El PSRM afirma que la "tardanza" de lista del PP por Murcia al Congreso se debe a una pelea interna

MURCIA.- El secretario de Organización del PSRM-PSOE, Francisco Javier Oñate, afirmó hoy, en un comunicado de prensa, que la "tardanza" en hacer pública la lista de los candidatos por Murcia del PP se debe a "una pelea de intereses nacionales del partido", por lo que consideró que "los del PP nos tenían engañados, pues lo que parecía un embarazo ha resultado no serlo".

Así, opinó que la lista del PP al Congreso de los Diputados por Murcia está "al servicio de los escenarios de poder que se van a dar en la sucesión de Mariano Rajoy, cuando éste pierda las elecciones" y no representa a toda la Región.

Es por ello por lo que advirtió que lo que domina en la lista que el PP regional ha presentado para el Congreso de los Diputados "son los personajes cuya ideología está en el extremo derecha del partido".

En este sentido, resaltó que "llevan como número dos al 'holligan' del Congreso", ya que, dijo, Vicente Martínez-Pujalte "fue el único diputado expulsado del Hemiciclo en la pasada legislatura".

Por último, destacó que en la citada lista "la teocracia gana a la tecnocracia, pues hay fuerte componente de una organización religiosa", en clara alusión al Opus Dei.

En definitiva, opinó, "está compuesta por dinosaurios de la política, y no se observa ningún atisbo de renovación ni juventud".

En referencia a estas acusaciones de que la lista del PP al Congreso por la Región de Murcia es de extrema derecha y con personas no ligadas a la Región, Valcárcel defendió que "por eso la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro es la primera, siendo la más votada de España".- (Agencias)

El PP de Los Alcázares, sorprendido porque no se haya convocado un pleno para explicar el caso 'Ninette'

LOS ALCÁZARES.- La presidenta del Partido Popular en Los Alcázares, María del Carmen Vigueras, se mostró hoy sorprendida porque el ayuntamiento no haya convocado todavía un pleno municipal para dar explicaciones por la operación 'Ninette' por un supuesto caso de corrupción urbanística en el municipio.

Indicó que "la cúpula del consistorio está bajo sospecha, con varios imputados", entre los que destacó, además de los ya conocidos, al jefe de los servicios jurídicos.

"Lo normal -según Vigueras- hubiera sido que al día siguiente" de iniciada la operación Ninette la alcaldesa hubiera convocado un pleno para dar explicaciones.

Recordó que los plenos ordinarios de octubre y diciembre no se celebraron, y que a la fecha de hoy no se ha convocado ningún otro pleno.

Se preguntó quién puede adoptar en estos momentos decisiones en el ayuntamiento después de lo que ha ocurrido, y señaló que el comentario que le llega es que "los funcionarios están a verlas venir sin mucho que hacer".

Del concejal de Urbanismo, Alfredo Blanco, también imputado en este caso, comentó que posiblemente tome declaración ante el juzgado número 2 de San Javier que instruye el caso el próximo día 30, ya que desde ayer se encuentra de guardia y está atendiendo los asuntos de la guardia.

A Blanco el PSOE le ha retirado las competencias de Urbanismo, pero Vigueras se pregunta quién las ostenta actualmente.

En el caso de que Blanco pase al grupo mixto, el PSOE se quedaría con 8 concejales, 7 el PP, 1 Izquierda Unida.

Vigueras indicó que el ex alcalde Juan Escudero, que el pasado lunes quedó en libertad bajo fianza, "paseaba por el pueblo", pero no se acercó a las dependencias municipales, "como solía hacer" antes de que fuera detenido.- (EFE)

La alcaldesa de Cartagena asegura que la gestión de Novo Cartago ha sido "escrupulosa"

CARTAGENA.- La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, aseguró hoy que la tramitación municipal seguida en el proyecto urbanístico 'Novo Cartago', que promueve la inmobiliaria Hansa Urbana y que investiga la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, ha seguido "escrupulosamente" el proceso administrativo que contempla la legislación vigente.

Barreiro señaló al ser preguntada sobre este asunto que el Ayuntamiento de Cartagena "ha dado todos los pasos, ha pedido los informes que establece la ley y que son obligatorios y no hemos hecho nada más".

La alcaldesa aseguró desconocer la petición del portavoz del grupo municipal socialista, Juan Luis Martínez, de paralizar la tramitación de este proyecto urbanístico en el consistorio.

Martínez ha pedido hoy, a través de un comunicado, que el ayuntamiento no continúe con los trámites administrativos para construir las 7.000 nuevas viviendas del proyecto 'Novo Cartago' en el Mar Menor, tras conocer que la fiscalía del TSJ investiga posibles irregularidades.

Martínez solicitó al equipo de gobierno popular "máxima cautela con el fin de evitar posibles perjuicios para el ayuntamiento y los cartageneros".

En la página web de 'Novo Carthago Beach and Golf Resort' se indica que cubre un área de casi 5,7 millones de metros cuadrados, y que solo el 22 por ciento (1,2 millones de metros) serán usados para usos residenciales, y que de esos metros 265.000 será el terreno para construir 5.000 viviendas y el resto áreas verdes en el corazón del complejo residencial.- (EFE)

Española de Zinc advierte a la CNMV de factores de riesgo en su negocio

CARTAGENA.- Española de Zinc dijo en una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que existen factores de riesgo que pueden afectar el negocio y la situación financiera, económica y patrimonial de la sociedad.

La compañía indicó que su actividad productiva, que está condicionada a la obtención de materia prima, depende de los préstamos de socios, de terceros y de la ejecución de la ampliación de capital.

Además la empresa explicó que en opinión de su auditor Deloitte hay errores en la cuentas de la compañía al contabilizar como beneficios 116 millones de euros procedentes de la venta de los terrenos sin cumplirse la totalidad de las condiciones de la operación.

"La contabilización de este ajuste supondría transformar los fondos propios positivos mostrados en el balance a diciembre de 2006 en fondos negativos de 65,52 millones de euros", añadió.

Por otra parte la compañía está pendiente de la resolución definitiva de la Audiencia Provincial de Murcia sobre el requisito de abonar a Iberdrola la parte de un crédito pendiente de ejecución de 4,5 millones de euros.

En el comunicado la compañía reiteró al órgano regulador su petición para dejar sin efecto el acuerdo de suspensión de negociación que pesa sobre sus títulos desde enero de 2005 tras declarar un Tribunal su situación concursal.

Para hacer pago a sus acreedores la compañía acordó la venta de los terrenos de 90.000 metros cuadrados donde se ubicaba su fábrica por un importe de 142 millones de euros, de los que ya ha ingresado una parte.

Sin embargo, para completar la operación será necesario obtener unos permisos por parte de Sepes, entidad pública dependiente del Ministerio de Vivienda, para ubicar su nueva fábrica.

Española de Zinc señaló la necesidad de que sus títulos vuelvan a cotizar para que los accionistas puedan negociar la ampliación de capital acordada el 27 de junio de 2007 con total transparencia y seguridad.

Esta ampliación supondría la emisión de 11,7 millones de acciones a un euro de valor y una prima de emisión de 1,4 euros por acción.- (Agencias)

Sacyr pignora un 21% de Testa para cubrir garantías de préstamo

MADRID.- El grupo constructor Sacyr Vallehermoso, presidido por el ingeniero murciano Luis del Rivero, comunicó hoy miércoles al regulador (CNMV) que ha pignorado un 21,22% del capital de su filial patrimonialista Testa a favor del sindicato bancario que en su día financió parcialmente la compra de un 20% de Repsol.

La pignoración (entregar en prenda las acciones como garantía) se produce después de que la acción de Repsol haya cotizado durante tres días seguidos por debajo de determinado precio (que se calcula en proporción al precio de la acción de Repsol por el número de acciones entre el saldo vivo del crédito).

El contrato del crédito de 5.175 millones de euros firmado el 21 de diciembre de 2006 para comprar las acciones de Repsol establecía que Sacyr debería aportar garantías adicionales si se daban las mencionadas condiciones que, sin tomar en cuenta amortizaciones, habría sido que la acción bajase hasta 20,79 euros.

Hasta ahora, el crédito estaba garantizado fundamentalmente por las propias acciones de Repsol, que han perdido en las últimas tres sesiones un 11,63 por ciento de su valor hasta 19,45 euros por título en un mercado convulso.

Sacyr, que en su día invirtió 6.500 millones de euros en la compra, acumula unas minusvalías sustanciales ya que, a precios del miércoles, el valor de su participación en la petroquímica es de 4.750 millones de euros.

En una comunicación al regulador en la que detalla las condiciones del préstamo, Sacyr no desvela si estas nuevas garantías supondrán costes adicionales.- (Reuters)

La CAM sortea parcialmente una crisis al aplazar su salida a Bolsa porque pierde 15,8 millones de €

ALICANTE.- El desplome de los índices bursátiles tras el «lunes negro» condicionará, a pesar del repunte del Ibex registrado ayer, los planes de futuro de las cajas de ahorros para obtener nuevas vías de liquidez.

La CAM, comandada por Vicente Sala, ha optado por emitir cuotas participativas. Sus directivos resaltan los «criterios de prudencia» que han guiado esta operación, a la espera de tiempos mejores en los parqués, y han evitado un cataclismo de consecuencias imprevisibles.

El consejo de administración de la CAM se dotó de un colchón suficientemente amplio -tres años- para su salida a Bolsa ya que, de acuerdo con las mismas fuentes, ya se percibía la posibilidad de un declive bursátil cuando se aprobó la salida a los mercados de una parte de su capital.

Como marca la ortodoxia económica, la CAM se encuentra en periodo de «wait and see» (esperar y ver), aunque en esta fase no podrá cumplir con sus objetivos de obtener recursos adicionales. Habrá de esperar para inyectar en sus balances los 1.500 millones de euros previstos por la venta del 20% de su valor.

A la espera de que amaine el temporal bursátil, el consejo de administración de la Caja se reunirá mañana en Murcia para dar el visto bueno a las cuentas de 2007.

Sin embargo, las inversiones de Caja Mediterráneo en empresas cotizadas habían reducido su valor un 9,91% hasta ayer. No es intención de la Caja desprenderse de acciones de ninguna empresa, sino mantenerse en ellas. Al menos de momento, ya que el escenario coyuntural tampoco permite poner en venta la cartera.

Desde comienzos de año, el valor de las participaciones de Caja Mediterráneo en la Bolsa de Madrid ha bajado un 9,915%. Y ha tenido suerte gracias al repunte de ayer de parte de casi todos los valores en que tiene dinero.

El "lunes negro", la caída acumulada de Abertis (autopistas, -10,44%), Enagás (energía, -8,20%), Unión Fenosa (energía, -6,24%) y Sol Meliá (turismo, -14,78%) sumaba un 11,38% de media. La devaluación de sus inversiones pivotó alrededor de 2,5 millones de euros en Sitreba (a través de la cual participa en Abertis); 8,3 millones en Fenosa; 4,5 en Enagás; y 440.000 euros en el grupo hotelero.

En total, 15,8 millones de euros que, aseguran convencidas fuentes de la entidad de ahorro, se recuperarán en los próximos meses.- (Agencias)

Se prepara en Los Alcázares un pleno extraordinario sobre la "Operación Ninette"

LOS ALCÁZARES.- La alcaldesa socialista de Los Alcázares, Encarna Gil, convocará próximamente un pleno extraordinario en el que el concejal de Urbanismo y Hacienda, Alfredo Blanco, dejará de serlo, después de desempeñar el cargo durante varias legislaturas y, además, pasará al Grupo Mixto.

En el pleno también se dará todo tipo de explicaciones sobre la Operación Ninette y el papel jugado en ella por el ex-arquitecto municipal, Mariano Ayuso, al que la juez envió a prisión el pasado lunes y que fue apartado de su cargo por el anterior alcalde, JoséAntonio Martínez Meca, tras estallar el escándalo de la Operación Malaya.

Con la marcha de Blanco, el PSOE se quedará con 8 concejales y por lo tanto perderá la mayoría que consiguió con mucho esfuerzo en las últimas elecciones municipales. El PP tiene 7 concejales e IU cuenta con una edil y con la incorporación de Blanco al Grupo Mixto, los socialistas tendrán que gobernar en minoría.

Los alcaldes de Torre Pachecho y Fuente Álamo se congratulan del levantamiento parcial del secreto del sumario

FUENTE ÁLAMO.-La alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, afirma en un comunicado que “las puertas del ayuntamiento están abiertas para todo aquel que quiera acceder a cualquier documento de interés público” y niega “rotundamente” estar implicada en “cualquier delito de fraude fiscal, cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación”.

De hecho, pasadas 24 horas desde que se alzó la declaración de secreto en la instrucción, su abogado Luis Ruipérez confirmó que Conesa aún no sabe de qué se le acusa.

La primera edil hizo estas declaraciones después de que la titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 4 de San Javier, Arantxa Moreno, levantara parcialmente, el pasado lunes, el secreto de sumario de las diligencias que instruye por presuntas irregularidades administrativas en los consistorios de Fuente Álamo y Torre Pacheco.

La alcaldesa manifestó su “satisfacción” por el levantamiento parcial del secreto de sumario “porque, así, todo el mundo sabrá qué es lo que ha ocurrido y quiénes son los verdaderos culpables”.

También quiso dar un mensaje de tranquilidad y de prudencia a los vecinos el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, con respecto a la apertura parcial del secreto del sumario que se instruye contra los consistorios de Torre Pacheco y Fuente Álamo por parte de la juez del Juzgado de Instrucción número 4 de San Javier.

Para el primer edil esta apertura parcial del secreto de sumario es “una medida que llevábamos pidiendo para que todo el mundo pudiera conocer en profundidad lo que forma parte del mismo y para que pudiéramos dar respuestas reales a la sociedad ”.

García añadió que “hasta ahora cuando hemos hablado nos hemos basado en hipótesis y conjeturas”.

El alcalde de Torre Pacheco indicó que “estamos a la espera de que se pueda conocer el contenido de la documentación para que se conozcan las materias sobre las que se levanta el secreto de sumario”. Asimismo, reiteró su mensaje de “tranquilidad”, a la espera de conocer el contenido del mismo para dar las “explicaciones necesarias”.

García se refirió a la gran cantidad de documentos, datos y cuestiones que tendrán que ser analizados por los abogados en los próximos días. Precisamente indicó que serán posiblemente los letrados quienes, en algunos casos, tengan que hacer las aclaraciones correspondientes.

Por último, destacó, de nuevo, el mensaje de tranquilidad a la “sociedad pachequera, y de prudencia y confianza en el Ayuntamiento y en aquellos que rigen los destinos de este pueblo”.

En este caso, iniciado por una denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la juez tomó declaración a catorce personas, entre las que se encontraba la alcaldesa de Fuente Álamo.

Según fuentes judiciales, en el marco de este caso se investigan los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secreto.

El procedimiento “continúa parcialmente bajo secreto de sumario” y las intervenciones judiciales comenzaron el 3 de julio de 2007, cuando una delegación judicial se personó en el Ayuntamiento de Fuente Álamo para recoger documentación sobre planes parciales de urbanismo tramitados en el municipio. En concreto se trataba de una serie de expedientes relacionados con la sociedad “Construcciones Torre Pacheco”, del empresario Facundo Armero.

El abogado Luis Ruipérez afirmó a "El Faro" que esta investigación está dando resultados sustancialmente distintos a la que la Fiscalía realiza en Totana y en Los Alcázares.

Ruipérez, que representa a la alcaldesa de Fuente Álamo, Antonia Conesa, y a la concejal de Obras, Inés Mendoza, esperaba que el tribunal accediese a ampliar a quince días el plazo que se daba, inicialmente, para hacer copias de la parte del sumario que ya no es secreto.

Los seis procuradores del caso pidieron quince días para fotocopiar parte del sumario. Desde ayer, comenzaron a realizar turnos en la fotocopiadora de los juzgados de San Javier para reproducir los 17.000 folios de la parte del sumario que ya no es secreta.

En concreto, de los siete tomos en total que forman el sumario, solamente un tomo, de forma parcial, mantiene el secreto sumarial. Los documentos citados incluyen un CD con grabaciones telefónicas.

La Policía investiga la notaría de San Javier en la que trabaja la pareja de Mariano Ayuso

SAN JAVIER.- Una de las prácticas que se atribuye al arquitecto municipal de Los Alcázares, Mariano Ayuso, se refiere a la adjudicación de parcelas municipales a sociedades vinculadas a la trama que, tras pasar a manos de los presuntos testaferros, resultaban tener más metros que cuando fueron vendidas.

Durante la operación, los agentes investigaron si Ayuso se sirvió de la notaría en la que trabajaba su pareja, también imputada en el caso, para sacar adelante estas segundas mediciones que beneficiaban a sus empresas, según "La Opinión".

Una de las denuncias que han desembocado en la Operación Ninette hacía referencia a la adjudicación de una parcela de titularidad municipal. Entre otras irregularidades, se realizó una primera medición -cuando aún era de titularidad municipal-, en la que se hablaba de una superficie de 7.000 metros cuadrados.

Una vez que el suelo estuvo en manos de la cuñada de Mariano Ayuso, Inmaculada Camacho Escudero, se realizó una segunda medición en la que se agrandaba la superficie de la misma.

Fuentes próximas al caso revelaron que la notaría de San Javier en la que trabaja la pareja de Ayuso, Florentina Sánchez -también imputada-, habría estado en el punto de mira de los agentes de la investigación judicial.

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, las sospechas empezaron cuando los agentes descubrieron que gran parte de los cambios en las mediciones de las fincas -siempre de segunda adjudicación-, eran aprobadas en la citada notaría.

Al parecer, estos cambios en las mediciones de los terrenos habrían generado unas importantes plusvalías a las sociedades vinculadas a Ayuso. En la operación citada -referida a una parcela en el Plan Parcial Las Claras del Mar Menor-, el consistorio habría perdido cerca de 120.000 euros.

La finca fue adjudicada a una empresaria -aparentemente falsa-, que después la cedió a la sociedad Ilka Baley, regentada por Inmaculada Camacho Escudero. Fue entonces cuando se realizó la segunda medición que beneficiaba a Ilka Baley. El solar, finalmente, acabó en manos de los empresarios de la construcción detenidos en la operación, Valero y Francisco Javier Garcerán.

Otro de los casos que han trascendido tiene relación con una parcela en el Plan Parcial La Dorada. En este caso, un Pleno municipal celebrado a finales del año 2003 decidió la adjudicación directa de una finca de 1.300 metros cuadrados a la sociedad Masdevallía S.L., propiedad de Juan Antonio Roca.

A principios de junio, esta empresa la cedió a la sociedad Dorma Golf S.L., en la que Inmaculada Camacho Escudero -prima lejana del ex alcalde-, figuraba como administradora única. Meses después, Dorma Golf volvió a hacer una segunda medición.

El resultado de esta nueva prueba arrojó un total de 1.515 metros cuadrados, 215 metros cuadrados más de los que vendió el ayuntamiento. Posteriormente, Dorma Golf vendió la parcela -esta vez sí, con 1.515 metros cuadrados-, a la empresa Urbaclaras S.L.- (EPI)

IURM propone que los partidos suscriban un acuerdo democrático contra la corrupción

MURCIA.- Izquierda Unida de Murcia ha redactado un documento titulado "Acuerdo democrático contra la corrupción" que va a enviar a los partidos con representación parlamentaria con el objetivo de que lo suscriban para "atajar de raíz" este problema, dijo hoy su coordinador, José Antonio Pujante.

El documento, que también va a ser entregado a las organizaciones sociales, entre ellas a los grupos ecologistas y los sindicatos, incluye una serie de "acciones de ética y transparencia de los partidos políticos y cargos públicas", entre ellas la elaboración de un "Código ético de conducta del cargo público".

También incluye el compromiso de los partidos de denunciar ante la Fiscalía y colaborar con la Justicia "ante cualquier dato de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus responsabilidades como cargos públicos".

El reforzamiento del "Pacto anti transfuguismo" suscrito a nivel nacional y el impulso de mecanismos de participación democrática para luchar contra la opacidad son otros de los puntos que contiene la propuesta.

Pujalte indicó que el documento propone la adaptación de la Ley del Suelo regional a la estatal por medio de un proyecto de ley "consensuado"; el estudio de una moratoria urbanística para las zonas saturadas con proyectos urbanísticos que puedan ser insostenibles; la persecución de las recalificaciones indiscriminadas y el establecimiento de límites al crecimiento urbano.

El documento recoge además acciones a realizar desde el Gobierno central que fueron dadas a conocer por el candidato de esta formación política al Congreso de los Diputados, Joaquín Dólera.

Entre esas acciones destaca la potenciación de los recursos materiales y personales de la judicatura, fiscalía y fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado y la creación de dos registros públicos relativos a recalificaciones y a los tenedores de billetes de 500 euros.

La propuesta contiene asimismo diversas "acciones de modificación legislativa", como una Ley Básica de Gobierno y Administración local para que los ayuntamientos cuenten con financiación suficiente, y cambios en la ley electoral para apartar de las instituciones de modo preventivo a quienes sean procesados por delitos cometidos como funcionarios públicos, entre otras.

Para Dólera, se debe hasta modificar la Ley Electoral para evitar que personas imputadas, "con el aliento de la Justicia en el cogote", puedan acceder a la función pública, puedan borrar pruebas y desprestigiar a las instituciones. Finalmente se mostró partidario de una ley estratégica de ordenación del territorio.- (Agencias)

El alcalde de Puerto Lumbreras dice que está tranquilo y que confía en la Justicia

LORCA.- El alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, del PP, compareció hoy en los juzgados de Lorca para responder a las acusaciones de prevaricación urbanística y tráfico de influencias derivadas de una querella interpuesta contra él por el PSOE en el año 2007, y antes de su declaración dijo estar "muy tranquilo" y "confiar en la Justicia".

Sánchez, acompañado por sus abogados, llegó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno, que ha admitido a trámite la querella criminal del PSOE, a las diez de la mañana, y atendió a los medios de comunicación que lo esperaban a las puertas de los juzgados, en el que también declararon ex concejales del PP y técnicos del consistorio.

El alcalde manifestó que acudía "voluntariamente" al juzgado, ya que podía haberse negado a hacerlo por su condición de aforado al ser diputado regional, y explicó que su deseo es "que las cosas se aclaren cuanto antes". Durante su comparecencia ni el juez ni la fiscal le hicieron preguntas.

Recordó que la querella que hoy le llevó ante el juez fue interpuesta a dos meses de las elecciones municipales de 2007 por el anterior grupo municipal del PSOE en el consistorio lumbrerense, y que en la misma "acusaban a todo el equipo de Gobierno y a técnicos de unos delitos que tenemos ganas de aclarar".

Esos presuntos delitos, junto con los de prevaricación y tráfico de influencias, son los de negociación prohibida a funcionarios y falsedad de documento público.

Sánchez se comprometió a dar al juez "toda la información que requiera y a colaborar con la administración de Justicia en que su labor sea lo más transparente y nítida posible, para que las cosas queden en su justo lugar y medida".

El alcalde abundó en que su citación judicial no responde "a ninguna investigación policial, ni ha habido registros ni escuchas" y añadió que solo obedece "a la denuncia de los concejales del PSOE a dos meses de las elecciones y de la que ahora el juez quiere saber nuestra opinión".

Calificó el caso de "clara denuncia preelectoral", y consideró como "curioso" el hecho de que el PSRM-PSOE "no se haya pronunciado sobre esta cuestión de una forma clara".

En este sentido, dijo querer saber "qué opina de esto y si está de acuerdo con la denuncia Pedro Saura, secretario general de los socialistas murcianos, que al final es el jefe de los que denunciaron, que ya no son concejales y que ahora guardan silencio".

El político del PP también anunció que una vez que la justicia se pronuncie sobre el caso "hablaremos nosotros", y que exigirá también por la vía judicial responsabilidades a los denunciantes y la restitución de los perjuicios que la querella haya causado en su imagen pública y en su derecho al honor.

Sobre la judicialización de la política, dijo que "es preocupante" y exigió "rigor y seriedad a todos los partidos políticos y a las instituciones, también la jurídica, porque no podemos seguir sembrando la duda permanente en los ciudadanos. No vale todo y en política tampoco", concluyó.

Criticó las "estrategias judiciales" en política y el usar a los tribunales "para el pim-pam-pum de la política, porque eso perjudica la imagen de las instituciones".

Sánchez dijo confiar en que la querella interpuesta en febrero de 2007 por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras sea archivada, al igual que ocurrió con otra contra él por el ex alcalde socialista José Cerrillo, en la que le acusaba de injurias y falsedad documental, entre otros delitos.

El alcalde dijo tener "la conciencia muy tranquila y ser muy consciente de lo que he hecho y de lo que no he hecho".

El PSOE en su querella le acusa, junto al resto de los concejales del equipo de Gobierno del PP, de conceder con trato de favor licencia de obras a un concejal popular siendo ésta presuntamente contraria al planeamiento urbanístico, así como de conceder licencia de construcción de un edificio de ocho viviendas, bajos comerciales y garajes en beneficio de una empresa mercantil, en una zona clasificada como zona verde en el planeamiento municipal.- (EFE)

El fiscal del TSJ pide que se tome declaración al diputado Juan Morales como imputado

MURCIA.- La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha pedido a la Sala de lo Civil y Penal que asuma el caso de la presunta corrupción urbanística de Totana y que llame a declarar como imputado al anterior alcalde y diputado regional Juan Morales.

El fiscal superior de la Región, Manuel López Bernal, presentó hoy el informe solicitado por el TSJ la pasada semana, en el que se indica que dada la condición de aforado de Morales el órgano competente para enjuiciarlo es la Sala de lo Civil y Penal, indicaron fuentes judiciales.

En su escrito, la Fiscalía afirma que en la investigación realizada por el Juzgado de Instrucción de Totana en el marco de la "Operación Tótem" han aparecido indicios de criminalidad contra Morales que exigen extender la investigación a este ex alcalde.

Según el informe, esos indicios derivarían de las intervenciones telefónicas grabadas con autorización judicial, de documentos aportados a la causa y de lo manifestado por otros imputados.

De confirmarse el contenido de estas pruebas, añade el informe, el ex alcalde habría podido incurrir, entre otros, en los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación.

En consecuencia, pide que la Sala proceda al nombramiento de un instructor y que se cite a declarar a Morales, además de solicitar al tribunal que se dirija al Juzgado para reclamarle el envío de todas las actuaciones.

Igualmente, aconseja que se mantenga el secreto del sumario para que la investigación no se vea perjudicada.

La operación judicial de la que se derivan estas actuaciones comenzó el pasado 26 de noviembre, con la detención de seis personas en Totana, Murcia, Vigo y Madrid y continuó tres días después con la puesta a disposición de otros cuatro imputados, hasta alcanzar en conjunto la quincena con las detenciones llevadas a cabo después.

De todos los investigados, el único que permanece en prisión desde primeros días de diciembre es el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo.- (EFE)

Tres funcionarios declaran en la investigación del fiscal sobre Novo Carthago

CARTAGENA.- La Fiscalía del TSJ, que investiga posibles delitos en la tramitación urbanística y en el proceso de recalificación de los terrenos, ha empezado a tomar declaraciones a varios funcionarios de la Comunidad Autónoma en calidad de testigos, según confirman fuentes del Gobierno regional y de la propia Fiscalía.

Según "La Verdad", han prestado declaración dos jefes de servicio y un técnico de la Dirección General de Medio Natural. Se trata de Miguel Ángel Martínez-Aedo, encargado hasta hace dos semanas del Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza, y tenía a su cargo los planes de la Red Natura 2000. Éste fue apartado del cargo, junto a otros dos jefes de servicio, el pasado día 11. Asimismo fue citada a declarar Inmaculada Ramírez, jefa de servicio de Información e Integración Ambiental. El tercero es Ramón Ballester, biólogo de Medio Natural. Este departamento se opuso a la recalificación de La Zerrichera.

Según denunció el PSOE, varios técnicos del Gobierno regional pudieron recibir presiones para no poner reparos ambientales a este proyecto, en una reunión a la que fueron convocados al parecer en el palacio de San Esteban.

Al lado de Lo Poyo

El proyecto de Lo Poyo puede poner en dificultades al Gobierno regional, puesto que circula el secreto a voces de que «algo se hizo mal» dentro de la Consejería de Medio Ambiente, después llamada de Desarrollo Sortenible, cuando se efectuó la tramitación urbanística.

La Fiscalía requirió a la Consejería en dos ocasiones para que aportara toda la documentación sobre este caso. Una fue el 10 de julio del año pasado, y la otra en septiembre, cuando reclamó información adicional. A juicio del PSOE, se efectuó «una recalificación a la carta» en beneficio de la promotora Hansa Urbana.

El proyecto se presentó en público en junio del año 2002. Dos años después, el 2 de agosto del 2004, el Pleno Municipal de Cartagena aprobó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que afectaba a 5,5 millones de metros cuadrados y que hacían posible esta gran urbanización de 7.000 viviendas y dos campos de golf.

El PSOE se abstuvo, según se publicó en su día. Siete meses antes, el PSOE votó a favor en una Comisión de Urbanismo que abordó el mismo proyecto. Los promotores se comprometían a rehabilitar el Monasterio de San Ginés de la Jara, que queda dentro del futuro enclave turístico.

Novo Carthago linda con la finca de Lo Poyo, donde se proyectó otra urbanización que fue paralizada por el Gobierno regional. La diputada socialista Teresa Rosique declaró que en la tramitación de Novo Carthago «se obviaron dos informes de las consejerías de Obras Públicas y de Agricultura, que ponían reparos al proyecto. Se modificó el Plan de Recursos Naturales del Mar Menor que no permitía urbanizar en suelos de interés agrícola existente en la zona».

La diputada denunció asimismo la existencia, al parecer, de presiones desde el Gobierno regional hacia los técnicos que debían evaluar ambientalmente el proyecto, en una reunión que tuvo lugar en el palacio de San Esteban

El Obispado de Ávila paga con la venta de una donación cerrada las deudas de su Universidad Católica

ÁVILA.- El Obispado de Ávila ganó 19 millones de euros al vender unos terrenos rústicos que el Ayuntamiento había recalificado como industriales. Pues bien, según ha podido saber la Cadena SER, la venta vulnera la voluntad de la Marquesa de Muñoz, que fue la que donó los terrenos a la Iglesia para financiar, entre otros fines, tres misas diarias perpetuas en una parroquia de la ciudad.

La Marquesa cedió los terrenos para ser arrendados, nunca vendidos, pero el Obispado desobedeció y utilizó el dinero para pagar las deudas de la Universidad Católica de Ávila impulsada por el Obispo Cañizares y el entonces alcalde del PP, Ángel Acebes.

En los estatutos de la Fundación Marquesa de Muñoz, creada en el momento de la donación, se especifica que el dinero que maneje esta entidad provendrá del arrendamiento de los bienes que cede la donante, exclusivamente el arrendamiento, no la venta.

Además los propios estatutos, a los que ha tenido acceso la SER, fijan unos fines a los que se debe dedicar el dinero obtenido, fines concretos y jerárquicos. El primero de ellos es la celebración de tres misas rezadas diarias y perpetuas en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de la ciudad de Ávila.

En los propios estatutos se establece que mientras no se cumpla este fin no se puede destinar ningún dinero para los otros, que son un total de seis que incluyen becas para pobres que estudien para sacerdotes, ayudas a vocaciones religiosas, atención a las parroquias pobres de la diócesis y otros, pero en ningún caso se establece que los fondos obtenidos se dediquen a saldar deudas de la Universidad Católica, como se ha hecho, ni a vender los terrenos cedidos por la donante, como también se ha hecho.

La Fundación Marquesa de Muñoz se creó en el año 1969 por deseo expreso de Francisca Muñoz y Frías, Marquesa de Muñoz, en su testamento. En el decreto de erección de la misma se la dota de tres fincas y una casa en la ciudad de Ávila, una de esas parcelas es la que ha vendido el obispado para saldar la deuda de la Universidad Católica.