ex presidente de Gobierno socialista nunca fue un habitual de esta Región en campañas electorales como titular del Ejecutivo, quizás porque en aquellos tiempos era un fuedo “guerrista”.
Aznar en cambio viene cada dos por tres y cuando no recibe un “pimiento de oro”, se lleva una medalla o muchas firmas en sus libros. Además, ahora su presencia estará más justificada ya que García-Legaz, secretario general de la FAES, ocupa plaza en las listas. De todas formas su visita no parece muy clara, ya que dicen que la utilización de Aznar en campaña por parte de los populares es cuestión de “estado mayor”. De momento los populares están cerrando su calendario.

Se piensa en la biomasa vegetal energética como alternativa al abandono de tierras de cultivo

MURCIA. La Consejería de Agricultura y Agua, a través del Instituto Murciano de Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida), está desarrollando un proyecto para investigar cultivos energéticos como alternativa al abandono de tierras.

Se trata de buscar, evaluar y seleccionar especies nativas de nuestros secanos para su domesticación como biocombustible.

Agricultura destaca la “necesidad de buscar cultivos alternativos para sostener el desarrollo y patrimonio rural”, y en este sentido resalta la labor investigadora del Imida al “promover la investigación y la innovación a través de la optimización de los recursos agrícolas” y ofrecer “un valor añadido a todos los sectores de la agricultura regional”.
“El reto de la energía, es junto con el de la alimentación, uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Humanidad en este siglo”, indica. Entre los objetivos se encuentra producir a bajo costo gran cantidad de biomasa vegetal para su transformación en biocombustibles.

En concreto, entre los materiales potenciales en el uso de cultivos energéticos se encuentra material lignocelulósico para usos térmicos; ricos en azúcares y almidón para producir bioetanol; y oleaginosos para biodiesel.

La Consejería estima que la materia orgánica urbana procesada junto con lodos de depuradoras, cuya producción va en aumento, podría utilizarse en la producción de cultivos energéticos.- (Agencias)

Saura no pudo imponer en el programa del PSOE el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura

MADRID.- El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, logró la retirada de una enmienda del PSOE de Murcia al programa electoral socialista para incluir una referencia explícita al mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.

El vicepresidente manchego Lamata subrayó que Barreda “defiende con claridad el final del trasvase delante de Zapatero o de sus ministros”, en alusión a la intervención que también realizó el presidente castellanomanchego ante la ministra de Agricultura, Elena Espinosa.

Según explicó, gracias a la postura mantenida por Barreda en la Conferencia Política celebrada el pasado fin de semana en Madrid “no figura el mantenimiento de los trasvases en el programa del PSOE”.

El horizonte del final del trasvase en 2015 -como recoge la propuesta de Estatuto de la Comunidad- es “improrrogable”, según Lamata, quien ha apuntado que incluso puede que llegue antes.

El vicepresidente y portavoz del Gobierno ha pedido a la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que actúe “con el mismo entusiasmo, la misma firmeza y el mismo valor” que Barreda y “levante la voz” delante de Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana o Ángel Acebes, algo que -en su opinión- “todavía no ha hecho”.

Lamata fue preguntado por las declaraciones realizadas por el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, quien defendió la necesidad del trasvase porque el coste del agua desalada es mayor que el de la trasvasada.

El vicepresidente de Castilla-La Mancha dijo que estas palabras “dan la razón” al Gobierno de Barreda, pues demuestran que no se trata de un problema de necesidad de agua, sino de rentabilidad económica.
Lamata reiteró el argumento esgrimido por el Gobierno regional: “el trasvase no puede seguir regalándose porque necesitamos ese agua para nuestro desarrollo en Castilla-La Mancha y tenemos prioridad porque somos la cuenca cedente”.

A su juicio, la Comunidad Valenciana y Murcia tienen alternativa al trasvase, por lo que les toca analizar si les sale rentable mantener determinado tipo de cultivos agrícolas y, si no es así, “reorientar su economía”.

Saura asegura que el futuro del Tajo-Segura “es intocable”

Ante ésto, el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, aseguró que este partido “tiene las ideas muy claras” en materia de agua, ya que su programa electoral “dice que el trasvase Tajo-Segura es intocable, un elemento central”, frente a “la mentira mayúscula del PP, que venía diciendo que iban hacer el trasvase del Ebro y ahora, en su programa electoral, no lo van a incluir definitivamente”.

Preguntado sobre esta cuestión, el dirigente socialista murciano reiteró que el programa electoral del PSOE “contempla un acuerdo nacional en materia de agua y planes hidrológicos de cuenca, que tendrán muy en cuenta a la del Segura y, por último, la desalinización”.- (Agencias)

El abogado del alcalde de Totana presenta un recurso para lograr su excarcelación

TOTANA.-El abogado catalán José Ángel González Franco, que asumió la defensa del alcalde de Totana a principios de año, presentó ayer ante el juzgado número Uno de Totana un escrito para lograr la excarcelación de su cliente en prisión desde el pasado 3 de diciembre.

González Franco explicó que el escrito consta de 30 folios para tratar de convencer a la juez de que levante la medida de prisión provisional, y al fiscal.
El nuevo letrado, que relevó en la defensa de Martínez Andreo al despacho Ramos Calabria, considera que el recurso es “denso, prolijo y largo” pero no quisó desvelar las razones en los que argumenta la petición de excarcelación.

A partir de ahora, la juez deberá tomar en los próximos días una decisión por segunda vez sobre la continuidad en prisión del alcalde de Totana. De hecho, tras su primera negativa, la anterior defensa de Martínez Andreo apeló a la Audiencia Provincial cuya sección tercera ratificó el auto de encarcelamiento.

Las investigaciones, que siguen bajo el secreto de sumario, tratan de esclarecer supuestas irregularidades en la reclasificación de suelo industrial y de suelo agrícola para la construcción de un complejo de 4.000 viviendas.
Por otra parte, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, Eva María Algar, reanudó la toma de declaraciones a los 14 imputados por la Operación Ninette.

Alrededor de las cuatro de la tarde, Flori Sánchez Marín -pareja del arquitecto municipal Mariano Ayuso, actualmente en prisión preventiva- acudía a las dependencias judiciales acompañada por su abogado. Tras más de una hora y media de comparecencia, abandonaba el edificio sin querer dar explicaciones a los medios.

Antes de su salida, sobre las cinco y media, la esposa del ex alcalde Juan Escudero, Aurora Martínez Zapata, atravesaba las puertas de los juzgados flanqueada por su marido y su abogado, Aurelio Llanes. Tampoco ella quiso hacer ningún tipo de comentario acerca de su declaración.

Además, estaba previsto que comparecieran hoy ante la magistrada y el fiscal José Luis Díaz Manzanera, Inmaculada Camacho Escudero, prima del ex alcalde y cuñada de Mariano Ayuso; Segismundo Martínez Pardo, contable de los empresarios Garcerán, también encarcelados; y la testaferro Carmen Pérez García, cuñada de Flori Sánchez.
Entre otros, quedan por testificar el ex concejal de Urbanismo, Alfredo Blanco, el técnico Salvador Galián, tres empleados de banca y cuatro arquitectos.

Los Verdes piden se controle subvención a la Salinera de Marchamalo

MURCIA.- Los Verdes de la Región de Murcia presentarán esta semana una moción ante la Asamblea para exigir que se controle en qué invierte la empresa La Salinera los 40.000 euros que recibe de subvención por las Salinas de Marchamalo, en La Manga, y en el caso de que no se usen correctamente, que se le expropie, según nota de prensa.
Las Salinas están subvencionadas por la Comunidad Autónoma por su importancia ambiental, y según los ecologistas, "sufren en la actualidad un mal funcionamiento, con abandono de algunas de las charcas y falta de extracción de sal desde hace años, que el año pasado provocaron la mortalidad de gran cantidad de peces".
Desde el partido ecologista, Juan Manuel Ibáñez, miembro de la ejecutiva de Los Verdes, ha recordado que "el pasado mes de agosto, miembros de esta asociación procedieron a la recogida mediante medios manuales de un pequeño montículo de sal, para reivindicar el pésimo estado de gestión de las salinas, en las que no se cosecha la sal de forma continuada al menos desde el año 2001".
Los propietarios de la Salinera denunciaron en noviembre a miembros de la Asociación de Naturalistas del Sureste, acusándoles de que habían causado daños.
"En vez de invertir tiempo y dinero en este tipo de denuncias que solo pretenden distraer a la opinión pública del verdadero problema deberían poner más atención en el cuidado de este entorno", indicó Ibáñez.- (Agencias)

ANSE presenta medidas para el 'Plan de Acción Integral de Desarrollo Sostenible del Mar Menor'

CARTAGENA.- La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) presentó una serie de medidas al Gobierno regional para el 'Plan de Acción Integral de Desarrollo Sostenible del Mar Menor y su Area de Influencia', complementarias a las remitidas al Ministerio de Medio Ambiente para el 'Plan de Acción del Mar Menor', teniendo en cuenta el ámbito de competencias de cada administración.
Según informó hoy la organización en un comunicado, pese a que "la Comunidad Autónoma no ha aportando ningún documento de 'diagnóstico' de la situación actual del Mar Menor para poder presentar sugerencias con una información actualizada de este espacio natural, derogó la Ley de Protección y Armonización de Usos del litoral del Mar Menor".
En este sentido, ANSE acusó al Gobierno regional de incumplir "sistemáticamente los compromisos adquiridos para la conservación de la mayor laguna litoral española". Por ello, la organización remitió un paquete de medidas para que se trabaje por la conservación de "uno de los más singulares espacios naturales del sureste ibérico".
Así, la primera de estas propuestas es la aprobación definitiva del plan de ordenación de Recursos Naturales del Espacio Natural 'Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo de Torre Pacheco', incorporando las alegaciones presentadas por ANSE, y de su correspondiente 'Plan Rector de Uso y Gestión'.
Igualmente, la aprobación de los planes de gestión correspondientes con las diferentes figuras de protección de espacios de la Red Natural 2000 y Unesco en dicho entorno. A juicio de la organización, ambos puntos podrían concretarse en "una Ley de Protección del Mar Menor".
En tercer lugar, instó al impulso de sendas moratorias urbanística y de puertos deportivos, y de un proyecto para el desmantelamiento de algunas de las infraestructuras de "mayor impacto" existentes en la actualidad.
Por otra parte, la remodelación de las depuradoras "anticuadas" que vierten a las ramblas y canales que desembocan en el Mar Menor, caso de La Loma (Los Urrutias), y que no están siendo ejecutadas por el Ministerio.Además, la expropiación de las salinas de Marchamalo y su entorno agrícola, y puesta en marcha de un plan de manejo que compatibilice la explotación salinera tradicional con medidas de conservación y recuperación de los hábitat naturales, la flora y fauna silvestres.
En sexto lugar, la compra o expropiación de la Isla Perdiguera y desarrollo de un programa de recuperación ambiental que incluya la demolición de las construcciones que aún se conservan en la misma. Y, también, la compra o expropiación de los terrenos privados de la Marina y del entorno del Cabezo del Carmolí, para establecer un corredor natural entre ambos espacios protegidos.
Otra propuesta fue la aprobación de una normativa que limite el uso de embarcaciones a motor y establezca áreas de acceso restringido y/o prohibido, para favorecer la recuperación de aves silvestres y especies piscícolas, como el caballito de mar entre otras. Según ANSE, "lo mismo debería de hacerse para la actividad pesquera".
Asimismo, la organización propuso la compra y/o expropiación de los terrenos de 'El Vivero', en La Manga, (Cartagena), y otros arenales no urbanizados de La Manga, para su uso en equipamientos de uso público y recuperación ambiental.
Finalmente, exigió la declaración de las zonas agrícolas que rodean la laguna como "Paisaje Protegido", y elaboración de un Plan de Mejora Agroambiental que limite el uso de productos químicos en la agricultura intensiva, tendiendo a su transformación a medio plazo hacia sistemas de agricultura integrada y ecológica.
Para ANSE, estas medidas son necesarias para "mitigar los efectos del colapso urbanístico" en el Mar Menor, que deben ir acompañadas del aumento de los escasos medios humanos de vigilancia existentes en la actualidad.- (Agencias)

Cajamar incrementó un 12,2% su resultado neto en 2007

ALMERÍA.- El 2007 ha sido un buen año para Cajamar. A La buena marcha del negocio -el balance crece un 23,5%-, se une el incremento de la cuenta de resultados -el beneficio neto supera los 120 millones de euros-, la mejora considerable del ratio de eficiencia, se sitúa por debajo del 50%, y el aumento significativo de la red de oficinas, 915 sucursales tras la integración de Caja Rural del Duero.

Y todo ello sin que se produzca un deterioro significativo de la tasa de morosidad -que se mantiene en torno al 1%-.

Al cierre del primer ejercicio del Plan Estratégico 2007-2009, Cajamar ha aumentado un 26,2% el crédito a la clientela y un 18,3% los recursos gestionados de clientes, lo que ha permitido concluir 2007 con un volumen de negocio gestionado total que supera los 45.700 millones de euros.

Asimismo, como resultado del dinamismo de la actividad comercial, ha incrementado el Balance un 23,5%, hasta aproximarse a los 24.000 millones de euros.

La robustez del crecimiento del negocio se debe, en buena medida, al importante aumento de los recursos gestionados totales, que rondan los 22.400 millones de euros; en gran parte, gracias al incremento que han registrado los depósitos de clientes -próximo al 20%-, y en especial los depósitos a plazo.

En cambio, los recursos gestionados fuera de balance han registrado un crecimiento más moderado,un 12,9%, por la pérdida de atractivo que han tenido los fondos de inversión ante la continúa escalada de los tipos de interés a corto plazo y la situación de los Mercados de Valores.

La CAM asegura comunicar al Banco de España todas las operaciones con paraísos fiscales

ALICANTE.- El director de Cumplimiento Normativo de Caja Mediterráneo, Francisco Navajas Martínez, asegura en la prensa local que el lavado de dinero es, como dice el servicio de prevención del Banco de España, «un pozo sin fondo». Pero que su entidad le comunica todas las operaciones con paraísos fiscales, saliendo así al paso de algunos rumores que han circulado en las últimas semanas sin citar fuente.
El 80% de las comunicaciones que realizó el pasado año la CAM al Banco de España por indicios de posible blanqueo de capitales «tienen seguimiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», dice Navajas.
La Caja también colabora con el Banco de España cuando se le requiere para ofrecer información sobre ayuntamientos, como recientemente ha ocurrido en el caso de la actuación judicial en Los Alcázares, añade Navajas. También aporta datos sobre «posibles coincidencias con el terrorismo internacional».
La mayoría de comunicaciones que realiza la entidad financiera alicantina al Banco de España tienen que ver con operaciones en paraísos fiscales o con clientes poco conocidos, así como por transferencias sospechosas con grandes cantidades de dinero en metálico, según el técnico de la CAM.

En su opinión, hay «ciertas relajaciones en la franja mediterránea sobre las obligaciones fiscales, ya que el boom inmobiliario ha creado grandes masas de dinero, pero no es delito poseer dinero en billetes, siempre que se paguen los impuestos». Navajas justifica la gran circulación de billetes de 500 euros en la zona mediterránea por la gran actividad del sector inmobiliario en los últimos años.

El directivo de la CAM negó que al servicio de prevención del fraude del Banco de España le falte operatividad y no abogó por su descentralización para dar más agilidad a la comunicación de indicios de ilegalidades en la franja mediterránea.
Hace unos días, "La Verdad" informó de que el Consejo General del Notariado de España admite que los notarios alicantinos están colaborando estrechamente en erradicar el blanqueo de capitale y ha detectado en el último ejercicio decenas de casos, que se han comunicado al Banco de España.

El Banco de España sigue sin fiarse e intensifica las inspecciones a bancos y cajas

MADRID.- A vueltas con los riesgos que han asumido las cajas de ahorro en el sector inmobiliario, el Banco de España ha intensificado de nuevo las inspecciones a estas entidades para conocer de primera mano las inversiones que tiene cada una ellas en el temido sector del ladrillo, según publica hoy "Cotizalia".

Según fuentes no oficiales del Banco de España, los inspectores de este organismo han realizado ya una primera batida por todas las entidades, tanto bancos como cajas de ahorro, grandes o pequeñas.
“Se ha estado haciendo en las últimas semanas esa inspección general a todas las entidades, al margen de las inspecciones que se llaman ordinarias, es decir, aquéllas que son rutinarias y que en el caso de los grandes bancos y cajas son permanentes, con personal en la propio entidad”, explican.

Finalizado ese proceso, ahora el organismo que dirige Miguel Angel Fernández Ordóñez ha iniciado una segunda ronda entre las entidades que más riesgos han asumido o que no han detallado toda la información requerida. Dos de esas entidades son la valenciana Bancaja y la Caja Castilla-La Mancha.

Bancaja es uno de los acreedores de la inmobiliaria Llanera, que está en suspensión de pagos, y tiene intereses en otras inmobiliarias. En cuanto a Caja Castilla-La Mancha, la entidad manchega es una de las más expuestas al sector inmobiliario con participaciones en Colonial, Astroc o Metrovacesa. Ambas entidades han reconocido las inspecciones aunque las han calificado de “rutinarias”.

“No son rutinarias”, asegura una fuente no oficial del Banco. “Se han hecho inspecciones a todas y ahora se están repitiendo a algunas entidades y eso es porque se quiere ampliar la información o se quiere revisar algo concreto”, explica esta fuente.
“El Banco de España está preocupado por esta situación y, lógicamente, le interesa mucho más tener vigilada a una gran entidad como Bancaja que a una más pequeña como Caja Castilla-La Mancha”, asegura.

Suelo, promociones, hipotecas

Ni que decir tiene que estas inspecciones quieren constatar la cartera de suelo de las cajas de ahorro, las sociedades conjuntas, si las tiene, con promotores locales y la cantidad y calidad de las hipotecas concedidas.
Como ha advertido el Banco de España ya en algunas ocasiones, y ha recogido este diario, el 70% de los créditos concedidos por las cajas han sido a agentes económicos (empresas o familias) relacionados con el negocio inmobiliario.

Otras fuentes no oficiales del Banco han asegurado a este diario que la determinación del organismo en este asunto es total y que, “finalizados los análisis, las entidades que veamos que están muy expuestas o que tienen muchos riesgos, pues se les obligará a vender parte de sus activos o de sus inversiones en empresas cotizadas”.
Fuentes oficiales del Banco han declinado hacer declaraciones.

Los economistas consideran que la corrupción es el punto débil de la economía regional murciana

MURCIA.- Los economistas murcianos ven la corrupción urbanística y los casos de trato de favor como uno de los problemas que hacen bajar puntos a la Región. Casi uno de cada tres colegiados destaca las informaciones sobre este tipo de delitos como una de las debilidades que entorpecen la marcha de la economía regional, según se refleja en las encuestas recogidas por el tercer 'El Barómetro del Colegio de Economistas', realizado durante el pasado mes de diciembre. El 61% valora la situación económica a la baja.
Las perspectivas de enfriamiento económico les lleva a situar la construcción como el sector productivo con menos expectativas de crecimiento, mientras que el turismo, el ocio y la hostelería se sitúan en cabeza, seguidos de los servicios sanitarios y las nuevas tecnologías. No obstante, los economistas auguran un parón en la consolidación de nuevos puestos de trabajo pese a una dinámica demográfica favorable. Porque en cuanto a las debilidades de la economía regional, los economistas vuelven a situar el escaso gasto en I+D+i, la falta de productividad, la temporalidad y la poca cualificación de nuestra mano de obra.
La última edición de 'El Barómetro', que recoge las opiniones de 250 profesionales, el 20% de los colegiados, fue presentada por el decano, profesor Salvador Marín, y por los representantes de la junta de gobierno Javier Pardo y José Ignacio Gras. El 61% cree que la situación económica de la Región es peor que hace un año, y sólo un 6,4% responde que es mejor, mientras para un 31,2% las cosas siguen igual. El decano del Colegio Oficial de Economistas, Salvador Marín, destaca que «cae veinte puntos el porcentaje de quienes ven una fortaleza en el crecimiento y la creación de empleo».
La repercusión que tienen las noticias relativas a irregularidades urbanísticas preocupa, cada vez, más a los economistas. El deterioro que causan las informaciones sobre la corrupción ha ido escalando puestos durante los últimos seis meses en la lista de debilidades de la economía regional, hasta registrar una variación de 17 puntos respecto al anterior barómetro.
En la encuesta realizada en diciembre, el 29% de los profesionales encuestados mostraba su preocupación por este fenómeno, coincidiendo con las detenciones registradas en Totana.
Al tiempo que se acrecentaba la importancia que los economistas dan a la corrupción urbanística, ha ido empeorando su impresión sobre las expectativas de crecimiento de la construcción, que los encuestados sitúan en el último puesto, con una nota de 3,4 sobre 10. La construcción es considerada ya como el sector con menor expectativa de crecimiento, seguido por la agricultura y del de otras industrias. La compra de viviendas caerá (87%), según el estudio.
Los autores del estudio destacan que la construcción era hace un año el segundo sector que ofrecía mejores perspectivas, aunque en junio de 2007 ya había descendido a la quinta posición (entre los 10 analizados). En el penúltimo puesto aparece la agricultura (3,9).Turismo y hostelería es el sector al que los economistas ven mejores perspectivas (6,6), seguido de los servicios sanitarios (6,2) y nuevas tecnologías (6).
Para los profesionales, la falta de agua es la principal debilidad de la economía regional, según destaca el 65,8%; seguida del déficit de infraestructuras (54,2%) y el escaso gasto en I+D+i (52,9%). Si los profesionales trabajan en la empresa privada, la preocupación por el déficit hídrico se iguala con la falta de infraestructuras (57,7%), mientras que los funcionarios resaltan la falta de inversión en I+D+i (77,8%). Otras debilidades señaladas son la inserción social de los inmigrantes no regularizados o el paro, además de el precio del combustible, o el inadecuado tamaño y/o estructura de la empresa.
Entre los empresarios, la preocupación por el agua llega al 70,6%. Entre las mayores fortalezas de la economía regional, destacan las buenas condiciones naturales para el desarrollo del sector agroalimentario (69,7%) y un adecuado clima económico, social y político (53,5%). La situación financiera que están sufriendo las familias murcianas va a resentir a la economía regional pues su demanda de consumo disminuirá en los próximos seis meses un 68%.