Un convenio obligará a 14 países a no construir a menos de 100 metros de la línea de costa

MADRID.- Un total de 14 países mediterráneos han firmado en Madrid el Protocolo de Gestión Integrada sobre las zonas costeras del Mediterráneo, en el que se establece la prohibición de construir a 100 metros de la línea de costa, según explicó hoy la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, tras el acto protocolario.

La suscripción de este acuerdo sucede a la celebración la semana pasada en Almería de la XV Conferencia de las Partes del Convenio para la Protección del Medio Marino y la Región Costera de esta área (Convenio de Barcelona), y se convierte en el primer instrumento legal vinculante a nivel internacional sobre protección integral del litoral.

Sólo Turquía ha presentado una reserva de estudio al protocolo, según explicó el jefe de la División de Protección de Medio Ambiente y los Ecosistemas Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, Javier Cachón, en relación a la gestión integrada del litoral de las islas. Ahora, este país tiene dos opciones: firmar el resto del documento e inhibirse en esta parte o no firmarlo. En todo caso, Cachón recordó que basta con la ratificación de seis países para que la norma entre en vigor.

Tampoco firmaron ni la Comunidad Europea (que requiere de más trámites burocráticos) ni Líbano, Libia, Chipre, Bosnia-Herzegovina ni Egipto, que podrán hacerlo a lo largo del próximo año. Sí han firmado ya el protocolo Argelia, Croacia, Francia, Grecia, Israel, Italia, Malta, Montenegro, Marruecos, Eslovenia, Siria, Túnez y España.

Narbona subrayó la importancia de esta protección teniendo en cuenta que se prevé un retroceso entre 20 y 60 metros de la línea de costa en el litoral mediterráneo en 50 años por efecto del cambio climático. "Este es el desafío al que se enfrenta España", aseguró.
Afectados de la Ley de Costas

Por otra parte, la ministra aseguró que "aún no ha recibido el informe", que la plataforma de afectados por la Ley de Costas señaló que le había remitido y que hará llegar a la UE, y que sólo conoce el texto a través de los medios de comunicación.

La ministra explicó que "analizará con todo el rigor que merece un planteamiento que parte de unos ciudadanos que se ven afectados por dicha ley" y que espera obtener una "respuesta satisfactoria" por parte de la UE, si finalmente la Plataforma dirige ese informe a las autoridades europeas.

Narbona apuntó que cuando tenga el estudio intentará "poner de manifiesto, de forma documentada, cada uno de los casos de supuesto abuso que se contemplen en el texto y de cómo se ha llevado, en estos años, la Ley de Costas".

La titular de Medio Ambiente mantuvo que "en ningún caso se está aplicando la Ley de Costas con retroactividad" y añadió que "la Ley contempla situaciones transitorias que afectan a concesiones obtenidas antes de su aprobación".

Además, explicó que el proceso de deslindes es "garantista", ya que los ciudadanos que se consideren afectados pueden recurrir a los tribunales si no están de acuerdo con la decisión del deslinde correspondiente.

La ley establece garantía de derechos para los ciudadanos: tanto para los propietarios y para los que no siendo propietarios, tienen derecho al uso publico del litoral de acuerdo con la legislación vigente. Para la ministra el problema reside en que ha habido una insuficiente aplicación de la ley que ha llevado a la privatización al margen de la ley de un espacio público y que ahora hay que preservar, entre otras cosas, por los efectos del cambio climático.

Asimismo, explicó que el Convenio de Barcelona, que nace para reducir la contaminación, combatir la pérdida de diversidad y preservar las zonas costeras, tiene mucho que ver con la Ley de Costas, ya que supone la incorporación de determinados principios a la protección del litoral.

En concreto, al igual que con la ley aprobada en 1988, este convenio establece el compromiso de todos los países del mediterráneo de evitar la construcción en los primeros 100 metros de las costas.-(EP)

Suspende pagos la propietaria del Centro Comercial "Mandarache", el último abierto en Cartagena

CARTAGENA.- Unión Desarrollos, empresa propietaria de Parque Comercial y de Ocio Mandarache, se encuentra desde el pasado 28 de noviembre en una situación de concurso de acreedores voluntario (antigua suspensión de pagos), según ha confirmado a "El Faro" la gerencia del centro.

La propiedad de Mandarache, con el fin de preservar su actividad mercantil, se ha acogido a los beneficios de la Ley Concursal.

En este sentido, la gerencia del parque señaló que “la actual situación de proceso concursal asegura los pagos a proveedores, así como el mismo nivel de servicios que hasta ahora se ha mantenido”. Asimismo, la gerencia de Mandarache aseguro que tiene “contratados suficientes ingresos para poder cubrir sus gastos operativos”.

Unión Desarrollos, que pertenece al fondo europeo Europa Fund I y a dos accionistas minoritarios, “continuará trabajando normalmente con todas las empresas prestadoras de servicios del parque comercial”, añadió la gerencia.

El parque comercial, cuyos primeros establecimientos abrieron hace un año y medio, se levantó con una inversión de 35 millones de euros y ha generado más de 500 puestos de trabajo, directos e inducidos. Parque Comercial y de Ocio Mandarache cuenta con una superficie de 28.000 metros cuadrados, desarrollados en dos niveles.

El primero de ellos, de 19.500 metros cuadrados, acoge a Menaje del Hogar, los supermercados Plus e Intermarché, la tienda de decoración Quomo, Forum Sport, Juguetilandia, Phone House y Brico Asuar.

En el segundo nivel del Parque Comercial, dedicado a la restauración y el ocio, han ido abriendo sus establecimientos las firmas Burguer King, Foster´s Hollywood, Patatín Patatán, Chen Lei y Juanes’s Café. Además, en septiembre abrió Bowling West, que anteriormente se encontraba en el polígono industrial Cabezo Beaza como Bowling Carthago.

Por contra, ya hace meses que cerró Big Kebab. Pero, sin duda, el negocio más rentable de la planta alta de Mandarache ha sido Neocine, cuya cifra de negocio ha cubierto las expectativas de los propietarios.

Actualmente, los locales abiertos representan el 60% de la superficie, elevándose en el caso de los alquilados hasta un 78%, según informó la gerencia del centro.

En la actualidad, tal y como incidió la gerencia de Mandarache, “continúa el proceso de comercialización y se espera la incorporación de primeras marcas al proyecto, lo que continuará asegurando la viabilidad del centro”.

La gerencia añadió que la campaña navideña en el Parque Comercial Mandarache “se ha desarrollado con toda normalidad, incrementándose considerablemente el número de visitantes con respecto al año anterior”.

El club deportivo que tiene previsto abrir la empresa Virgin Active, cadena internacional –propiedad del magnate británico Richard Branson– y con centros funcionando a pleno rendimiento en Madrid, Valencia, Alicante y Barcelona, ha retrasado su fecha de apertura, inicialmente prevista para esta primavera.

Según indicó Ana Marugán, directora de Marketing, el centro deportivo no abrirá sus puertas, al menos, hasta junio. El proyecto de Virgin Active, que tiene una inversión de 8 millones, ya ha sido presentado en el Ayuntamiento.

El director general de Caixa Cataluña anuncia su dimisión por motivos personales

BARCELONA.- El director general de Caixa Cataluña, Josep Maria Loza, anunció hoy su dimisión alegando motivos personales y compromisos familiares, según explicó él mismo tras la presentación de resultados del ejercicio 2007 de la caja de ahorros catalana. Accedió al cargo en 1998 y toda su vida profesional --más de 36 años-- ha estado ligado a la entidad.

Loza, que no precisó quién será su sucesor ni si procederá de Caixa Cataluña o del exterior, aseguró que presentará su dimisión durante el consejo de administración que se celebrará mañana, aunque no efectuará su salida hasta el 29 de febrero.

El todavía director general, de 59 años, argumentó que al asumir el cargo directivo, en 1998, mostró su voluntad de estar un "máximo" de diez años. Además, aseguró que ya recordó hace un año esta intención al presidente de la Diputación de Barcelona, Celestino Corbacho.

Su voluntad era abandonar el cargo "en la segunda mitad de 2008", pero la situación económica actual requiere hacer el relevo "cuanto antes mejor", porque éste "es un año en el que se deberán tomar muchas decisiones", dijo.

Marcha voluntaria

Loza hizo hincapié en que su marcha es de carácter "voluntario" y "no viene de tres o cuatro meses", en referencia a que ha adelantado la fecha de su salida de Caixa Cataluña pero que de todas formas la hubiese hecho efectiva a mitad de año.

Con su marcha, Caixa Cataluña no sólo deberá elegir a un nuevo director general, sino que deberá nombrar nuevos representantes de la caja de ahorros en Abertis (donde la entidad financiera participa en un 5,69%) y Gas Natural (3,03%).

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, en mayo de 1991 fue nombrado subdirector-interventor general de Caixa Cataluña. Desde noviembre de ese año y hasta febrero de 1996 fue director de la División Técnica. Fue nombrado subdirector general en febrero de 1992 y director general adjunto en enero de 1993. Desde noviembre de 1998 es director general.

Asimismo, es miembro del consejo de Ahorro Corporación y del consejo asesor de la Cámara de Comercio de Barcelona. En diciembre de 2003 fue nombrado vocal del Círculo de Economía y también es vicepresidente de los patronatos de las fundaciones de Caixa Cataluña, Territorio y Paisaje y Un Sol Món.- (EP)

La juez investiga presuntos cohecho y fraude en los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo

MURCIA.- La Justicia investiga en los ayuntamientos murcianos de Torre Pacheco y Fuente Álamo la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto.

Fuentes judiciales informaron hoy además de que la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de la localidad murciana de San Javier, Arantxa Moreno, ha levantado parcialmente el secreto de sumario de las diligencias que se instruyen en este caso, tras los requerimientos judiciales efectuados el pasado verano en ambos ayuntamientos.

En este caso, iniciado por una denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por presuntas irregularidades administrativas en ambos consistorios, la jueza ha tomado declaración a 14 imputados, y el procedimiento "continúa parcialmente bajo secreto de sumario".

Luis Ruipérez, abogado de la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, dijo hoy que los procuradores designados para este caso han pedido que se amplíe de tres a quince días el plazo para poder fotocopiar todos los expedientes y proyectos de los tomos del sumario cuyo secreto se levantó hoy en parte, debido a que la ingente cantidad de información no permite hacer las copias en tan poco tiempo.

El 19 de junio de 2007 funcionarios judiciales se personaron en el ayuntamiento de Torre Pacheco para recabar documentación relacionada con la gestión del consistorio desde 2004 referida a planes parciales, expedientes sancionadores, de contratación de obra pública y de proyectos de urbanización realizados en el término municipal.

El pasado 27 de junio el juzgado devolvió parte de la documentación que se había llevado del ayuntamiento.

Pocos días después, el 3 de julio, una delegación judicial se personó en el consistorio de Fuente Álamo para recoger documentación sobre planes parciales de urbanismo tramitados en el municipio, expedientes relacionados con la sociedad Construcciones Torre Pacheco, del empresario Facundo Armero, que el pasado 6 de noviembre declaró ante la jueza por este caso.

Ese mismo día lo hicieron también la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, del PP; la edil de Obras y Servicios Públicos, Inés Mendoza; el arquitecto municipal de Fuente Álamo, José Mariano Sánchez Martini, y la ex concejala de Urbanismo, María del Mar Pedreño, que salieron en libertad sin cargos.

No obstante, Armero y Martini tienen la obligación de comparecer mensualmente ante la Justicia.- (Agencias)

Ambientación previa / Apunte de Argárico

Los murcianos estamos que no nos creemos lo que está pasando. Parece un sueño. Para los menos, un mal sueño. Pero, esta vez, parece verdad. Las puertas de Sangonera, abiertas de par en par, para que entren promotores inmobiliarios, políticos, funcionarios y técnicos de Urbanismo. Y los jueces, empezando por las sustitutas de Totana y San Javier, a tope. Algo mágico debe tener la presencia cercana del ministro de Justicia que anima a los debutantes, en sus primeros destinos, simplemente a aplicar el Código Penal sin contemplaciones.

Pero toda la morralla que estamos viendo no es la pesca de altura que exigen las circunstancias de la Región de Murcia. ¿Una región de “chorizos” para estos investigadores policiales procedentes de otras regiones de España? No se debe generalizar pero la criminalización de nuestra sociedad parece muy extendida y así se entiende tanta “solidaridad” con los alcaldes y ex alcaldes cuestionados por la Policía. Y alguien hace caer en la cuenta de que el letrado murciano Martínez Escribano defiende a imputados en los dos sumarios abiertos, y que más han prosperado, sobre la corrupción urbanística. Quizás algún antiguo empleado está recomendando este prestigioso bufete.

De frío a caliente. De Santa Lucía a San Valentín. Todo lo visto parece la ambientación previa de lo que se avecina. Hasta los encofradores ecuatorianos saben, a estas alturas, cuál es el verdadero objetivo por elevación. En las subcontratas no se habla de otra cosa. Hay apuestas de doble contra sencillo de que Torre Pacheco es el trueno gordo de la primera fase. Parece verosímil porque, tras las elecciones, se dice, que viene Lorca y una entidad privada, pero de fundación pública, muy conocida como tan mal gestionada para los intereses generales de los murcianos. “Todo se andará”, dice un acreditado fiscal, después de confirmar la obstrucción a la Justicia de un ex consejero regional.

Si Zapatero vuelve a ser presidente del Gobierno, a la Región no la reconocerá nadie a la vuelta del final de su segundo mandato, con un ministro de Justicia con enorme sentido del Estado de Derecho y, además, previsible diputado por Murcia en el nuevo Congreso. El PSRM está ahora al borde de su refundación por mor de este abulense sin esqueletos en el armario y que llega a la política con las manos absolutamente limpias. Ya está él recomendando limpiar las propias sentinas de Princesa para dar ejemplo a la cloaca de la calle González Adalid. Pero, ¿qué hace un presunto corrupto, como Manuel Hurtado, en sus listas? La izquierda volátil, tal vez, se movilizaría mejor con alguna sorpresa a tiempo, señor ministro.

Hasta Ginebra ha llegado, entretanto, una brigada policial española en busca de las cuentas cifradas de un político murciano, y tal vez su hermano, que presume demasiado de no haber firmado jamás algo que lo comprometa. Ya veremos porque, al menos, dos documentos clave en manos de la Fiscalía podrían probar lo contrario y comprometer, de paso, a una entidad de crédito. Particulares tampoco faltan para colaborar con los investigadores en busca de que se haga justicia. Aunque bien es cierto que luego los agentes especializados se las tienen que ver con los jueces, afincados y arraigados, para que se comprometan seriamente en esa búsqueda con la expedición de mandamientos operativos.

Da la sensación desde fuera, por ejemplo, de que el magistrado instructor del “caso Zerrichera” lo está manoseando de más. Pero hay quien piensa también que redondea la instrucción, hasta agotar plazos si es menester, con el objetivo de que su pulcritud y esmero garanticen luego un procedimiento impecable y rotundo en su conclusión. Y esto se llega a plantear ante las dificultades y objeciones de algunos jueces murcianos, menos comprometidos con la democracia y la sociedad, a las fuerzas de Seguridad por una exigencia mal entendida y que luego resulta ralentizadora, y hasta estéril finalmente.

El presidente del TSJ, Juan Martínez Moya y el nuevo fiscal superior, Manuel López Bernal, ambos murcianos de nacimiento y pertenecientes a sagas familiares que hicieron grande y próspera esta región a partir de sus abuelos, son los últimos responsables a pié de obra de que nada interrumpa el proceso de saneamiento y regeneración de nuestra vida pública, política y económica. Deben dejar aparte, si los tienen, eventuales compromisos morales con algunos de los sospechosos y verificar por la ventana de su ordenador cual es el clamor de la vanguardia social. Ningún delincuente de “cuello blanco” debe quedar en la impunidad por presiones o amenazas sobre cualquier estamento. Hay que ejemplarizar para que todo esto no resulte ser una flor en el desierto.

¿Habrá en esta región un solo hombre justo de los 36 que dice el Talmud siempre existen en el Mundo para evitar el triunfo absoluto del Mal? Parece que no hay dudas de que sí aunque no sepamos quien es y él mismo ni siquiera se auto identifique. Tiene que haberlo aunque lleve poco tiempo porque la pesadilla de la última década parece que se resuelve con la vuelta a la normalidad y la desaparición de los peores de nuestros demonios familiares. ¿Cuántos inversores extranjeros acuden a Sicilia? Ninguno. Esa debiera ser la principal de las alarmas sociales que provocan estos casos de corrupción.

El fiscal, defensor del interés público, representa al Estado de Derecho. Pero instancias más conservadoras no parecen estar con los que deben. Y así no habrá inversiones, no habrá exportaciones y no hay futuro si, quienes lo tienen en su mano, no demuestran que aquí existe seguridad jurídica en vez de estar al albur de las mafias.

La información hoy fluye rápida, libre y velozmente por Internet. Ahora la imagen pública percibida sobre la Región de Murcia está bajo mínimos porque aún no se sabe bien que, según parece, ha comenzado la limpieza de corruptos y el Estado recobra el control que nunca debió casi perder, y no perdió del todo gracias al asesoramiento experto de sectores determinantes de la Abogacía del Estado.

¿Se puede consentir el permanente desacato y obstrucción a la Justicia de un alcalde, niñato y aforado, ante las solicitudes de un juez de Lorca? Se ha creado un ambiente de impunidad tal en esta región que, cosas que nos parecen increíbles, suceden pese a la fuerza del Estado de Derecho. ¿Se pueden ir de rositas destacados políticos de Murcia y Cartagena, que han hecho todo tipo de desmanes y, encima, aparecen chulos y arrogantes cuando se les echa en cara sus fechorías? Nada de todo esto puede humillar un minuto más al poder democrático y está en manos de la Justicia que aquí cada “señor de su guerra” no campe a sus anchas sin respetar el ordenamiento jurídico de todos.

En el tiempo que vivimos, ya lo hemos dicho, la información fluye libremente por Internet pero, si es veraz, resulta, además, un poder en manos del ciudadano y la sociedad a la hora de exigir sus derechos, para que nada puede ahogar su clamor. Poco o nada puede quedar oculto hoy por mucho que se empeñen estructuras caducas, egoístas y anquilosadas. Es lo que ahora toca.

La juez envía a prisión a Mariano Ayuso y opta por libertad con fianza para Escudero y Sánchez

SAN JAVIER.- La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Javier, Eva María Algar, decretó hoy prisión provisional, comunicada y sin fianza para el arquitecto municipal, Mariano Ayuso; y prisión provisional, eludible con fianza de 60.000 euros, para el ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero; y de 27.000 euros para el ex secretario del Consistorio, Diego Sánchez Gómez. Ambas fianzas ya se han hecho efectivas.

El ingreso en prisión del arquitecto se decretó después de que declarara durante el día de ayer y toda la mañana de hoy ante la juez, que dirige la instrucción por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho, entre otros, según informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia en un comunicado de prensa. Ayuso se encuentra ya internado en el Centro Penitenciario de Sangonera.

A su salida de los juzgados, el ex alcalde Juan Escudero dijo a los medios de comunicación y simpatizantes que aguardaban en la entrada y que le recibieron con aplausos: "Por primera vez voy a tener la oportunidad de defenderme donde procede, que es aquí en el Palacio de Justicia".

Tras comentar que ha sido "durante dos años continuamente vilipendiado, insultado y desprestigiado socialmente", Escudero afirmó que confía en la Justicia "que es la que pone a cada cual en su lugar".

El turno de comparecencias de los seis detenidos en el marco de la operación 'Ninette', de corrupción urbanística en la localidad de Los Alcázares, comenzó el pasado viernes, con el ex secretario del Ayuntamiento de Los Alcázares, para quien se acordó, en un primer momento, el arresto domiciliario por motivos de salud y atendiendo a su edad.

La resolución de la juez Algar se produce después de la toma de declaraciones del ex primer edil, que gobernó la alcaldía de Los Alcázares entre 1991 y 2007, y de Mariano Ayuso, que comenzó ayer y han finalizado este mediodía. Al arquitecto municipal, considerado el máximo responsable de la trama, se le cita en varias ocasiones en el sumario del caso Malaya de Marbella por recibir supuestamente pagos de Roca. Ambos acordaron la construcción de un hotel en el centro de esta localidad murciana de 14.000 habitantes.

Por su parte, el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez, que se encontraba en arresto domiciliario desde el pasado viernes por motivos de salud y de edad, tras prestar ese día declaración judicial, fue hoy requerido de nuevo por la juez Algar, que decretó para él prisión provisional eludible con fianza de 27.000 euros.

La juez Eva María Algar García, que dirige la instrucción, reinició esta mañana la toma de declaración del arquitecto municipal Mariano Ayuso, para el que anoche prorrogó su detención, y la del ex alcalde, Juan Escudero.

Ambos prestaron ayer declaración durante más de trece horas en los juzgados de San Javier.

Escudero y Ayuso están siendo investigados por una supuesta trama de corrupción urbanística en el municipio de Los Alcázares.- (Agencias)

Aznar gana en el partido, en la Alcaldía y en la carrera por la sucesión / José Oneto

Casi toda la prensa internacional, especialmente la europea, se hace amplio eco de la crisis que esta viviendo el Partido Popular, a raíz del affaire Esperanza Aguirre-Gallardon, de la abierta lucha por la sucesión de Mariano Rajoy de cara a las elecciones generales del 2012, del debilitamiento que durante la semana pasada ha sufrido Mariano Rajoy y del poder creciente que en el partido puede tener el ex presidente del Gobierno José María Aznar.

Desde el “Giro a la derecha del Partido Popular español” que titula el Suddeutshe Zeitung, hasta el “Castigado el alcalde de Madrid” (Corriere della Sera) o “El alcalde de Madrid, prohibido por su propio partido” (Financial Times) hasta “La derecha española se desgarra ante las legislativas de marzo” (Le Figaro), “El Partido Popular gira a la derecha” (Handelsblad), “Una guerra entre los dos príncipes herederos debilita a Mariano Rajoy y provoca una crisis en el partido de la oposición” (Frankfurter Allemaigne Zeitung) o “Victoria para la derecha del PP, cercana al ex presidente Aznar” (Il Sole 24 Ore)

Aunque la mayoría de los analistas consideran vencedora de la crisis a la presidenta de la Comunidad madrileña, que es la que ha desencadenado el conflicto final, el auténtico ganador, apuntan muchos, es precisamente el ex presidente del Gobierno José María Aznar, que permanece expectante en su despacho de la poderosa Fundación FAES, un laboratorio de ideas a su servicio y, secundariamente a su partido, y desde el que sigue teniendo una importantísima influencia.

Si bien Rajoy ha insistido en la “independencia de sus decisiones”, especialmente la última que descartaba la presencia de Gallardón en las listas, la realidad es que el auténtico número dos es en estos momentos Manuel Pizarro, el ex presidente de Endesa, ideólogo de las privatizaciones que durante su mandato hizo José María Aznar, el que proporcionó la lista completa de los distintos presidentes de las empresas públicas privatizadas, y el hombre fuerte para la dura etapa económica que se avecina y que se ha convertido en el principal tema de debate de la campaña.

No se entiende por que, hace meses, Rajoy no pudo convencerle para que fuese en las listas populares y, de pronto, se ha producido su incorporación, precisamente cuando acababa de aceptar el cómodo y bien remunerado puesto de consejero de Telefónica que tendrá ahora que rechazar.

Según fuentes del Partido Popular, el único que ha podido convencer a Pizarro para incorporarse al proyecto popular es precisamente su íntimo amigo José María Aznar, al que ha prestado siempre una importante financiación para FAES y al que ha seguido aconsejando antes, durante y después de la grave crisis que sufrió Endesa opada por Gas Natural con el beneplácito y la colaboración del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Considerando a Gallardón y a Esperanza Aguirre “príncipes herederos” (todo dependerá del resultado del 9 de marzo y del análisis de los votos, especialmente en Madrid), el que se ha convertido de hecho en príncipe heredero es precisamente Manuel Pizarro, un hombre que ha demostrado su capacidad de liderazgo durante la pelea por el futuro de Endesa y de sus accionistas.

Aznar gana posiciones con Pizarro pero, además, gana también en la Alcaldía madrileña si, efectivamente, Ruiz-Gallardón dimite después de las elecciones del mes de marzo, junto con su hombre de confianza, Manuel Cobo (el vicealcalde), y deja en su puesto a Ana Botella, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento y delegada de Medio Ambiente.

Gallardón, que después de muchos desencuentros con Aznar ha tendido puentes en los últimos años hacia el ex presidente, ha tenido en Ana Botella una excelente aliada aunque ella, excesivamente prudente, no ha querido manifestarse a favor de nadie en la lucha por el poder que se ha producido en Madrid.

Es decir, Aznar gana en el Partido, gana en la Alcaldía y coloca a uno de sus hombres más fieles en un lugar privilegiado para optar a la sucesión de Rajoy, en caso de un fracaso electoral en marzo.

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